Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 6003-2016), 12-09-2019

Emisor:Corte Constitucional (Guatemala)
Número de expediente:6003-2016
Tipo de Recurso:Inconstitucionalidad de Carácter General
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Expedientes acumulados
6003-2016, 6004-2016,
6274-2016 y 6456-2016
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUAT EMALA, C.A.
INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL
EXPEDIENTES ACUMULADOS: 6003-2016 / 6004-2016 / 6274-2016 /
6456-2016
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: G.a, doce de septiembre de dos mil
diecinueve.
Se tienen a la vista para dictar sentencia, las acciones de
inconstitucionalidad de carácter general promovidas por: A. Asociación de
jueces y magistrados del O.ismo J.cial, por medio de su P.dente,
M.A.T.a Coyado, e Instituto de M.strados de la Corte de
Apelaciones del Organismo J.cial, por medio de su P.dente, B.icia
C..C., ambos con el auxilio de los Abogados Ovidio Ottoniel
Orellana M.n, N..L..S....A. y J..E.do A.
.
R.rez, contra: a) la totalidad del D.o 32-2016 del Congreso de la
R.ica, Ley de la C. J.cial y b) A.culos 1, segundo párrafo, frase así
como otras situaciones del sistema de carrera judicial de los jueces o
magistrados, cualquiera que sea su categoría; 3, tercer párrafo, frase “y
magistrados”; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 26; 31, literales d y e, numeral 1; 32,
primero párrafo, frase “y magistrados”; literal f, frase “o magistrado evaluado” y
penúltimo párrafo, frase “y magistrados”; 41, literales a, c, d, e, f, h, i, j, k, l, m, n,
o, p y r; 42, literales b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, aa,
bb, cc, dd, ee y ff; 47; 59, último párrafo; 62 y 67. B. Néctor G. de León
R.ez, L.M..C.C., D..D..M., A.S.
.
L...R.ac y Zonia de la Paz S...C., con el auxilio de los
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Abogados Ivethe Anayté G.a V., M.R.B.S. y A.
.
P..N. Fuentes, contra los A.culos 5, literal g, y sexto párrafo; 6, literales
d, e, f, i, k, l y o, frase A.ismo, deberá realizar el sorteo mediante el cual se
definirá la presidencia de cada Sala”; 9, literal a, frase “La duración en el cargo de
los miembros de las Juntas de Disciplina J.cial será por un período de cinco
años, plazo que también regirá para la P.a y se decidirá por sorteo
público, realizado por el Consejo de la C.J.cial”; 32, primer párrafo, frase
y magistrados”, literal c, frase “o magistrado”, literal f, frase “o magistrado”,
penúltimo párrafo, frase y magistrados”; 41, literales c, l, p y r; 42, literales n, r, s,
frase “Impedir u obstaculizar a las partes el libre ejercicio de sus derechosaa, cc
y dd, frase Sostener reuniones privadas con una de las partes procesales; 43,
literales c y d; 47, numeral 1; 52; 64 y 71, literal a; todos de la Ley de la C.
J.cial. C.F.isco Coloj M., bajo su propio auxilio y el de los Abogados
M.a A.ieta M.a Díaz y Alex M.S.ia, contra los A.culos 5,
literal a, frase “que no integren la misma”; 6, literales b, c y o; y 79; todos de la Ley
de la Carrera J.cial. Con posterioridad a la presentación de los citados
planteamientos, mediante el D.o 17-2017 del Congreso de la R.ica, este
reformó los A.culos 5, 31 y 71, y derogó el A.culo 67, todos de la Ley de la
C. J.cial; que se encuentran entre las disposiciones cuestionadas por los
accionantes. Es ponente en este caso el Magistrado Vocal I, B..A...
.
M.a O.a, quien expresa el parecer del T.nal.
ANTECEDENTES
I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A. Planteamientos de la Asociación de jueces y magistrados del
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O.ismo J.cial e Instituto de M.strados de la Corte de Apelaciones
del O.ismo J.cial
A.1 De la inconstitucionalidad total de la Ley de la C. J.cial; por
contravención del A.culo 205, literal a, constitucional:
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 205. G.ías del O.ismo J.cial.
Se instituyen como garantías del O.ismo J.cial, las siguientes:
a) La independencia funcional…”
A.ón expuesta por los accionantes
a. En el A.culo 205, literal a, de la C.itución Política de la R.ica de
Guatemala se encuentra establecida como una de las garantías del O.ismo
J.cial la independencia funcional, la cual está orientada hacia el ejercicio de
todo lo relacionado con el quehacer administrativo; es decir, aspectos tales como
el ingreso, permanencia, promoción, traslados, evaluación, régimen disciplinario y
formación de los jueces y magistrados, a fin de asegurar su dignidad, estabilidad,
independencia, imparcialidad y excelencia profesional en el ejercicio de sus
funciones. Sin embargo, el contenido de la ley cuestionada viola esa garana
prevista a nivel constitucional, al trasladar esas atribuciones a un ente distinto del
O.ismo J.cial, que es el Consejo de la C. J.cial.
A.2 De la inconstitucionalidad parcial de los A.culos 1, segundo párrafo,
frase “así como otras situaciones del sistema de carrera judicial de los
jueces o magistrados, cualquiera que sea su categoría y 26 de la Ley de la
C. J.cial; por contravención del A.culo 2º. constitucional:
D.iones cuestionadas
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Corado Campos, D.D..í.M.a, A.S..L...R. y Zonia
de la Paz S.o Corleto
B.1 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 5º., literal g, de la Ley de
la C. J.cial; por contravención del A.culo 203 constitucional:
D.ión cuestionada
A.culo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.
La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la
manera siguiente: (...)
g) Un titular y un suplente con licenciatura en psicología…”
[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
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Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.ón expuesta por los accionantes
a. Siendo la función del Consejo de la C. Judicial la supervisión del
ejercicio de las atribuciones que corresponden a jueces y magistrados, la
disposición en referencia es contraria a los propósitos de esa entidad, así como a
la independencia judicial garantizada en el A.culo 203 constitucional. Esto
porque no se aprecia congruencia entre las competencias del citado Consejo y las
capacidades de un psicólogo, que es un profesional especializado en la salud
mental, cuyo interés es estudiar y entender el comportamiento humano.
b. La Corte de C.itucionalidad ha sostenido que la C.itución Política de
la R.ica de G.a debe interpretarse como conjunto armónico, en el cual
el significado de cada parte debe interpretarse en forma acorde con las restantes;
sin embargo, la inclusión de un psicólogo como integrante del Consejo de la
C. J.cial no genera armonía, ni representa aporte alguno a la función
jurisdiccional y la tutela judicial efectiva.
B.2 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 5º., cuarto párrafo, de la
Ley de la C. J.cial; por contravención del Artículo 205 constitucional:
D.ión cuestionada
A.culo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.
La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la
siguiente manera: (...)
La presidencia del Consejo de la C. J.cial se definirá por sorteo público
entre los integrantes previstos en las literales a), b), c) y d), y se ejercerá por dos
años y medio, pudiendo ser electos nuevamente. En caso de falta temporal del
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que preside, lo hará el suplente que corresponda (...)
[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes, del texto
original del D.o 32-2016, vigente al ser planteada la acción de
inconstitucionalidad]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 205. G.ías del O.ismo J.cial.
Se instituyen como garantías del O.ismo J.cial, las siguientes:
a) La independencia funcional;
b) La independencia económica;
c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los
casos establecidos por la ley; y
d) La selección del personal.
A.ón expuesta por los accionantes
a. A.do a la experiencia, méritos académicos y laborales de los
magistrados, es a ellos a quienes corresponde ejercer la presidencia del Consejo
de la C.era J.cial; los jueces de primera instancia y de paz, si bien pueden
integrar esa entidad, no deberían poder presidirla puesto que no reúnen las
mismas condiciones.
b. Al disponerse que los jueces de primera instancia y de paz tengan la
oportunidad de presidir el Consejo de la C. J.cial, por virtud de sorteo, se
contraviene la intención de los constituyentes al establecer las garantías del
O.ismo J.cial; específicamente la de selección del personal, que debe ser
observada análogamente para el P.dente del citado Consejo, en cuanto
respecta a la idoneidad de la persona para optar a ese cargo, comprendiendo
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capacidad, experiencia y carrera.
c. Al ser el Consejo de la C. Judicial parte del O.ismo J.cial, sus
integrantes, al desempeñar sus funciones, deben tomar decisiones revestidas de
objetividad e imparcialidad, que sin la experiencia necesaria no serían posibles.
d. En sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil trece, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos asentó que “es un derecho humano el
obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando
la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas
deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro
procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas…”
B.3 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 6º., literales d e i, de la
Ley de la C. J.cial; por contravención del A.o 203 constitucional:
D.iones cuestionadas
A.culo 6. Atribuciones del Consejo.
Son atribuciones del Consejo de la C. J.cial: (...)
d) Evaluar el desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de los
órganos auxiliares de la carrera judicial; (...)
i) Elaborar y remitir oportunamente a las comisiones de postulación, la
nómina con los respectivos expedientes e informe de desempeño de jueces y
magistrados para los efectos legales correspondientes…”
[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la
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R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.ón expuesta por los accionantes
a. En esos preceptos se establece que debe evaluarse el desempeño de los
jueces, magistrados y demás integrantes de los órganos auxiliares de la carrera
judicial, así como que, oportunamente, debe remitirse a las comisiones de
postulación informes al respecto. Sin embargo, no se definen políticas,
reglamentación o lineamientos sobre cómo se llevará a cabo la evaluación
referida, de tal manera que se asegure la objetividad y la imparcialidad del
Consejo de la Carrera J.cial en su realización; con lo cual se propicia que este
incurra en arbitrariedades.
b. La ausencia de reglas en la evaluación puede provocar que, ante el temor
de que su desempeño solamente sea considerado en términos cuantitativos, los
jueces emitan sumas considerables de resoluciones que no sean debidamente
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motivadas ni conforme a Derecho, por no ser producto del análisis minucioso de
los casos, sino de la presión psicológica de cumplir con determinado mero de
fallos; esto redunda en desmedro de la independencia judicial y de la tutela
judicial efectiva de los administrados.
B.4 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 6º., literales e, f, k y l de
la Ley de la C. J.cial; por contravención del A.culo 205
constitucional:
D.iones cuestionadas
A.culo 6. Atribuciones del Consejo.
Son atribuciones del Consejo de la C. J.cial: (...)
e) Aprobar las políticas y programas de la Escuela de Estudios J.ciales y
revisarlas anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley;
f) Aprobar en el mes de noviembre de cada año el programa de formación
judicial y administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios J.ciales; (...)
k) Definir las políticas de la Escuela de Estudios J.ciales y revisarlas
anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley;
l) Aprobar o modificar en el mes de noviembre de cada año, el programa de
formación judicial y administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios
J.ciales…”
[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 205. Garanas del O.ismo J.cial.
Se instituyen como garantías del O.ismo J.cial, las siguientes:
a) La independencia funcional;
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b) La independencia económica;
c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los
casos establecidos por la ley; y
d) La selección del personal.
A.ón expuesta por los accionantes
De la sola lectura de esos preceptos se establece que las atribuciones
previstas en las literales e y f se repiten en las literales k y l, respectivamente; lo
cual contradice el principio general de que las normas jurídicas deben contener
presupuestos claros y precisos que generen seguridad jurídica y que conduzcan a
la garantía de independencia funcional del Organismo J.cial contenida en el
A.culo 205 constitucional.
B.5 De la inconstitucionalidad parcial de los A.culos 6º., literal o, y 9º.,
literal a, de la Ley de la Carrera J.cial; por contravención del A.culo 205,
literal d, constitucional:
D.iones cuestionadas
A.culo 6. Atribuciones del Consejo.
Son atribuciones del Consejo de la C. J.cial: (...)
o) Con base en el listado de la Corte de Apelaciones electos por el Congreso
de la República, integrar las S.s correspondientes, asignando a las mismas, a
los magistrados más idóneos, de acuerdo a su especialidad y considerando su
experiencia y méritos. A.smo, deberá realizar el sorteo mediante el cual se
definirá la presidencia de cada S.…”
[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes]
A.culo 9. Integración de los órganos disciplinarios.
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Los órganos de disciplina estarán integrados de la siguiente manera:
a) Juntas de D.na J.cial:
Para el conocimiento de las faltas cometidas por jueces y magistrados se
integrarán las Juntas de D.na J.cial como órganos colegiados de carácter
permanente y administrativo disciplinario, cuyos miembros actuarán con total
independencia, imparcialidad y transparencia. Se integrará con tres titulares y tres
suplentes, mediante el proceso de oposición correspondiente. La duración en el
cargo de los miembros de las Juntas de Disciplina J.cial será por un período de
cinco años, plazo que también regirá para la presidencia y se decidirá por sorteo
público, realizado por el Consejo de la C. J.cial. Para ser miembro titular o
suplente de las Juntas de D.na J.cial se requieren los mismos requisitos
que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tendrán preferencia
los candidatos con experiencia de al menos cinco años en la judicatura o
magistratura…”
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 205. G.ías del O.ismo J.cial.
Se instituyen como garantías del O.ismo J.cial, las siguientes: (...)
d) La selección del personal.
A.ón expuesta por los accionantes
En las señaladas disposiciones se establece que las presidencias de las
S.s de la Corte de Apelaciones y de las Juntas de Disciplina J.cial,
respectivamente, serán definidas por sorteo, sin tomar en consideración la
experiencia e idoneidad o criterios de desempeño y meritocracia. No obstante,
constituye garantía de seguridad judica que las decisiones de los jueces estén
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revestidas de objetividad e imparcialidad y por esa razón se necesita que quien
presida los referidos órganos colegiados sea el integrante con la mayor
experiencia, a fin de orientar a los de reciente ingreso.
B.6 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 32, primer párrafo, frase
y magistrados”, literal c, frase o magistrado”, literal f, frase o
magistrado”, penúltimo párrafo, frase y magistrados, de la Ley de la
C. J.cial; por contravención del A.culo 208 constitucional:
D.iones cuestionadas
A.culo 32. Evaluación del desempeño y comportamiento profesional.
El Consejo de la C. Judicial, por medio de la Unidad de Evaluación del
Desempeño Profesional, mediante la aplicación de instrumentos y técnicas
objetivamente diseñados, certificados y de conformidad con estándares
nacionales e internacionales, acordes en cada área, evaluará el desempeño y
comportamiento de los jueces y magistrados anualmente. El Consejo de la
C. J.cial tomará en cuenta los siguientes aspectos: (...)
c) Calidad: se calificará la calidad y motivación de los autos y sentencias, así
como las emitidas por el juez o magistrado en audiencias orales y públicas. Las
sentencias objeto de evaluación deberán ser proporcionadas tanto por el
evaluado como seleccionadas al azar por el órgano evaluador (...)
f) Evaluación interna y externa: comprende la calificación otorgada por los
usuarios del servicio de administración de justicia, así como auxiliares del juez o
magistrado evaluado (...)
Para jueces y magistrados que integran el Consejo de la C. J.cial, la
evaluación del desempeño que corresponde al período de ejercicio efectivo en la
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judicatura, será tenida en cuenta como evaluación del período completo,
incluyendo el período de ejercicio en el Consejo de la Carrera Judicial…”
[Partes conducentes, con resaltado en las frases expresamente impugnadas por
postulantes]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 208. Período de funciones de magistrados y jueces.
Los magistrados cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera
instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los
primeros y nombrados nuevamente los segundos. D.e ese período no podrán
ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que
disponga la ley.”
