Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 22-2021), 14-09-2021

• Fecha: 14 Septiembre 2021
• Número de expediente: 22-2021
• Emisor: Corte Constitucional (Guatemala)
• Tipo de Recurso: Amparo en Única Instancia

Expediente 22-2021

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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUAT EMALA, C.A.

AMPARO EN ÚNICA INSTANCIA

EXPEDIENTE 22-2021

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, catorce de septiembre de dos mil

veintiuno.

Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción constitucional de amparo

en única instancia promovida por D..L.H.nández y/o L..L.

.

H.ández, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El postulante

actuó con el patrocinio del abogado defensor público M.R.M.S..

Es ponente en el presente caso el M.P.dente, R.M.B.,

quien expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) Solicitud y autoridad: presentado el veintidós de diciembre de dos mil veinte

en el Juzgado de Paz del municipio y departamento de San Marcos y,

posteriormente, remitido a esta Corte. B) Acto reclamado: sentencia de seis de

noviembre de dos mil diecinueve, por la que la Corte Suprema de Justicia,

Cámara Penal –autoridad denunciada–, declaró: a) improcedente el recurso de

casación por motivo de forma interpuesto por D.L.H.nández y/o

L..L..H.ández –ahora amparista–, contra el fallo emitido por la Sala

Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento San Marcos, que no acogió el

recurso de apelación especial, por motivo de forma, que interpuso en su calidad

de procesado; y b) procedente el recurso de casación por motivo de fondo

interpuesto por el Ministerio Público, contra el fallo emitido por la Sala aludida,

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que acogió el recurso de apelación especial que, por motivo de fondo, planteó

dicha institución y, como consecuencia, casó la sentencia recurrida, aumentando

la pena impuesta al procesado a ocho años de prisión por el delito de Violación,

aumentada en seis años por circunstancias especiales de agravación de la pena,

haciendo un total de catorce años de prisión por cada uno de los cinco delitos de

Violación cometidos, lo cual hace un total de setenta años de prisión

inconmutables. C) Violaciones que se denuncian: a los derechos de defensa,

de tutela judicial efectiva, así como al principio jurídico del debido proceso. D)

Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante y del estudio

de los antecedentes, se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) el

Juez de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia

contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de San Marcos, dictó

sentencia condenatoria contra D..L..H.dez y/o L....L.

.

H.ández –postulante–, declarándolo responsable en calidad de autor material

del delito de Violación con circunstancias especiales de agravación en forma

continuada, imponiéndole la pena de dieciocho años y ocho meses de prisión

inconmutables; b) contra ese fallo, el procesado y el Ministerio Público

interpusieron recursos de apelación especial; el primero por motivo de forma y el

ente investigador por motivo de fondo, de los cuales la Sala Mixta de la Corte de

Apelaciones del departamento de San Marcos acogió únicamente el planteado

por el ente investigador y, como consecuencia, determinó: “…Que D..L....

.

H. y/o L..L.H. es responsable en el grado de autor del

delito de VIOLACIÓN CON CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE AGRAVACIÓN

en agravio de la libertad e indemnidad sexual de la niña (…), ilícito por el cual se

le impone la pena de DIEZ AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN

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.

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H. y/o L.L...H., el diecinueve de marzo de dos mil

dieciséis, a las diecisiete horas aproximadamente, cuando la niña (…), quien en

esa fecha contaba con diez años de edad, se encontraba atrás de un inmueble

que carece de nomenclatura o contador de fluido eléctrico visible, consistente en

un inmueble de un solo nivel, con techo de lámina, paredes de madera, un

corredor al frente con parales, la madera de las paredes se encuentra en mal

estado, sin color definido, que se localiza a una distancia aproximadamente de

cincuenta metros de un inmueble con contador de fluido eléctrico número cero

uno guion novecientos cuarenta y un mil doscientos veintiséis, el cual se localiza

en el sector Iglesia Centroamericana, de la aldea El Carrizal, municipio de

Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos, la agarró de las manos y la

llevó hacia el interior de dicho inmueble, estando allí le bajó el pantalón y el

calzón, luego la empujó provocando que ella cayera boca arriba, luego se bajó el

pantalón y el calzoncillo, le introdujo su pene en la vagina, luego se arregló la ropa

y se retiró del lugar. d) D..L..ó....H. y/o L..n..L..p....

.

