Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 1317-2022), 03-11-2022

• Emisor: Corte Constitucional (Guatemala)
• Ponente: Ministerio Público
• Sentido del fallo: Con Lugar -Principio de Debido Proceso
• Número de expediente: 1317-2022
• Fecha: 03 Noviembre 2022
• Categoría: recurso de apelación
• Tipo de Recurso: Apelación de Sentencia de Amparo
• Tribunal de Origen: Corte Suprema de Justicia -Cámara de Amparo y Antejuicio

Expediente 1317-2022

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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

EXPEDIENTE 1317-2022

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, tres de noviembre de dos mil

veintidós.

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de cuatro de enero

de dos mil veintidós, dictada por la C.e Suprema de Justicia, Cámara de A.

y A., en la acción constitucional de amparo promovida por el Ministerio

Público, por medio de la agente fiscal M.V.M. de Paau, de la Fiscalía

de Delitos contra el Ambiente del departamento de Alta Verapaz contra la Sala

Sexta de la C.e de Apelaciones del ramo Penal, N.actividad y Delitos contra

el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz. El postulante actuó con el patrocinio de la

fiscal mencionada. Es ponente en el presente caso el Magistrado Vocal II, N.

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M.V.P., quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) Solicitud y autoridad: presentado el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la

C.e Suprema de Justicia, Cámara de A. y A.. B) Acto reclamado:

resolución de veintidós de diciembre de dos mil veinte, por medio de la cual la

autoridad cuestionada no acogió el recurso de apelación, interpuesto por el

Ministerio Público contra la resolución dictada en audiencia de veintiséis de

noviembre de dos mil veinte por el Juzgado de Primera Instancia Penal,

N.actividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de San Pedro Carchá,

departamento de Alta Verapaz y, como consecuencia, confirmó la resolución que

decretó falta de mérito a favor del sindicado J..E.C.T.. C) Violaciones

que denuncia: al derecho de defensa, al debido proceso y a una debida

fundamentación, así como al ejercicio de la acción penal pública. D) Hechos que

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motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante y del estudio de los

antecedentes, se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) ante la Jueza

de Primera Instancia Penal, N.actividad y Delitos contra el Ambiente del

municipio de San Pedro Carchá, del departamento de Alta Verapaz, se inició

proceso penal contra J..E.C.T. por el delito de Recolección, utilización

y comercialización de productos forestales sin documentación, al haberse

denunciado que dicha persona transportaba en un vehículo, tipo camión, producto

forestal consistente en quince punto cuarenta y cinco metros cúbicos de troza, pese

a que la documentación que acompañaba para justificar el producto que

transportaba, en la casilla “tipo de producto” se consignó: “troza y leña”. Lo anterior

por estimar el ente investigador que al consignar información falsa en una nota de

envío exento de licencia forestal, constituía delito que debía ser denunciado y

perseguido penalmente, como se hizo oportunamente; b) dentro de la causa penal

relacionada, en la audiencia de primera declaración llevada a cabo el veintiséis de

noviembre de dos mil veinte, la juzgadora emitió resolución por medio de la cual

decretó falta de mérito a favor del sindicado por el delito imputado, argumentando,

entre otras cosas, que transportar menos productos del indicado en la guía, no es

constitutivo de delito y que si bien pudiera existir responsabilidad, no es del piloto

del transporte sino de la persona encargada de emitir la nota de envío; c)

inconforme con lo decidido, el ente investigador apeló argumentando que el

pronunciamiento emitido carecía de la debida fundamentación, y que no se tomaron

en cuenta sus argumentos en cuanto a que, al consignar información falsa en la

nota envío, la misma no tiene validez legal para el transporte del producto forestal

y que por tal motivo fue puesto a disposición de juzgado competente; y d) al conocer

en alzada, la Sala Sexta de la C.e de Apelaciones del ramo Penal, N.actividad

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C.T., porque al primero de los mencionados, se le autorizó venta de notas

de envío para transporte de producto forestal, como lo informó el señor

R.D.I.R.; por ello lo viable sería la existencia de una

investigación a profundidad para determinar las responsabilidades

administrativas de la información falsa a la que hace alusión el Ministerio

Público. Por las razones que anteceden, al no existir el agravio denunciado, no se