A.ón expuesta por los accionantes
a. El afán de los constituyentes por garantizar a los magistrados la estabilidad
en el ejercicio de sus funciones deriva del modo en el cual son designados,
después de un procedimiento en el que los postulantes para ese cargo fueron
evaluados y sometidos al escrutinio de una Comisión, previo a ser nombrados por
el Congreso de la R.ica. Con los jueces no ocurre lo mismo, habida cuenta
que pueden ser removidos en caso de no aprobar la evaluación del desempeño,
por la Core Suprema de Justicia como autoridad nominadora.
b. En sentencia dictada dentro del expediente 580-2000, la Corte de
C.itucionalidad asentó que la evaluación del Consejo de la C. J.cial
debe producirse sobre la conducta y desempeño en el cargo de los jueces, no de
los magistrados.
c. Al no existir regulación reglamentaria de los procedimientos de evaluación,
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se corre el riesgo de que estos sigan siendo practicados por trabajadoras
sociales, que carecen de conocimiento sobre la labor jurisdiccional, y por los
sujetos procesales y el público, de quienes no puede esperarse objetividad en sus
apreciaciones, que estarán más motivadas por intereses personales que por el
bien de la administración de justicia.
B.7 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 41, literales l, p y r, de la
Ley de la C. J.cial; por contravención del Artículo 203 constitucional:
D.iones cuestionadas
A.culo 41. Faltas graves.
Son faltas graves: (...)
l) Variar la forma del proceso y sus incidencias; (...)
p) La segunda falta leve sancionada que se cometa dentro de un mismo año,
cuando la primera haya sido sancionada; (...)
r) La falta del respeto debido hacia usuarios, sujetos procesales, funcionarios
y empleados judiciales y cualquier otra persona con la que el juez o magistrado
tenga relación en el ámbito de sus funciones.”
[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
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Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.ón expuesta por los accionantes
a. En el caso R....T.illo vs. Venezuela la Corte Interamericana de
Derechos Humanos asentó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios
públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria
del Poder J.cial, lo cual ha entendido como esencial para el ejercicio de la
función judicial. Precisó que el objetivo de la protección a los jueces radica en
evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean
sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por
parte de órganos ajenos al Poder J.cial o incluso por parte de aquellos
magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. La tipificación de
faltas graves prevista en los preceptos cuestionados se refiere a procederes que
están ligados al quehacer judicial y, de esa cuenta, supone intromisión a la
independencia judicial.
b. En la Observación general número treinta y dos del Comité de Derechos
Humanos, se establece que los jueces podrán ser destituidos únicamente por
razones graves de mala conducta o incompetencia; de ahí que no pueda
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catalogarse como falta grave una circunstancia que está ligada al quehacer
judicial y que escapa a su alcance, como lo es el cumplimiento de los plazos. De
igual forma ocurre respecto de la prohibición de variación de los procesos y sus
incidencias, en virtud que la ley faculta a los juzgadores, como parte de su
quehacer judicial, disponer vías o formas procesales, según el caso, que permitan
atender el principio de celeridad procesal, en beneficio de los propios sujetos
procesales.
B.8 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 42, literal n, de la Ley de
la Carrera J.cial; por contravención de los A.culos 12 y 203
constitucionales:
D.ión cuestionada
A.culo 42. Faltas gravísimas.
Son faltas gravísimas: (...)
n) Interferir en el criterio de los jueces de grado inferior, en cuanto a la
interpretación o la aplicación de la ley en casos concretos, salvo cuando se
conozca a través de los recursos legalmente establecidos…”
[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 12. Derecho de defensa.
La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. N.ie podrá ser
condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en
proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por T.nales E.ales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.”
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REPÚBLICA DE GUAT EMALA, C.A.
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.ón expuesta por los accionantes
a. No puede considerarse como falta gravísima la facultad que la Carta
M. confiere a los jueces y magistrados, en ejercicio de su independencia
funcional, de aplicar el principio iura novit curia; impidiéndoles, con ello, corregir
vulneraciones procedimentales que puedan apreciar en su labor intelectiva como
revisores de las actuaciones judiciales, por vía de las impugnaciones previstas en
las leyes. En respeto de la tutela judicial efectiva no se puede exigir a los órganos
jurisdiccionales que hagan caso omiso de vulneraciones del debido proceso,
aunque estas no hayan sido denunciadas por los sujetos procesales.
b. En el documento titulado Principios y directrices relativos al derecho a un
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juicio justo y a la asistencia jurídica en África, se incluye la prohibición expresa de
remover jueces aduciendo que su decisión fue revocada mediante la decisión de
un órgano jurisdiccional superior, en apelación o revisión.
B.9 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 42, literales r, s, aa, cc y
dd de la Ley de la C. J.cial; por contravención del A.culo 203
constitucional:
D.iones cuestionadas
A.culo 42. Faltas gravísimas.
Son faltas gravísimas: (...)
r) Consentir o autorizar la utilización de medios ilegales para obtener pruebas
o dar valor probatorio a medios de prueba manifiestamente ilegal;
s) Impedir u obstaculizar a las partes el libre ejercicio de sus derechos en
cualquier procedimiento, o bien darles información errónea u ocultarles
información cuando no se haya declarado la reserva de las actuaciones; (...)
aa) Otorgar medidas precautorias en casos en los cuales conforme a la ley
deba inhibirse, cuando sea evidente su incompetencia; (...)
cc) Anticipar criterio con cualquiera de las partes procesales previo a emitir una
resolución;
dd) Sostener reuniones privadas con una de las partes procesales o sus
representantes, sin presencia de la otra parte o demás sujetos procesales que
sean requeridos…”
[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
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La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.ón expuesta por los accionantes
a. En el Código Procesal Civil y M.il está preceptuado que los jueces
pueden rechazar los medios de prueba cuando se advierta que son aportados con
el ánimo de demorar el proceso o que sean prohibidos por la ley; de ahí que no es
dable permitir que en el A.culo 42, literal r, se tipifique como falta grave un
proceder que deriva de la propia independencia judicial. El Comité de Derechos
Humanos de N.nes Unidas ha considerado, en casos de cese arbitrario de
jueces, que, al no respetarse los requisitos básicos del debido proceso, se vulnera
este en conjunción con el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones públicas. El precepto referido incide en la función judicial de recibir y
calificar las pruebas aportadas al proceso, sin cuya realización se incurre
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precisamente en violación del debido proceso.
b. En la literal s no se especifica de qué forma un juzgador podrá impedir y
obstaculizar a las partes el libre ejercicio de sus derechos, dando lugar a
apreciaciones subjetivas y facilitando a las partes un recurso legal para solicitar
que los jueces sean separados de los casos; todo lo cual contraviene la
independencia judicial.
c. Las medidas precautorias se dictan inaudita parte y, por ese motivo,
impedir que los jueces puedan dictarlas a prevención, como se establece en la
literal aa, además de interferir en su independencia, representa amenaza para los
bienes que se pretenden resguardar a fin de asegurar las resultas del proceso.
d. Anticipar criterio o sostener reuniones privadas con los sujetos procesales
pueden dar lugar a que las partes soliciten que los juzgadores se excusen o bien
que los recusen, pero al enmarcarse tales acciones en su quehacer judicial no
pueden tipificarse como faltas graves, como se preceptúa en las literales cc y dd.
B.10 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 43, literales c y d, de la
Ley de la C. J.cial; por contravención de los A.culos 175, 203 y 208
constitucionales:
D.ión cuestionada
A.culo 43. Sanciones.
Para las faltas cometidas por los jueces y magistrados se establecen las
siguientes sanciones: (...)
c) Suspensión desde veintiuno (21) hasta noventa (90) días calendario sin
goce de salario, para faltas gravísimas; y,
d) Destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo
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J.cial, para faltas gravísimas.”
[Partes conducentes, según impugnación expresa de los postulantes]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 175. J.a constitucional.
Ninguna ley podcontrariar las disposiciones de la C.itución. Las leyes que
violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure.
Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de
las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo
dictamen favorable de la Corte de C.itucionalidad.”
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la C.itución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.culo 208. Período de funciones de magistrados y jueces.
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Los magistrados cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera
instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los
primeros y nombrados nuevamente los segundos. D.e ese peodo no podrán
ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que
disponga la ley.”
A.ón expuesta por los accionantes
a. En los preceptos señalados se regulan como sanciones para faltas
gravísimas la suspensión de veintiún a noventa días calendario sin goce de
salario y destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el O.ismo
J.cial, respectivamente. Al prever dos sanciones distintas para faltas de esa
índole, se genera violación a la seguridad jurídica y a la independencia funcional.
Al establecerse como sanción la destitución e inhabilitación para ejercer cualquier
cargo en el O.ismo J.cial se contraviene lo preceptuado en los A.culos 208
y 175 de la C.itución Política de la R.blica de Guatemala.
b. La Corte de C.itucionalidad ha afirmado, dentro del expediente 261-93,
que “la inamovilidad implica, en principio, estabilidad y la seguridad que debe
tener un funcionario para no ser removido de su cargo sin la observancia de las
formalidades y por las causas establecidas en la ley; ello para mantener la
independencia de criterio e imparcialidad propias del cargo que desempeña…”
B.11 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 47, numeral 1, de la Ley
de la Carrera J.cial; por contravención de los A.culos 203 y 205
constitucionales:
D.ión cuestionada
A.culo 47. Prescripción y extinción de la responsabilidad administrativa.
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Las faltas establecidas en la presente Ley y las acciones que se puedan iniciar a
raíz de las mismas, prescriben conforme a las siguientes reglas:
1. La acción disciplinaria prescribe en un (1) año para las faltas leves, en tres
(3) años para las faltas graves y en cinco (5) años para las faltas muy graves. En
todos los casos el plazo se computa para las faltas consumadas desde el día de
su consumación, y para las de carácter permanente o continuado, desde la
realización del último acto. C.do fueren varias las conductas juzgadas en un
solo procedimiento, la prescripción de las acciones se cumple
independientemente para cada una de ellas…”
[Parte conducente, según especificación expresa de los postulantes]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
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Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.culo 205. G.ías del O.ismo J.cial.
Se instituyen como garantías del O.ismo Judicial, las siguientes:
a) La independencia funcional;
b) La independencia económica;
c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los
casos establecidos por la ley; y
d) La selección del personal.
A.ón expuesta por los accionantes
a. Ese precepto establece los términos para la prescripción y la extinción de la
responsabilidad administrativa en caso de faltas graves y muy graves y resulta
inconstitucional por derivar de lo preceptuado en el A.culo 42 del mismo cuerpo
legal, cuyos motivos de incompatibilidad con la Carta M. ya fueron expuestos.
b. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que es
necesario que se garantice la independencia de los jueces, en razón de la
naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Asimismo, la Corte
Europea de Derechos Humanos ha asentado que la independencia judicial
supone que se cuente con adecuados procesos de nombramiento, una duración
establecida en el cargo y con garantía contra presiones externas.
c. No es posible que se sitúe a los jueces en estado de indefensión solamente
por ejercer las atribuciones que les corresponden de acuerdo a su alta
investidura. Con este precepto se propicia que puedan emprenderse acciones
contra los funcionarios judiciales con base en apreciaciones subjetivas utilizadas
para calificar su proceder como falta grave o gravísima.
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B.12 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 52 de la Ley de la
C. J.cial; por contravención de los A.culos 14, 203 y 208
constitucionales:
D.ión cuestionada
A.culo 52. Suspensión provisional de labores.
Una vez que ha dado trámite a una queja, la Junta de Disciplina J.cial podrá, de
oficio o a petición de parte, en casos graves que puedan perderse u ocultarse
medios de prueba o afectarse sustancialmente los derechos de cualquiera de las
partes, o en caso de incomparecencia injustificada, suspender de sus labores
como juez o magistrado al denunciado, en tanto duren las investigaciones, hasta
por un máximo de treinta (30) días, con goce de salario.
La resolución en que la Junta de D.na J.cial se pronuncie sobre la
suspensión provisional será susceptible de recurso de revisión ante la Junta de
D.na J.cial de Apelación, sin que este tenga efectos suspensivos del
procedimiento disciplinario.
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 14. P.ción de inocencia y publicidad del proceso.
Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable
judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.
El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido
designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de
conocer, personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias
penales, sin reserva alguna y en forma inmediata.”
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
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La justicia se imparte de conformidad con la C.itución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
“A.culo 208. Período de funciones de magistrados y jueces.
Los magistrados cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera
instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los
primeros y nombrados nuevamente los segundos. D.e ese peodo no podrán
ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que
disponga la ley.”
A.ón expuesta por los accionantes
a. Esta disposición representa vulneración del principio constitucional de
presunción de inocencia, porque sin dar oportunidad de que el juez o magistrado
pueda ejercer su defensa, se le suspende de sus labores debido a una
investigación en su contra, con lo cual se le condena anticipadamente, por
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efectuar acciones que forman parte del quehacer judicial; lo cual también redunda
en violación del mandato de prestar auxilio a los tribunales, previsto en el A.culo
203 de la C.itución Política de la R.ica.
b. La Corte de C.itucionalidad ha afirmado, dentro del expediente 261-93,
que “la inamovilidad implica, en principio, estabilidad y la seguridad que debe
tener un funcionario para no ser removido de su cargo sin la observancia de las
formalidades y por las causas establecidas en la ley; ello para mantener la
independencia de criterio e imparcialidad propias del cargo que desempeña…”;
asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado, entre los
principios básicos de la inamovilidad, que la ley garantizará la permanencia en el
cargo de los jueces por los peodos establecidos y que se garantizará la
inamovilidad de los jueces hasta que cumplan la edad de la jubilación forzosa o
expire el periodo para el cual hayan sido nombrados o elegidos; de esa cuenta,
con esta norma se viola lo preceptuado en el A.culo 208 constitucional.
B.13 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 64 de la Ley de la
C. J.cial; por contravención del Artículo 12 constitucional:
D.ión cuestionada
A.culo 64. Responsabilidad penal.
Si del procedimiento disciplinario resultaren indicios de responsabilidad penal, la
Junta lo hará constar y certificará lo conducente al Ministerio Público.
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 12. Derecho de defensa.
La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. N.ie podrá ser
condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en
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proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por T.nales E.ales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
A.ón expuesta por los accionantes
De acuerdo con el principio non bis in idem, está prohibido que un mismo
hecho sea sancionado más de una vez; es decir, conlleva que no se imponga
duplicidad de sanciones en casos que guarden identidad de sujeto, hechos y
fundamento. El alcance de esa prohibición rebasa los límites del proceso penal,
para ser reconocido como principio general del ordenamiento jurídico de categoría
constitucional, en el Artículo 12 de la Ley fundamental; por tanto, si se verifica un
procedimiento disciplinario en el cual el sujeto pasivo fue declarado responsable y
sancionado, no podrá ser juzgado de nueva cuenta en el ámbito penal.
B.14 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 71, en la frase “deberá
realizarse dentro de los diez días calendario”, de la Ley de la C.
J.cial; por contravención del A.culo 203 constitucional:
D.ión cuestionada
A.culo 71. Integración transitoria del Consejo de la C. J.cial.
Dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la vigencia de esta Ley,
deberán celebrarse las asambleas de jueces y magistrados de la Corte de
Apelaciones y otros tribunales de igual categoría para la elección de sus
representantes titulares y suplentes, así como la elección del representante titular
y suplente de la Corte Suprema de Justicia. (...) se procederá, en lo que respecta
a la convocatoria, cuórum, celebración y elección; de la siguiente forma:
a) La Corte Suprema de Justicia convocará a la asamblea nacional de jueces
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para integrar el Consejo de la C. J.cial. La asamblea deberá realizarse
dentro de los diez días calendario siguientes a la convocatoria.
En esta asamblea se elegirán por planilla, a un representante titular y un suplente
para integrar el Consejo de la C. J.cial…”
[Partes conducentes, con resaltado en la frase expresamente impugnada por los
postulantes, del texto original del D.o 32-2016, vigente al ser planteada la
acción de inconstitucionalidad]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la C.itución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.ón expuesta por los accionantes
Esta disposición resulta inconstitucional porque, al declararse que adolece
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de ese vicio el A.culo 5 de la ley objetada, que se refiere precisamente a la
integración del Consejo de la C. J.cial, será materialmente imposible
celebrar la asamblea aquí aludida.
C. Planteamiento de F.C.M....
.
