Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 4531-2019), 02-03-2020

• Fecha: 02 Marzo 2020
• Número de expediente: 4531-2019
• Emisor: Corte Constitucional (Guatemala)
• Tipo de Recurso: Amparo en Única Instancia

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Expediente 4531-2019

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

AMPARO EN ÚNICA INSTANCIA

EXPEDIENTE 4531-2019

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, dos de marzo de dos mil veinte.

Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción constitucional de amparo

en única instancia promovida por J.A.tonio M.S. contra la Corte

Suprema de Justicia, Cámara Penal. El postulante actuó con el patrocinio del

abogado defensor público C..A.O..C.. Es ponente en el

presente caso la Magistrada Vocal I, Gloria P.P..E., quien

expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) Solicitud y autoridad: presentado el veinte de agosto de dos mil diecinueve,

en esta Corte. B) Acto reclamado: auto de cinco de diciembre de dos mil

dieciocho, por el cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, rechazó para

su trámite, el recurso de casación, por motivo de forma, interpuesto por J.

.

A.M..S. contra la sentencia de apelación especial, dictada por la

S. Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, N. y de

D.os contra el Ambiente, dentro del proceso penal incoado en su contra, por los

delitos de Portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, Disparo

de arma de fuego y Encubrimiento propio, en concurso real de delitos. C)

Violaciones que denuncia: a los derechos a la justicia, igualdad, defensa y a

una tutela judicial efectiva, así como a los principios jurídicos del debido proceso,

de seguridad jurídica, de preeminencia del derecho internacional y de legalidad.

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REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.

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A.M.S. contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal,

señalando como agraviante la resolución de cinco de diciembre de dos mil

dieciocho, por la cual rechazó el recurso de casación que, por motivo de forma

promovió conforme los numerales 1) y 6) del artículo 440 del Código Procesal

Penal, contra la sentencia emitida por la S. Segunda de la Corte de

Apelaciones del ramo Penal, N.idad y D.os contra el Ambiente, en el

proceso penal tramitado en su contra, por los delitos de Portación ilegal de armas

de fuego y/o deportivas, Disparo de arma de fuego y Encubrimiento propio, en

concurso real de delitos.

El postulante al individualizar los agravios, argumentó que la resolución que

constituye el acto reclamado es arbitraria, injusta y violatoria del debido proceso,

del derecho de defensa y carente de tutela judicial efectiva, pues conforme a las

limitaciones contenidas en el artículo 442 del Código Procesal Penal, para que se

dé un hecho delictivo debe existir un control normativo, es decir que todos los

actos y actividades del estado deben apegarse a normas y ordenamientos dentro

de los cuales no se pueden variar las formas del proceso; de ahí que es

imperativo mantener el esquema de la norma penal en cuanto a que la misma

establece como requisito sine quo non (sic) el escenario o lugar de los hechos

criminales, pero al no existir este escenario, no se podría hablar de un hecho

delictivo ni presumir como lo pretende el ente acusador en dar por consumado el

hecho de los delitos que se le impusieron por el simple hecho de la forma en que

se realiza la imputación. Señaló que por ello al plantear casación pretendió

corregir los defectos de forma de la sentencia condenatoria, los que en ningún

momento fueron subsanados por el tribunal ad quem y por la autoridad objetada,

es por ello que: “la S. en debida tutela judicial efectiva, no defiende el debido

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proceso, el derecho de justicia como el sagrado derecho de defensa del cual

como ciudadano estoy investido dentro del estado de Derecho, garantías

procesales que no fueron debidamente respetadas por la honorable S. de

Apelaciones, situación que no tampoco con la Honorable Corte Suprema de

Justicia, Cámara Penal, al declarar improcedente la Casación y confirmar la

sentencia de segundo grado, en abierta violación a garantías procesales, por lo

que esto me causa agravio en virtud que me obliga a pasar más tiempo privado

de libertad sin que exista razón legal para ello, vulnerando con dicha resolución el

principio de Tutela Judicial Efectiva, el Derecho de Defensa y el Debido Proceso,

como garantías constitucionales, dejándome en estado de indefensión procesal,

por lo que es notorio el agravio causado, de donde estimo que la única forma de

oponerme a la actuación de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, es por

medio de la Acción Constitucional de A., a fin de que se me restablezcan los

derechos y garantías que me han sido vulnerados”.