acoge el Recurso de Apelación interpuesto, debiendo así resolverse y confirmar la

resolución apelada. Por último, cabe resaltar que se debe tener en cuenta, que la

figura de falta de mérito no impide al Ministerio Público continuar con una adecuada

investigación que permita aportar los medios de convicción que sean necesarios

para creer en la posibilidad que el incoado pudo haber cometido el delito imputado,

haciendo la intimación correcta —si tuviese los elementos necesarios, pues,

jurídicamente no se cierra definitivamente la persecución penal, en ese sentido,

debe el ente acusador ceñir su investigación en la forma ya relacionada de

conformidad con el artículo 272 del Código Procesal Penal, pues la resolución

apelada en ningún momento le restringe ni limita al Ministerio Público el ejercicio

de la acción penal como lo arguye la representante del Ministerio Público,

tomándose en consideración que se deben definir las responsabilidades

administrativas a la persona individual o jurídica responsable y propietaria de dicha

mercadería y el porqué del incumplimiento de la cantidad total de la guía autorizada

con lo transportado, pues de conformidad con lo regulado en la ley especial, es

decir la Ley Forestal, en su artículo 94, la conducta del sindicado a criterio de este

órgano jurisdiccional no encuadraría en los elementos de dicho delito, pues sí se

contaba con la documentación correspondiente, no reutilizada ni adulterada,

únicamente era que transportaba menos cantidad de lo autorizado y el tipo de

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producto pero que no incurre en algún presupuesto legal que haga responsabilizarlo

penalmente. Rambién (sic) debe considerarse que el estado de conocimiento de la

juez en ese momento procesal es de probabilidad y que debe tener los elementos

necesarios que le crean certeza para emitir una resolución fundamentada, como

ocurre en el presente caso en donde el titular del producto forestal incautado

corresponde a una tercera persona y no al sindicado; sin embargo: se reitera, no

se le veda la posibilidad de hacer su requerimiento con posterioridad sin los vicios

ya señalados…”. (El resaltado no aparece en el original) [Transcripción contenida

en folios 253-257 del expediente de apelación].

-III-

La falta de mérito es una figura incorporada en el Código Procesal Penal, en

la Sección tercera del Capítulo VI del Título III, artículo 272, el cual regula que

cuando no concurran los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el

tribunal la declarará y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera

absolutamente necesario para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la

averiguación de la verdad, caso en el que solo podrá ordenar alguna de las medidas

previstas de sustitución de prisión preventiva.

La ley procesal penal, en cuanto al auto de prisión preventiva, que indica que

procederá este después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la

existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer

que el sindicado lo ha cometido o participado en él.

Integrando la norma citada con el artículo 259 de la ley ibídem en forma

armónica, se puede inferir que después de indagar al procesado, el órgano

jurisdiccional, para dictar la falta de mérito debe establecer: a) que no medie

información sobre la existencia de un hecho punible; o b) que la investigación sea

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carente de elementos racionales de convicción que permitan creer que el sindicado

cometió el hecho delictivo o participó en él. (Criterio sostenido en sentencias de uno

de agosto de dos mil dieciocho, seis de febrero de dos mil dieciocho y veintiocho

de septiembre de dos mil diecisiete, dictadas dentro de los expedientes 1546-2018,

2057-2017 y 2882-2017, respectivamente).

Aunado a lo anterior, se hace preciso hacer referencia a los estados

intelectuales del juez en cada una de las distintas etapas del proceso, es decir, el

grado de convencimiento que el juzgador ha de adquirir respecto de la comisión de

un hecho sancionado como delito o falta por la ley penal y la participación del

imputado, estado intelectual que debe quedar reflejado en los

correspondientes razonamientos vertidos en la decisión judicial.

En la doctrina, el autor C..N., respecto de los citados estados,

afirma: “La ley subordina el dictado de las decisiones judiciales que determinan el

inicio, el avance o la conclusión del proceso a la concurrencia de determinados

estados intelectuales del juez en relación con la verdad que se pretende descubrir.

a) En el inicio del proceso no se requiere más que la afirmación, por parte de los

órganos públicos autorizados […] de la posible existencia de un hecho delictivo […].