C..1 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 5, literal a, de la Ley de
la C. J.cial; por contravención de los A.culos 4º., 203 y 205
constitucionales:
D.ión cuestionada
A.culo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.
La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la
manera siguiente:
a) Un representante titular y un suplente, electos por el Pleno de la Corte
Suprema de Justicia, que no integren la misma…”
[Parte conducente, según especificación expresa del postulante]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 4. Libertad e igualdad.
En G.a todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y
derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales
oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a
servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos
deben guardar conducta fraternal entre .”
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la
R.ica.
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Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.culo 205. G.ías del O.ismo J.cial.
Se instituyen como garantías del O.ismo J.cial, las siguientes:
a) La independencia funcional;
b) La independencia económica;
c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los
casos establecidos por la ley; y
d) La selección del personal.
A.ón expuesta por los accionantes
a. Se viola el principio de igualdad recogido en el A.culo 4º. de la Ley
F.ental, al no permitir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
elegir representantes titular y suplente en el Consejo de la Carrera J.cial entre
sus mismos miembros; pese a que los M.strados de la Corte de Apelaciones y
tribunales de igual categoría, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz,
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pueden hacerlo.
b. En el segundo párrafo del A.lo 203 de la C.itución Política de la
R.ica de G.a se establece: “Los magistrados y jueces son
independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la
C.itución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la
independencia del Organismo J.cial, además de imponérseles las penas fijadas
por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público (…)
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”;
regulándose en ese precepto la independencia del O.ismo J.cial sin hacer
distinción en cuanto a las funciones jurisdiccionales o administrativas; aunado a lo
anterior, en el A.culo 205 constitucional está dispuesto: “Se instituyen como
garantías del Organismo J.cial, las siguientes: a) La independencia funcional
(…) d) la selección del personal…”. A.smo, de conformidad con los A.culos
53 y 54, literal a, de la Ley del O.ismo J.cial, ese O.ismo será
administrado por su Presidente y por la Corte Suprema de Justicia, la cual
constituirá el órgano superior de su administración.
c. Lo normado en la disposición impugnada resulta inconstitucional, porque
no permite que el O.ismo J.cial y la Corte Suprema de Justicia estén
representados en el Consejo de la C. Judicial por su P.dente o por otro
magistrado de esta última, impidiéndoles ser parte de las decisiones que ahí se
discutan y se tomen; al excluirse esa representación directa se restringe a aquel
O.ismo el ejercicio de sus funciones administrativas y se disminuye la
independencia que le fue otorgada por la C.itución Política de la R.ica de
Guatemala y fue desarrollada en Ley del O.ismo J.cial.
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C.2 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 6, literales b, c y o de la
Ley de la C. J.cial; por contravención de los Artículos 203, 205,
literal d, y 209 constitucionales:
D.ión cuestionada
A.culo 6. Atribuciones del Consejo.
Son atribuciones del Consejo de la C. J.cial: (...)
b) Convocar a concurso por oposición para elegir y con base a sus resultados,
nombrar a: los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina J.cial
y de la Junta de Disciplina J.cial de Apelación; Director de la Escuela de
Estudios J.ciales, Secretario Ejecutivo del Consejo de la C. J.cial,
S.isor General de Tribunales y Coordinador de la Unidad de Evaluación del
Desempeño Profesional; así como los demás cargos de dirección de estas
unidades, de acuerdo a su función. El reglamento de esta Ley regulará el
procedimiento de concursos por oposición y requisitos para optar a estos cargos;
c) Remover a los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina
J.cial y de la Junta de Disciplina J.cial de Apelación; Director de la Escuela
de Estudios J.ciales, Secretario Ejecutivo del Consejo de la C. J.cial,
S.isor General de Tribunales y Coordinador de la Unidad de Evaluación del
Desempeño Profesional. Para tal efecto, se requiere el voto de cinco de los
miembros del Consejo de la C. Judicial, mediante un procedimiento que
asegure el derecho de defensa y el debido proceso y conforme a una decisión
debidamente fundamentada; (...)
o) Con base en el listado de la Corte de Apelaciones electos por el Congreso
de la R.ica, integrar las Salas correspondientes, asignando a las mismas, a
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los magistrados más idóneos, de acuerdo a su especialidad y considerando su
experiencia y méritos. A.smo, deberá realizar el sorteo mediante el cual se
definirá la presidencia de cada S.; y…”
[Partes conducentes, según especificación expresa del postulante]
Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la C.itución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.culo 205. G.ías del O.ismo J.cial.
Se instituyen como garantías del O.ismo J.cial, las siguientes: (...)
d) La selección del personal.
A.culo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar.
Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema
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de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y
ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia.”
A.ón expuesta por los accionantes
a. En el A.culo 6, literales b y c, se asigna al Consejo de la C. J.cial
la atribución de nombrar y remover a: los integrantes titulares y suplentes de las
Juntas de D.J.al y de la Junta de D.na J.cial de Apelación, al
Director de la Escuela de Estudios J.ciales, al Secretario Ejecutivo del Consejo
de la C. J.cial, al S.isor General de Tribunales y al Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional; así como los demás cargos de
dirección de estas unidades.
b. Parte de la independencia funcional del O.ismo J.cial radica en que
este, a través de sus máximas autoridades, pueda nombrar y remover al personal
de ese O.ismo, incluyendo funcionarios y empleados, tanto del área
administrativa como del área jurisdiccional; en tal virtud, la atribución indicada en
la literal anterior, de nombrar y remover personal, hace que el Consejo de la
C. J.cial usurpe funciones que competen exclusivamente al P.dente del
O.ismo J.cial y a la Corte Suprema de Justicia, ocasionando con ello
infracción de la independencia establecida en los Artículos 203, 205, literal d, y
209 constitucionales.
c. El A.culo 209 constitucional está desarrollado en la Ley de Servicio Civil
del O.ismo J.cial, en la cual se expresa que el personal auxiliar es parte del
O.ismo J.cial, por lo que todos los que forman parte de él están sujetos al
mismo patrono; de esa cuenta, se está confiriendo al Consejo de la C.a
J.cial atribuciones que competen a la Corte Suprema de Justicia.
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d. En el A.culo 6, literal o, se atribuye al Consejo de la C.J.dicial la
función de integrar las S.s de la Corte de Apelaciones, lo cual también supone
usurpación de la garana de selección de personal, que la Constitución Política
de la R.ica de Guatemala concede al O.ismo J.cial; porque es la Corte
Suprema de Justicia la encargada de hacer esa integración.
e. El Consejo de la C. J.cial fue instaurado en la anterior Ley de la
C. J.cial, D.o 41-99 del Congreso de la R.ica, con el propósito de
capacitar y evaluar a los jueces y magistrados, así como tener control sobre su
formación y desarrollo; pero en la Ley de la Carrera J.cial vigente se concibe al
Consejo mencionado como independiente y paralelo al O.ismo J.cial, con la
intención de mermar las funciones constitucionalmente encomendadas a ese
O.ismo de Estado, tales como la de nombrar y remover personal; lo cual es
evidente la violación al Estado de Derecho.
C.3 De la inconstitucionalidad parcial del A.culo 79 de la Ley de la
C. Judicial; por contravención de los A.culos 203, 205, literales a y d,
y 209, constitucionales:
D.ión cuestionada
A.culo 79. D..
Se deroga el D.o N.o 41-99 del Congreso de la R.blica, Ley de la
C. J.cial. Quedan derogadas las literales b), d), e), h), i) y m) del artículo
54; las literales a) e i) del artículo 55; el artículo 56; las literales d), e) y f) del
artículo 88; el primer párrafo del artículo 93; y el artículo 100 de la Ley del
O.ismo J.cial, D.o N.o 2-89 del Congreso de la R.ica de
Guatemala, así como toda disposición que contravenga la presente Ley.
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Normativa constitucional que se señala violada
A.culo 203. Independencia del Organismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
A.culo 205. G.ías del O.ismo J.cial.
Se instituyen como garantías del O.ismo J.cial, las siguientes:
a) La independencia funcional (...)
d) La selección del personal.
A.culo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar.
Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema
de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y
ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia.”
A.ón expuesta por los accionantes
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a. En el A.culo referido se derogan las literales b, d, e, h, i y m del Artículo
54; las literales a e i del A.lo 55; el A.culo 56; las literales d, e y f del A.culo
88; el primer párrafo del A.culo 93 y el Artículo 100 de la Ley del Organismo
J.cial. Con ello, la disposición recriminada suprime todas las funciones
administrativas que en la Ley del O.ismo J.cial aparecían asignadas a la
Corte Suprema de Justicia y al P.dente del O.ismo J.cial, con lo cual se
les impide ejercer las atribuciones que les corresponden por mandato
constitucional; lo cual viola lo preceptuado en el A.culo 203 de la Ley
F.ental, que establece que los magistrados son independientes en el
ejercicio de sus labores, sin hacer distinción si estas son jurisdiccionales o
administrativas.
b. De acuerdo al especialista en Derecho Administrativo, E..M..D.:
La jerarquía da forma a un poder jurídico especial, denominado poder jerárquico,
que se ejerce para mantener la unidad de acción administrativa, subordinando y
coordinando la actividad de los órganos inferiores (…) Ese poder se concreta o
manifiesta de diversas maneras, a saber: el poder de mando, que consiste en una
potestad imperativa que se actualiza en el orden interior de la administración a
través de la posibilidad de dictar órdenes; vale decir, por virtud de ese poder el
superior jerárquico dicta mandatos que se deben obedecer, observar y ejecutar
(…) el poder de vigilancia, es también uno que pude ejercer el superior sobre el
subalterno y que se materializa mediante la supervisión que aquel ejerce sobre
las actividades de este para garantizar el buen funcionamiento del servicio y la
conducta correcta de los funcionarios y empleados (…) poderes de avocación y
de delegación, cuyas nociones conceptuales ya han sido explicadas
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anteriormente (…) El poder de revisión, o sea, la intervención de los superiores en
el régimen de acuerdos o resoluciones de los inferiores. Este poder es una
consecuencia obvia de la relación jerárquica, que implica dependencia del
subalterno respecto del superior, y se concreta mediante el denominado recurso
jerárquico (…) El poder disciplinario, atribuido a las autoridades superiores para
sancionar el quebrantamiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios y
empleados de la administración (…) El poder de dirimir competencias es, también,
un ingrediente necesario por cuanto que en no pocas oportunidades el marco
dentro del cual han de ejercerse las atribuciones propias de un órgano resulta
impreciso…”
c. Al analizar la norma impugnada a la luz de las nociones teóricas
relacionadas, se colige que aquella prevé que el Consejo de la C. J.cial
usurpe funciones de poder de mando, poder de vigilancia, poder disciplinario y
poder de dirimir competencias; habida cuenta que: i) suprime a la Corte Suprema
de Justicia la atribución de nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder
licencias, sancionar y remover a los jueces, así como a los Secretarios y personal
auxiliar de los tribunales que corresponda; por lo que se le amputan al O.ismo
J.cial esas facultades, atentando contra su independencia y contra las garantías
que establece en su favor la C.itución Política de la R.ica de G.a y
ii) al derogar las funciones de supervisión e imposición de sanciones al
O.ismo J.cial, se le está vedando el poder disciplinario que es inherente a
su condición del O.ismo del Estado, para concedérselo a un órgano
administrativo inferior, que pasa así a ser un poder paralelo de usurpación de las
funciones que están asignadas al O.ismo J.cial, al tenor del A.culo 205
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constitucional.
d. En el Artículo 209 de la Carta M. está preceptuado que los jueces,
secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema…”; sin
embargo, en el A.culo 79 de la ley cuestionada se elimina la facultad
constitucionalmente encomendada a la Corte Suprema de Justicia, de nombrar,
permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y remover a los
jueces, secretarios y personal auxiliar. Esto porque deroga la literal d del A.lo
54 de la Ley del O.ismo J.cial, disposición que desarrollaba el citado
precepto constitucional; con la intención de que sea el Consejo de la C.
J.cial el cual se arrogue el poder de nombrar o remover jueces y personal
auxiliar.
e. Se asignan a una autoridad distinta de la Corte Suprema de Justicia
funciones que por mandato constitucional solamente competen a esta. Si lo que
se persigue es un poder judicial diferente, deben introducirse reformas
constitucionales y no pretender concretar ese objetivo mediante una reforma
legislativa.
