Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 5927-2023), 16-05-2024

Número de expediente5927-2023
Fecha16 Mayo 2024
EmisorCorte Constitucional (Guatemala)
Tipo de RecursoAmparo en Única Instancia
Expediente 5927-2023
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.
EXPEDIENTE 5927-2023
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL
EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, dieciséis de mayo de dos mil
veinticuatro.
Se tiene a la vista, para dictar sentencia, la acción constitucional de amparo
en única instancia promovida por Agustín C.C. contra la Corte Suprema
de Justicia, Cámara Penal. El postulante actuó con el patrocinio del abogado
V..M..C..R., quien posteriormente fue sustituido por el
abogado M.F.H.R.ero. Es ponente en el presente caso la
Magistrada Vocal III, D..J..O.E., quien expresa el parecer de
este Tribunal.
ANTECEDENTES
I. EL AMPARO
A) Solicitud y autoridad: presentado el veintiséis de septiembre de dos mil
veintitrés, en esta Corte. B) Acto reclamado: auto de cuatro de julio de dos mil
veintitrés, por la que la autoridad reprochada rechazó el recurso de casación que,
por motivos de forma y fondo, interpuso A..C..C. contra la
sentencia emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que no acogió el recurso de
apelación especial, por motivo de forma y fondo, planteado por el amparista y
otros sindicados, dentro del proceso penal en el que se les condenó por el delito
de Asesinato en grado de tentativa. C) Violaciones que denuncia: al derecho a
la tutela judicial efectiva y a los principios jurídicos de debido proceso y de
seguridad jurídica . D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el
postulante y del estudio de los antecedentes, se resume: D.1) Producción del
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acto reclamado: a) el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente del municipio de Mixco del departamento de
Guatemala, condenó a A.C..C. y otros coprocesados por el
delito de Asesinato en grado de tentativa y le impuso la pena de veinticinco años
de prisión; b) contra la decisión antes referida, A..C..C. ‒y otros
sindicados‒ interpusieron recurso de apelación especial, por motivos de forma y
fondo, que no acogió la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y c) por lo anterior, A.C.
.
C. interpuso recurso de casación, invocando motivos de forma y fondo,
ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia autoridad cuestionada,
la que, luego de conferirle plazo para subsanar las deficiencias advertidas,
rechazó para su trámite el citado recurso extraordinario, en auto de cuatro de julio
de dos mil veintitrés acto reclamado. D.2) Agravios que se reprochan al
acto reclamado: el postulante señala que: a) la Cámara Penal omitió dar
respuesta puntual a cada uno de los reclamos de los quince submotivos del
recurso de casación interpuesto; pese a que él cumplió con los requerimientos
exigidos en la resolución que le confirió el plazo de tres días para subsanar; b) en
el acto reclamado se alude a la supletoriedad del artículo 148 de la Ley del
Organismo Judicial, pero la autoridad cuestionada omit hacer una función
integradora, pues dicha norma es idónea para acreditar que la sentencia de
segundo grado fue dictada sin satisfacer los requisitos que ese precepto
establece; c) en el acto denunciado como agraviante se consigna que no se hizo
la correspondiente confrontación entre la sentencia de segundo grado y sus
reclamos, pero ello es así porque dicho fallo omite considerar en forma clara,
precisa y directa con respecto a los argumentos contenidos en su apelación; d) en
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la resolución reprochada en sede constitucional se hace cita parcial de los
argumentos que adujo en su escrito de subsanación, dado que su escrito contiene
expresión de los artículos e incisos que se consideran violados de las respectivas
leyes, por lo que sí cumple con lo regulado en el artículo 443 del Código Procesal
Penal; además, aplica su criterio de manera rigorista, desatendiendo lo que
establece el referido precepto legal, pues la labor de subsunción es incorrecta,
porque se tuvo por acreditado de manera general la utilización de armas de fuego,