[…] b) Para vincular a una persona con el proceso, como posible responsable

del delito que en él se trata, hacen falta motivos bastantes […] para sospechar

de su participación en la comisión de un delito […], lo cual impide una

imputación arbitraria (la más próxima manifestación del principio de

inocencia es la de no ser imputado arbitrariamente). Ello impedirá el

sometimiento de aquella al procedimiento si se tiene la certeza de que no

hubo ‘participación en un hecho típico, antijurídico, culpable y punible’, o esta

aparece como improbable (ya que la improbabilidad de su participación es,

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lógicamente, incompatible con sospechas motivadas al respecto)’. […] d) En

el momento de la clausura de la instrucción y elevación a juicio, la ley también sujeta

el dictado de las resoluciones autorizadas para esta fase a la existencia de

determinados estados intelectuales: 1) La certeza negativa determinará, ahora

como antes, el sobreseimiento. 2) La elevación a juicio requerirá probabilidad, cuya

existencia derivará […], del hecho de mantenerse la que dio fundamento al

procesamiento, cuyo dictado y mantenimiento son presupuestos legales de la

elevación a juicio […]. […] e) En la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva,

después del debate oral y público, se establece que solo la certeza sobre la

culpabilidad del imputado autorizará una condena en su contra (…), pues, gozando

este de un estado jurídico de inocencia constitucionalmente reconocido (…)

únicamente podrá ser declarado culpable cuando las pruebas hayan producido la

más plena convicción del tribunal al respecto.”. (El resaltado que aparece en el texto

es propio) [La prueba en el proceso penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, mil

novecientos noventa y ocho, páginas 9-12]

-IV-

Por otra parte, esta C.e estima pertinente traer a colación lo concerniente

en cuanto a los alcances del Tribunal de alzada al conocer y resolver un recurso de

apelación, en tanto este constituye el argumento toral sobre el cual el postulante

fundamentó la presente acción de amparo.

Respecto del recurso de apelación, este ha sido considerado como el medio

de impugnación por el cual la parte que se considera afectada pretende que el

órgano superior reexamine una resolución dictada por el Juez a quo, con el objeto

que el Tribunal jerárquicamente superior revoque, enmiende o anule la resolución

que le es desfavorable, de conformidad con lo regulado en el artículo 409 del

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Código Procesal Penal.

De acuerdo con la Exposición de Motivos de la referida norma adjetiva penal,

al referirse al mencionado medio de impugnación, explica que: “… los jueces de

primera instancia, conocen las etapas preparatoria e intermedia en primera

instancia, y, por lo tanto, las resoluciones contenidas en el artículo 404 son

apelables en el sentido tradicional, es decir que faculta la revisión por el

tribunal de alzada de los errores de hecho como los de derecho. (…) En estos

casos revisan los errores alegados (…) pero no pueden conocer sobre

cuestiones no impugnadas. (…) La apelación constituye un control a posteriori

de la regularidad y legalidad de las resoluciones judiciales, es un medio para evitar

errores e infracciones de ley, omisiones, injusticias, actividades indebidas,

deficiencias y un medio de control para garantizar los derechos de las personas…”.

(El resaltado es propio del Tribunal) [B..P., C.r R.,

“Exposición de Motivos del Código Procesal Penal”, Guatemala, C.e Suprema de

Justicia, 2011, Página LXXXIV]

La apelación sustenta la segunda instancia reconocida en los artículos 211

constitucional y 51 de la Ley del Organismo Judicial, garantizando el derecho de

cuestionar un asunto que ya ha sido resuelto por un órgano inferior, por medio de

la revisión íntegra del fallo de primer grado, pues en virtud de su establecimiento,

puede el Tribunal superior analizar todo el universo del material sometido a su

consideración, donde sólo podrá examinar las pretensiones oportunamente

deducidas en la primera instancia, por lo que no cabe plantear en el recurso

cuestiones nuevas.