H., el once de mayo de dos mil dieciséis, a las diecisiete horas

aproximadamente, cuando la niña (…), quien en esa fecha contaba con diez años

de edad, se encontraba jugando en las cercanías de un inmueble que carece de

nomenclatura o contador de fluido eléctrico visible, consistente en un inmueble de

un solo nivel, con techo de lámina, paredes de madera, un corredor al frente con

parales, la madera de las paredes se encuentra en mal estado, sin color definido,

que se localiza a una distancia aproximadamente de cincuenta metros de un

inmueble con contador de fluido eléctrico número cero uno guion novecientos

cuarenta y un mil doscientos veintiséis, el cual se localiza en el sector Iglesia

Centroamericana, de la aldea El Carrizal, municipio de Esquipulas Palo Gordo,

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departamento de San Marcos, la sujetó de las manos, la llevó hacia el interior de

dicho inmueble, estando allí le bajó el pantalón y el calzón, luego la tiró al suelo

quedando ella boca arriba, luego se bajó el pantalón y el calzoncillo, se colocó

boca abajo sobre ella, le introdujo su pene en la vagina, luego se arregló la ropa y

se retiró del lugar. e) D.L.H. y/o L.L.H.,

el quince de mayo de dos mil dieciséis, a las seis horas aproximadamente,

cuando la niña (…), quien en esa fecha contaba con diez años de edad ingresó a

la cocina de un inmueble que carece de nomenclatura, el cual se localiza en el

sector Iglesia Centroamericana, de la aldea El Carrizal, municipio de Esquipulas

Palo Gordo, departamento de San Marcos, cerró la puerta de dicha cocina, luego

le bajó el pantalón y el calzón, luego se bajó el pantalón y el calzoncillo, estando

ambos de pies le introdujo su pene en la vagina, luego la niña se arregló la ropa y

se retiró del lugar…” [La anterior transcripción se extrajo de los folios 07 al 10 de

la Sentencia emitida, la cual obra en el expediente electrónico remitido].

B) El procesado –hoy amparista– y el Ministerio Público, interpusieron recursos

de apelación especial; el primero por motivo de forma, por inobservancia del

artículo 385 del Código Procesal Penal, relacionado con los artículos 389 numeral

4) y 394 última parte y 420 numeral 5) del mismo cuerpo legal; y el ente

investigador por motivo de fondo, por inobservancia del artículo 69 relacionado

con los artículos 173 y 195 quinquies, todos del Código Penal, de los cuales la

Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de San Marcos acogió

únicamente el recurso planteado por el ente investigador y, como consecuencia,

determinó: “…Que D.L...H..y.L..e.L....H. es

responsable en el grado de autor del delito de VIOLACIÓN CON

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE AGRAVACIÓN en agravio de la libertad e

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indemnidad sexual de la niña (…), ilícito por el cual se le impone la pena de DIEZ

AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN INCONMUTABLES por cada hecho

cometido, EN CONCURSO REAL DE DELITOS, para un total de CINCUENTA Y

TRES AÑOS CON CUATRO MESES DE PRISIÓN INCONMUTABLES…”

En cuanto a esos recursos de apelación especial, la Sala sentenciadora

consideró:: “…Esta Sala Mixta de la Corte de Apelaciones, luego de hacer el

análisis en relación a los argumentos vertidos por los recurrentes y de los

razonamientos y pasajes respectivos contenidos en la sentencia de fecha

veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Juez Unipersonal del

Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de F. y Otras Formas de Violencia

Contra la M. y Violencia Sexual del departamento de San Marcos; y

previamente a resolver el mismo, necesario consideramos hacer mención de lo

siguiente: La Sana Crítica Razonada, debe entenderse como (…) El procesado

interpuso recurso de apelación especial por motivos de forma y como único

submotivo la inobservancia del artículo 385 del Código Procesal Penal, al

momento de valorar medios o elementos probatorios de valor decisivo. En

relación a lo manifestado por el recurrente, se establece que la declaración de la

niña víctima, aun cuando manifestó que recordaba que don L. la violaba y

que fueron dos veces que la violó, página once de la sentencia impugnada, se

establece lo siguiente: ‘…recuerda que fue ella quien dio las fechas de los

hechos, recordaba las fechas cuando presentaron la denuncia porque no había

pasado mucho tiempo…’, por lo que esa imprecisión no puede ser tomada como

una contradicción, tomando en cuenta que la misma víctima es quien dio las

fechas de los hechos que se tuvieron por acreditados, sin embargo, al pasar el

tiempo, recordaba que fueron dos veces, no obstante se documentó en la

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denuncia las fechas de los cinco hechos que se tiene por probados. Así también

de las paginas veinticinco a la veintisiete de la sentencia impugnada, se establece

que de conformidad con el informe de atención brindada de fecha dieciséis de

julio de dos mil dieciséis, suscrito por la Licenciada M.B..e.L.L.,

Psicólogo III de la oficina de atención a la víctima de la Fiscalía de Sección de la