pero no se hizo la descripción de cuáles fueron los actos penales en los que
incurrió; e) omite el análisis de fondo con respecto del porqué no es procedente el
recurso de apelación especial que interpuso, especialmente, con relación al
cuestionamiento que ha formulado en cuanto a que los medios de prueba fueron
incorporados al proceso de manera ilegal, tal el caso de la incorporación de armas
de fuego y casquillos, los cuales fueron entregados por la hermana de la persona
que figura como víctima, además, de que se confirió valor probatorio a las
declaraciones testimoniales rendidas por testigos no idóneos, incumpliendo lo
regulado en el artículo 211 del Código Procesal Penal; f) cada uno de los
submotivos, tanto de forma como de fondo, invocados en su recurso de casación
fundamentan que este sea acogido; g) el acto reclamado no posee debida
fundamentación, pues al verificar el escrito de interposición del recurso de
casación, así como el de subsanación, puede determinarse que cumpl con lo
previsto en el artículo 443 del Código Procesal Penal; pese a ello, la autoridad
cuestionada dictó resolución en la que invocó los mismos argumentos para
rechazar los quince submotivos del recurso de casación de forma, por lo que
eludió su función de administrar justicia de manera razonada; h) en lo
concerniente al recurso de casación para el primer submotivo de fondo, su
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H.L..R., Perito Contador (...) d) Certificación del boleto de
fractura ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y seis, del boleto de viaje de
fecha tres de marzo del dos mil doce, asiento treinta y ocho, con salida de
Guatemala, para Santa Elena, salida a las nueve pasado meridiano, por valor de
ciento sesenta quetzales, firmado por C.H.L.R., perito
contador registro número ciento ocho mil noventa y ocho, fechada veintisiete de
diciembre del dos mil doce. f) Certificación del boleto de factura ciento treinta y
ocho mil doscientos treinta y ocho del boleto de viaje de fecha tres de marzo del
dos mil doce, asiento cuarenta con salida de Guatemala, para Santa Elena, salida
a las nueve pasado meridiano, por valor de ciento sesenta quetzales, firmado por
C..H.L.R., perito contador registro número ciento ocho mil
noventa y ocho, fechada veintisiete de diciembre del dos mil doce. Es de hacer
notar que a esos cuatro documentos no se les concedió valor probatorio toda vez
que al tenerlos a la vista los mismos no tienen la claridad de certificaciones como
se les calificó al momento de incorporarlo. Es importante destacar que en la
sentencia se resalta que al no darles probatorio a estos documentos, para evitar
confrontarlos con la declaración de A.G.oria V..P. no se indica
qué normativa expresa le confiere al tribunal suprimirles su calidad de certificación
ni hacer alusión de que los mismos no fueron redargüidos de nulidad o falsedad.
d) Que se inobservó el principio de razón suficiente, puesto que teniendo interés
en perjudicarme a mí y a las demás personas miembros de la Comunidad de
Aldea Estancia Vieja, mintió al querer presentar a su hermano R.V.
.
P. como ayudante de albañil (página 42), lo que él mismo desmiente en su
declaración indicando que era agricultor (página 60) (agricultor o ayudante de
albañil extremos estos que no fueron probados en el debate). c) Declara Ana
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G.V..P. yo fui a entregar al Ministerio Público unos casquillos,
balas, cartuchos que quedaron tirados en mi casa’ (…) Página 42 y se da valor
probatorio a pesar de que es, en observancia a la regla de la lógica en dicho
Principio de Razón Suficiente, que la misma no lo tiene porque ella, como
denunciante, desde el cinco de marzo de dos mil doce, no tiene intervención en el
procedimiento al tenor del artículo 300 del Código Procesal Penal, y que, en
consecuencia, cualquier indicio o medio de convicción que aportara es ilegal, ya
que no se rigió con base en lo establecido en los artículos 183 y 186 del Código
Procesal Penal, principalmente de estos objetos que ella misma reconoce recogió
supuestamente del lugar en que su hermano R..V.P. fue
baleado. f) Se le dio a dicha declaración valor probatorio, puesto que de haberse
observado el principio de razón suficiente, se le hubiere rechazado, ya que A.
.