D. oportuno mencionar que la interposición del recurso de apelación

conlleva ciertos efectos, entre ellos uno de los más importantes y que resulta

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pertinente para la solución del caso que se juzga, es el devolutivo, siendo así,

según lo regulado en el Código Procesal Penal, que la apelación se constituye

como el recurso devolutivo por excelencia; diferenciando en este caso, el referido

efecto devolutivo que se refiere a la asunción de jurisdicción del tribunal de alzada

y de disponer acerca de una nueva resolución en su caso, del efecto de reenvío

que está reservado legalmente a los casos de la apelación especial; ello en virtud

de que en la apelación –llamada en la práctica forense genérica–, se atribuye

competencia funcional para el conocimiento de la impugnación a un tribunal

diferente y de grado jerárquico superior al que dictó la resolución refutada, debiendo

este último dictar la resolución que corresponde acogiendo o no la pretensión que

se le hace valer y en caso de declararlo procedente, sustituyendo aquella que fue

anulada; es decir se transfiere la cognitio causae al Tribunal inmediatamente

superior. Una vez interpuesta la apelación, el juez inferior somete a conocimiento

del juez o tribunal superior los puntos que fueron expresamente impugnados, pues

como se indicó, por regla general, el tribunal de apelación no puede conocer de

asuntos distintos a los conocidos en primera instancia y solo podrá resolver acerca

de los puntos comprendidos en el medio recursivo.

En razón del efecto devolutivo que ostenta la apelación, el juez Ad quem,

asume la plenitud de la jurisdicción, en otras palabras, el tribunal de alzada tiene

la amplitud de conocimiento del juez de primer grado, circunscrito de lo que es

materia de revisión, ello porque, como consecuencia del recurso de apelación, es

investido de la competencia para conocer y pronunciarse sobre aquello que fue

impugnado, con el fin de confirmar, reformar, adicionar o revocar la resolución

recurrida, únicamente en la medida que se haya interpuesto el recurso.

El autor argentino E.P., indica: “Es del caso observar, sin

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embargo, que siendo la finalidad de todo recurso la sustitución de la resolución

impugnada por otra que satisfaga el interés de la parte que lo dedujo, no se percibe

la necesidad de norma expresa que, durante el período instructorio del proceso

penal, habilite a la cámara de apelaciones, como tribunal jerárquico, para sustituir

el auto de falta de mérito por el de procesamiento cuando, mediando recurso del

fiscal o del querellante, aquella se inclina a afirmar la probabilidad de la existencia

del hecho delictuoso que configura el objeto procesal sobre el que versa la

imputación.”. [Palacio, L.E.. “Los Recursos en el Proceso Penal”. Editorial

Abeledo-Perrot. Buenos Aires 2001. Página 78].

En ese mismo orden de ideas, se pronunció esta C.e de

Constitucionalidad en sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil quince,

dentro del expediente 3839-2015, en la cual se señaló: “… no dio respuesta

fundada a todos los agravios denunciados por la entidad recurrente, ya que se limitó

únicamente a confirmar la decisión emitida por el juez de primera instancia,

indicando que se cumplían los presupuestos regulados en el artículo 27 del Código

Procesal Penal, sin considerar que al conocer de un recurso de apelación,

propiamente dicho o ‘genérica’, los juzgadores a quienes se encomienda el

conocimiento de este medio recursivo tienen la amplitud de reexaminar la

totalidad del asunto que fue sometido a juzgamiento, debiendo entenderse

que tal estudio puede abarcar la revisión tanto de los hechos, de las pruebas,

así como de la aplicación e interpretación de las normas; sin limitación para

valorar los medios de Convicción y asumir la jurisdicción del inferior al

revisar lo resuelto, teniendo la facultad de confirmar, revocar, reformar o

adicionar la decisión de su a quo, dentro de los límites que señala el artículo

409 del Código Procesal Penal, debiendo hacer el pronunciamiento

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correspondiente en sustitución de la decisión originaria, analizando los

argumentos expuestos por el accionante y los medios de convicción presentados,

sustentando una tesis que demuestre el porqué de su decisión, cumpliendo con

todos los requisitos necesarios para la validez de la resolución que está

supliendo…”. (El resaltado es propio de este fallo).

