Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 692-2026), 02-07-2026

• Emisor: Corte Constitucional (Guatemala)
• Ponente: Estado de Guatemala
• Sentido del fallo: Sin Lugar -Ausencia de agravio
• Número de expediente: 692-2026
• Fecha: 02 Julio 2026
• Fecha de publicación: 14 Julio 2026
• Categoría: Contratación pública
• Tipo de Recurso: Apelación de Sentencia de Amparo
• Tribunal de Origen: Corte Suprema de Justicia -Cámara de Amparo y Antejuicio

Expediente 692-2026

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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

EXPEDIENTE 692-2026

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, dos de julio de dos mil

veintiséis.

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de ocho de

enero de dos mil veintiséis, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de

A. y A., en la acción constitucional de amparo promovida por el

Estado de Guatemala, por medio del abogado de la Procuraduría General de la

Nación, K.R.berto A.T., contra la Sala Quinta de la Corte de

Apelaciones de Trabajo y P.isión Social. El postulante actuó con el patrocinio

del abogado que lo representa, quién posteriormente fue sustituido por el

abogado B.V.G.. Es ponente en el presente caso el Magistrado

Vocal II, R.M.B., quien expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) Solicitud y autoridad: presentado el veinticinco de octubre de dos mil

veintitrés ante la Sección de Amparo de la Corte Suprema de Justicia. B) Acto

reclamado: auto de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Sala

cuestionada, que confirmó el emitido por el Juzgado Décimo Tercero de Primera

Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, que

declaró con lugar las diligencias de reinstalación que M.A.A.varado

A. promovió contra el Estado de Guatemala (autoridad nominadora: M.o

de Agricultura, Ganadería y Alimentación). C) Violaciones que denuncia: al

derecho de defensa; así como a los principios de tutelaridad, legalidad y debido

proceso. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante y

del estudio de los antecedentes se resume: D.1) Producción del acto

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reclamado: a) en el Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del

departamento de Guatemala, María A.A.A. promovió

diligencias de reinstalación en contra del Estado de Guatemala (autoridad

nominadora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación), manifestando

haber sido despedida de manera directa e ilegal, del puesto que ocupó cómo

“Apoyo”, para el desarrollo del Hogar Rural en sede departamental de Baja

Verapaz del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por el periodo

del uno de febrero de dos mil dieciocho al uno de abril de dos mil veinte, habiendo

percibido un salario de seis mil quetzales (Q.6,000.00), con cargo a la renglón

presupuestario cero veintinueve (029), sin que la autoridad nominadora contara

con autorización judicial para el efecto, pese a que se encontraba emplazado

como consecuencia del planteamiento de un conflicto colectivo de carácter

económico social; b) el Juzgado mencionado, declaró con lugar las diligencias

relacionadas y, como consecuencia, ordenó reinstalar a la incidentante en el

mismo puesto de trabajo, y condenó al pago de salarios y demás prestaciones

dejadas de percibir, imponiéndole además multa de diez salarios mínimos

vigentes; y c) inconforme con la decisión anterior, el Estado de Guatemala y la

autoridad nominadora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,

apelaron, elevándose las actuaciones a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones

de Trabajo y Previsión Social -autoridad cuestionada- la que al emitir el auto de

doce de enero de dos mil veintitrés -acto reclamado- confirmó la resolución de

primera instancia. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: expresa

el postulante que la Sala cuestionada al emitir la resolución cuestionada le

produjo agravio, porque: a) no tomó en consideración que la incidentante

suscribió contratos de servicios profesionales vinculados al renglón

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presupuestario cero veintinueve (029), por lo que no fue trabajadora ni servidora

público, ya que estos contratos estuvieron sujetos al ámbito administrativo, y que

el plazo del último contrato acaeció; b) no valoró que los presupuestos

establecidos en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, no pueden

aplicarse al presente caso, ya que e la actora era contratista del Estado y no

servidora pública, porque los contratos estuvieron sustentados en la Ley de

Contrataciones del Estado y su R.mento, por lo que no existió destitución, así

como también consta que la incidentante aceptó las consecuencias del contrato

administrativo de servicios técnicos, por lo que de mala fe pretende reclamar el

pago de salarios dejados de percibir, cuando lo que percibió fue honorarios; c) es

improcedente que, con fundamento en el Código de Trabajo, se pretenda legislar

lo que respecta a las formas de contratación y las formas de ingreso al servicio

por oposición que establece la Ley de Servicio Civil; d) no consideró que existe

imposibilidad material para dar cumplimiento a la resolución cuestionada, toda vez

que no existe puesto en el cual pueda ser reinstalada, toda vez que las partidas

asignadas a los renglones presupuestarios 029, 182, 189 tienen vigencia de un

años, por lo que autorizar una contratación puede acarrear consecuencias para la

persona quien lo autorice; e) el Estado de Guatemala, no reconoce el pago de

salarios que no sea hayan devengado, esto de conformidad con lo que establece

la Ley de Salarios de la Administración Pública; f) el auto emitido es incongruente

con los hechos y fundamentos legales, por lo que carece de motivación y

fundamentación. D.3) P.ón: solicitó que se otorgue el amparo y, como

consecuencia, se deje en suspenso el acto reclamado, se ordene a la autoridad

cuestionada emita la resolución que en Derecho corresponde y no se haga

especial pronunciamiento en cuánto a la imposición de la multa. E) Uso de