Mujer del Ministerio Público de San Marcos, en el que se documenta la atención

victimológica brindada a la niña (…), para lo cual se tuvo la autorización de la niña

y de su madre (…), se entrevistó a la víctima, quien describió las fechas de los

cinco hechos de violación de los que fue víctima por parte del acusado, siendo

estas el once de marzo, catorce de marzo, diecinueve de marzo, once de mayo y

quince de mayo, todas del año dos mil dieciséis. Cabe resaltar que este informe

se realizó unos meses antes que la declaración de la víctima, por lo que se

corrobora el dicho de la misma cuando manifiesta que las fechas las recordaba,

sin embargo con el transcurrir del tiempo ya no lo hacía con exactitud, empero

(sic) las mismas fueron documentadas por la profesional de la psicología

mencionada, y aunque efectivamente no tiene la calidad de P. como lo señala

el recurrente, si tiene la calidad de testigo por razón de su profesión, al prestar la

atención victimológica, por lo que en esa virtud se documentó las fechas que la

niña víctima manifestó haber sido violada por el acusado, no siendo necesario

una evaluación psicológica como tal para documentar tales hechos y fechas, por

lo que no se advierte el vicio señalado. En cuanto a la D..M...J.issa

M.G., P.P. de la medicina, área de patología forense y clínica

forense (sic) del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, manifiesta el recurrente

que el Juzgador le dio credibilidad a la historia relatada por la agraviada a dicho

perito, relatando en resumen que habían sido cuatro veces las que fue objeto de

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violación por parte del acusado, mientras la víctima manifestó que en dos

ocasiones había sido abusada sexualmente, no recordando la fecha por lo que no

debió darle valor probatorio a esa deposición, sin embargo, la historia que refiere

la niña víctima en esa ocasión no fue con el objeto de presentar la denuncia como

en el caso de los hechos y fechas descritos ante la Licenciada M..B.

.

L.L., toda vez que en esta ocasión si se trata de una perito, cuyos

objetivos del peritaje fueron, en resumen, determinar si existe ruptura del himen y

hallazgos, si existen lesiones genitales, paragenitales y extragenitales, indicar si

presenta signos de enfermedades de transmisión sexual, si se encuentra en

estado de embarazo, entre otros, por lo que no puede tomarse como una

contradicción la historia en referencia, toda vez que en resumen, solo fue para

indicar que fue víctima de violación sexual en diversas ocasiones, y no para

denunciar los hechos, por lo que no se advierte el vicio señalado. En cuanto al

P.I.E.R.S., del Instituto Nacional de Ciencias Forenses,

ratificó su dictamen de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, que

contiene reconocimiento psicológico practicado a la víctima, concluyendo que no

se pudo establecer el estado psicológico actual de la agraviada, que al momento

de la entrevista no se evidencian secuelas psicológicas, no se evidencia

sufrimiento psicológico alguno y al momento de declarar en relación al relato de la

víctima, punto diecisiete de su informe, indico que hay un hecho básico en el cual

se apoya, indicando que las situaciones talvéz no sean como ella lo hizo en la

entrevista, es un porcentaje muy bajo confiable. Sin embargo, de la lectura del

documento sentencial, se establece que las afirmaciones del recurrente son

aisladas y fuera de contexto, toda vez que la página cuarenta, en las conclusiones

del perito relacionado, en resumen manifiesta que ‘no se puede establecer su

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estado psicológico actual dado a que no se tiene a la vista ninguna

documentación que indique el proceso de psicoterapia al que dice estar

sometida’, ‘existen antecedentes de varios hechos violentos de carácter sexual

anteriores, lo que los otros hechos referidos vienen a ahondar el daño psicológico

que pudo haber sido instalado…’, ‘…al momento de la entrevista no se evidencian

secuelas psicológicas pero eso no significa que no vayan a ser manifiestas’ y a

(sic) página cuarenta y uno a la cuarenta y dos manifestó: ‘…todo hecho

traumático deja heridas psicológicas pero como mecanismo de defensa es muy

probable que en ella haya surgido esta situación de contraste con las fechas

exactas, el ambiente cultural y social de las personas pues en ocasiones tienden

a perder el estado de (sic) tiempo, días, máximo cuando ya ha pasado mucho

tiempo, eso puede ser normal en la edad de once años…’, por lo que viene a

corroborar lo manifestado por la niña víctima cuando manifestó que fue ella quien

dio las fechas de los hechos, recordaba las fechas cuando presentaron la

denuncia porque no había pasado mucho tiempo, sin embargo, como se ha dicho,

no puede tomarse las imprecisiones señaladas como contradicciones, toda vez

que las fechas de los hechos fueron documentadas en su momento cuando los

mismos fueron recientes, y el Perito en Psicología da una explicación científica del

porque una niña de once años puede olvidar la exactitud de las fechas al paso del

tiempo, sin embargo, eso no es contradicción y no desvirtúa los hechos sucedidos

en las fechas denunciadas, por lo que no se advierte el vicio señalado, y no debe

acogerse el recurso interpuesto. Por otra parte, el Ministerio Público interpone

recurso de apelación especial por motivos de fondo, y como único submotivo la

inobservancia del artículo 69 relacionado con los artículos 173 y 195 Quinquies,

todos del Código Penal, argumentando que estamos ante un concurso real y no

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de delito continuado por ser un delito personalísimo, siendo injusto y

contradictorio imponer al procesado dieciocho años y ocho meses de prisión,

solicitando la condena del acusado por cinco delitos de violación con

circunstancias especiales de agravación en concurso real. En reiterados fallos de

esta Sala, se ha resuelto que los delitos que atentan contra la libertad de la

víctima son de naturaleza personalísima, y no se consideran como delitos de

continuidad, sino totalmente independientes por el carácter personalísimo del

bien, siendo que la afectación que se comete es única e irrepetible. Al respecto,

es criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: ‘…al

verificar la labor juzgadora de la Sala, se encuentra que esta, para confirmar la

calificación legal del hecho, en el delito de violación continuada, se basó en que el