II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD
No se decretó la suspensión provisional. Se dio audiencia por quince días a la
Corte Suprema de Justicia y al O.ismo J.cial, al Congreso de la R.ica y
al Ministerio Público, por medio de la Fiscaa de A.tos C.itucionales,
A. y E.ón Personal. O.namente se señaló a y hora para la vista.
III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES
A. Con relación a las acciones presentadas por Asociación de jueces y
magistrados del O.ismo J.cial e Instituto de Magistrados de la Corte
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de Apelaciones del O.ismo Judicial A.1 La Corte Suprema de Justicia y
el O.ismo J.cial expresaron: a) la inconstitucionalidad total de una ley no
necesariamente se produce por vicios formales; puede ocurrir, como en este
caso, que todo un cuerpo normativo sea contrario a la C.itución Política de la
R.ica de G.a, debido a que por su emisión se provoque grave lesión
al principio de división de poderes o al carácter republicano del Estado; b) una ley
ordinaria no puede, de ningún modo, contener normas que conlleven restringir o
invadir el ámbito de actuación de otro O.ismo del Estado, por cuanto que ello
implicaría reconocerle al Organismo Legislativo preeminencia sobre ellos; c) la
independencia funcional del O.ismo J.cial, prevista en el A.culo 205
constitucional, significa que es a los propios órganos competentes dentro de ese
poder estatal a los que corresponde la estructuración y determinación de
atribuciones y competencias de aquellos entes que lo integran; d) aunque no se
alude directamente a la función administrativa en el A.culo 203 de la Ley
F.ental, al realizar análisis integral de esta última se advierte que, dentro de
sus disposiciones transitorias, el constituyente estableció que ese O.ismo
presentara proyecto “de integración del O.ismo J.cial”, es decir, su ley
reguladora, que en otros países incluso tiene rango superior a las leyes
ordinarias, al ser orgánica; al ser atendido esto, en el A.culo 52 de la ley
respectiva se estableció que a la Corte Suprema de Justicia y al P.dente de
esta y del O.ismo J.cial les atañen funciones jurisdiccionales y también
administrativas; e) al garantizar la C.itución Política de la R.ica de
Guatemala la independencia funcional del Organismo Judicial debe entenderse
que ello abarca tanto la función jurisdiccional como la administrativa, porque sin el
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adecuado cumplimiento de esta segunda, corre peligro de paralizarse la primera;
f) con la emisión de la Ley de la C. J.cial que se cuestiona por esta vía, se
está revocando al O.ismo J.cial, mediante una ley ordinaria, la
independencia funcional que le concede la Carta M., debido a la supresión de
atribuciones que le corresponden, incluyendo el control de órganos
administrativos y disciplinarios, para trasladárselas a un ente paralelo denominado
Consejo de la Carrera J.cial; g) la violación constitucional es evidente, en virtud
que la independencia funcional concedida al O.ismo J.cial en la Ley
F.ental debe prevalecer sobre la misma característica conferida al Consejo
de la C.era J.cial por medio de una ley ordinaria como la Ley de la Carrera
J.cial; h) la Corte de C.itucionalidad asentó en la sentencia dictada en el
expediente 90-98, que “… administrativamente el Organismo J.cial, es dirigido
por la Corte Suprema de Justicia, conforme el principio de unidad de organización
interna, cuyas reglas determina la Ley del O.ismo J.cial. Como se ve, la
Corte Suprema de Justicia concentra su actividad en dos funciones: la
administrativa, reglada en el Capítulo II del Título II de su ley, y la jurisdiccional,
normada por el Título III siguiente…”; i) en el Artículo 209 de la C.itución
Política de la R.ica de G.a está preceptuado Nombramiento de
jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán
nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los
ingresos, promociones y ascenso se harán mediante oposición. Una ley regulará
esta materia.; el análisis integral de esa disposición permite establecer que la
referida carrera únicamente concierne a los jueces, de lo contrario estaría ubicada
en otro apartado; además, se normó claramente qué materias debían ser
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reguladas en ley ordinaria, sin mencionar algún órgano paralelo que se encargara
de ello; j) resultaría inoperante pretender regular los ingresos, promociones y
ascensos de los magistrados, porque la propia Carta M. prevé los
mecanismos para ello; precisamente por tal motivo, recientemente fue presentada
propuesta de reforma constitucional tendiente a la creación del Consejo N.nal
de Justicia, al ser contrario a normas constitucionales establecer otro órgano que
desarrolle actividades que corresponden al O.ismo J.cial; k) en el
expediente 2523-2010, la Corte de C.itucionalidad declaró la
inconstitucionalidad general parcial de una de las atribuciones que habían sido
conferidas al Consejo del Ministerio Público, debido a que no podía este órgano
desempeñar funciones inherentes al cargo de F. General de la R.ica y
Jefe del Ministerio Público; lógica que resulta igualmente aplicable a esta
situación; l) en los expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003,
referidos a un planteamiento de inconstitucionalidad formulado contra la Ley de la
C. J.cial anterior, la Corte de C.itucionalidad estableció que la
evaluación del desempeño para magistrados era contraria a lo dispuesto en los
A.culos 207 y 208 de la C.itución Política de la R.ica de G.a; a
pesar de ello, en la Ley de la C. J.cial vigente se insiste con esa norma;
m) el constituyente guatemalteco determinó que la carrera judicial únicamente
abarcara a los jueces, pero no a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
y de las S.s de la Corte de Apelaciones, en virtud que no sería operante,
tomando en cuenta que la carrera judicial conlleva nombramientos y ascensos,
entre otros aspectos que no pueden ser cumplidos con relación a los citados
funcionarios judiciales, cuyo nombramiento depende solamente del Congreso de
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la República, conforme la nómina propuesta por la Comisión de Postulación; n)
respecto de la denuncia de inconstitucionalidad parcial del A.culo 1, segundo
párrafo, frase “así como otras situaciones del sistema de carrera judicial de los
jueces o magistrados, cualquiera que sea su categoría, se estima que es
procedente, porque conforme el principio de taxatividad, las leyes deben contener
términos descriptivos precisos, lo cual no ocurre con este precepto, porque no
especifica cuáles son las situaciones a las que se refiere, dando cabida a la
discrecionalidad y el consecuente detrimento de la seguridad jurídica; o) en
cuanto al A.culo 26 cuestionado, además de adolecer del mismo defecto que la
norma aludida en la literal anterior, carece de razonabilidad que respecto de los
traslados propiciados por jueces o magistrados se dispongan condiciones
incoherentes entre sí; se requieren causa justificada, acumulación de méritos y
que el traslado no sea inconveniente, pero en la práctica si concurre la primera,
las restantes dos no pueden presentarse; p) en el A.culo 205, literal a, de la
C.itución Política de la R.ica de G.a se encuentra establecida
como una de las garantías del Organismo J.cial la independencia funcional, la
cual está orientada hacia el ejercicio de todo lo relacionado con el quehacer
administrativo; es decir, aspectos tales como el ingreso, permanencia, promoción,
traslados, evaluación, régimen disciplinario y formación de los jueces y
magistrados, a fin de asegurar su dignidad, estabilidad, independencia,
imparcialidad y excelencia profesional en el ejercicio de sus funciones; pero todo
ello debe depender del O.ismo J.cial, no de un ente distinto como el
Consejo de la C.a J.cial; de ahí que sea inconstitucional lo previsto en el
A.culo 4 de la Ley de la C. J.cial, que supone la supresión de la
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independencia funcional que constitucionalmente está garantizada para el
O.ismo J.cial; q) no es dable que la Presidencia del Consejo de la Carrera
J.cial se efectúe por sorteo, como está previsto en el A.culo 5 cuestionado,
puesto que el ejercicio de ese cargo debe atender solamente a los requisitos
establecidos en la Constitución Política de la R.ica de Guatemala,
observándose las jerarquías o, en todo caso, debe decidirse en consenso o por
mayoría de sus integrantes; r) la negativa a admitir representaciones para la
elección de los jueces y magistrados que integran el Consejo de la C.
J.cial, dispuesta al final del citado A.culo 5, contradice lo dispuesto en el
A.culo 136, literal b, constitucional, en virtud que el incumplimiento del ejercicio
regular de la función jurisdiccional conlleva responsabilidad disciplinaria y, por
consiguiente, esa situación impide asistir a las asambleas destinadas a aquel fin;
s) la integración del Consejo de la C. J.cial no guarda congruencia con el
principio de independencia funcional, en virtud que pese a que esa instancia no
forma parte del O.ismo J.cial, miembros de este último sí están llamados a
integrar el mencionado Consejo; lo cual no es posible, porque los jueces y
magistrados no pueden desempeñar otros cargos al margen de la judicatura o la
magistratura que ejercen dentro del O.ismo J.cial, al tenor de lo dispuesto
en el A.culo 207 de la Ley Fundamental; t) en las literales e, f y g del citado
A.culo 5 se prevé que el Consejo de la C.a J.cial esté integrado, entre
otros, por tres profesionales que no representan a sector alguno y no pertenecen
al O.ismo J.cial, pese a lo cual conocerán y resolverán asuntos vinculados a
la carrera judicial, que es propia de ese organismo de Estado; esto también
lesiona la independencia funcional; u) se establece en la misma norma aludida en
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la literal anterior que el Consejo de la C. J.cial deberá asesorarse de los
órganos y unidades técnicas del O.ismo J.cial para asegurar el enfoque
étnico y de género en los procesos de la carrera judicial; sin embargo, obligar al
segundo de los entes mencionados a prestar tal asesoría, mediante ley ordinaria,
atenta contra su independencia funcional, que se encuentra protegida a nivel
constitucional; v) en el Artículo 6, literal m, frase “y reglamentos” de la Ley de la
C. J.cial se establece que es atribución del Consejo de la C. J.cial
emitir las reglamentaciones inherentes a su objeto y naturaleza; empero, en el
A.culo 183, literal e, de la C.M. se le confiere esa función al P.
de la R.ica, lo cual evidencia la existencia de vicio de inconstitucionalidad; w)
en el A.culo 16 de la Ley de la C. J.cial se prevé que aquellos
magistrados que ingresaron por el sistema de carrera judicial, pero no son
reelectos, pueden ser nombrados como jueces; lo cual lesiona la regulación
constitucional de ese sistema, porque este conlleva que los jueces puedan optar a
otros puestos mejores atendiendo a la clasificación correspondiente, pero esto no
puede operar en forma regresiva; x) en sentencias dictadas dentro de los
expedientes 412-2011 y 395-2010 la Corte de Constitucionalidad estableció que
las sanciones a las cuales alude la Ley de la C. Judicial, se refieren a
actuaciones de carácter administrativo que no están vinculadas de forma directa
con la actuación judicial, misma que, de acuerdo con la C.itución, solo puede
ser revisada por las instancias legales competentes; sin embargo, en los A.culos
41, literales a, c, d, e, f, h, i, j, k, l, m, n, o, p y r y 42, literales b, c, d, e, f, g, h, i, j,
k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, aa, bb, cc, ee y ff de la Ley de la Carrera
J.cial, se tipifican como faltas graves o gravísimas conductas que no son de
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carácter eminentemente administrativo y otras que son jurisdiccionales e,
inclusive, algunas otras que son no constitutivas de faltas sino de causas de
incompatibilidad o de responsabilidad penal; y) lo dispuesto en el A.culo 42,
literal dd, de la Ley de la C. Judicial provoca falta de seguridad judica,
porque no se precisa dónde deben producirse las reuniones; si estas tuvieran
lugar en la sede del tribunal, serían actuaciones jurisdiccionales y no
administrativas; se viola con ese precepto el libre acceso a tribunales y
dependencias del Estado, porque se impide a los sujetos procesales conversar
asuntos de su interés con los jueces y magistrados de forma independiente; pese
a que resulta prudente que cada parte procesal pueda, por su lado, dialogar con
el juez o magistrado, sin que esto signifique que se deba resolver en uno u otro
sentido, al estar garantizada su independencia por el Artículo 203 constitucional;
z) en los A.culos 47 y 59 de la Ley de la C. J.cial se regula que las faltas
leves, graves y muy graves prescriben en uno, tres y cinco años,
respectivamente; lo cual redunda en vulneración de la seguridad judica y del
desarrollo integral de la persona, porque esos plazos carecen de razonabilidad y
proporcionalidad, en especial si se compara con el que corresponde a la
prescripción de las faltas penales; no tiene sentido que estas últimas prescriban
en menor tiempo que las faltas disciplinarias; aa) en el A.culo 7 de la Ley en
Materia de Antejuicio está dispuesto que el cese en el ejercicio del cargo procede
únicamente cuando exista prisión preventiva, lo cual es acorde con el principio de
presunción de inocencia, reconocido en el A.culo 14 de la Constitución Política
de la República de G.a, porque la cesación se deriva de la imposibilidad
de continuar desempeñando las funciones por encontrarse en la referida prisión
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preventiva; sin embargo lo dispuesto en el A.culo 31, literales d y e, de la Ley de
la C. Judicial, contraviene lo anterior, porque prevé que la separación del
cargo se produzca como consecuencia de la declaratoria con lugar del antejuicio
promovido. S.tó que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad
presentada. A.2 El Congreso de la R.blica de G.a manifestó: a) la
Comisión Internacional Contra la Impunidad ha expresado públicamente que
ciertos financistas manipulan las comisiones de postulación, en el marco de la
problemática general de impunidad que aqueja al país, incluso reconocida por la
O.ización Internacional del Trabajo en su centésima conferencia; debido a ello
se han implementado reformas al sector justicia que eviten mayores niveles de
crisis e ingobernabilidad, o inclusive el rompimiento del orden constitucional; b) en
la actualidad el Consejo de la C. J.cial y la Supervisión de Tribunales se
han tornado inoperantes, habida cuenta que los jueces que son objeto de quejas
o de reclamos en la mayoría de los casos resultan impunes; c) la sociedad
guatemalteca exige que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean de
carrera y accedan a esos cargos por méritos acumulados y capacidad, no
derivado de la actividad de grupos que financian y compran voluntades en las
comisiones de postulación; d) en buena medida la circunstancia de que las
estructuras que propician la impunidad continúen vigentes, así como la crisis de
credibilidad del sistema de justicia, obedece a que las funciones administrativa y
jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia no se encuentren separadas; e) la
función de ese O.ismo del Estado consiste en la producción de expresiones
con contenidos normativos, agrupadas bajo la forma de leyes o reformas a estas,
con sustento en el derecho positivo, el derecho comparado, la costumbre y los
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hechos sociales que requieren regulación; f) no existe inconstitucionalidad alguna
en la normativa impugnada, porque en el A.culo 209 de la C.itución Política
de la R.ica de Guatemala está preceptuado que una ley regulará la carrera
judicial y corresponde a ese órgano la potestad legislativa. P.ó que se declare
sin lugar el planteamiento bajo análisis y se multe a los postulantes por plantear
una acción de inconstitucionalidad de carácter general contraria a Derecho. A.3 El
Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de A.tos Constitucionales,
A. y E.ón Personal, señaló: a) las nociones de independencia e
imparcialidad están estrechamente ligadas; la primera se refiere a la autonomía
de determinado juez o tribunal para decidir casos conforme a Derecho, mientras
que la segunda tiene relación con la disposición de los jueces o tribunales
respecto de los casos y las partes involucradas en ellos; b) la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “la imparcialidad exige
que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos
de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo,
ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda
duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia
de imparcialidad. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no
tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las
partes y que no se encuentren involucrados en la controversia…”; c) en el
presente caso no existe inconstitucionalidad total de la ley denunciada porque el
Consejo de la C. J.cial no constituye un ente ajeno al O.ismo J.cial;
por el contrario, ha sido creado con el propósito de garantizar el libre ejercicio de
la función jurisdiccional, que se veía afectada por confluir con ella la función
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administrativa; d) la carrera administrativa o judicial tiene por objeto mejorar los
resultados de la administración de justicia y ofrecer a los guatemaltecos igualdad
de oportunidades en el acceso al servicio público, estabilidad en los empleos y la
posibilidad de ingreso, promoción y ascenso, conforme los requisitos previstos en
la ley; únicamente con base en los méritos; de ahí que no es inconstitucional
incluir en la evaluación tanto a jueces como a magistrados; e) los magistrados
también deben ser evaluados, por ser de suma importancia asegurar que su
preparación académica esté actualizada, como lo enfatizó la Corte de
C.itucionalidad en sentencia dictada en el expediente 2143-2014: Si se tiene
en cuenta la importancia y las dificultades de la tarea que el juez debe realizar,
parece muy normal que la sociedad exija en él numerosas cualidades de muy
diversa naturaleza. Unas son de carácter moral y otras de carácter técnico. De
otra parte, como la función judicial no es únicamente un acto formal, sino también
un acto humano y social, es absolutamente preciso que el J. posea una
formación integral y se encuentre al día acerca de las corrientes doctrinales más
recientes así como de los resultados de las investigaciones referentes a su
profesión…”; f) con relación a la denuncia de inconstitucionalidad del A.culo 1,
segunda párrafo, y 26 de la Ley de la C. J.cial, por supuesta violación de
lo dispuesto en el A.culo 2 de la C.itución Política de la R.ica de
Guatemala, se estima que no se ha efectuado adecuada confrontación judica
que permita el análisis requerido; g) contrario a lo afirmado por los accionantes,
se considera que la Ley de la C. Judicial, la entidad creada en esta, así
como las atribuciones que se le atribuyen, se encuentran respaldadas por lo
preceptuado en el A.culo 209 de la Ley Fundamental, habida cuenta que en esta
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misma norma se ordena que funciones administrativas del Organismo J.cial
como los ingresos, promociones y ascensos sean regulados mediante ley
especial; además, el Consejo de la C. Judicial se integra, entre otros, por
miembros del O.ismo J.cial, por lo que la independencia funcional de este
último se encuentra asegurada; h) es importante destacar que la función esencial
de la Corte Suprema de Justicia es impartir justicia, la cual se ve afectada debido
a que también debe desempeñar funciones administrativas; esto genera cierta
cultura de verticalidad entre los tribunales de justicia, que no favorece sus labores;
al respecto se ha pronunciado el Relator E.al sobre la Independencia de los
M.strados y Abogados, dentro del documento Misión a G.a 2009: “44. La
CSJ ha sido el blanco de muchas críticas, debido a que su función principal, la
cual es impartir justicia, se ve desplazada por el ejercicio de funciones
administrativas, lo que ha permitido el establecimiento de una cultura vertical
dentro del poder judicial que interfiere en la independencia de jueces y
magistrados. Por ejemplo, en virtud de la Ley del OJ, el Presidente del OJ y los
tribunales superiores tienen la facultad de supervisar el desempeño de los
tribunales de grado inferior que les están subordinados, pudiendo recomendar u
ordenar solo el P. sanciones administrativas y disciplinarias a los
funcionarios judiciales. Este artículo y otras disposiciones de la ley del OJ
contradicen varios aspectos de la ley de la carrera judicial. 45. La gran cantidad
de atribuciones administrativas también ha generado enormes deficiencias en la
gestión de despacho, incluyendo la delegación de funciones jurisdiccionales en
funcionarios no autorizados, lo cual contribuye a la ineficacia generalizada del
sistema de justicia. 46. El Relator E.al coincide en que la concentración de
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funciones impide que la CSJ se centre en sus funciones jurisdiccionales, así como
en otras que le corresponden como cabeza del poder judicial, en especial
aquellas vinculadas a garantizar su independencia. Considera que esta es una de
las causas de la crisis por la que atraviesa el poder judicial, puesto que la
concentración de funciones en un solo organismo también implica su politización.