Del mismo modo, esta C.e al pronunciar la sentencia de siete de agosto

de dos mil catorce, en el expediente 1938-2014, señaló: “… ya que si, a su juicio,

en el presente caso no era viable el sobreseimiento del proceso penal, debió

de emitir los argumentos válidos correspondientes para sustentar la

procedencia de la apertura a juicio, o en su caso, la decisión que en derecho

corresponda; en otras palabras, tenía que indicar de forma clara y precisa cuáles

eran los fundamentos que permitían aceptar o no el acto conclusivo presentado por

el Ministerio Público. Cabe agregar que la autoridad objetada sí tiene la facultad,

de ser pertinente, de admitir la acusación y decretar la apertura a juicio, ya que el

tribunal de alzada, al conocer en apelación, asume la jurisdicción del inferior -

juez de primera instancia- para revisar lo resuelto, teniendo la facultad de confirmar,

revocar, reformar o adicionar la decisión de su a quo, dentro de los límites que

señala el artículo 409 del Código Procesal Penal, lo que le permite realizar el

pronunciamiento correspondiente en sustitución de la decisión originaria,

luego de analizar los argumentos del impugnante y los medios de convicción

presentados, sustentando una tesis que demuestre el porqué de su decisión,

cumpliendo con todos los requisitos necesarios para la validez de la

resolución que está supliendo y no ordenar que sea el Juez contralor el que

lo realice. En adición a lo anterior, en el presente asunto, la autoridad reprochada,

al emitir su decisión debe tomar en cuenta el hecho atribuido al sindicado, lo

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expuesto por el juez contralor y las constancias procesales, aspectos que le

permitirán emitir un fallo ajustado a derecho asumiendo la decisión que

corresponda…”.

De la misma manera, en sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil

once, esta C.e, dentro del expediente 2224-2011, señaló: “… De la lectura de la

resolución y definición antes transcrita se concluye que la autoridad impugnada, al

declarar con lugar el recurso de apelación con el argumento de que el Juez de

Primera Instancia Penal, N.actividad y Delitos contra el Ambiente del

departamento de Escuintla no cumplió con la debida fundamentación exigida en el

artículo 11 Bis del Código Procesal Penal y, como consecuencia, ordenar que se

dicte una nueva resolución fundamentando su decisión, no se ajusta a lo

establecido en la ley, ya que la Salas de Apelaciones, al conocer sobre una de

las apelaciones de las denominadas genéricas, tienen la obligación de

conocer el fondo del asunto y le está permitido valorar prueba, por lo que en

el presente caso, la autoridad impugnada tuvo que resolver en definitiva si

procedía o no el sobreseimiento a favor del sindicado –hoy postulante- y no

mandar emitir una nueva resolución como si se tratara del reenvío en una

apelación especial. Por lo anterior se concluye que la autoridad impugnada violó

el derecho de defensa y del debido proceso del postulante…”.

De lo anterior, la autoridad competente de conocer en alzada el recurso de

apelación, debe examinar el escrito contentivo del medio de impugnación, los

medios de convicción propuestos, los argumentos expresados por las partes al

formular sus pretensiones, la totalidad de las diligencias en el expediente de mérito,

así como lo considerado por el juez contralor y determinar si es viable avalar la

decisión que emitió el órgano jurisdiccional inferior o bien, si amerita ser modificado

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parcial o totalmente, para reparar los errores cometidos al momento de dictarla y

reemplazarla con una nueva sin los vicios advertidos; ya que el tribunal de

apelación al conocer dicho medio recursivo, asume la jurisdicción del inferior al

revisar lo resuelto, sustentando una tesis que demuestre el porqué de su decisión,

cumpliendo con todos los requisitos necesarios para la validez de la resolución que

está supliendo, ello en observancia a la exigencia estipulada en el artículo 11 Bis

del Código Procesal Penal y, en todo caso, al momento de acoger la pretensión

recursiva y dictar la resolución que corresponda conforme a la etapa procesal en la

que se encuentre, enviar al a quo la decisión para que este último viabilice el

proceso en la etapa siguiente a la decisión asumida, en particular en aquellos casos

en los que lo que corresponda y dependa de la agenda del tribunal inferior –

audiencia para decisión de aplicación de medidas sustitutivas, en caso de haberse

revocado la falta de mérito y haber dictado auto de procesamiento; audiencia de

ofrecimiento de prueba en caso de haberse revocado el sobreseimiento en la etapa

intermedia y decretado la apertura a juicio; etcétera–.