A Quo acreditó dos accesos carnales del mismo suceso y lo calificó como delito

continuado. El Tribunal y la Sala de Apelaciones incurrieron en error al calificar y

en su caso confirmar los hechos como delito continuado, no por las razones que

esgrime el casacionista, sino por otras que no le favorecen sino le perjudican. En

efecto, ha sido jurisprudencia reiterada por Cámara Penal que el bien jurídico

tutelado en el delito de Violación es de naturaleza personalísima, por lo que cada

acceso carnal violentado estaría atentando contra la libertad sexual, en episodios

que no pueden considerarse en una relación de continuidad, sino como

totalmente independientes por el carácter personalísimo del bien. En este caso se

trasgrede de una vez y en su totalidad al bien jurídico que protegen. La afectación

que se comete es única e irrepetible; es decir, que al vulnerar la libertad sexual de

una persona (como ocurre en el caso de violación), esa afectación no puede

volver a ocurrir, toda vez que la libertad sexual constituye una determinación

personalísima que se tutela por la ley penal tantas veces la persona sufra el

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acceso carnal violento; y, asimismo, porque el factor final que consiste en el

interés lubrico por cada evento sexual, por naturaleza es temporal…’, casación

No. 1503-2011 sentencia del 24/11/2011. De la lectura de la sentencia

impugnada, se establece que el procesado D.L..H. y/o L.

.

L.H. fue encontrado responsable en el grado de autor del delito de

V.ón con circunstancias especiales de agravación en forma continuada,

inobservando el artículo 69 del Código Penal, que corresponde observar en este

tipo de delitos, que como se ha dicho son de naturaleza personalísima, y se tutela

por la ley penal tantas veces la persona sufra el acceso carnal violento, por lo que

debe imponerse la pena correspondiente para cada hecho que se ha tenido por

probado, tipificando como violación con las circunstancias especiales de

agravación, en concurso real, por lo que se advierte el vicio señalado debiendo

acogerse el recurso interpuesto, y hacer las declaraciones correspondientes…” Y

resolvió: ‘DECLARA: I) ACOGE el Recurso de Apelación Especial por MOTIVO

DE FONDO, con base en la inobservancia del artículo 69 del Código Penal

relacionado con los artículo 173 y 195 Quinquies del mismo cuerpo legal, en

contra de la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictada

por el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de

V.a contra la Mujer, Violencia Sexual del departamento de San Marcos; II)

En consecuencia se REVOCA EL NUMERAL ROMANO I) DE LA PARTE

RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA, y resolviendo el caso en

definitiva, dicta la sentencia que corresponde, quedando el numeral romano I) de

la siguiente manera: Que D.des L...H. y/o L.L...H.

es responsable en el grado de autor del delito de VIOLACIÓN CON

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE AGRAVACIÓN en agravio de la libertad e

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indemnidad sexual de la niña (…), ilícito por el cual se le impone la pena de DIEZ

AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN INCONMUTABLES por cada hecho

cometido, EN CONCURSO REAL DE DELITOS, para un total de CINCUENTA Y

TRES AÑOS CON CUATRO MESES DE PRISIÓN INCONMUTABLES…”. [La

anterior transcripción consta a los folios del 97 al 104 de la sentencia de la Sala

sentenciadora (expediente electrónico remitido)].

C) Contra lo resuelto, el ahora amparista y el Ministerio Público plantearon

recursos de casación, por motivo de forma, contenido en el numeral 1) del artículo

440 del Código Procesal Penal, el primero; y el segundo, por motivo de fondo,

fundamentado en el numeral 5) del artículo 441 del Código Procesal Penal.

D) Derivado de ese planteamiento, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal -

autoridad cuestionada- en sentencia de seis de noviembre de dos mil

diecinueve -acto reclamado-, conoció respecto del recurso de casación por

motivo de forma invocado por el amparista, con base en el caso de procedencia

contenido en el numeral 1) del artículo 440 del Código Procesal Penal, en el que

se señaló como violado el artículo 12 de la Constitución Política de la República

de Guatemala, así también, se pronunció respecto del motivo de fondo

interpuesto por el ente investigador, fundamentado en el numeral 5) del artículo

441 del Código Procesal Penal, en el que manifestó que existía errónea

interpretación del artículo 66 relacionado con los artículos 173 y 195 Quinquies

del Código Penal. En dicho pronunciamiento, la citada autoridad declaró

improcedente el recurso interpuesto por el ahora postulante y procedente el

recurso extraordinario promovido por el ente investigador; consecuentemente,

casó la sentencia impugnada, al considerar: “…Recurso de casación

interpuesto por el procesado D.L.H. y/o L.L.