47. En este sentido, el Relator E.al observó que se presenta una especie de
repartición de facto de la judicatura entre los magistrados de la CSJ,
correspondiéndole a cada uno un número determinado de áreas territoriales sobre
las cuales ejerce sus poderes administrativos, siendo el encargado de
nombramientos, destituciones, traslados, distribución de recursos, etc. Esto a su
vez tiene un gran impacto sobre la independencia de los jueces que están en las
zonas de influencia del magistrado correspondiente, puesto que tienden a seguir
las instrucciones de su magistrado, incluso en la decisión de asuntos sometidos
a su competencia jurisdiccional. 48. D.e la visita el Relator E.al no
encontró ningún tipo de resistencia a la propuesta de separar las funciones
administrativas y judiciales de la CSJ, incluso su P.dente en funciones se
mostró favorable a un eventual cambio en este sentido...”; i) la función de la
inconstitucionalidad no es propiciar que se sustituyan la voluntad y el criterio del
legislador acerca de la conveniencia u oportunidad de las leyes, por lo que la
forma como se integra el Consejo de la Carrera J.cial prevista en el A.culo 5
de la ley cuestionada no contraviene postulados constitucionales; j) con relación a
la denuncia de inconstitucionalidad de los Artículos 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la
Ley de la C. J.cial, por supuesta violación de lo dispuesto en los A.culos
205, literal a, y 136, literal d, de la C.itución Política de la R.blica de
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Guatemala, se estima que no se ha efectuado adecuada confrontación jurídica
que permita el análisis requerido; k) el A.culo 6, literal m, en la frase “y
reglamentos”, de la ley señalada no dispone suprimir la facultad del P.dente de
la R.ica, prevista en el A.culo 183, literal e, constitucional, de emitir
reglamentos que desarrollen las leyes ordinarias; tampoco ordena al Consejo de
la C. J.cial que emita el reglamento correspondiente a la Ley de la Carrera
J.cial, sino solo establece su potestad de hacerlo; l) la posibilidad de que los
magistrados no reelectos sean nombrados como jueces no contraviene lo
normado en el A.culo 209 de la Constitución Política de la R.ica de
Guatemala, puesto que ese es un derecho que facultativamente puede o no ser
ejercido por los referidos magistrados, no se trata de un precepto imperativo; m)
en cuanto a la supuesta violación que apareja lo dispuesto en los A.culos 41 y
42 de la Ley de la C.era J.cial contra los A.culos 2º. y 203 de la Carta
F.ental, es importante precisar que aunque puedan converger en un mismo
hecho, existen diferencias entre los delitos y las faltas administrativas, por lo que
deben ser sancionados de forma separada; la Corte de C.itucionalidad afirmó,
en el expediente 4072-2011, que el Derecho Penal solo es una parte del sistema
de sanciones estatales, dentro del cual también forman parte las sanciones
administrativas, que poseen naturaleza distinta al sistema punitivo penal, así
también, en el expediente 1353-2005 señaló que en cuanto al principio de
tipicidad disciplinaria, se dan algunas diferencias y similitudes con el Derecho
Penal y entre las primeras se encuentra que en el Derecho Disciplinario
generalmente los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones,
por lo que la tipicidad de las infracciones disciplinarias debe determinarse por la
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lectura sistemática de la normativa que establece una función, orden o prohibición
y de aquella otra que prevé que su incumplimiento constituye infracción; n)
respecto de la inclusión de faltas graves y faltas gravísimas en la Ley de la
C. Judicial, debe tenerse presente que, como lo señaló la Oficina del Alto
Comisionado de las N.nes Unidas para los Derechos Humanos en su
publicación Insumos para la formación en derechos humanos y administración de
justicia, a pesar de que la independencia judicial constituye una garantía
fundamental, puede también convertirse en escudo detrás del cual los jueces
oculten conductas antiéticas; de ahí que el Derecho Internacional demande
normas que prevean la destitución de jueces por motivos de conducta y que sea
importante diferenciar entre la responsabilidad de los jueces por el desempeño de
sus funciones como tales, regidas por normas claras y específicas de conducta,
de aquella otra que puede surgir por la comisión de delitos comunes fuera de su
labor jurisdiccional; el principio en cual se resume lo anterior es que los jueces
solo pueden ser destituidos mediante proceso justo, por notoria mala conducta,
faltas disciplinarias, delitos o incapacidad que los inhabilite para el ejercicio de sus
funciones; o) con relación al cuestionamiento de inconstitucionalidad formulado
sobre los A.culos 47, 59, último párrafo, 62 y 67 de la Ley de la C. J.cial,
debe destacarse que esas normas fueron emitidas con el propósito de evitar y
corregir las conductas arbitrarias de los jueces y la impunidad; en todo caso, en
aras de proteger el derecho de defensa de los trabajadores del O.ismo
J.cial, en los A.culos 48 al 54 del referido cuerpo normativo lo relativo al
régimen disciplinario y en el A.culo 63, el recurso de apelación contra lo decidido
por la Junta de Disciplina J.cial y p) no constituye vicio de inconstitucionalidad
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que se separe a los jueces del cargo cuando se ha declarado que ha lugar a
formación de causa o se haya dictado auto de procesamiento en su contra,
porque de no hacerlo se socavaría la confianza pública en la administración de
justicia y se pondría en riesgo la independencia judicial. P.ó que se declare sin
lugar la inconstitucionalidad denunciada. B. Con relación a las acciones
presentadas por N..G. de León R.ez, L.M.C.
.
C., D.D..í.M., A..S.L.R. y Zonia de la
Paz Santizo Corleto B.1 La Corte Suprema de Justicia y el O.ismo
J.cial expresaron: a) una ley ordinaria no puede, de ningún modo, contener
normas que conlleven restringir o invadir el ámbito de actuación de otro
O.ismo del Estado, puesto que eso implicaría reconocerle al O.ismo
Legislativo preeminencia sobre ellos; además, en el presente caso, las normas
cuestionadas suponen que un poder constituido se arrogó funciones que
corresponden al poder constituyente; b) resulta incongruente que un profesional
en psicología integre el Consejo de la C. Judicial, porque no representa a
alguna entidad que guarde relación con el sector justicia y tampoco pertenece al
O.ismo J.cial; en la única de las funciones que esa instancia tiene
encomendadas, que pudiera tener alguna relevancia su presencia sería en la
prevista en el A.culo 6, literal d -evaluación- de la ley de la materia; y dentro de
las infracciones o faltas en las cuales pueden incurrir los funcionarios que integran
la carrera judicial, no existe alguna que requiera conocimiento de aquella ciencia
para ser establecida; todo lo anterior, a pesar de que lo preceptuado en el A.culo
113 constitucional obliga al legislador a que, al momento de estructurar un órgano
público, observe la idoneidad para desempeñar los puestos; c) la normativa que
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regula la inclusión de un profesional de la psicología en el Consejo de la C.
.
J. no precisa el procedimiento para su elección, ni el período que ejercerá el
cargo; como lo hizo notar la propia Corte de C.itucionalidad en opinión
consultiva dictada en el expediente 5911-2016; d) con la emisión de la Ley de la
C. J.cial que se ha cuestionado por esta vía, se está revocando al
O.ismo J.cial, mediante una ley ordinaria, la independencia funcional que le
concede la Carta M., debido a la supresión de atribuciones que le
corresponden, incluyendo el control de órganos administrativos y disciplinarios,
para trasladárselas a un ente paralelo denominado Consejo de la Carrera J.cial;
e) la Ley F.ental de cada Estado no contiene de forma taxativa cada una de
las atribuciones de cada O.ismo de Estado, pero sí proporciona sus bases
esenciales; en el caso del O.ismo Judicial, en los Artículos 203, 205 y 209
constitucionales se regula la independencia judicial, estableciendo como sus
garantías, la independencia funcional, la económica, la no remoción y la selección
del personal; dado su origen constitucional, esas garantías pueden ser ampliadas
por las leyes ordinarias, pero no disminuidas o tergiversadas; f) la realización de
un sorteo para determinar la Presidencia del Consejo de la C. J.cial
pretende equiparar a sus integrantes, pero omite tomar en consideración la
doctrina de la Corte de Constitucionalidad en cuanto al trato igual a los iguales y
desigual para los desiguales; que todos los miembros de esa instancia se
encuentren en situación de igualdad es una afirmación formalmente válida, pero
no puede dejarse de lado que cumplen requisitos dimiles para asumir el puesto
que ostentan, lo cual evidencia que existe desigualdad en cuanto a aptitudes,
conocimientos y experiencia; esto, además, contraviene lo dispuesto en el A.culo
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113 constitucional, al no exigirse el presupuesto de idoneidad; g) con la emisión
de la Ley de la C. Judicial que se ha cuestionado por esta a, se está
revocando al O.ismo Judicial, mediante una ley ordinaria, la independencia
funcional que le concede la Carta Magna, debido a la supresión de atribuciones
que le corresponden, incluyendo el control de órganos administrativos y
disciplinarios, para trasladárselas a un ente paralelo denominado Consejo de la
C..J.; h) la Corte de C.itucionalidad asentó en la sentencia dictada
en el expediente 90-98: “… administrativamente el O.ismo J.al, es dirigido
por la Corte Suprema de Justicia, conforme el principio de unidad de organización
interna, cuyas reglas determina la Ley del O.ismo J.cial. Como se ve, la
Corte Suprema de Justicia concentra su actividad en dos funciones: la
administrativa, reglada en el Capítulo II del Título II de su ley, y la jurisdiccional,
normada por el Título III siguiente…”; i) disponer que la elección del P.dente de
la Junta de D.na J.cial se realice por medio de sorteo público contradice el
A.culo 205, no solo en la literal d sino también la literal a, porque afecta la
independencia judicial; y, además, vulnera lo preceptuado en el A.culo 113 de la
C.itución Política de la R.ica de G.a, en lo relativo a la idoneidad,
porque resulta inviable pretender que un puesto al que corresponden funciones
específicas sea designado aleatoriamente y no por criterios objetivos; j) las frases
“y magistrados” del primer párrafo, “o magistrados” contenida en las literales c y f,
“y magistrado” contenida en el penúltimo párrafo, del Artículo 32 de la ley
impugnada, violan lo dispuesto en los A.culos 208, 215 y 216 de la Ley
F.ental, porque todo lo relacionado a la evaluación del desempeño es
únicamente aplicable a los jueces de paz y a los jueces de primera instancia, en
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virtud que a ellos corresponde la carrera judicial y no a los magistrados, en
atención al modo en que unos y otros llegan a ocupar sus cargos; los magistrados
no están obligados a procurar rendimiento satisfactorio, puesto que ello no incide
en su continuidad en el cargo; de ahí que en los expedientes acumulados 1903-
2003, 2183-2003 y 2261-2003, la Corte de C.itucionalidad haya declarado
inconstitucional la misma frase contenida en la Ley de la C. J.cial anterior;
k) resulta inconstitucional que sea considerada como falta grave la actuación
descrita en el A.culo 41, literal l, de la Ley de C. J.cial, en virtud que no
es de carácter administrativo sino eminentemente jurisdiccional y la Corte de
C.itucionalidad ya ha asentado que no se pueden tomar como faltas
administrativas las actuaciones jurisdiccionales, en fallo emitido dentro del
expediente 395-2010; l) en el A.culo 41, literal p, del cuerpo legal cuestionado no
se establece con precisión alguna falta, sino únicamente se define una sanción,
generando falta de seguridad jurídica; además, se vulnera el derecho de defensa
y la independencia judicial, al no fijarse que las faltas contabilizadas deban estar
firmes; m) provoca desmedro a la seguridad judica que la actuación prevista
como falta en el Artículo 41, literal r, de la ley denunciada también aparezca como
tal dentro de las Normas de Comportamiento Ético del O.ismo J.cial
(Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia); con lo cual se estaría
sancionando doblemente esa conducta; n) los comportamientos delineados en el
A.culo 42, literales h, r, s y aa derivan en acciones jurisdiccionales con algún
grado de responsabilidad penal, por lo que no es procedente que sean
sancionados administrativamente, como quedó señalado en la última de las
sentencias de la Corte de C.itucionalidad aq citadas, porque no puede
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sancionarse el mismo hecho en la vía penal y en la vía administrativa; o) lo
dispuesto en el A.culo 42, literal dd, de la Ley de la Carrera J.cial provoca
ausencia de seguridad jurídica, porque no se precisa dónde deben producirse las
reuniones; si estas tuvieran lugar en la sede del tribunal, serían actuaciones
jurisdiccionales y no administrativas; se viola con ese precepto el libre acceso a
tribunales y dependencias del Estado, porque se impide a los sujetos procesales
conversar asuntos de su interés con los jueces y magistrados de forma
independiente; pese a que resulta prudente que cada parte procesal pueda, por
su lado, dialogar con el juez o magistrado, sin que ello signifique que se deba
resolver en uno u otro sentido, al estar garantizada su independencia por el
A.culo 203 constitucional; p) en cuanto a la denuncia de inconstitucionalidad
formulada respecto de las conductas previstas como faltas gravísimas en el
A.culo 43, literales c y d, coincide con los postulantes en que vulneran lo
dispuesto en los A.culos 2 y 12 constitucionales, habida cuenta que se
establecen sanciones sin contener presupuestos claros y precisos y, de esa
cuenta, se propicia mayor discrecionalidad en la aplicación de una u otra sanción,
afectando la certeza jurídica del denunciado; q) la frase “suspender de sus
labores como juez o magistrado al denunciado, hasta por un máximo de treinta
(30) días, con goce de salario”, contenida en el A.culo 52 de la ley dubitada, no
solamente es violatoria de la presunción de inocencia reconocida en el A.culo 14
constitucional, sino es contraria al principio de proporcionalidad, defendido por la
Corte de C.itucionalidad en su jurisprudencia, porque al realizarse una
interpretación armónica de la Ley de la Carrera J.cial, se deduce que la
suspensión únicamente procede, conforme el A.culo 31, literal e, cuando exista
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auto de procesamiento; la simple presentación de una denuncia en forma alguna
debe conllevar la limitación del ejercicio de una función jurisdiccional y r) si como
resultado de un procedimiento disciplinario se advierten indicios de
responsabilidad penal, se puede certificar lo conducente contra el juez implicado y
seguirse las diligencias correspondientes respetando su derecho de defensa; la
Corte de Constitucionalidad avaló medidas como esta en el expediente 749-2011,
en el cual afirmó que el hecho de que existiera proceso penal promovido contra
una persona no excluye la incoación de un procedimiento disciplinario
administrativo. P.ó que se declare con lugar la inconstitucionalidad general
planteada, respecto de las disposiciones antes especificadas. B.2 El Congreso
de la República de Guatemala manifestó: a) de la lectura del A.culo 1 de la Ley
de la C.era J.cial se desprende que el objeto primordial de ese cuerpo legal
es contribuir al buen desempeño de jueces y magistrados y al buen
funcionamiento de la administración de justicia en general, al establecer
principios, garantías, normas y procedimientos necesarios para el adecuado
desarrollo de la carrera judicial; y así garantizar la estabilidad en el cargo
jurisdiccional, mientras no se incurra en causa legal que justifique el cese y b) en
el presente caso los postulantes no cumplieron con efectuar análisis confrontativo
que demuestre la inconstitucionalidad que denuncian; por lo que su planteamiento
resulta notoriamente carente de fundamento e improcedente. P.ó que se declare
sin lugar la acción de inconstitucionalidad formulada. B.3 El Ministerio Público,
por medio de la Fiscalía de Asuntos C.itucionales, A. y Exhibición
Personal, señaló: a) que el Consejo de la C. J.cial se integre, entre otros,
por un titular y un suplente que cuenten con licenciatura en psicología no
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contraviene lo preceptuado en el A.culo 203 de la C.itución Política de la
R.ica de Guatemala, en virtud que siendo ese Consejo el órgano rector de la
carrera judicial y atendiendo al desempeño de sus atribuciones resulta valiosa la
intervención de esos profesionales con relación a cuestiones tales como la
definición de las políticas de esa institución y la metodología de las capacitaciones
de jueces y magistrados; b) no contradice lo dispuesto en el A.culo 205, literal d,
de la Ley F.ental la previsión de que el P.dente del Consejo de la
C. J.cial sea determinado por sorteo público, habida cuenta que los
integrantes de ese órgano por imperativo legal debieron cumplir con méritos de
capacidad, idoneidad y honradez prescritos en el A.culo 113 constitucional; por
lo que todos se encuentran en igualdad de condiciones para asumir aquel cargo;
c) contrario a lo afirmado por los postulantes, del análisis del A.lo 6, literales d,
e, f, i, k y l de la Ley de la C. J.cial se desprende que su redacción
contiene presupuestos claros y precisos, por lo que están revestidos de seguridad
jurídica; d) la circunstancia de que la presidencia de las S.s de la Corte de
Apelaciones se decida por sorteo, no transgrede la independencia funcional
reconocida en el A.culo 205, literal d, constitucional, debido a que los integrantes
de los mencionados tribunales deben reunir los mismos requisitos y ostentan las
mismas calidades, por lo que están en igualdad de condiciones para acceder al
referido cargo; e) con el objeto de consolidar las garantías de la independencia
judicial fue promulgado el D.o 32-2016 del Congreso de la R.ica, en el
cual se regula, entre otros aspectos, el período y funciones de las Juntas de
D.na J.cial, incluyendo el modo de determinar quién las presidirá; que esto
último se produzca por sorteo público de modo alguno transgrede lo dispuesto en
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el A.culo 205 de la Constitución Política de la R.ica de G.a, porque
todos sus miembros han participado en un proceso de oposición y cumplido con
los méritos de capacidad, idoneidad y honradez que exige el A.culo 113
constitucional, por lo que se encuentran en igualdad de condiciones para acceder
a la presidencia de esas Juntas; f) atendiendo a la importancia de la función
jurisdiccional que jueces y magistrados cumplen para la conservación del Estado
de Derecho, la nueva Ley de la C. J.cial propende al fortalecimiento de las
instituciones que conforman el sector justicia, a efecto de que guarden
congruencia con las condiciones de estabilidad, credibilidad, transparencia y
confianza que la sociedad les demanda; en ese orden de ideas, la evaluación del
comportamiento profesional de jueces y magistrados se hace necesario para
garantizar la estabilidad, la dignidad, la independencia, la imparcialidad, la
responsabilidad y la excelencia profesional de los juzgadores en el ejercicio de su
función; g) en el caso Camba Campos y otros vs. Ecuador, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos afirmó: “La jurisprudencia de la Corte ha
señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial
efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre
independencia judicial (…) Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del
T.nal Europeo de Derechos Humanos, así como de conformidad con los
Principios Básicos de las N.nes Unidas relativos a la independencia de la
judicatura (en adelante “Principios Básicos”), las siguientes garantías se derivan
de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la
inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas (…) el Comité de
Derechos Humanos ha señalado que los jueces sólo pueden ser removidos por
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faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que
aseguren la objetividad e imparcialidad según la constitución o la ley (…) la
garantía de estabilidad e inamovilidad de los jueces no es absoluta. El derecho
internacional de los derechos humanos admite que los jueces sean destituidos por
conductas claramente reprochables. En su Observación General No. 32, el
Comité de Derechos Humanos establece que los jueces podrán ser destituidos
únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia...”; de ahí que
lo dispuesto en los A.culos 41, literales c, l, p y r, y 42, literales n, r, s, aa, cc y dd
de la ley cuestionada, no transgreden el principio de independencia judicial,
porque el hecho de que determinadas acciones u omisiones en que incurran
jueces y magistrados sean encuadradas en faltas disciplinarias no constituyen
restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos
al poder judicial, al haber sido creadas por el legislador a fin de que se lleve a
cabo de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política de la
R.ica de G.a; h) la garantía de estabilidad e inamovilidad de los
jueces no es absoluta; ha de existir, como en efecto ocurre en el D.o 32-2016
del Congreso de la R.ica, un procedimiento disciplinario que asegure a
jueces y magistrados el respeto del debido proceso y su derecho de defensa, en
el cual sean escuchados en plazo razonable, puedan aportar los medios de
prueba que estimen pertinentes y tengan oportunidad de responder sobre
cualquier acusación; i) lo normado en el A.culo 64 de la Ley de la C.
