Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 1881-2026), 02-07-2026

• Emisor: Corte Constitucional (Guatemala)
• Ponente: Norma Idalmi Alvarado Reyes de Obregón
• Sentido del fallo: Con Lugar -Tutelaridad de las leyes de trabajo
• Número de expediente: 1881-2026
• Fecha: 02 Julio 2026
• Fecha de publicación: 14 Julio 2026
• Categoría: administración pública
• Tipo de Recurso: Apelación de Sentencia de Amparo
• Tribunal de Origen: Juzgados de Primera Instancia Civil -Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala

Expediente 1881-2026

Página 1 de 30

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

EXPEDIENTE 1881-2026

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: G.a, dos de julio de dos mil

veintiséis.

En apelación y con su antecedente, se examina la sentencia de veintisiete

de enero de dos mil veintiséis, dictada por el Juez Tercero Pluripersonal de

Primera Instancia Civil del departamento de G.a, constituido en Tribunal de

A., en la acción constitucional de amparo promovida por Norma I.

.

A.R. de O.ón contra Banco de los Trabajadores. La postulante

actuó con el auxilio de la abogada M.M.G.H.. Es ponente

en el presente caso el Magistrado Vocal II, R...M.B., quien expresa

el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) S.ud y autoridad: presentado el cuatro de noviembre de dos mil

veinticinco en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en

materia Civil, Económico Coactivo y Contencioso Administrativo y,

posteriormente, remitido al Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia

Civil del departamento de Guatemala. B) Acto reclamado: el descuento mensual

que el Banco de los Trabajadores -autoridad cuestionada- efectúa desde el inicio

de la relación crediticia a su salario mensual, que recibe en el puesto de asesor

profesional especializado IV, mismo que asciende a la cantidad de diecisiete mil

novecientos cincuenta y seis quetzales con diecinueve centavos (Q17,956.19)

descuento cuyos valores han variado. C) Violaciones que se denuncian: al

derecho al mínimo vital, vida digna, así como el principio de inembargabilidad del

salario. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por la postulante, del

Expediente 1881-2026

Página 2 de 30

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

análisis de las actuaciones y de lo que se describe en la sentencia apelada, se

resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) N.I.A.R.

de O.n -accionante- labora para el Ministerio de Educación, ocupando el

cargo de asesor profesional especializado IV, percibiendo el salario mensual de

diecisiete mil novecientos cincuenta y seis quetzales con diecinueve centavos

(Q17,956.19) el cual es depositado en la cuenta de depósitos monetarios del

Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, identificada con el número tres mil

doscientos sesenta y cuatro millones veintitrés mil dieciocho (3264023018); b)

afirma la postulante que desde noviembre de dos mil veintitrés Banco de los

Trabajadores le realiza descuentos a su salario mensual aproximadamente por la

cantidad de cinco mil ochocientos cincuenta y uno quetzales con cincuenta y dos

centavos (Q5,851.52), descuentos que en los años dos mil veinticuatro y dos mil

veinticinco variaron a la cantidad de nueve mil ciento treinta y nueve quetzales

con veintiuno centavos (Q9,139.21) los cuales son mayores al porcentaje legal

establecido, y c) por lo que acudió en amparo contra la institución bancaria

aludida, señalando como -acto reclamado el descuento mensual que el Banco de

los Trabajadores -autoridad cuestionada- efectúa desde el inicio de la relación

crediticia a su salario mensual, que recibe en el puesto de asesor profesional

especializado IV, mismo que asciende a la cantidad de diecisiete mil novecientos

cincuenta y seis quetzales con diecinueve centavos (Q17,956.19) descuento

cuyos valores han variado. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado:

la solicitante estima vulnerados sus derechos y principios jurídicos enunciados, en

virtud que: i) sin resolución judicial y de forma ilegal, descuenta mensualmente

más del veinticinco por ciento de su salario conforme el artículo 18 de la Ley de

S.os de la Administración Pública, arriesgando así su mínimo vital que el