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H., por motivo de forma, de conformidad con lo que establece el artículo

440 numeral 1) del Código Procesal Penal. Argumenta que en la parte resolutiva

del fallo, la Sala impugnada dejó de resolver alegaciones realizadas en apelación

especial, específicamente un motivo de forma por motivos absolutos de anulación

formal; en el que denunció la inobservancia del artículo 385 del Código Procesal

Penal, al momento de valorar medios o elementos probatorios de valor decisivo,

ya que consideró que al haberse valorado la prueba de conformidad con la ley

hubiera sido absuelto; norma que se encuentra relacionada con los artículos 389

numeral 4), 394 numeral 3) última parte y 420 numeral 5) del mismo cuerpo legal;

sin embargo, la Sala impugnada en sentencia de segundo grado, hizo alusión en

la parte considerativa a los motivos invocados en cada uno de los submotivos de

forma alegados, pero dejó de resolverlos en la parte resolutiva de dicha sentencia,

violentándose el derecho de defensa regulado en el artículo 12 de la Constitución

Política de la República de Guatemala, por lo que solicita que al declararse con

lugar el presente recurso se ordene el reenvío de las actuaciones, a efecto de que

se dicte sentencia sin los vicios impugnados. [La] Cámara Penal considera

necesario indicar que, con base en el motivo de forma invocado, regulado en el

artículo 440 numeral 1) del Código Procesal Penal ‘Cuando la sentencia no

resolvió todos los puntos esenciales que fueron objeto de la acusación formulada,

o que estaban contenidos en las alegaciones del defensor’, este se circunscribe

únicamente a establecer si existió o no el pronunciamiento que el casacionista

adujo inexistente, sin incursionar en el acierto o desacierto de la decisión, en tal

virtud, el casacionista refiere que la Sala de Apelaciones únicamente hizo alusión

en la parte considerativa a los motivos indicados en apelación especial, pero dejó

de resolverlos en la parte resolutiva de dicha sentencia; sin embargo, [la] Cámara

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Penal interpreta para el efecto el documento sentencial en su integralidad y no

solamente en apartados específicos, y al cotejar el agravio presentado en

apelación especial consistente en la inobservancia del artículo 385 del Código

Procesal Penal, al momento de valorar medios o elementos probatorios de valor

decisivo, norma relacionada con los artículos 389 numeral 4), 394 numeral 3)

última parte y 420 numeral 5) del mismo cuerpo legal, en referencia a los medios

de prueba consistentes en: a) declaración testimonial de la víctima; b) informe de

atención brindado, suscrito por la licenciada M.B.L., psicóloga III de

la oficina de atención a la víctima de la fiscalía de sección de la Mujer del

Ministerio Público; c) dictamen pericial de la doctora Miryam Julissa M.G.,

perito profesional de medicina, área de patología forense y clínica forense del

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala; d) dictamen pericial de

Israel Eduardo Rojas Santiago, psicólogo perito profesional de la psicología

forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala; Cámara Penal

al confrontar la sentencia impugnada en el considerando III, establece que la Sala

de A.aciones sí dio respuesta a los agravios presentados en apelación especial

por el procesado, relacionando cada uno de los cuatro medios de prueba

denunciados como agravios, ya que realizó el argumento propio para resolver lo

peticionado por el procesado (…), es por ello que Cámara Penal al recurrir a la

integralidad de la sentencia corrobora que la Sala sí analizó el agravio y resolvió

el mismo realizando su propia conclusión, consecuentemente, no tiene sustento

jurídico lo denunciado por el procesado, ya que lo que pretende hacer ver, es que

el órgano de alzada omitió resolver puntos esenciales que fueron alegados en su

momento procesal, toda vez, que omitió efectuar un pronunciamiento sobre su

recurso en el apartado del por tanto de su sentencia, respecto de si se acogía o

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no; sin embargo, no se evidencia en el presente caso dicha omisión de resolución,

ya que Cámara Penal considera que al confrontar los argumentos y la resolución

en su integralidad y no solo en apartados específicos, establece que no se

incurrió en la falta de pronunciamiento, en cuanto a los agravios presentados a la

Sala de Apelaciones, ya que sí existió pronunciamiento en cuanto a los agravios

alegados y expresamente en la página once reverso de la sentencia emitida por la

Sala, esta última refirió que no debía acogerse el recurso interpuesto por el

procesado, consecuencia el caso por motivo de forma, de conformidad con el

numeral 1) del artículo 440 del Código Procesal Penal, debe declararse

improcedente. (…) Recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público,

por motivo de fondo en forma parcial de conformidad con el artículo 441 numeral

5) del Código Procesal Penal, denunciando como único submotivo la errónea

interpretación del artículo 66, relacionado con los artículos 173 y 195 quinquies,