.
J. no transgrede el contenido de los A.culos 12, 175 y 203 constitucionales,
debido a que en el ámbito administrativo se sanciona una falta disciplinaria
preestablecida en la ley, producida por el incumplimiento de jueces y magistrados
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en sus deberes; ahora bien, si dentro de ese procedimiento surgen indicios de
responsabilidad penal, la autoridad responsable está obligada de hacerlo constar
y certificar lo conducente al Ministerio Público; si bien pueden converger en un
mismo hecho, existe diferencia entre faltas administrativas y delitos, puesto que
su sanción debe producirse de forma separada y j) la Corte de Constitucionalidad,
en el expediente 1353-2005, señaló que en cuanto al principio de tipicidad
disciplinaria, se dan algunas diferencias y similitudes con el Derecho Penal y entre
las primeras se encuentra que en el Derecho D.nario generalmente los tipos
no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones, por lo que la tipi cidad
de las infracciones disciplinarias debe determinarse por la lectura sistemática de
la normativa que establece una función, orden o prohibición y de aquella otra que
prevé que su incumplimiento constituye infracción; de esa cuenta, tratándose de
servidores públicos, la sanción administrativa deviene de infracción a reglas que
deben observar en el desempeño de sus funciones, mientras que la penal deriva
de la comisión, por cualquier sujeto, de actos u omisiones tipificados como delitos
en la ley. P.ó que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad de
carácter general, se condene a los postulantes al pago de las costas procesales y
que se imponga multa a los abogados patrocinantes. C. Con relación a la acción
presentada Francisco Coloj M. C.1 La Corte Suprema de Justicia y el
O.ismo J.cial expresaron: a) una ley ordinaria no puede, de ningún modo,
contener normas que conlleven restringir o invadir el ámbito de actuación de otro
O.ismo del Estado, en vista que eso implicaría reconocerle al O.ismo
Legislativo preeminencia sobre ellos; y no declararlas inconstitucionales
equivaldría que se arrogue funciones propias del poder constituyente; b) tal y
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como lo pide el postulante, debe ser declarado inconstitucional y expulsado del
ordenamiento jurídico el Artículo 5, literal a, de la Ley de la C. J.cial, en la
frase “que no integren la misma”, porque por su medio no solamente se está
despojando a la Corte Suprema de Justicia de su independencia funcional y de la
garantía de selección de personal que le asiste, establecidas en la Carga M.;
sino que, además, contiene trato desigual y discriminatorio para los miembros de
esa Corte, al no permitirles integrar el Consejo de la C. J.cial, pese a que,
por su experiencia en el ámbito jurisdiccional, resultan idóneos para desempeñar
ese cargo, conforme el A.culo 113 constitucional y que, en general, no existe
razón suficiente para establecer esa exclusión; c) con lo preceptuado en el
A.culo 6, literales b, c y o, de la Ley de la Carrera J.cial, se está revocando al
O.ismo J.cial, mediante una ley ordinaria, la independencia funcional que le
concede la Constitución Política de la R.ica de G.a, debido a la
supresión de atribuciones que le corresponden, incluyendo el control de órganos
administrativos y disciplinarios, para trasladárselas a un ente paralelo denominado
Consejo de la C. J.cial; d) la independencia funcional concedida al
O.ismo J.cial en la Ley Fundamental debe prevalecer sobre la misma
característica conferida al Consejo de la C. J.cial por medio de una ley
ordinaria; e) en el A.culo 209 constitucional se establece que jueces, secretarios
y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, por lo que
al trasladarse al Consejo de la Carrera J.cial las funciones de nombrar y
remover personal se están usurpando funciones que por mandato del
constituyente corresponden a aquella Corte; f) por virtud del A.culo 79 de la ley
cuestionada se derogan atribuciones que por imperativo constitucional son
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propias de la Corte Suprema de Justicia, la P.dencia del O.ismo J.cial y
las S.s de la Corte de Apelaciones, para ser trasladadas al Consejo de la
C..J.; con lo cual se vulnera lo preceptuado en los A.culos 175 y 141
de la C.itución Política de la R.ica de G.a, que establecen la
supremacía constitucional y que la soberanía radica en el pueblo, que la delega
para su ejercicio en los O.ismos Legislativo, Ejecutivo y J.cial, siendo
prohibida la subordinación entre estos; g) en el A.culo 205, literal a, de la
C.itución Política de la R.ica de G.a se encuentra establecida
como una de las garantías del O.ismo J.cial la independencia funcional, la
cual está orientada hacia el ejercicio de todo lo relacionado con el quehacer
administrativo; es decir, aspectos tales como el ingreso, permanencia, promoción,
traslados, evaluación, régimen disciplinario y formación de los jueces y
magistrados, a fin de asegurar su dignidad, estabilidad, independencia,
imparcialidad y excelencia profesional en el ejercicio de sus funciones; pero todo
ello debe depender del O.ismo J.cial, no de un ente distinto como el
Consejo de la C.a J.cial; de ahí que sea inconstitucional lo previsto en el
A.culo 4 de la Ley de la C. J.cial, que supone la supresión de la
independencia funcional que constitucionalmente está garantizada para el
O.ismo Judicial y h) en sentencia dictada dentro del expediente 639-93, la
Corte de C.itucionalidad consideró “… esta Corte considera que la Corte
Suprema Justicia como autoridad nominadora, al acordar destituir al postulante
del cargo que desempeñaba procedió en uso de las facultades que le confieren
los artículos 209 de la C.itución y 55 inciso a) y 56 de la Ley del O.ismo
J.cial, en un procedimiento administrativo en el que dio al postulante la
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oportunidad de desvanecer los hechos que se le atribuían…” P.ó que se declare
con lugar la acción de inconstitucionalidad de carácter general planteada. C.2 El
Congreso de la R.ica de G.a manifestó: a) en la Ley del O.ismo
J.cial se hace distinción entre las funciones administrativa y jurisdiccional, y así
como se trata de distintas funciones, también lo son los órganos que encargados
de llevarlas a cabo; b) lo dispuesto en el A.culo 5 de la Ley de la C. J.cial
no transgrede normas constitucionales porque no se está delegando la función
jurisdiccional sino se trata de una función administrativa; esto ocurre en otras
instituciones, por ejemplo, en el A.culo 19, literal b, de la Ley de Adopciones, se
regula que uno de los integrantes del Consejo Directivo es designado por el Pleno
de la Corte Suprema de Justicia, cargo que actualmente ocupa T.a N.d.
.
C., quien no es magistrada de ese alto tribunal; c) lo preceptuado en el A.culo
6, literales b, c y o de la ley impugnada de ningún modo repercute en vulneración
de los A.culos 203 y 205 de la C.itución Política de la R.ica de
Guatemala; el Consejo de la C. J.cial no se encuentra usurpando
funciones, ni se trata de institución paralela que coarte o merme aquellas que
constitucionalmente competen al O.ismo J.cial; d) en la exposición de
motivos de la iniciativa de ley que posteriormente dio lugar a la ley cuestionada,
quedó documentado que aquella nace de acuerdo a las necesidades no
contempladas, así como las nuevas prácticas acordes a la realidad nacional, que
sea efectiva, eficaz pero sobre todo funcional. Esta ley armoniza con estándares y
principios internacionales sobre derechos humanos aplicables al tema, asimismo
con los Acuerdos de Paz (…) Todos los mecanismos regulados por la Ley de la
C. J.cial contribuirán al buen desempeño de jueces y magistrados
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capaces, independientes, idóneos, respetados y respetuosos, así como el buen
funcionamiento de la administración de justicia…” S. que la acción
constitucional formulada sea declarada sin lugar. C.3 El Ministerio Público, por
medio de la F.ía de Asuntos C.itucionales, A. y Exhibición Personal,
señaló: a) al cotejar el A.culo 5, literal a, de la Ley de la C. J.cial, en la
frase “que no integren la misma”, con los preceptos constitucionales cuya
vulneración denuncia el postulante, se evidencia que no concurre contravención
alguna que torne meritoria su expulsión del ordenamiento jurídico; la Corte
Suprema de Justicia no está excluida de formar parte del Consejo de la Carrera
J.cial, habida cuenta que le corresponde elegir representantes titular y suplente
para integrarlo, con la única salvedad de que los designados para el efecto no
sean integrantes de la citada Corte, lo cual obedece al objetivo de brindar certeza
jurídica y que no se produzcan injerencias indebidas en la toma de decisiones de
aquel Consejo; b) como señaló el Relator E.al sobre la Independencia de los
M.strados y Abogados, dentro del documento Misión a G.a 2009, la
función esencial que desempeña la Corte Suprema de Justicia es impartir justicia,
que se ve afectada al ejercer esta funciones administrativas, porque genera una
cultura vertical dentro del O.ismo J.cial que interfiere con la independencia
de jueces y magistrados; c) el Congreso de la R.blica, como parte de su
función legislativa, realizó los estudios y análisis correspondientes a efecto de
adecuar la normativa legal en materia de carrera judicial, para que garantice los
fines para los cuales fue establecida en el A.culo 209 de la C.itución Política
de la R.ica de G.a; con ese fin, entre otras medidas, reformó la
integración del Consejo de la C. Judicial de tal modo que se le asegure
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independencia de sus funciones y se le proteja de intromisiones en su debido
ejercicio; d) el O.ismo J.cial se ha organizado administrativa y
jurisdiccionalmente para la realización de sus fines, por lo que no puede
entenderse amenazada su independencia cuando se delegan a un órgano
administrativo interno facultades específicas en materia de carrera judicial,
orientadas a garantizar su dignidad, estabilidad, independencia, imparcialidad,
responsabilidad y excelencia profesional en el ejercicio de la función jurisdiccional;
e) difiere del argumento presentado por el postulante en cuanto a la presunta
contradicción de lo dispuesto en el A.culo 6, literales b, c y o de la Ley de la
C. J.cial con la independencia judicial establecida en el A.culo 203 de la
C.itución Política de la R.ica de G.a; el O.ismo J.cial, como
uno de los tres poderes del Estado, está organizado en torno a su propia ley
orgánica, en la cual, para el cumplimiento de sus funciones, se distinguen dos
áreas: jurisdiccional y administrativa; la independencia que se atribuye al Consejo
de la C.era J.cial en el A.culo 4 del cuerpo legal cuestionado, como órgano
rector de la carrera judicial, no conduce a considerarle distinto, ajeno y autónomo
respecto del O.ismo Judicial, de cuya estructura organizacional forma parte,
sino solamente protege su potestad de ejercer la competencia administrativa que
le corresponde sin interferencias, sin recibir instrucciones o directrices de otro
ente, dentro o fuera del citado Organismo; f) los preceptos indicados en la literal
anterior tampoco vulneran el Artículo 205 constitucional, en virtud que la garana
de selección de personal que asiste al O.ismo J.cial se encuentra
asegurada, al ser un órgano administrativo interno el que específicamente tiene
encomendada esa función, que es el Consejo de la C. J.cial; g) no es
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acertada la afirmación de que con la derogatoria de los A.culos 54, literales b, d,
e, h, i y m; 55, literales a e i; 56; 88, literales d, e y f; 93, primer párrafo; y 100 de
la Ley del O.ismo J.cial; se le supriman al O.ismo J.cial las funciones
administrativas que constitucionalmente tiene asignadas; porque el propósito de la
nueva Ley de la C. Judicial es la reestructuración y renovación del sistema
de carrera judicial dentro del O.ismo Judicial, atendiendo a las deficiencias
que el Congreso de la R.ica advirtió en la aplicación práctica de la ley
anterior; de cualquier manera, el Consejo de la C. J.cial constituye un
órgano interno de la estructura organizacional del O.ismo J.cial y las
atribuciones específicas que se le han asignado como rector de la materia, forman
parte de la redefinición de las funciones administrativas dentro del citado
O.ismo, dirigida a garantizar la dignidad, la estabilidad, la independencia, la
imparcialidad, la responsabilidad y la excelencia en el ejercicio de la función
jurisdiccional. S.tó que se declare la improcedencia de la acción de
inconstitucionalidad de carácter general promovida.