Al analizar los argumentos del postulante, esta Corte advierte que el

amparista hace alusión a una sentencia que declaró improcedente el recurso de

casación, y que como consecuencia de ello, se confirma la sentencia de segundo

grado, situación que no acaeció, en tanto que lo que la autoridad reprochada

decidió fue un rechazo de casación, pues consideró que el planteamiento no

reunía los requisitos legales para su admisión; además, sus agravios los dirige a

cuestionar la inexistencia de un hecho delictivo, defectos que, a su juicio, no

fueron corregidos por la S. de Apelaciones y la autoridad objetada, concluyendo

que con ello se le obliga a pasar más tiempo privado de su libertad.

Derivado de lo antes anotado, se colige que no existe conexidad entre el

acto reclamado y los agravios que el postulante denuncia, pues como se advirtió,

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este centra sus reclamaciones en evidenciar que resiente que, como efecto de la

improcedencia, se le obliga a pasar más tiempo privado de libertad, ya que se

confirma la sentencia de segundo grado, efectos que este tribunal advierte, no

son propios del rechazo del recurso de casación, que fue lo que realmente decidió

la autoridad reprochada. Aunado a lo anterior, se establece que, en ciertos

pasajes del planteamiento de la acción constitucional, los agravios los dirige a

cuestionar el actuar de la S. de la Corte de Apelaciones, al considerar que no

defendió el debido proceso, el derecho de justicia ni el derecho de defensa, del

cual está investido como ciudadano.

De ahí que, al resultar evidente la falta de conexidad entre el acto

reclamado y los agravios expresados por el accionante, tal situación imposibilita al

Tribunal de A., realizar el estudio de fondo sobre la concurrencia o no de

violación a sus derechos y realizar el pronunciamiento respectivo. [Criterio

sustentado por esta Corte sobre la falta de conexidad entre los agravios aducidos

y el acto que se denuncia como reclamado, la cual deriva en la inviabilidad de la

petición de amparo y se encuentra contenido entre otras, en las sentencias de

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, diecinueve de marzo de dos mil

dieciocho, seis y diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dictadas dentro de los

expedientes: 2510-2019, 6224-2017, 572-2018 y 559-2018 respectivamente]. Por

lo anteriormente considerado, esta Corte concluye, que el amparo solicitado debe

desestimarse.

-III-

Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley de A.,

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del Tribunal decidir

sobre las costas procesales, así como la imposición de multa al abogado

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patrocinante. En razón de lo anterior, el Tribunal considera que, en este caso no

es procedente condenar en costas al postulante por no existir sujeto legitimado

para su cobro, ni imponer multa, al abogado patrocinante por pertenecer al

Instituto de la Defensa Pública Penal.

LEYES APLICABLES

Artículos citados, 265, 268, 272, literal b), de la Constitución Política de la

República de Guatemala; 8º, 10, 42, 149, 163, literal b) y 185 de la Ley de

A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 29 y 35 del Acuerdo 1-2013

de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas,

resuelve: I. Desestima el amparo solicitado por J.A.M.S. -

postulante-, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. II. No se

condena en costas al postulante ni se impone multa al abogado patrocinante. III.

N. y oportunamente remítase la ejecutoria respectiva.

B.A.M.O.

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P.

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G.P.P.E.N.A. HERRERA

MAGISTRADA MAGISTRADO

JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA DINA J.O.E.

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M...M.

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M.R.G.H.

SECRETARIO GENERAL

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