todos del Código Penal. Argumenta que el Tribunal de Sentencia acreditó cinco

delitos consumados de violación, con circunstancias especiales de agravación, en

concurso real, ejecutados por el procesado y que fueron observados oportuna y

correctamente por la Sala de Apelaciones al momento de resolver, sin embargo,

el artículo denunciado fue erróneamente interpretado por la Sala, ya que al

realizar el cómputo de la pena condenó al procesado a una pena de diez años y

ocho meses de prisión inconmutables por cada hecho cometido, en concurso real

de delitos, haciendo un total de cincuenta y tres años con cuatro meses de prisión

inconmutables. Sin embargo, en observancia y correcta interpretación y aplicación

del artículo 66 del Código Penal, deben realizarse correctamente los cálculos de

la pena para aumentarla o disminuirla en la cuota o fracción determinada,

aumentándose el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente, con lo

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cual quedará así fijada la nueva pena, dentro de cuyos límites se graduará su

aplicación. El delito de violación tiene establecida la pena mínima de ocho años

de prisión y la máxima de doce años de prisión, que al concurrir las circunstancias

especiales de agravación incrementan la misma en tres cuartas partes si la

víctima es menor de catorce años de edad, como en el presente caso, por lo que

al hacer el cálculo matemático y que no realizó la Sala de Apelaciones, genera

como resultado que la pena mínima a imponer queda en catorce años y la

máxima en veintiún años; por lo tanto, la Sala no realizó correctamente el cálculo,

toda vez, que las tres cuartas partes de la pena mínima de ocho años del delito de

violación no dan como resultado diez años y ocho meses, sino que el resultado

correcto de multiplicar ocho por tres dividido cuatro, da como resultado seis años

y que sumados a la mínima de ocho años da un total de catorce años, por lo que

solicita que se case la sentencia impugnada y al realizar el cálculo de la pena por

cinco delitos de violación, con circunstancias especiales de agravación, en

concurso real, se imponga la pena de catorce años por cada delito consumado,

haciendo un total de setenta años de prisión inconmutables. El agravio

presentado por el Ministerio Público consiste en la errónea interpretación del

artículo 66 relacionada con los artículos 173 y 195 quinquies, todos del Código

Penal; establece el artículo 66 del referido cuerpo normativo: ‘Aumento y

disminución de límites. Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya una

pena en una cuota o fracción determinada, se aumentará al máximo y el mínimo

en la proporción correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando así la

nueva pena, dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme a lo

dispuesto en el artículo que antecede’; por su parte, el artículo 195 quinquies del

referido cuerpo legal, regula: ‘Circunstancias especiales de agravación. Las penas

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para los delitos contemplados en los artículos 173, 188, 189, 193, 194, 195, 195

Bis, 195 Ter, se aumentarán dos terceras partes si la víctima fuera menor de

dieciocho y mayor de catorce años de edad; en tres cuartas partes si la víctima

fuera persona menor de catorce años, y con el doble de la pena si la víctima fuera

persona menor de diez años’. Resulta importante hacer énfasis en que la Sala de

Apelaciones en la resolución impugnada resolvió que al haberse acreditado por el

Tribunal que el procesado Dionides L. Hernández y/o L..L.

.

H. fue responsable en el grado de autor por cinco hechos del delito de

violación, con circunstancias especiales de agravación, en concurso real, aplicó lo

que establece el artículo 69 del Código Penal; sin embargo, la Cámara Penal al

efectuar el análisis del cálculo matemático en la imposición de la pena, determina

que el agravio del ente fiscal se configura específicamente porque se evidencia tal

y como lo argumenta el Ministerio Público, que existe un error matemático en el

cálculo de la misma. En relación al delito de violación contemplado en el artículo

173 del Código Penal, el artículo establece una pena mínima de prisión de ocho

años y una pena máxima de doce años; asimismo, el artículo 195 quinquies del

mismo cuerpo legal, que hace referencia a las circunstancias especiales de

agravación y para el caso concreto con relación a la edad de la víctima, quien se

acreditó que tenía once años de edad, se encontraba en el rango de ser menor de

catorce años de edad y que establece que la pena se aumentará en tres cuartas

partes, en consecuencia, para la pena mínima del delito de violación las tres

cuartas partes equivalen a seis años y para la pena máxima equivalen a un total

de nueve años. Por lo anterior considerado, la Sala impugnada incurrió en error

en el cálculo matemático de la imposición de la pena del delito de violación, con

circunstancias especiales de agravación, debiéndose modificar la sentencia

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emitida por la autoridad impugnada y condenar al acusado por cinco delitos de

violación, con circunstancias especiales de agravación, lo anterior en observancia

a los parámetros para la aplicación de la pena establecidos en el artículo 65 del

Código Penal, que en el presente no fueron objeto de agravio en casación y del

libelo sentencial se colige que el Tribunal Sentenciador no acreditó ninguno de los

parámetros para el efecto como sobreexcedidos, por lo que corresponde la

aplicación de la pena mínima para el delito de violación, es decir de ocho años de

prisión, a la que se debe sumar la pena que contempla el artículo 195 quinquies,

en relación a la edad de la víctima que en el presente caso y como se analizó,

corresponde a seis años que son las tres cuartas partes de la pena mínima del

delito de violación, haciendo un total de pena base de catorce años de prisión por

cada uno de los cinco delitos cometidos, haciendo el total de setenta años de

prisión inconmutables. En cuanto a lo manifestado por el procesado D.

