Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 8295-2025), 12-02-2026

• Emisor: Corte Constitucional (Guatemala)
• Ponente: Banco Agromercantil de Guatemala, Sociedad Anónima
• Sentido del fallo: Sin Lugar -Ausencia de agravio
• Número de expediente: 8295-2025
• Fecha: 12 Febrero 2026
• Fecha de publicación: 23 Febrero 2026
• Categoría: derecho de acción
• Tipo de Recurso: Apelación de Sentencia de Amparo
• Tribunal de Origen: Juzgados de Primera Instancia Civil

Expediente 8295-2025

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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

EXPEDIENTE 8295-2025

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: G.a, doce de febrero de dos mil

veintiséis.

En apelación y con su antecedente, se examina la sentencia de veintiocho

octubre del dos mil veinticinco, dictada por el Juzgado Décimo Segundo

Pluripersonal de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala,

constituido en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de amparo

promovida por Banco Agromercantil de G.a, Sociedad Anónima, por medio

de su Mandatario Especial Judicial con R.entación, A..d.S.M.,

contra la Juez Séptimo de Paz Civil del departamento de G.a. La postulante

actuó con el patrocinio del abogado L.P.C.O.. Es ponente

en el presente caso la Magistrada Vocal II, D.J.na O.E., quien

expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) S.citud y autoridad: presentado cuatro de octubre del dos mil veinticinco en

el Juzgado de Paz Penal de Faltas de T.no del municipio y departamento de

G.a y, posteriormente, remitido al Juzgado Décimo Segundo Pluripersonal

de Primera Instancia Civil del departamento de G.a. B) Acto reclamado:

resolución de tres de septiembre de dos mil veinticinco, por la que la Juez Séptimo

de Paz Civil del departamento de G.a –autoridad denunciada–, declaró sin

lugar la revocatoria interpuesta por Banco Agromercantil de Guatemala, S.edad

Anónima, –accionante– contra la disposición que admitió para su trámite el

incidente de honorarios profesionales generados dentro del juicio ejecutivo

promovido por el amparista. A.ones contenidas dentro del juicio ejecutivo de

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acción cambiaria que Banco Agromercantil de G.a, S.edad Anónima

promovió contra L.A.R..m.G.. C) Violaciones que se denuncia: a

los principios jurídicos de tutela judicial efectiva, seguridad y certeza jurídica. D)

Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por la postulante, del análisis de

las actuaciones y de lo que se describe en la sentencia apelada, se resume: D.1)

Producción del acto reclamado: a) ante la Juez Séptimo de Paz Civil del

departamento de G.a –autoridad denunciada–, Banco Agromercantil de

G.a, S.edad Anónima –ahora amparista–, por medio de sus Mandatarios

Especiales Judiciales con R.entación, abogados C.H..m.R.

.

C. y J.C.P.R., promovió juicio ejecutivo de acción cambiaria

contra L.A.R.G., reclamando el incumplimiento de un pagaré,

por la cantidad de ocho mil novecientos quetzales (Q.8900.00), de esa cuenta,

dicha demanda fue admitida para su trámite, en la que, entre otros aspectos, se

decretaron medidas precautorias; posteriormente, la referida entidad bancaria,

revocó el poder otorgado a las referidas personas, sustituyéndolos únicamente

como abogados auxiliantes; sin embargo, no les fueron cancelados sus honorarios

profesionales correspondientes al tenor del Arancel de Abogados, Árbitros,

P., M.J.diciales, Expertos, I.entores y D.rios,

Decreto 111-96 del Congreso de la República; b) derivado de ello, ante la Juez

descrita [en la literal a) de este relato] C.H.R.C.llo y J.C.

.

P.R. [quienes unificaron personería en el primero de los mencionado]

promovieron incidente de honorarios profesionales generados dentro del juicio

ejecutivo mencionado contra Banco Agromercantil de G.a, S.edad

Anónima –accionante–. Dicha solicitud fue admitida para su trámite en la vía

incidental, en la que, entre otros puntos, le confirió audiencia por el plazo de dos

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.

.

.

.

.