Se hace necesario además referir –respecto del alcance de la decisión–, que

si bien el Código Procesal Penal establece que el Juzgado de Primera Instancia al

tener a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el

Ministerio Público, así como de la tramitación y solución del procedimiento

intermedio –artículo 47 de la ley ibídem–, le corresponde, en el contexto del trámite

ordinario de la causa penal, de manera exclusiva dictar las resoluciones

correspondientes a la etapa procesal que se tramite, entre ellas, el auto de

procesamiento, de apertura a juicio, etcétera; también lo es que, por motivo de la

jurisdicción que asume el órgano de alzada al conocer acerca de la apelación, este

último se encuentra facultado para la emisión de dichos actos procesales, con la

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obligación de razonar debidamente su decisión, puesto que para que sean

constitucionalmente válidos deben cumplir con los requisitos que establece la ley

procesal penal –artículos 11 Bis, 320 y 342–, en tanto será esta última resolución

la que sustituya el auto apelado.

Del análisis del citado artículo, se deriva que las decisiones apelables

concurren en las etapas previas al juicio, es decir, conforme a la citada norma en

los casos que taxativamente se regulan para asuntos diligenciados en las etapas

preparatoria e intermedia y que habilitan el conocimiento para que la Sala de la

C.e de Apelaciones, por el efecto devolutivo que corresponde a la naturaleza del

recurso de apelación, asuma la jurisdicción y dicte la resolución que corresponde

en sustitución de la impugnada al acoger la pretensión del recurrente. [Criterio

sostenido en sentencia de nueve de febrero de dos mil veintidós, dentro del

expediente 1189-2021].

-V-

Según lo antes considerado y del análisis realizado de las constancias

procesales, esta C.e determina que la autoridad reprochada, al confirmar la

resolución por medio de la que la Jueza de primera instancia decretó falta de mérito

a favor del sindicado, no asumió la jurisdicción de forma plena, pues no realizó el

análisis atinente a la etapa procesal que se presentaba en segunda instancia, esto

pues, dedicó su resolución a confirmar la decisión asumida por la Jueza de primera

instancia, sin dotar a las partes de su propio razonamiento de hecho y de Derecho

que demostrare que era viable sostener la falta de mérito; así las cosas, al no

asumir la jurisdicción de la cognitio causae, la Sala objetada dejó de tomar en

consideración las cuestiones fácticas presentadas por el ente fiscal y que debían

ser respondidas, verbigracia, las inconsistencias tales como que en el presente

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caso existían elementos que hacían creer racionalmente la participación del

sindicado en el hecho imputado, en tanto de las notas de envío, mediante las

cuales, se pretendía hacer valer que se transportaba producto forestal con un

documento de envío que no guardaba congruencia con lo transportado;

señalamiento que la Sala objetada debió analizar y no únicamente refrendar y hacer

suyo el argumento de primera instancia, pues dicha relación no suple su tarea de

fundamentación propia.

Asimismo, el ente fiscal señaló en apelación que el producto transportado a

nombre de J..R.C..A., con destino a El Rancho, en la casilla “tipo

de producto”, se consignó: “troza y leña”, lo cual era incongruente, ya que las

constancias determinan que lo que en realidad transportaba era únicamente troza;

así como que en la casilla “volumen en metros cúbicos (m3)”, se había consignado

“8 de troza y 9 de leña” pese a que al realizar la cubicación, se determinó que

transportaba quince punto cuarenta y cinco metros cúbicos (15.45 m3) de troza, por

lo que existía posibilidad de haberse consignado información falsa en la nota de

envío, invalidando la misma para el transporte del producto forestal; argumento que

fue respondido por la Sala objetada, citando lo manifestado por la primera instancia,

a pesar de que debió desplegar todo el análisis fáctico y jurídico que revelara si,

con base en lo establecido en el artículo 20, literal a), del Reglamento de transporte

de productos forestales, como manifestó el ente fiscal, existía la posibilidad delictiva

(indicios razonables) para considerar una actividad ilícita.