.

L.H. y/o L..n.L..H., en la audiencia de vista pública

evacuada por escrito, la Cámara Penal por las consideraciones realizadas,

encuentra que la Sala impugnada al momento de imponer la pena no efectuó

correctamente el cálculo matemático anteriormente analizado para la imposición

de la pena por cada delito de violación, con circunstancias especiales de

agravación -catorce años-, por lo que procedente resulta casar la sentencia

impugnada e imponer la pena de prisión como se analizó anteriormente…” Y

resolvió: “…DECLARA: I) IMPROCEDENTE el recurso de casación por motivo

de forma interpuesto por el procesado D...L...H. y/o L.

.

L.H., contra la sentencia de cuatro de abril de dos mil dieciocho,

dictada por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de San

Marcos. II) PROCEDENTE el recurso de casación por motivo de fondo interpuesto

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por el Ministerio Público. III) CASA la sentencia de cuatro de abril de dos mil

dieciocho, dictada por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento

de San Marcos; por lo que se modifica la condena por el delito de violación, con

circunstancias especiales de agravación, toda vez que por las consideraciones

realizadas se condena al procesado D.des L.H. y/o L.L.

.

H. a una pena base de ocho años de prisión, más el aumento de las tres

cuartas partes que hacen seis años de prisión, para un total de catorce años de

prisión por cada uno de los cinco delitos cometidos, haciendo el total de setenta

años de prisión inconmutables…” [La anterior transcripción se extrajo de los folios

19 al 29 de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal

(contenida en los folios 107-117 del expediente electrónico remitido)].

-IV-

Como cuestión inicial, es preciso señalar que el caso de procedencia

regulado en el numeral 1), del artículo 440 del Código Procesal Penal, habilita al

T.al de Casación verificar si en la sentencia recurrida se han resuelto todos

los puntos esenciales que fueron objeto de la acusación, o bien los que estaban

contenidos en las alegaciones del defensor.

En ese sentido, se puede sostener que el fallo debe contener la respuesta

de todos los puntos alegados por el defensor, como los que han sido objeto de la

acusación. Aunado a ello, esos argumentos deben estar en completa congruencia

con las constancias procesales, y tener una coherencia lógica con las normas

jurídicas aplicables al caso concreto.

Dado que la decisión que asuma el Tribunal de Casación, al resolver sobre

las alegaciones realizadas por el recurrente debe ajustarse a lo prescrito en el

Artículo 11 Bis del Código Procesal Penal, que establece: “… los autos y las

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sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión (…) la

fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare

la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los

medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la

mención de los requerimientos de las partes, no reemplazará en ningún caso a la

fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el

derecho constitucional de defensa y de la acción penal…”

Esta Corte, conforme a los antecedentes previamente referidos y la

sentencia que constituye el acto reclamado, específicamente en cuanto a la

primera parte de dicho fallo, determina que no se evidencia la existencia de los

agravios denunciados por el accionante en el actuar de la autoridad cuestionada,

pues dicha autoridad, al resolver, actuó en uso de sus facultades legales,

realizando los estudios legales pertinentes, consistentes en un análisis

confrontativo entre lo sostenido por la Sala sentenciadora, lo denunciado por el

postulante en consonancia con las constancias procesales, por lo que concluyó

que la respuesta dada por el Tribunal de Apelación Especial, contrario a lo

denunciado por el casacionista, sí dio respuesta puntual a cada una de las

denunciadas realizadas, y cuenta con las motivaciones de hecho y de Derecho

que sustentaron la decisión de no acoger el recurso de apelación especial

interpuesto, asimismo, en cuanto a lo manifestado por el amparista en su escrito

de casación, relativo a que la Sala de Apelaciones omitió efectuar un

pronunciamiento sobre su recurso en el apartado específico del “por tanto” de su

sentencia, de si se acogía o no dicho recurso, se establece que, tal como lo

sostuvo la autoridad cuestionada, no se evidencia dicha omisión, en tanto que,

como lo indicó acertadamente la Cámara Penal, al confrontar los argumentos y la

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resolución en su integralidad, no solo en apartados específicos, se evidencia que

no se incurrió en la falta de pronunciamiento denunciada.

De ahí que se determina que la referida autoridad no se extralimitó en el

uso de sus facultades legales, como lo pretende hacer valer el accionante, por lo

que lo resuelto no pude generar agravios en la esfera jurídica del peticionario.

-V-

Con relación a los agravios que enuncia el postulante, derivados de la

declaratoria de procedencia del recurso de casación interpuesto por el Ministerio

Público, es preciso tener presente que la debida motivación de una resolución

judicial se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos expresamente

manifestados concernientes a la litis puesta en conocimiento de las autoridades

judiciales; es decir, en el estudio de lo argumentado por las partes y las

constancias procesales, apoyando su decisión y adecuando la normativa legal

aplicable al caso concreto.