R.C. no acompañaron los documentos que establecieran la relación

jurídica entre ellos y el Banco Agromercantil de G.a, S.edad Anónima:

respecto de lo cual se debe advertir que, conforme a la norma adjetiva civil, se ha

establecido la forma en que los órganos jurisdiccionales han de conocer, tramitar y

resolver los asuntos puestos de su conocimiento, estableciéndose del análisis del

auto que constituye el acto reclamado, que la juez de paz, al resolver la revocatoria

instada, cumplió con describir el análisis realizado de la demanda, ya que el órgano

jurisdiccional, está limitado a verificar los requisitos con los que debe cumplir y que

están especificados en el artículo 61 así también en los artículos 106 y 107 del

Código Procesal Civil y M.. Aunque la entidad amparista, en ésta jurisdicción

constitucional, señala que se infringió lo dispuesto en el artículo 107 de la norma

antes descrita; del análisis de sus alegaciones, se concluye que las mismas versan

sobre aspectos de tipo fáctico, que deben ser analizados y dilucidados en la etapa

procesal correspondiente, tal y como lo consideró la autoridad recurrida al resolver

(…). 3) Por virtud de lo anterior (…) establece que lo alegado por la entidad

postulante, deviene totalmente improcedente y consecuencia de ello, ausencia de

agravio reparable por medio de la presente garantía constitucional, esto en virtud

que lo resuelto por la Juez del Juzgado Séptimo de Paz Civil de G.a, lo hizo

dentro de las facultades otorgadas en el artículo 203 y 204 de la Constitución

Política de la República de G.a, en observancia de los derechos y garantías

que le asisten a las partes, sin que ello, haya ocasionado el agravio señalado por

la entidad amparista, en consecuencia al ser el agravio un elemento esencial para

la procedencia del amparo, es totalmente inadmisible acceder a la protección

constitucional solicitada en este caso.

En ese orden de ideas deviene procedente denegar, la presente acción de acción

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constitucional, por no existir vulneración de los derechos de seguridad y certeza

jurídica, así como a la tutela judicial efectiva de la entidad postulante, debiéndose

hacer las demás declaraciones que en derecho corresponden.

(…) Este Órgano Jurisdiccional constituido en Tribunal Extraordinario de A.,

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de A., Exhibición

Personal y de C.dad que establece (…). En el presente caso, este

Tribunal Constitucional, considera que no existe sujeto legitimado para su cobro,

en razón de lo cual, no se procedente condenar en costas a la entidad postulante.-

‘Multas. Cuando el tribunal estime, razonándolo debidamente que el amparo

interpuesto es frívolo o notoriamente improcedente, además de condenar en las

costas, sancionará con multa de cincuenta a mil quetzales, según sea la gravedad

del caso, al abogado que lo patrocine.’ En el caso concreto, ante la improcedencia

de la presente acción constitucional de amparo, se estima pertinente imponer multa

de mil quetzales (Q.1, 000.00) al abogado L.P...

.

C.O., colegiado número veintinueve mil ciento veintiuno (29,121),

responsable de la juridicidad de su planteamiento…”. Y resolvió “…I) Deniega la

acción constitucional de amparo promovida por Banco Agromercantil de

G.a, S.edad Anónima, a través de su Mandatario Especial Judicial con

R.entación A.S..a.M., en contra del Juzgado Séptimo de Paz

Civil de G.a, por las razones consideradas. II) No se condena al pago de las

costas procesales causadas, por lo considerado, III) Se impone multa de mil

quetzales (Q.1,000.00) al abogado L.P.C.O.ón, colegiado

número veintinueve mil ciento veintiuno (29,121), la cual deberá hacer efectiva

dentro de los cinco días siguientes a partir que el presente fallo quede firme, en

caso de incumplimiento su cobro se hará por la vía legal correspondiente …”.

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III. APELACIÓN

Banco Agromercantil de G.a, S.edad Anónima –amparista–, apeló el

fallo proferido por el Tribunal a quo, reiterando los agravios que hizo valer en su

escrito inicial de amparo. Agregó que: i) la sentencia mencionada incurre en una

tergiversación sustancial al principio pro actione y del derecho de acción al sostener

que, al no admitir un planteamiento –por carecer de los requisitos mínimos para su

procedencia– equivaldría a restringir el acceso a la justicia, conforme a ello, el a

quo dirimió que la autoridad objetada actuó correctamente al admitir para su trámite

el incidente de liquidación de honorarios, aun cuando no se configuró ninguna de

los supuestos que permiten su procedibilidad, por lo que dicha interpretación resulta

errada; ii) el razonamiento del referido Tribunal convierte el principio pro actione