G.V.P. carece de idoneidad al tenor del artículo 211 del
Código Procesal Penal, ya que ella y los demás miembros de su familia que
declararon en el debate tenían desavenencias con la Comunidad de Aldea
Estancia Vieja, porque en esta se conocía y reconocía a R.V.
.
P. como un ladrón y extorsionador, como se documentó en las actas tres y
doce guion dos mil doce, que sí tienen valor probatorio; desavenencias que la
hicieron quebrantar la Ley, ya que siguió interviniendo en el procedimiento, a
pesar de la prohibición existente en el artículo 300 del Código Procesal Penal, en
el Código Procesal Penal, e incorporar ilegalmente los casquillos, balas,
cartuchos, que fueron objeto de peritaje cuyo resultado es ilegal, fueron
incorporados sin sujetarse al procedimiento establecido en la ley y en violación a
los artículos 183 y 186 del Código Procesal Penal. g) Deviene manifiesto que las
Juzgadoras al darle valor probatoria a la declaración de A..G.V.
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Paredes inobservaron el Principio de Razón Suficiente, ya que solo su
observancia hubiera sido suficiente para no darle valor alguno, puesto que, de ser
cierto o no, que el arma, casquillos, balas y cartuchos los sustrajo del lugar donde
fue baleado su hermano cometió el delito de Obstaculización a la acción penal,
regulado en el artículo 458 Bis del Código Penal, dado que al trasladar del lugar
donde afirma encontró el arma y los demás objetos que entregó al Ministerio
Público destruyó la información que se hubiere extraído de los mismos, si el ente
investigador hubiere recabado dichas evidencias: Quien, con igual fin destruye u
oculte información o documentos, o bien proporcione documentos o información
falsa al Ministerio Público...’ h) A la declaración de A.G.V.P.
se le dio valor probatorio en inobservancia del Principio de Razón Suficiente,
puesto que de haberlo observado no se le habría dado ningún valor, ya que no es
creíble un testimonio de una persona inidónea por sus desavenencias con la
comunidad de Aldea Estancia Vieja, donde se reconocía a su hermano como
ladrón y extorsionador, lo que está documentado y se tiene como prueba,
específicamente porque ella misma confirma que fue ella quien le indicó a quienes
ella señaló como partes de las personas que supuestamente llegaron a su casa y
lo balearon al manifestar: cuando mi hermano me preguntó me preguntó (sic) que
me pasó yo le dije los nombres de los que fueron y ellos me dijeron que si los
denunciaba nos iban a matar, ese día del hecho escuchamos varios disparos’
(páginas 42 y 43 del fallo impugnado). La Lógica, como regla de la Sana Crítica,
en su Principio de Razón Suficiente, confirma que al darle probatorio a esta
declaración la inobservaron, ya que, apartándose de su obligación de procurar la
averiguación de la verdad, consignan falsamente que: ‛... A esta declaración las
Juzgadoras les conceden valor y eficacia jurídica probatoria, la cual tiene la
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calidad de ser una prueba toral en este proceso pues proviene de la propia
víctima quien taxativamente indica que reconoció a los ocho personas que están
siendo procesados como las personas que el tres de marzo del dos mil doce
entraron a su casa y que le causaron diversidad de heridas con arma de fuego.’
consideración que es falaz, ya que R..V.P. declaró en la
prueba anticipada que no reconoció a sus agresores, especialmente cuando
expresa: Yo solo escuché disparos, no pued[o] decir quienes fueron, yo caí’ (…)
Lo declarado por R..V..P. demuestra que las Juezas hacen
conclusiones infundadas, ya que esta persona no indicó taxativamente que yo le
hubiere disparado o estado en ese lugar, lo cual es confirmado por su propia
hermana A..G..V..P. quien reveló en el debate que fue ella
quien le proporcionó los nombres de los procesados, incluyendo el mío,
infiriéndose que lo hizo como represalia o venganza porque somos parte de la
Comunidad Estancia Vieja en donde su hermano R..e.V. Paredes se
le reconocía no como agricultor o ayudante de albañil, sino como ladrón y
extorsionador. Afirmaciones documentadas en las actas tres y doce guion dos mil
doce a las que si se les dio valor probatorio, pero sin hacer alusión a esta
situación que en el fallo no está descrito de manera maliciosa…”.