Para ello, el juez o tribunal debe exponer, de forma concreta, las

circunstancias especiales, razones particulares o causas tomadas en

consideración para la emisión del acto, siendo necesario, como se apuntó

anteriormente, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas

aplicables al caso concreto.

Esta Corte procede a emitir criterio respecto de la sentencia que constituye

el acto reclamado, específicamente en cuanto a la segunda parte del mismo,

mediante el cual la autoridad reprochada declaró procedente el recurso de

casación por motivo de fondo interpuesto por el ente investigador, contra el fallo

emitido por la Sala de la Corte de Apelaciones, que acogió el recurso de

apelación especial que por motivo de fondo planteó y, como consecuencia, casó

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la sentencia recurrida, imponiéndole la pena de ocho años de prisión por el delito

de Violación, aumentada en seis años por la agravación de la pena, haciendo un

total de catorce años de prisión inconmutables por cada uno de los cinco delitos

de violación cometidos, haciendo un total por los aludidos ilícitos de setenta años

de prisión inconmutables.

Conforme los antecedentes previamente referidos, se determina que la

sentencia reclamada, específicamente respecto a la segunda parte de esta,

referente a la declaratoria de procedencia del recurso de casación instado por el

Ministerio Público, y que generó como consecuencia que la autoridad objetada,

acertadamente modificara el fallo emitido por la Sala de Apelaciones,

específicamente en lo relativo al cálculo matemático de la pena a imponer al

procesado por los cinco delitos de violación, con circunstancias especiales de

agravación, se evidenció que dicha modificación fue realizada en observancia de

la normativa penal vigente, en tanto que, como acertadamente lo estableció la

Cámara Penal, lo dable era la aplicación de la pena mínima para el delito de

violación, la cual es de ocho años de prisión, a la que se le debe sumar la pena

que prevé el artículo 195 quinquies del Código Penal, en relación a la edad de la

víctima, que en el presente caso conforme a dicho parámetro correspondiendo a

seis años, que corresponde a las tres cuartas partes de la pena mínima del delito

referido, haciendo un total de pena de catorce años de prisión por cada uno de los

cinco delitos cometidos, lo que hace el total de setenta años de prisión

inconmutables, por lo que se concluye que la misma, contrario a lo expresado por

el postulante, se encuentra debidamente fundamentada y refleja que la autoridad

cuestionada adecuó su actuar a lo que dictan las normas rectoras del acto, ya que

hizo el análisis integral del fallo condenatorio, y partiendo de los hechos

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acreditados y las consideraciones realizadas por el Tribunal de Sentencia,

concluyó que la Sala de Apelaciones, tal como lo sostuvo el ente investigador,

incurrió en un error matemático de cálculo al fijar la pena, lo cual generó que se

modificara la pena al procesado, como se demostró con antelación al casar el

fallo cuestionado, modificando la condena por el delito de violación, con

circunstancias especiales de agravación, por lo que tal decisión no puede generar

agravio alguno al accionante.

En razón de lo anterior, esta C.e estima que la autoridad reprochada, al

proferir el acto reclamado, actuó conforme al correcto uso de sus facultades

legales, por lo que el hecho de que el sentido del fallo no sea favorable a los

intereses del amparista, no conlleva la concreción de los agravios de

trascendencia constitucional que pretende hacer valer mediante la presente

garantía, razón por la que la tutela constitucional solicitada debe denegarse, por

notoriamente improcedente, sin condenar en costas al postulante por no haber

sujeto legitimado para su cobro, ni imponer multa a al abogado patrocinante M.

.

R.M.S., por ser integrante del Instituto de la Defensa Pública

Penal.

LEYES APLICABLES

Artículos citados, 265, 268 y 272, literal b), de la Constitución Política de la

República de Guatemala; 8º, 9º, 10, 11, 42, 48, 149, 163, literal b), 179 y 185 de la

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-

89; 29, 35, 36 y 72 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas,

resuelve: I. Por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición

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Personal y de Constitucionalidad y conforme a lo asentado en el artículo 1º del

Acuerdo 3-2021 de la Corte de Constitucionalidad de veintiuno de abril de dos mil

veintiuno, se integra el Tribunal con el Magistrado J..F. De Mata Vela.

II. Deniega, por notoriamente improcedente, el amparo solicitado por D..

.

L.H. y/o L.L..H..d., contra la Corte Suprema de

Justicia, Cámara Penal. III. No condena en costas al postulante, ni impone multa

al abogado patrocinante, M..R..M..S., por las razones

consideradas. IV. N.quese y, oportunamente, remítase la ejecutoria respectiva.

R..T.M.B..A...

.

P.

.

.

.

.

.

D.J. OCHOA ESCRIBÁ JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA

MAGISTRADA M..S..A...

.

.

.

N...M.V..E.P..L.......L.S.L..M.A.

.

M..S.O MAGISTRADA

LIZBETH CAROLINA REYES PAREDES DE BARAHONA

SECRETARIA GENERAL