De ahí que pueda establecerse que la decisión de la autoridad reprochada,

al únicamente confirmar lo dispuesto por la Jueza de Primera Instancia Penal,

N.actividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de San Pedro Carchá,

departamento de Alta Verapaz, causó agravio al amparista, pues no asumió la

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jurisdicción, ni fundó su actuar en el análisis integral del caso conocido en segunda

instancia.

En ese sentido, al ser únicamente confirmada la decisión de primera

instancia por la Sala de la C.e de Apelaciones, al conocer en grado, sin que

asumiera a plenitud los hechos y Derecho, para establecer si era viable (con

argumentos propios) confirmar la falta de mérito o ligar a proceso, se conculcaron

los derechos señalados, pues la autoridad objetada no realizó su función, en virtud

de que únicamente se refirió a las razones de primera instancia por las cuales

determinó que era viable confirmar la resolución que decretó la falta de mérito a

favor del sindicado.

Así las cosas, este Tribunal estima que la autoridad cuestionada no motivó

la decisión que constituye el acto reclamado, vulnerando los derechos y principios

jurídicos que señala el postulante, lo cual hace viable acoger el recurso de

apelación interpuesto, revocar la sentencia del Tribunal a quo y otorgar la

protección constitucional promovida, a efecto de que la autoridad cuestionada dicte

nueva resolución, conforme lo aquí considerado, sin condenar a costas la autoridad

reprochada por la presunción de buena fe de las actuaciones judiciales.

LEYES APLICABLES

Artículos citados, 265, 268 y 272 literal c), de la Constitución Política de la

República de Guatemala; 8º, 9º, 10, 11, 42, 48, 149, 163 literal c), y 185 de la Ley

de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y 29 y 35 del Acuerdo 1-

2013 de la C.e de Constitucionalidad.

POR TANTO

La C.e de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas,

resuelve: I. Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público,

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por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A. y Exhibición

Personal, como consecuencia, revoca la sentencia venida en grado y, resolviendo

conforme a Derecho, declara: a) otorga el amparo solicitado por Ministerio Público,

por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del departamento de Alta

Verapaz contra la Sala Sexta de la C.e de Apelaciones del ramo Penal,

N.actividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz; b) restaura la

situación jurídica afectada y deja en suspenso, en cuanto a la postulante, el acto

reclamado; c) para los efectos positivos de este fallo, la autoridad denunciada

deberá dictar nueva resolución congruente con lo considerado dentro del plazo de

cinco días contados a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria de este fallo,

bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirá en multa de dos

mil quetzales (Q2,000.00), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales

consiguientes; y d) no hace especial condena en costas. II. N. y, con

certificación de lo resuelto, devuélvase las actuaciones remitidas.

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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Firmado digitalmente

por DINA JOSEFINA

OCHOA ESCRIBA

Fecha: 03/11/2022

12:27:08 p. m. Razón:

Aprobado Ubicación:

C.e de

Constitucionalidad

Firmado digitalmente

por H.H.

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P.A.

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F.: 03/11/2022

12:28:26 p. m. Razón:

Aprobado Ubicación:

C.e de

Constitucionalidad

Firmado digitalmente

por N.

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M.V.

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P.F.:

03/11/2022 12:29:44 p.

m. Razón: Aprobado

Ubicación: C.e de

Constitucionalidad

Firmado digitalmente

por L.S.

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L.A.

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F.: 03/11/2022

12:30:18 p. m. Razón:

Aprobado Ubicación:

C.e de

Constitucionalidad

Firmado digitalmente

por R.

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M.B.

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F.: 03/11/2022

12:30:41 p. m. Razón:

Aprobado Ubicación:

C.e de

Constitucionalidad

Firmado digitalmente

por L.A.

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R.

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M.F.:

03/11/2022 12:31:01 p.

m. Razón: Aprobado

Ubicación: C.e de

Constitucionalidad

Firmado digitalmente

por R.E.

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L.C.

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F.: 03/11/2022

12:31:24 p. m. Razón:

Aprobado Ubicación:

C.e de

Constitucionalidad

Firmado digitalmente

por A.G.

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C.G.

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F.: 03/11/2022

12:33:55 p. m. Razón:

Aprobado Ubicación:

C.e de

Constitucionalidad