como una vía para tramitar cualquier solicitud; a pesar de que carezca de los

elementos esenciales que la ley exige, dicha postura desnaturaliza el principio

mencionado; iii) esta Corte, ha establecido doctrinariamente que el referido

principio no faculta a los jueces para dispensar el cumplimiento de los requisitos

legales, sino que lo obliga a interpretarlo, bajo un criterio razonable, a favor del

acceso a la jurisdicción ordinaria, dentro del marco de la ley, pero cuando la

solicitud incumple la jurisprudencia obligatoria, la admisión deja de ser una garantía

y se convierte en arbitrariedad, en ese contexto, el a quo en lugar de aplicar dicho

criterio, interpretó que el rechazo del incidente habría limitado el derecho de acción

de los incidentantes, con ello sustituyó lo establecido por esta Corte; iv) incurre en

error al afirmar que las alegaciones versan sobre aspectos de tipo fáctico que deben

ser analizados y dilucidados en la etapa procesal correspondiente, pero dicho

razonamiento elude que lo planteado no se refiere al fondo del incidente, sino a un

vicio formal procesal que afecta la validez del trámite, ya que el incidente fue

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promovido sin acompañar los documentos esenciales en que se funda el derecho

invocado, infringiendo lo dispuesto en los artículos 107, 108 y 109 del Código

Procesal Civil y M., y v) se incurre en contradicción al fundamentar su

decisión en el fallo de ocho de febrero del dos mil veintitrés, emitido dentro del

expediente 6079-2022 de este Tribunal, el que no aplica al caso objeto de estudio,

por el contrario, en la sentencia de treinta y uno de julio del dos mil veinticuatro,

dictada dentro del expediente 7482-2024 esta Corte, sostuvo que la omisión de los

documentos esenciales no constituye un defecto subsanable, sino un vicio

estructural que justifica el rechazo de plano del escrito, por carecer de los requisitos

mínimos de claridad y precisión, como lo prevé la ley adjetiva civil, por lo que ese

precedente, prevalece sobre el citado por el Tribunal de primer grado, toda vez que

refleja una posición de esta Corte, en control de admisibilidad procesal,

“estableciendo que la falta de documentos esenciales impide dar curso al trámite”

y no puede ser tratada como una mera cuestión de hecho o valoración probatoria,

como erróneamente concluyó el a quo.

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

A) La accionante reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de amparo.

Enfatizó que: a) la autoridad reprochada admitió para su trámite un incidente de

liquidación de honorarios sin que se configure ninguno de los supuestos, de

acuerdo al criterio establecido por esta Corte, relativo a la procedencia: “ (i)

sustitución del abogado auxiliante, (ii) renuncia del mismo o (iii) finalización del

proceso principal, de esa cuenta, al resolver en la forma en la que lo hizo se apartó

de dicho sustento, de ahí que la citada autoridad actuó en contradicción a dicho

precedente y generó incertidumbre respecto de sus obligaciones; b) le causa

agravio que se mantenga el trámite de un incidente que carecía de los documentos

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esenciales exigidos por la ley procesal para su admisión, ello porque los

incidentantes no acompañaron ni individualizaron prueba alguna que acredite la

existencia del vínculo contractual, por ende, esta omisión debía producir el rechazo

liminar del planteamiento, al tenor de los artículos 107 y 109 del Código Procesal

Civil y M. y el precedente dictado en el expediente 7482-2024, que califica la

falta de documentos esenciales, como un vicio estructural insubsanable, pese a

ello, la autoridad increpada, convalidó la deficiencia y permitió la prosecución de un

trámite improcedente, y c) omitió pronunciarse sobre los aspectos torales, como la

consecuencia jurídica de no acompañar los documentos esenciales o la existencia

de contratos y ordenes de servicio vigentes con sus proveedores, dicha omisión,

vulnera el deber de motivación, congruencia y exhaustividad que esta Corte

jurisprudencialmente a determinado, para ello citó los expediente 890-2024, 4136-