Con relación a este submotivo la autoridad cuestionada estimó: “… En
cuanto al séptimo submotivo de forma, denominado así por el casacionista
fundamento en el numeral 6 del artículo 440 del Código Procesal Penal, el
recurrente manifestó lo siguiente: (…) Del estudio del recurso de subsanación se
establece que el recurrente no cumplió con S. lo requerido, en cuanto a
que el numeral 6 del artículo 440 del Código Procesal Penal establece: (…) esta
Cámara estima necesario explicar que, son requisitos formales de validez todos
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aquellos elementos que en la estructura del pronunciamiento son indispensables
para su existencia, como por ejemplo, la fecha en que se dicta la sentencia, el
nombre y apellido del acusado y la individualización de las demás partes que
intervienen en el caso, la motivación o razonamientos del tribunal que sirven para
fundamentar su decisión, la parte resolutiva y la firma de quienes resolvieron,
cuya exigencia tiene origen en los artículos 11 Bis y 389 del Código Procesal
Penal, los cuales son aplicables a los fallos que resuelvan apelaciones en materia
penal. Como puede advertirse, el artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial,
norma que citó como vulnerada el casacionista, no es una norma específica en
materia penal, sino una norma supletoria y si bien la misma contiene requisitos
que deben cumplirse en la estructura de la sentencia de segunda instancia, pues
la misma hace referencia (…) el impugnante, al referirse a dicho artículo,
manifestó en forma imprecisa que, a su juicio, el requisito formal de validez que la
sentencia de la Sala de Apelaciones no cumplió es ̔Le dio valor probatorio a la
declaración testimonial A.G.V..e.P. a pesar de que no era
idónea al tenor del artículo 211 del Código Procesal Penal Continuando con el
análisis del recurso Cámara Penal, al dar lectura de los argumentos expuestos en
el memorial de subsanación, arriba a la conclusión que el presente submotivo
debe ser rechazado para su trámite. Lo anterior en virtud que, no existen
argumentos jurídicos que sustenten la violación a las normas procesales
señaladas como supuestamente vulneradas, pues debió explicar con
proposiciones jurídicas claras, precisas, capaces de evidenciar el requisito formal
para su validez que no se cumplió en el fallo que cuestiona. Asimismo, en su
memorial de subsanación no existe la debida confrontación entre lo argumentado
en el recurso de apelación especial y lo resuelto por la Sala de Apelaciones, lo
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cual fue solicitado, ya que en su argumentación alega aspectos de valoración lo
cual no es permitido pues existe prohibición de hacer mérito de la prueba…”
xix) Octavo motivo de forma
a) Señale las normas de carácter y efecto procesal - acordes al
caso de procedencia invocado- que la Sala de Apelaciones infringió en la
resolución que impugna. Debe exponer los argumentos que sustenten la
violación a las normas procesales descritas….
El casacionista respondió: “…Artículo 148 de la Ley del Organismo
Judicial….
“… b) S. el requisito formal de validez que no fue cumplido por la
Sala de Apelaciones en la resolución impugnada….
El casacionista al respecto señaló: “…Debió haberse hecho un extracto de
mi reclamo y de las leyes aplicables, haciendo el estudio legal respectivo, pero no
se hizo…”.
“… c) De las alegaciones realizadas en su recurso de apelación
especial por motivo de forma, argumente las razones por las cuales
considera que la Sala de Apelaciones al resolver, violentó el requisito
esencial de validez que señala. Para ello, deberá realizar la debida
confrontación entre lo solicitado y lo resuelto por el Ad quem, a fin de
demostrar el error por parte del Tribunal de Apelación Especial….
