Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 4647-2018), 29-01-2021

• Número de expediente: 4647-2018
• Fecha: 29 Enero 2021
• Emisor: Corte Constitucional (Guatemala)
• Tipo de Recurso: Apelación de Sentencia de Amparo

Página 1 de 55

Expediente 4647-2018

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUAT EMALA, C.A.

APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO

EXPEDIENTE 4647-2018

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: G.a, veintinueve de enero de dos

mil veintiuno.

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de veinte de

agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de A., en la acción

constitucional promovida por el Consejo Comunitario de Desarrollo de la

comunidad “L.na L., municipio de San Andrés del departamento de Petén,

por medio de su P. y de su Secretario, respectivamente, C.o

V..S. y S..G.es G., contra: a) el Consejo N.onal de

Áreas Protegidas –CONAP–; y b) la C.sión Presidencial Coordinadora de la

P.tica del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH–. El

postulante actuó con el auxilio de los abogados J.G.C.stro S. y

E.F.P.A.ila. Es ponente en el presente caso el Magistrado

Vocal I, R.M.B., quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) Interposición y autoridad: presentado el veintisiete de octubre de dos mil

diecisiete, en el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno del municipio y

departamento de G.a y posteriormente remitido a la Sala Primera del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. B) Actos reclamados: b.1) la negativa

del Consejo N.onal de Áreas Protegidas –CONAP–, de permitir el retorno

provisional de la comunidad “L.na L. al territorio que ocupaban en la

Página 2 de 55

Expediente 4647-2018

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUAT EMALA, C.

.

.

.

.

.

.

R.a de la Biosfera M. y del que fueron desalojados; y b.2) el

incumplimiento de la C.sión P.dencial Coordinadora de la P.tica del

Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH–, de ejecutar las

medidas cautelares otorgadas por la C.sión Interamericana de Derechos

Humanos en resolución 36/2017. C) Violaciones que se denuncian: a los

derechos de defensa, al debido proceso, a la vida, la integridad, a la paz, al

desarrollo, a la vivienda digna, a la salud, a la alimentación, a la educación, de

protección a la familia, de propiedad, de libre circulación, así como a los principios

jurídicos de legalidad, igualdad, y protección judicial. D) Hechos que motivan el

amparo: D.1) P.ucción del acto reclamado: lo expuesto por los amparistas

se resume: a) De la comunidad “L.na L.: la comunidad “L.na Larga”

es una organización multicultural conformada por aproximadamente cuatrocientas

cincuenta y seis personas, distribuidas en alrededor de ciento once familias, que

se encontraba asentada en la zona de usos múltiples de la R.a de la Biósfera

M.. La comunidad fue integrada de forma progresiva debido a desplazamientos

humanos ocurridos durante el conflicto armado interno ante las acciones del

Ejército de G.a y de grupos de guerrilla, por lo que muchas personas

estaban en posesión de esas tierras desde hace más de diecisiete años. Gran

parte de sus miembros pertenecen a las comunidades Ch’orti’, Q’eqchi, Mam,

Achis, K., X., y otros son campesinos provenientes del oriente del

país: departamentos de Z., Jutiapa, I.abal y El Progreso, y de las

Verapaces, los que arribaron como parte del programa de colonización de Petén

impulsado por la “Empresa Nacional de F.to y Desarrollo Económico del

Petén”, creada por el Congreso de la R.blica en Decreto 1286 de mil

novecientos cincuenta y nueve [1959]. Indican que, con posterioridad, se emitió la

Página 3 de 55

Expediente 4647-2018

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUAT EMALA, C.A.

Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, en la que se abordó lo relativo a los

“asentamientos humanos” existentes en áreas protegidas, regulación de la cual,

agregan, no fueron consultados; b) las autoridades del Consejo N.onal de

Áreas Protegidas –CONAP– realizaron acciones que fueron regularizando su

situación. Por ejemplo: en el dos mil seis, se avaló el nombramiento de un alcalde

auxiliar, y la construcción de una escuela. En el dos mil ocho, se reconoció la

existencia del “asentamiento humano L.na L., y se autorizó el

funcionamiento de la “Escuela Oficial Rural Mixta L.na L.. También fue

establecido en un informe de dicha entidad que la comunidad ubicada en “L.na

del Tigre” estableció que no se encontraban en “zona núcleo” sino en la

denominada “zona de usos múltiples”; c) han tenido reconocimiento de otras

autoridades como la Municipalidad de San A. del departamento de Petén, y

contaron con el aval para construir una iglesia católica y otra evangélica . b) Del

desalojo: la comunidad tuvo conocimiento de la existencia de una orden de

desalojo en su contra dictada por el Juez de Primera Instancia Pluripersonal

Penal, N. y Delitos contra el Ambiente de San Benito, departamento

de Petén, derivada de denuncia promovida en su contra por el Consejo N.onal

de Áreas Protegidas –CONAP–. Para evitar ser desalojados violentamente y que

se lesionaran los principios y garantías de N.ones Unidas, decidieron

abandonar el lugar voluntariamente. En especial porque les fue informado que el

juez encargado iría acompañado de un “fuerte contingente de militares y policías”,

los que, afirman, de acuerdo a la experiencia de otras comunidades desalojadas

recientemente, han “agredido a las familias, violan a las mujeres, las obligan a

hacerle com ida a los militares, se comen nuestros animales”. Finalmente, el

desalojo se llevó a cabo de manera oficial por el Juez de Paz de San A.,