2016 y 4227-2016, que exige que toda resolución judicial sea debidamente

razonada y fundada en Derecho. S.citó que se declare con lugar la apelación, se

revoque la sentencia de primer grado y, consecuentemente, se le otorgue la

protección constitucional instada. B) C.H.R.C. [en quien

se unificó personería] –tercero interesado–, argumentó que, i) carece de asidero

legal lo indicado por la postulante, al afirmar que la autoridad cuestionada omitió

resolver los argumentos esgrimidos al dictar la resolución objetada, por lo contrario

lo resuelto por la citada autoridad se encuentra ajustado a Derecho; ii) la postulante

señaló que los promovientes del incidente de liquidación de costas de honorarios

no acompañaron los documentos mediante el cual acredita la relación jurídica entre

la entidad postulante y los incidentantes; sin embargo, conforme a la normativa

adjetiva civil, rige la forma en que los órganos jurisdiccionales han de conocer,

tramitar y resolver los asuntos puestos a su conocimiento, determinándose que del

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estudio del acto reclamado, la juez increpada, al resolver la revocatoria planteada,

cumplió con analizar el escrito de la demanda, ello porque dicho órgano

jurisdiccional, se encuentra limitado a verificar únicamente los requisitos con los

que debe cumplir la demanda, tales como los artículos 61, 106 y 107 del Código

Procesal Civil y M., en ese contexto, la autoridad increpada actuó conforme

a las facultades otorgadas en los artículos 203 y 204 constitucionales, en

observancia de los derechos y garantías que le asisten a los sujetos procesales,

sin que ello, haya ocasionado el agravio denunciado por la accionante, en

consecuencia al ser el agravio un elemento esencial para la procedencia del

amparo, deviene improcedente la protección constitucional intentada, al no existir

vulneración alguna a los derechos invocados por la entidad amparista, y iii) requirió

que se le condene en costas procesales a la peticionaria del amparo, al advertirse

que es una táctica dilatoria para retrasar maliciosamente el incidente que promovió

contra la amparista, para no pagarles a los abogados demandantes, a quienes se

les ha causado daños y perjuicios. S.citó que se declare sin lugar la impugnación

y, consecuentemente, se confirme la denegatoria del amparo requerido. C) El

Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales,

A. y Exhibición Personal, manifestó que, comparte el criterio sustentado

por el a quo, en cuanto a la denegatoria del amparo instado, al advertir que, la

autoridad cuestionada dictó una resolución con un criterio valorativo basado en el

ordenamiento jurídico vigente y atinente al caso concreto, de esa cuenta la decisión

asumida se encuentra ajustada de Derecho a las constancias procesales y en el

legítimo ejercicio de la función jurisdiccional al tenor del artículo 203 constitucional,

por ende, no existe vulneración a los principios jurídicos denunciados por la

accionante ni agravios que reparar por esta vía. S.citó que se declare sin lugar la

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apelación y, consecuentemente, se confirme de la sentencia de primer grado del

amparo.

CONSIDERANDO

-I-

No produce agravio la autoridad que de forma razonada de conformidad con

las constancias en autos y en el uso de sus facultades, declara sin lugar la

revocatoria planteada, al ejercer la labor de calificar la admisión de una demanda y

establecer su viabilidad.

-II-

Banco Agromercantil, S.edad Anónima, acude en amparo contra la Juez

Séptimo de Paz Civil del departamento de G.a, señalando como agraviante

la resolución de tres de septiembre del dos mil veinticinco, que declaró sin lugar la

revocatoria instada contra la disposición que admitió para su trámite el incidente de

honorarios profesionales, que C.H..b.R.C. y J. Carlos P.

.

R. promovieron contra la referida amparista. A.ones contenidas dentro

del juicio ejecutivo de acción cambiaria que Banco Agromercantil de G.a,

S.edad Anónima promovió contra L.A.R.G..

El Tribunal de A. de primer grado denegó, por falta de agravio, la

protección constitucional instada. Tal decisión fue apelada por la amparista con los

argumentos de hecho y de Derecho que constan en el apartado respectivo del

presente fallo, circunstancia que viabiliza el conocimiento en alzada por parte de

esta Corte.

-III-

Con el objeto de situar en su debido contexto la ratio decidendi en el presente

asunto, esta Corte, del análisis de las actuaciones, advierte los siguientes puntos

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relevantes:

A) Banco Agromercantil de Guatemala, S.edad Anónima, –ahora

amparista–, por medio de sus Mandatarios Especiales Judiciales con

R.entación, abogados Carlos H.R.C. y J.C.P.

.

R., promovió juicio ejecutivo de acción cambiaria contra L.A.R..e.

.

