Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 3350-2019), 28-01-2021

EmisorCorte Constitucional (Guatemala)
Número de expediente3350-2019
Tipo de RecursoInconstitucionalidad de Carácter General
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Expediente 3350-2019
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUAT EMALA, C.A.
INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL
EXPEDIENTE 3350-2019
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS
GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR, QUIEN LA PRESIDE, ROBERTO
MOLINA BARRETO, JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA, DINA JOSEFINA
OCHOA ESCRIBÁ, MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA DE LOS
ANGELES ARAUJO BOHR y JORGE ROLANDO ROSALES MIRÓN:
Guatemala, veintiocho de enero de dos mil veintiuno.
Se tiene a la vista para dictar sentencia la acción de inconstitucionalidad
general parcial promovida por Mónica Isabel del Rosario Figueroa Morales, Enya
Noelia Maldonado Baquedano, José María de Jesús Ramos Rodríguez, Miguel
Ángel Aldana Moscoso, Moisés Alberto Urrutia Bohr, Diego Roberto Estrada
Tobar y Pablo Andrés Bonilla Hernández designado como representante común
de los solicitantes contra el capítulo VI del título I de la Ley de Atención a las
Personas con Discapacidad Decreto 135-96 del Congreso de la República de
Guatemala. Los solicitantes actuaron con el auxilio de los abogados Pablo
Andrés Bonilla Hernández, Moisés Alberto Urrutia Bohr y Diego Roberto Estrada
Tobar accionantes. Es ponente en el presente caso el Magistrado Vocal II, José
Francisco De Mata Vela, quien expresa el parecer de este Tribunal.
ANTECEDENTES
Los accionantes promueven acción de inconstitucionalidad general de carácter
parcial por omisión relativa contra el capítulo VI del título I de la Ley de
Atención a las Personas con Discapacidad Decreto 135-96 del Congreso de la
República de Guatemala. Ese segmento de la ley en mención está conformado
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por los artículos del 44 al 53, bajo el epígrafe “Salud; estos, a juicio de los
promotores de la garantía constitucional, violan los artículos 2, 3, 4, 12, 29, 44, 46,
53, 93, 149 y 203, primer párrafo, de la Constitución Política de la República de
Guatemala; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12, inciso
1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 4, inciso 1, 24 y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; II y XVII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 26 y 27 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y 3, 5, 13 y 23, literal e),
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los
argumentos en los que se apoya el planteamiento se sintetizan de la manera
siguiente: A) Contextualización del tema de la discapacidad: refieren los
accionantes que el tema de la discapacidad debe contextualizarse desde la óptica
de los derechos humanos; por ello, por una parte, es necesario indicar que desde
el modelo social de la discapacidad positivado en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, esta no es equiparable a
enfermedad, por lo que no puede concebirse como motivo de percepción de
riesgos en materia de seguros para las personas. Por otra parte, en orden a
resaltar la tesis central del presente planteamiento, hacen un esbozo de la
doctrina alemana Drittwirkung, que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha reconocido en su jurisprudencia vinculante, la cual explican; sin
embargo, antes hacen un abordaje de los distintos enfoques sobre la
discapacidad, en los siguientes términos: i) paradigmas basados en la
marginación contra el paradigma de la inclusión: el modelo social de la
discapacidad: en el devenir de las sociedades han surgido diversas
concepciones sobre la discapacidad a las que han correspondido los modelos de
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intervención estatal, siendo estos: i.a) el modelo de la prescindencia: en este la
discapacidad se atribuía a manifestaciones mágicas o divinas, siendo un rasgo
esencial que el individuo discapacitado no tiene nada que aportar a la comunidad;
por tal razón, este debía ser excluido; i.b) el modelo rehabilitador: en el que se
indica que, la persona con discapacidad pasa a ser cosificada, existiendo un
sistema de percepción del individuo discapacitado con fundamento médico
asistencialista; así las cosas, el individuo puede ser integrado en la sociedad en la
medida que sea normalizado hacia el estándar de normalidad imperante, por lo
que se equiparan las enfermedades con discapacidades; i.c) el modelo social:
en este la discapacidad se reconoce como producto de la interacción entre
factores personales déficits físicos, psicosociales, intelectuales o sensoriales y
de entorno las actitudes discriminatorias de la sociedad, la ausencia de un
entorno amigable y accesible; así las cosas, se va disociando el concepto
enfermedad a la discapacidad, porque diferente es el déficit interno que puede
ser, o no, provocado por una enfermedad con las barreras externas que
acentúan la discapacidad; dentro de ese marco de cosas, existe el objeto de
generar los ajustes razonables dirigidos tanto al entorno social como a facilitar
servicios de apoyo a las personas con discapacidad, por lo que la exigencia de
adaptabilidad no pesa sobre la persona, sino que sobre la sociedad; acá el Estado
tiene la carga de facilitar los servicios de apoyo y eliminar las barreras que
obstaculizan la participación e inclusión plena y efectiva dentro de la comunidad,
obligación que permea todos los ámbitos vinculados al bloque de
constitucionalidad, incluyendo el ámbito privado; según los accionantes, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace propio
este modelo al regular el derecho a contar con ajustes razonables; y i.d) el

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