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA
A. Con relación a las acciones presentadas por Asociación de Jueces y
M.strados del O.ismo J.cial e Instituto de M.strados de la Corte
de Apelaciones del O.ismo J.cial A.1 Los postulantes ratificaron lo
expuesto y solicitado en el escrito inicial de inconstitucionalidad y, en adición,
señalaron: a) el Ministerio Público descarta que la Ley de la C. Judicial
contravenga la independencia judicial aduciendo que el Consejo de la C.
J.cial no es un ente ajeno al O.ismo J.cial; sin embargo, en ninguna parte
de la referida ley se afirma que aquella instancia pertenezca a este O.ismo; b)
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al afirmar que no resulta inconstitucional que los magistrados sean objeto de
evaluación, el Ministerio Público desconoce el precedente emanado de la Corte
de C.itucionalidad en sentido contrario, en el que esta se pronunció acerca de
la misma previsión contenida en la Ley de la C. J.cial anterior, el cual debe
ser atendido en observancia a la seguridad jurídica; c) el Ministerio Público apoya
su postura de que la función de la Corte Suprema de Justicia debe ser
exclusivamente la de impartir justicia, en el pronunciamiento del Relator Especial
sobre Independencia Judicial; pero para atender ese punto de vista habría que
reformar, en primer término, el A.culo 205 de la Constitución Política de la
R.ica de G.a, que lo impide y d) la sola circunstancia de que se
encuentre habilitada la posibilidad de reingreso de magistrados como jueces,
aunque se trate de algo facultativo, incide en que la carrera judicial no se
produzca hacia adelante, como debe ser, sino de forma regresiva. A.2 La Corte
Suprema de Justicia y el O.ismo J.cial ratificaron lo argumentado y
pedido con ocasión de la audiencia por quince días que les fuera conferida
previamente. A.3 El Congreso de la República de G.a ratificó lo
argumentado y solicitado con ocasión de la audiencia por quince días que les
fuera conferida previamente y, en adición, señaló: a) la carrera judicial tiene por
propósito perfeccionar los resultados de la administración de justicia, al brindar
transparencia al sistema de acceso al servicio público, estabilidad laboral e
impedir la injerencia en el ingreso, promoción y ascensos; b) la frase “y
magistrados”, contenida en los A.culos 3, 6 y 32 de la Ley de la C. J.cial
no puede ser considerada inconstitucional, habida cuenta que tanto jueces como
magistrados deben ser debidamente evaluados y estar actualizados, para la
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efectiva realización de su labor; c) si cuando se declara que ha lugar la formación
de causa o se dicta auto de procesamiento contra algún operador de justicia, no
se separa a este del cargo, se pondría en riesgo la independencia judicial y se
socavaría la confianza pública en la administración de justicia y d) la C.itución
Política de la R.blica de Guatemala no puede interpretarse de forma aislada
sino debe efectuarse esa labor de manera integral, por lo que debe considerarse
el fortalecimiento del sistema de justicia en G.a como factor para la
consecución del bien común. A.4 El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía
de A.tos Constitucionales, A. y E.ón Personal, ratificó lo
argumentado y pedido con ocasión de la audiencia por quince días que les fuera
conferida previamente. B. Con relación a las acciones presentadas por N..
.
G. de León R.ez, L.M.C.C., D.D.
.
M., Alba Susana L.z Racanac y Zonia de la Paz S.C. B.1
Los postulantes ratificaron lo expuesto y solicitado en el escrito inicial de
inconstitucionalidad. B.2 La Corte Suprema de Justicia y el O.ismo
J.cial, el Congreso de la R.blica de G.a y el Ministerio Público,
por medio de la F.ía de A.tos Constitucionales, A. y E.ón
Personal, ratificaron lo argumentado y pedido con ocasión de la audiencia por
quince días que les fuera conferida previamente. C. Con relación a la acción
presentada por F..C..M...C..1 El postulante no alegó. C.2 La
Corte Suprema de Justicia y el O.ismo J.cial, el Congreso de la
R.ica de G.a y el Ministerio Público, por medio de la F.ía de
A.tos C.itucionales, A. y E.ón Personal, ratificaron lo
argumentado y pedido con ocasión de la audiencia por quince días que les fuera
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conferida previamente.
CONSIDERANDO
-I-
objeto de la acción de inconstitucionalidad de carácter general
En los A.culos 267 de la C.itución Política de la R.ica de
Guatemala y 133 de la Ley de Amparo, E.ón Personal y de
C.itucionalidad, está regulada la acción de inconstitucionalidad de carácter
general, cuyo conocimiento y resolución corresponde a esta Corte en instancia
única. La garantía constitucional citada permite efectuar control reparador de
constitucionalidad normativa, con el propósito de excluir del ordenamiento jurídico
vigente las leyes ordinarias, reglamentos y disposiciones generales que conlleven
franca colisión con lo dispuesto en la Ley F.ental y -por virtud del
reconocimiento del bloque de constitucionalidad- en los tratados internacionales
en materia de derechos humanos.
-II-
Precisiones preliminares sobre la estructuración y la delimitación de la
materia de análisis en el presente caso
Los accionantes promueven inconstitucionalidad contra el Decreto 32-2016
del Congreso de la R.ica, mediante el cual este organismo aprobó la Ley de
la Carrera J.cial, que sustituyó al cuerpo legal homónimo contenido en el
D.o 41-99 y sus reformas; aduciendo los motivos reseñados en el apartado
de resultandos de este fallo.
Por cuestión de método, para efectos de realizar el análisis
correspondiente acerca de las alegaciones expresadas por los sujetos procesales,
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estas se agruparán en cuatro segmentos considerativos, formados según la
temática a la cual hacen referencia, en el orden siguiente: i. Consejo de la C.
J.cial. Examen de constitucionalidad sobre disposiciones alusivas a sus
atribuciones, modo de integración y funcionamiento; ii. C. judicial. Examen
de constitucionalidad sobre disposiciones alusivas a parámetros de evaluación y
permanencia; iii. Régimen disciplinario para jueces y magistrados. Examen de
constitucionalidad sobre disposiciones alusivas a tipificación de faltas, fijación de
sanciones y reglas procedimentales para la tramitación de quejas o denuncias y
iv. Antejuicio de jueces y magistrados. Examen de constitucionalidad sobre
disposiciones alusivas a sus alcances e implicaciones especiales.
Conviene precisar que, con posterioridad a la presentación de los
planteamientos que por esta sentencia se resuelven, fue emitido el D.o 17-
2017 del Congreso de la R.ica, por el cual este dispuso reformar los A.culos
5, 30, 31, 51, 56, 58, 68 y 71, así como derogar los A.culos 67 y 78; todos de la
Ley de la C.a J.cial vigente, a la que se atribuye incompatibilidad con la
C.itución Política de la R.ica de G.a.
En atención a esa circunstancia, al abordarse los señalamientos que fueron
presentados contra los A.culos 5, 31 y 71 se examinará como cuestión de previo
conocimiento si, con las modificaciones que experimentaron, tales disposiciones
aun preservan en su contenido los aspectos a los cuales los accionantes imputan
vicio de inconstitucionalidad. De arribarse a respuesta afirmativa ─y si, además,
se cumplen los presupuestos de viabilidad atinentes─, se impone que esta Corte,
en elemental aplicación del principio pro actione, proceda a realizar el estudio que
corresponde sobre los preceptos referidos tal y como se encuentran vigentes
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actualmente; habida cuenta que, aunque hayan podido variar respecto de su
formulación original, no habrían cambiado en cuanto a las razones que motivaron
su cuestionamiento por esta vía. Si, por el contrario, se concluye que con la
reforma efectuada han dejado de existir esas razones, se habría disipado la
materia de conocimiento y carecería de sentido emitir pronunciamiento sobre el
particular.
En lo concerniente al A.culo 67, en virtud de haber sido derogado, ya no
puede ser objeto de control por esta vía; porque no es factible examinar la
constitucionalidad de una disposición cuyo contenido ya no forma parte del
ordenamiento jurídico vigente.
---III---
Consejo de la C. J.cial. Examen de constitucionalidad sobre
disposiciones alusivas a sus atribuciones, modo de integración y
funcionamiento.
A...D. vicio de inconstitucionalidad total que se adjudica a la Ley de la
C. Judicial y parcial, a los A.culos 4 al 6, 8 al 13 y 79 de la misma ley;
por supuesta contravención de los A.culos 203, 205, literales a y d, y 209
de la C.itución Política de la R.ica de G.a
D.iones cuestionadas
“A.culo 4. Órgano responsable.
El órgano rector de la carrera judicial es el Consejo de la C. J.cial, el cual
gozará de independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. El
Consejo de la C.a J.cial sede carácter permanente y en sus funciones
podrá auxiliarse por la Junta de Disciplina J.cial, la Junta de D.na J.cial
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de Apelación, la S.isión General de T.nales, la Escuela de Estudios
J.ciales y la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional. El Consejo de
la C. J.cial podrá auxiliarse por otras unidades administrativas que estime
convenientes (...)
El O.ismo J.cial debe incluir en el presupuesto el monto necesario y
adecuado para fortalecer y garantizar el efectivo funcionamiento del Consejo de la
C. J.cial y de sus órganos auxiliares.”
[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]
“A.culo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.
La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo (…)
El Consejo de la C. J.cial deberá asesorarse de los órganos y unidades
técnicas del O.ismo J.cial para asegurar la incorporación del enfoque étnico
y de género en todos los procesos relativos a la carrera judicial…”
[Parte conducente, según alusión de los postulantes, del texto original del D.o
32-2016, vigente al ser planteada la acción de inconstitucionalidad; fragmento que
no experimentó alteración alguna con la reforma efectuada a ese Artículo
mediante el D.o 17-2017 del Congreso de la R.ica]
“A.culo 6. Atribuciones del Consejo.
Son atribuciones del Consejo de la C. J.cial:
a) Efectuar la convocatoria relacionada con los concursos de oposición para
el ingreso a la carrera judicial y ascensos;
b) Convocar a concurso por oposición para elegir y con base a sus resultados,
nombrar a: los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina J.cial
y de la Junta de Disciplina J.cial de Apelación; Director de la Escuela de
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Estudios J.ciales, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera J.cial,
S.isor General de T.nales y Coordinador de la Unidad de Evaluación del
Desempeño Profesional; así como los demás cargos de dirección de estas
unidades, de acuerdo a su función. El reglamento de esta Ley regulará el
procedimiento de concursos por oposición y requisitos para optar a estos cargos;
c) Remover a los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina
J.cial y de la Junta de Disciplina J.cial de Apelación; Director de la Escuela
de Estudios J.ciales, Secretario Ejecutivo del Consejo de la C. J.cial,
S.isor General de Tribunales y Coordinador de la Unidad de Evaluación del
Desempeño Profesional. Para tal efecto, se requiere el voto de cinco de los
miembros del Consejo de la C. Judicial, mediante un procedimiento que
asegure el derecho de defensa y el debido proceso y conforme a una decisión
debidamente fundamentada;
d) Evaluar el desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de los
órganos auxiliares de la carrera judicial;
e) Aprobar las políticas y programas de la Escuela de Estudios Judiciales y
revisarlas anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley;
f) Aprobar en el mes de noviembre de cada año el programa de formación
judicial y administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios J.ciales;
g) Emitir las disposiciones inherentes a su objeto y naturaleza;
h) Dar aviso al Congreso de la R.ica, con al menos un año de
anticipación del vencimiento del período constitucional de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones y otros tribunales
colegiados de igual categoría, a fin de que convoque a las comisiones de
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postulación respectivas;
i) Elaborar y remitir oportunamente a las comisiones de postulación, la
nómina con los respectivos expedientes e informe de desempeño de jueces y
magistrados para los efectos legales correspondientes;
j) Dar aviso al Congreso de la R.ica respecto de las vacantes definitivas
que se produzcan en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Apelaciones y
otros tribunales colegiados de igual categoría, el aviso se dará dentro de un plazo
de diez días de haberse producido la vacante definitiva;
k) Definir las políticas de la Escuela de Estudios J.ciales y revisarlas
anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley;
l) Aprobar o modificar en el mes de noviembre de cada año, el programa de
formación judicial y administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios
J.ciales;
m) Emitir los acuerdos y reglamentos inherentes a su objeto y naturaleza;
n) Realizar las entrevistas personales a los aspirantes a cargos de jueces de
paz y primera instancia, auxiliándose del equipo multidisciplinario;
o) Con base en el listado de la Corte de Apelaciones electos por el Congreso
de la República, integrar las S.s correspondientes, asignando a las mismas, a
los magistrados más idóneos, de acuerdo a su especialidad y considerando su
experiencia y méritos. A.smo, deberá realizar el sorteo mediante el cual se
definirá la presidencia de cada S.; y,
p) Las demás que determine la ley.”
“A.culo 8. Secretaría Ejecutiva del Consejo de la C. Judicial.
La Secretaría Ejecutiva del Consejo de la C. J.cial es el órgano técnico
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encargado de ejecutar las decisiones del Consejo de la C. J.cial y
garantizar la efectividad de las mismas. También ejercerá las demás funciones
que establezca el reglamento de esta Ley.
Esta Secretaría estará dirigida por un Secretario Ejecutivo que asiste el desarrollo
de las sesiones ordinarias y extraordinarias, el cual será seleccionado por el
Consejo de la C.era J.cial mediante concurso público por oposición y quien
podrá ser removido por las causas establecidas en el artículo 7 de esta Ley.”
“A.culo 9. Integración de los órganos disciplinarios.
Los órganos de disciplina estarán integrados de la siguiente manera:
a) Juntas de D.na J.cial:
Para el conocimiento de las faltas cometidas por jueces y magistrados se
integrarán las Juntas de D.na J.cial como órganos colegiados de carácter
permanente y administrativo disciplinario, cuyos miembros actuarán con total
independencia, imparcialidad y transparencia. Se integrará con tres titulares y tres
suplentes, mediante el proceso de oposición correspondiente. La duración en el
cargo de los miembros de las Juntas de Disciplina J.cial será por un período de
cinco años, plazo que también regirá para la presidencia y se decidirá por sorteo
público, realizado por el Consejo de la C. J.cial (...)
Para favorecer la descentralización y facilitar el acceso a estos órganos, el
Consejo de la C. Judicial, deberá integrar tantas juntas regionales como las
necesidades y la conveniencia del servicio lo haga necesario, atendiendo a
criterios de carácter geográfico, carga de trabajo, por materia u otros que resulten
convenientes.
b) Junta de D.na J.cial de Apelación:
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Para conocer en segunda instancia de las resoluciones definitivas emitidas por la
Junta de D.na J.cial se integra la Junta de D.na J.cial de Apelación,
como órgano colegiado de carácter permanente y administrativo, cuyos miembros
actuarán con total independencia, imparcialidad y transparencia. Se integrará con
tres titulares y tres suplentes, mediante el proceso de oposición correspondiente.
La duración en el cargo de los miembros de la Junta de D.na J.cial de
Apelación será por un período de cinco años, plazo que también regirá para la
presidencia y se decidirá por sorteo público, realizado por el Consejo de la
C. J.cial (...)
El reglamento de esta Ley desarrollará lo relativo al procedimiento y criterios para
realizar los concursos de oposición para integrar las Juntas de Disciplina J.al
y la Junta de D.na J.cial de Apelación…”
[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]
“A.culo 10. Atribuciones de las Juntas de Disciplina J.cial.