G., reclamando el incumplimiento de un pagaré, por la cantidad de ocho mil

novecientos quetzales (Q.8900.00), de esa cuenta, dicha demanda fue admitida

para su trámite, en la que, entre otros aspectos, se decretaron medidas

precautorias; posteriormente, la entidad bancaria aludida, revocó el mandato

otorgado a las personas mencionadas, sustituyéndolos únicamente como

abogados auxiliantes; sin embargo, no les fueron cancelados sus honorarios

profesionales correspondientes al tenor del Arancel de Abogados, Árbitros,

P., M.J.diciales, Expertos, I.entores y D.rios,

Decreto 111-96 del Congreso de la República.

B) Derivado de ello, ante la Juez descrita [en la literal a) de este relato] C...

.

H.R.C. y J.C.os P.R. [quienes unificaron personería

en el primero de los mencionado] promovieron el incidente de liquidación de

honorarios profesionales generados dentro del juicio ejecutivo contra Banco

Agromercantil de G.a, S.edad Anónima –accionante–. Argumentando en

dicho planteamiento que, en su calidad de Mandatarios Especiales Judiciales con

R.entación de la entidad amparista, promovieron juicio ejecutivo de acción

cambiaria, por lo que dicha demanda fue admitida para su trámite; no obstante, les

fue revocado el Mandato aludido y fueron sustituidos como abogados auxiliantes,

pese a ello la entidad accionante, no cumplió con cancelar sus honorarios

profesionales al tenor del artículo 8 Decreto 111-96 del Congreso de la República

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de G.a, con base a lo anterior, presentaron el proyecto de liquidación

referida que asciende a la cantidad de dos mil setenta y siete quetzales con

cincuenta centavos (Q.2077.50).

C) En virtud de lo anterior, dicha petición fue admitida para su trámite,

mediante decisión de veintisiete de agosto del dos mil veinticinco, en la que

dispuso: “…se toma nota que a partir de la presente fecha unifican su personería,

en el doctor C.H.R..i.C.; (…) V) se tiene por presentada y se

admite para su trámite en la vía incidental la liquidación de honorarios profesionales

planteada por los abogados C.H.umberto R.C. y J. Carlos P.

.

R., la cual deberá tramitarse en cuenta separada; VI) de la liquidación de

honorarios profesionales se da audiencia por el plazo de dos días a la entidad

Banco Agromercantil de G.a, S.edad Anónima…”

D) Contra la disposición que admitió para su trámite dicho planteamiento la

ahora postulante planteó, revocatoria, argumentando toralmente que, con base a

los artículos 1 y 2 del, era necesario que los incidentantes acompañaran a dicha

formulación, la solicitud o contratación directa con la entidad postulante, ya que sin

ese documento, la admisión del incidente era improcedente, esto porque los

peticionarios conocían quienes debían cancelar sus servicios prestados, en este

caso, serían Asesoría Legal Integral, S.edad Anónima, Grupo Negociación y

Tecnología, S.edad Anónima y Contactos y Tecnología, Sociedad Anónima; de

esa cuenta, no se acompañó el documento esencial que compruebe dicho extremo,

en virtud de lo anterior, resultaba dable la revocatoria instada, ya que la contratación

fue únicamente con dichas sociedades, no así con la parte incidentante.

E) Derivado de ese planteamiento, la autoridad objetada, profirió auto de tres

de septiembre del dos mil veinticinco –acto reclamado–, [obrante a folio cuarenta

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y uno (41) de la pieza digital del antecedente] en el que desestimó dicho remedio

procesal, al advertir que: “…la resolución que se recurre fue dictada conforme a

derecho, toda vez que de conformidad con lo regulado en el 28 de la Constitución

de la Política de la República de G.a (…) y el artículo 24 del Decreto 111-96

del Congreso de la República de G.a, el cual establece: ‘Quien hubiere

prestado los servicios profesionales establecidos por este Arancel, podrá pedir la

liquidación de sus honorarios ante juez competente de su domicilio’, por lo que al

admitir a trámite el presente incidente, no constituye una decisión definitiva y

consecuentemente vinculante para las partes. Asimismo, lo argumentado por el

presentado en la calidad con la que actúa, constituye en sí un asunto que debe

dilucidarse en el momento del procedimiento de la resolución de fondo…”

-IV-

Abordado lo anterior, del análisis de las actuaciones, se colige que lo que la

peticionaria resiente en amparo, es el hecho que: i) se admitió para su trámite un

incidente de liquidación de honorarios, sin que concurran ninguno de los supuestos

para que sea viable este tipo de reclamaciones: “i) cuando se sustituye al abogado

auxiliante, ii) cuando el abogado auxiliante presenta renuncia, y iii) cuando el

proceso principal ha terminado”; ii) pese a que planteó revocatoria, la juez

increpada confirmó su decisión de continuar con el trámite del incidente, sin que los

peticionarios acompañaran los documentos esenciales que acreditan la

contratación directa de sus servicios profesionales, vulnerando los artículo 107 y

109 del Código Procesal Civil y M., por lo que debió repeler de oficio dicha

petición; iii) no resolvió los argumentos esgrimidos en la revocatoria instada,

limitándose a reformularlos de manera equivocada, ya que omitió pronunciarse

sobre la consecuencia de no acompañar los documentos esenciales al escrito inicial

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del incidente incoado, además, que no se pronunció sobre la existencia de los

contratos otorgados a tres sociedades proveedoras, incumpliendo con ello a su

deber de exhaustividad, motivación y congruencia, por lo que dicha omisión le

genera agravio, y iv) al tenor del artículo 107 de la ley adjetiva civil impone como

requisito de todo primer escrito, la obligación de acompañar los documentos en que

se funde el derecho invocado. Si no los tuviere a su disposición los mencionará con

la mayor individualización posible, expresando lo que de ellos resulte, y designará

el archivo, oficina pública o lugar en que se encuentren los originales, por lo tanto,

la inobservancia de estos requisitos conlleva que la demanda debía ser rechazada,

al tenor del artículo 109 del citado cuerpo legal.

En ese contexto, tomando en cuenta los argumentos de inconformidad

esgrimidos por las partes [de los cuales se hizo referencia en los apartados

correspondientes de este fallo], esta Corte considera que la quid juris del presente

caso estriba en determinar si la decisión de la autoridad cuestionada, al declarar

sin lugar la revocatoria interpuesta contra la resolución que admitió para su trámite

el incidente de liquidación de honorarios profesionales subyacente, provocó o no

los agravios denunciados en amparo.

Del análisis del acto reclamado —cuyas partes conducentes fueron

transcritas en párrafos precedentes—, esta Corte estima que la autoridad

denunciada, al admitirlo, no vulneró los principios jurídicos fundamentales

invocados por la accionante, toda vez que la decisión asumida se encuentra

debidamente fundamentada.

Tal conclusión se arriba, en virtud de que la autoridad objetada, en el legítimo

ejercicio de las facultades que la ley le confiere, determinó que, al examinar las

actuaciones y la resolución reprochada, lo decidido se ajusta a las constancias

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procesales, estimando, en consecuencia, que lo resuelto es conforme a Derecho.

Lo anterior es así, pues se advierte que la autoridad denunciada, al emitir

pronunciamiento respecto de la admisión del incidente, no transgredió los derechos

de la postulante, pues se encontraba facultada para verificar si el escrito de

interposición cumplía con los requisitos de exigibilidad previstos en los artículos 61,

106 y 107 del Código Procesal Civil y M., sin que se evidencie inobservancia

de la normativa citada.

Aunado a ello, este Tribunal considera que la pretensión de la amparista se

orienta a cuestionar el fondo de la solicitud formulada por los incidentantes; no

obstante, debe tenerse presente que la etapa procesal en la que se encuentra el

proceso subyacente es la de admisibilidad, por lo que el análisis de fondo

corresponde ser efectuado en el trámite propio del incidente.

En ese contexto, es pertinente hacer ver a la accionante que será durante la

sustanciación del incidente de mérito cuando podrá hacer valer los argumentos que

ahora plantea por la vía constitucional, debiéndose considerar que el amparo no

puede constituirse en una vía paralela o sustitutiva para el análisis de cuestiones

que, conforme al artículo 203 de la Constitución Política de la República de

G.a, corresponden con exclusividad a los jueces de la jurisdicción ordinaria.