Las Juntas de D.na J.cial tienen las siguientes atribuciones: (...)
c) Llevar un registro estadístico público de faltas y sanciones y remitirlo de
manera semestral al Consejo de la C. J.cial (...)
e) Remitir al Consejo de la Carrera J.cial, para el registro personal de cada
juez y magistrado, las sanciones que les hayan sido impuestas, así como las
recomendaciones de destitución.
[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]
“A.culo 11. S.isión General de T.nales.
La S.isión General de Tribunales estará a cargo de un S.isor General y
se integrará con personal técnico y especializado para realizar las funciones
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siguientes:
a) De prevención: tiene como objetivo identificar las necesidades del servicio
tomando en cuenta aspectos socioculturales del lugar, así como determinar la
existencia de indicios de hechos constitutivos de faltas, mediante la realización de
visitas periódicas que deberán ser practicadas a todos los tribunales, de
conformidad con una planificación anual aprobada por el Consejo de la C.
J.cial (…)
Las necesidades que se identifiquen para la eficiente gestión del despacho judicial
se pondrán en conocimiento del Consejo de la C. J.cial y de la Unidad de
Evaluación del Desempeño (…)
El Consejo de la C. J.cial, para favorecer la descentralización y facilitar el
trabajo de las Juntas de Disciplina regionales, deberá integrar tantas delegaciones
de la Supervisión General de T.nales como las necesidades y la conveniencia
del servicio lo haga necesario, atendiendo a criterios de carácter geográfico, carga
de trabajo, por materia u otros que resulten convenientes.
El S.isor General de T.nales será electo por oposición por el Consejo de
la C. J.cial...”
[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]
“A.culo 12. Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional. (...)
El Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño será electo por
oposición por el Consejo de la C. J.cial…”.
[Parte conducente, según alusión de los postulantes]
“A.culo 13. Escuela de Estudios J.ciales. (…)
El funcionario que esté a cargo de la dirección de la Escuela de Estudios
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J.ciales será electo por oposición por el Consejo de la C. J.cial. (…)
Mediante concurso por oposición convocado por la Escuela de Estudios
J.ciales, los jueces y magistrados podrán ser nombrados por el Consejo de la
C.J. para apoyo como docente-investigador de tiempo completo en la
Escuela de Estudios J.ciales, por períodos que no excedan de seis (6) meses,
en cuyo caso su situación será de licencia.”
[Partes conducentes, según alusión de los postulantes]
“A.culo 79. D..
Se deroga el D.o N.o 41-99 del Congreso de la R.blica, Ley de la
C. J.cial. Quedan derogadas las literales b), d), e), h), i) y m) del artículo
54; las literales a) e i) del artículo 55; el artículo 56; las literales d), e) y f) del
artículo 88; el primer párrafo del artículo 93; y el artículo 100 de la Ley del
O.ismo J.cial, Decreto N.o 2-89 del Congreso de la R.ica de
Guatemala, así como toda disposición que contravenga la presente Ley.
Normativa constitucional que se señala violada
“A.culo 203. Independencia del O.ismo J.cial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la C.itución y las leyes de la
R.ica.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la R.ica y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del O.ismo J.cial, además de
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imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
“A.culo 205. Garanas del O.ismo J.cial.
Se instituyen como garantías del O.ismo J.cial, las siguientes:
a) La independencia funcional (…)
d) La selección del personal”.
“A.culo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar.
Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema
de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y
ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia.”
A.ón expuesta por los accionantes
A.1 La Asociación de Jueces y M.strados del O.ismo J.cial y el Instituto
de M.strados de la Corte de Apelaciones del O.ismo J.cial, atribuyen
inconstitucionalidad a la totalidad de lo preceptuado en la Ley de la C.
.
J. y, en particular, en los Artículos 4 al 6 y 8 al 13 de ese cuerpo legal; por
contravención del Artículo 205, literal a, de la C.itución Política de la R.ica
de Guatemala. Apoyan ese señalamiento en los argumentos siguientes:
a. En el A.culo 205, literal a, de la C.itución Política de la R.ica de
Guatemala se encuentra establecida como una de las garantías del O.ismo
J.cial la independencia funcional, la cual está orientada hacia el ejercicio de
todo lo relacionado con el quehacer administrativo; es decir, aspectos tales como
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el ingreso, permanencia, promoción, traslados, evaluación, régimen disciplinario y
formación de los jueces y magistrados, a fin de asegurar su dignidad, estabilidad,
independencia, imparcialidad y excelencia profesional, en el ejercicio de sus
funciones. Sin embargo, el contenido de la ley cuestionada viola esa garantía
prevista a nivel constitucional, al trasladar esas atribuciones a un ente distinto del
O.ismo J.cial, que es el Consejo de la C. J.cial.
b. Lo dispuesto en el A.culo 4 de la Ley cuestionada vulnera el principio
descrito en la literal precedente, habida cuenta que por su medio se le sustraen al
O.ismo J.cial atribuciones e independencia que constitucionalmente le
corresponden, para concedérselas al Consejo de la C. J.cial; inclusive, en
los Artículos 5, 6 y del 8 al 13 se prevé que entidades propias del O.ismo
J.cial, como la Supervisión General de T.nales y la Escuela de Estudios
J.ciales, pasen a depender del referido Consejo, que no pertenece a ese poder
del Estado.
c. En el A.culo 5 se establece que el Consejo de la C. J.cial deberá
asesorarse de los órganos y unidades técnicas del O.ismo J.cial para
asegurar el enfoque étnico y de género en los procesos de la carrera judicial; sin
embargo, obligar al segundo de los entes mencionados a prestar tal asesoría,
mediante ley ordinaria, atenta contra su independencia funcional, que se
encuentra protegida a nivel constitucional.
Es menester precisar que, aunque en su planteamiento la Asociación de
Jueces y M.strados del O.ismo J.cial y el Instituto de M.strados de la
Corte de Apelaciones del O.ismo J.cial argumentaron por separado lo
relativo a la supuesta inconstitucionalidad de carácter total y a la endilgada a las
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disposiciones citadas en particular, al cotejar las alegaciones expresadas en
ambos apartados se colige que coinciden sustancialmente, por lo que se
abordarán conjuntamente en el presente fallo.
A.2 F..C..o..M. estima inconstitucional lo preceptuado en los
A.culos 6, literales b, c y o, y 79 del mismo cuerpo legal; por contravención de
los A.culos 203, 205, literal d, y 209 de la C.itución Política de la R.ica
de Guatemala. Apoya ese señalamiento en los argumentos siguientes:
a. Parte de la independencia funcional del Organismo J.cial radica en que
este, a través de sus máximas autoridades, pueda nombrar y remover al personal
de ese O.ismo, incluyendo funcionarios y empleados, tanto del área
administrativa como del área jurisdiccional. Sin embargo, en el A.culo 6, literales
b y c, se asigna al Consejo de la C. J.cial la facultad de nombrar y
remover a: los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de D.J.icial
y de la Junta de D.na J.cial de Apelación, al Director de la Escuela de
Estudios J.ciales, al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera J.cial, al
S.isor General de T.nales y al Coordinador de la Unidad de Evaluación
del Desempeño Profesional; así como los demás cargos de dirección de estas
unidades. Esto hace que el Consejo de la C.era J.cial usurpe funciones que
competen exclusivamente al P.dente del O.ismo J.cial y a la Corte
Suprema de Justicia, ocasionando con ello infracción de la independencia
establecida en los A.culos 203, 205, literal d, y 209 constitucionales.
b. En el A.culo 6, literal o, se atribuye al Consejo de la C. Judicial la
función de integrar las S.s de la Corte de Apelaciones, lo cual también supone
usurpación de la garana de selección de personal, que la Constitución Política
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de la R.ica de Guatemala concede al O.ismo J.cial; porque es la Corte
Suprema de Justicia la encargada de hacer esa integración.
c. El Consejo de la C. J.cial fue instaurado en la anterior Ley de la
C. J.cial, D.o 41-99 del Congreso de la R.ica, con el propósito de
capacitar y evaluar a los jueces y magistrados, así como tener control sobre su
formación y desarrollo; pero en la nueva Ley de la C. J.cial se concibe al
Consejo mencionado como independiente y paralelo al O.ismo J.cial, con la
intención de mermar las funciones constitucionalmente encomendadas a ese
O.ismo de Estado.
d. Las derogatorias dispuestas en el A.culo 79 respecto de preceptos de la
Ley del O.ismo J.cial, suprimen todas las funciones administrativas que en
ese cuerpo legal aparecían asignadas a la Corte Suprema de Justicia y al
P.dente del O.ismo J.cial, con lo cual se impide a esos funcionarios
ejercer las atribuciones que les corresponden por mandato constitucional. Esto
viola el A.culo 203 de la Ley Fundamental, el cual regula que los magistrados
son independientes en el ejercicio de sus labores, sin hacer distinción si estas son
jurisdiccionales o administrativas.
e. Las derogatorias indicadas conllevan suprimir a la Corte Suprema de
Justicia la atribución de nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder
licencias, sancionar y remover a los jueces, secretarios y personal auxiliar de los
tribunales; además, le sustraen las funciones de supervisión e imposición de
sanciones. Esto tiene la finalidad de propiciar que el Consejo de la C.
J.cial usurpe el poder de mando, el poder de vigilancia, el poder disciplinario y
el poder de dirimir competencias, que corresponden al O.ismo J.cial, al
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tenor de los A.culos 205 y 209 constitucionales.
Con las tesis relacionadas manifestaron concordar el O.ismo J.cial y
la Corte Suprema de Justicia, mientras que el Ministerio Público y el Congreso de
la R.ica disienten de ellas.
Análisis del planteamiento
Como cuestión de previo conocimiento es menester puntualizar que, si bien
el A.culo 5 de la Ley de la C. J.cial vigente fue reformado por el A.culo
1 del D.o 17-2017 del Congreso de la R.ica; ello no supuso alteración en
cuanto concierne al contenido que reviste relevancia para el tema que motiva este
apartado. De esa cuenta, en congruencia con lo asentado en el considerando
segundo de este fallo, se le incluirá junto al resto de disposiciones cuestionadas
citadas, como parte de la materia de estudio.
Para establecer si con los preceptos ordinarios citados en este apartado se
produce o no la transgresión a la independencia del Organismo J.cial y sus
garantías, es necesario iniciar por escudriñar la naturaleza, fines y alcances de la
independencia judicial, en el marco general de la administración de justicia.
La función jurisdiccional, servicio público esencial, representa el canal
oficial mediante el cual las personas pueden dirimir, dentro de procedimientos
heterocompositivos establecidos con antelación y ante terceros letrados e
imparciales, las controversias con relevancia jurídica que surgen de la dinámica
social, a fin de determinar técnicamente los derechos y obligaciones que
corresponden a cada litigante; con la garantía de que esa decisión será
respaldada por el ius imperium en su ejecución. Erige al Derecho en salvaguarda
institucionalizada frente a la arbitrariedad o cualesquiera desvaríos de la voluntad
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unilateral de gobernantes y gobernados, irradiando un efecto ordenador y
pacificador que resulta imprescindible para el desarrollo civilizado de las
relaciones humanas. Conviene resaltar que, gestada originalmente en el esquema
liberal-clásico de distribución de atribuciones para el ejercicio equilibrado del
poder público, se encuentra en ascenso su valor dentro del modelo de Estado
C.itucional y Democrático contemporáneo, para garantizar a los habitantes la
protección eficaz de sus derechos [Opinión consultiva de nueve de enero de dos
mil diecisiete, emitida por esta Corte en expediente 5911-2016].
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en el
papel preponderante que, en general, juegan los jueces de los Estados parte de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en la auténtica vigencia de
estos dentro de sus territorios: “los tribunales, como mecanismo principal para
interpretar y aplicar la ley, desempeñan una función fundamental para asegurar la
efectividad de todos los derechos y libertades protegidos. Las deficiencias del
sistema judicial y de la administración de justicia reducen la posibilidad del
individuo de tener acceso a la justicia en todas las esferas de la vida [Informe
sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, 1997]. En la misma
nea, la Relatora E.al sobre la independencia de magistrados y abogados
puntualizó que las N.nes Unidas han reconocido que los poderes judiciales
son de importancia decisiva para la cabal realización de los derechos humanos
sin discriminación alguna y resultan indispensables en los procesos de
democratización y desarrollo sostenible [Informe de la Relatora E.al sobre la
independencia de magistrados y abogados, G.K., sobre la Consulta
subregional respecto de la independencia del Poder Judicial en América Central
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(2013)].
Sobre la creciente y vital incidencia de la actividad judicial en el adecuado
desenvolvimiento de las sociedades actuales destacó acertadamente el Ex
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, D..V.
.
R.os: “En un panorama de incertidumbre causado por la polarización de las
fuerzas políticas, lo mismo que en un ambiente de relaciones políticas en
equilibrio, los órganos de impartición de justicia juegan un papel medular: se
mantienen como un referente que ofrece una garantía de imparcialidad a los
agentes políticos y a la sociedad (…) El orden constitucional contiene los
derechos fundamentales y sus garantías, pero a su vez requiere de garantías
para mismo. Esto solo se consigue con una judicatura seria, sobria,
responsable y eficaz. Es por eso que tanto en el tránsito hacia la consolidación
democrática, cuanto en la plenitud democrática, la judicatura es la institución
axial. No existe una sola democracia constitucional en la que falte una judicatura
que estabilice las relaciones sociales y de poder, que permita procesar las
tensiones y absorber los conflictos normales en toda sociedad política. Las
sospechas de parcialidad, sometimiento o conductas equívocas de la judicatura
afectan la vida institucional en su conjunto, mientras que aun en condiciones
políticas o económicas adversas, la presencia de una judicatura respetable
representa un factor de confianza.” [“Los consejos de la judicatura: Desarrollo
institucional y cambio cultural”. En: Carbonell, Miguel (Coordinador). Retos y
perspectivas de la procuración de justicia en M.ico (2004)].
Para que los jueces y magistrados cumplan cabalmente con los deberes de
proveer tutela judicial efectiva a la ciudadanía y de, en general, erigirse en árbitros
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ecuánimes, respetados y confiables de las controversias suscitadas en las
relaciones sociales y de poder, es menester garantizar, como presupuesto
esencial, la independencia judicial. La expectativa de juicios imparciales y
objetivos solo resulta razonablemente realizable cuando su responsabilidad recae
en órganos jurisdiccionales que actúen y decidan sin otra motivación que observar
los fines, métodos y parámetros preestablecidos para la solución de los casos en
la C.itución y las leyes de la R.ica.
La garantía de la independencia de los titulares de la judicatura se
encuentra sujeta a la concurrencia de determinadas condiciones, de diversa
índole. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo explica en los
términos siguientes, al precisar las implicaciones del A.culo 8, numeral, 1, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos: El artículo 8.1 reconoce que
‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída [...] por un juez o tribunal [...]
independiente’. Los términos en que está redactado este artículo indican que el
sujeto del derecho es el justiciable, la persona situada frente al juez que resolverá
la causa que se le ha sometido. De ese derecho surgen dos obligaciones. La
primera del juez y la segunda del Estado. El juez tiene el deber de ser
independiente, deber que cumple cuando juzga únicamente conforme a -y movido
por- el Derecho. Por su parte, el Estado tiene el deber de respetar y garantizar,
conforme al artículo 1.1 de la C.ón, el derecho a ser juzgado por un juez
independiente. El deber de respeto consiste en la obligación negativa de las
autoridades públicas de abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder
J.cial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez
específico. El deber de garantía consiste en prevenir dichas injerencias e
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investigar y sancionar a quienes las cometan. Además, el deber de prevención
consiste en la adopción, conforme al artículo 2 de la C.ón, de un apropiado
marco normativo …” [Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Sentencia de 30 de
junio de 2009 (Excepción P.ar, Fondo, R. y Costas)].
R.ando de forma concatenada las nociones desarrolladas en
párrafos precedentes, se establece que, en virtud que para atender en plenitud el
llamado a jugar un papel trascendente en la protección de los principios y
derechos fundamentales en sociedades democráticas, es imprescindible que el
poder judicial esté revestido de auténtica independencia; resu