Cabe señalar que la peticionaria invocó los precedentes dictados en los

expedientes 7560-2024 y 7482-2024. El primero, relativo a los supuestos en los

que procede el reclamo de liquidación de honorarios profesionales —i) sustitución

del abogado auxiliante, ii) renuncia del abogado auxiliante y iii) conclusión del

proceso principal—; y el segundo, concerniente a la falta de documentos esenciales

como omisión de un requisito fundamental del primer escrito en otro clase de

proceso. Sin embargo, dichos criterios no resultan aplicables al caso concreto,

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puesto que en los referidos fallos se analizaron circunstancias distintas a las aquí

planteadas, tales como la desestimación de un incidente de liquidación de

honorarios y la declaratoria con lugar de una excepción de demanda defectuosa,

situaciones que no concurren en el presente asunto. S.do en todo caso, como se

señaló con anterioridad, en la sustanciación del trámite y en la resolución de fondo

del incidente, el Juez determinará su procedencia o improcedente, conforme los

supuestos de viabilidad y si los documentos presentados resultan suficientes para

lograr la liquidación de honorarios pretendida.

En cuanto al argumento del tercero interesado, relativo a que se condene en

costas procesales a la amparista, este Tribunal estima que no es atendible, pues

conforme al principio non reformatio in peius, el Tribunal de alzada no puede

resolver el recurso de manera más gravosa para la apelante que lo decidido en la

resolución recurrida. Además, se advierte que el tercero interesado tuvo la

oportunidad procesal de impugnar la sentencia de primer grado, sin haberlo hecho

oportunamente, razón por la cual no resulta viable pretender dicho pronunciamiento

hasta la evacuación de la vista.

De esa cuenta, este Tribunal considera que los argumentos de

inconformidad esgrimidos por la peticionaria, tanto al promover el amparo como al

apelar el fallo impugnado, no son atendibles en esta sede constitucional, en tanto

se encaminan a obtener un pronunciamiento sobre la procedencia de la revocatoria,

cuestión que ya fue debidamente analizada y razonada por la autoridad endilgada.

En consecuencia, tales argumentos quedaron desvanecidos.

Por lo expuesto, el amparo debe denegarse por notoriamente improcedente

y, al haber resuelto en ese sentido el Tribunal a quo, procede confirmar la sentencia

venida en grado, con la modificación consistente en precisar que el lugar en el que

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REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

deberá cumplirse la sanción pecuniaria impuesta será ante este Tribunal, el cual

deberá hacerla efectiva conforme a los apercibimientos contenidos en la sentencia

de amparo de primera instancia.

LEYES APLICABLES

Artículos citados, 265, 268, 272 literal c) de la Constitución Política de la

República de G.a; 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 10, 42, 43, 44, 47, 60, 61, 66, 67, 149,

185 de la Ley de A., Exhibición Personal y de C.dad; 35 y 36 del

Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes

citadas, resuelve: I. Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Banco

Agromercantil de G.a, S.edad Anónima –postulante–, por medio de su

Mandatario Especial Judicial con Representación, A.S..l.M.,

contra la sentencia de veintiocho octubre del dos mil veinticinco, dictada por el

Juzgado Décimo Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Civil del

departamento de G.a, constituido en Tribunal de A. y, como

consecuencia, confirma el fallo apelado, con modificación en cuanto a precisar

que, el lugar donde deberá cumplir con la sanción pecuniaria impuesta, será ante

esta Corte, que deberá hacer efectiva conforme con los apercibimientos descritos

en la sentencia de amparo de primer grado. II. N.íquese y, con certificación de lo

resuelto, devuélvase la pieza de amparo.

Expediente 8295-2025

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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Firmado por:

L.

.

S.

.

L.

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A. /

CORTE DE

CONSTITUCI

ONALIDAD

Fecha:

12/02/2026

11:37:48

Razón:

Aprobado

Firmado por:

R.

.

M.

.

B. /

CORTE DE

CONSTITUCI

ONALIDAD

Fecha:

12/02/2026

11:39:44

Razón:

Aprobado

Firmado por:

D.

.

J.

.

O.

.

E. /

CORTE DE

CONSTITUCI

ONALIDAD

Fecha:

12/02/2026

11:40:36

Razón:

Aprobado

Firmado por:

H.

.

H.

.

P.

.

A.

/ CORTE DE

CONSTITUCI

ONALIDAD

Fecha:

12/02/2026

11:41:08

Razón:

Aprobado

Firmado por:

N.

.

M.

.

V.

.

P. /

CORTE DE

CONSTITUCI

ONALIDAD

Fecha:

12/02/2026

11:41:42

Razón:

Aprobado

Firmado por:

E.

.

E.

.

L.

.

R.

/ CORTE DE

CONSTITUCI

ONALIDAD

Fecha:

12/02/2026

11:42:05

Razón:

Aprobado