El recurrente expresó: “…El Ad quem consideró sobre esta prueba:
Asimismo en el juicio valorativo del testigo Y..V..P.,
declaración goza de valor y eficacia jurídica probatoria toda vez que proviene de
una persona que estuvo presente en el (…) lugar de los hechos toda vez que
habita dentro del mismo terreno desde donde pudo visibilizar a los ocho
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procesados quienes no llevaban los rostros tapados, que si bien es cierto no vio
quien de ellos disparó con arma de fuego ellos estaban ahí presentes a quienes
reconoce con seguridad por ser residentes de la misma comunidad Aldea
Estancia Vieja, del municipio de San Raymundo, del departamento de Guatemala;
que cuando los procesados abandonaron el patio de dicha residencia dejaron a su
hermano R.V.P. tirado lesionado por lo que fue trasladado al
Hospital Roosevelt en donde recibió atención médica y fue intervenido
quirúrgicamente en diferentes ocasiones; tal como lo indicara la perita en su
declaración que como consecuencia de ello su vida estuvo en riesgo de muerte;
corroborando también la declaración de la testiga A.G..V.P.,
la cual ya fue valorada positivamente, deposiciones útiles, idóneas y pertinentes
que destruyen la presunción de inocencia de los ocho procesados. También el
razonamiento valorativo del testimonio de Luz Paredes Boch, bien es cierto que
esta deposición resulta ser escueta, sí contiene circunstancias importantes que se
toman en consideración como que llegaron personas al patio de su casa y que
hirieron a su hijo R.V.P., con arma de fuego que reconoció a
las personas porque no llevaban gorros y las mencionó porque son vecinos de la
comunidad Estancia Vieja, del municipio de San Raymundo, del departamento de
Guatemala, y si varía en algunas datos, estos no son sustanciales para no
declarar (…) culpables penalmente a los procesales ni para no darle valor
probatorio ni eficacia jurídica a su deposición que en forma clara, sencilla,
congruente y no contradictoria ha prestado la testiga que se valora en este
apartado, constándole primordialmente que las personas que ingresaron a su
casa el día del hecho son las que le causaron las lesiones a su hijo R.
.
V.P.. Es decir que el Tribunal Sentenciador con ese y otros juicios
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valorativo como lo veremos más adelante, arriba a la conclusión lógica de la
existencia del hecho delictivo y de quienes resultaron responsables, en
consiguiente el argumento de los apelantes en cuanto a la prueba viciada en tanto
su recolección o extracción no fue realizada por el Ministerio Público y que deriva
en prueba invalidad[a], se debe considerar que no es el único razonamiento
valorativo que existió por parte del sentenciador para concluir en el sentido del
fallo. Precisamente en ese sentido encontramos la Teoría de la supresión
hipotética, que parte del concepto de que si se ‛suprime hipotéticamente’ como un
ejercicio meramente intelectual la irregularidad ocurrida, y en su lugar se supone
la realización de la actuación correcta y esperada, arribándose de igual forma al
conocimiento que se cuestiona, entonces, la prueba mantiene su validez. Lo cual
demuestra que no se le dio respuesta a mi reclamo contenido en mi impugnación:
Se le dio valor probatorio a la declaración de Y.V.P. (páginas
de la 45 a 49) que fue recibida en inobservancia del artículo 385 del Código
Procesal Penal, puesto que se inobservó la Sana Crítica, en su regla de la lógica,
y de esta en su Principio de Razón Suficiente, habiendo sido protestada su
declaración por tomársela en contra de lo dispuesto en el artículo 377 del Código
Procesal Penal. Esto se acredita porque, aunque en la sentencia se induce a
tener su declaración como dada antes que su mamá L.P..B. (páginas
49 a 52) no fue así en el debate es decir que es conforme el Principio de razón
suficiente que, conforme lo establecido en el artículo 377 del Código Procesal
Penal, para que a esta declaración no se le dé valor probatorio. Y por no ser
testigo idóneo conforme se prevé en el artículo 211 del Código Procesal Penal,
dada la enemistad familiar con la Comunidad de Aldea Estancia Vieja, que se
encuentra documentada en las actas tres y doce guion dos mil doce, tenidas
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como medios de prueba en este debate. Además, la declaración de esta persona
permite establecer que son falaces las afirmaciones de había interés de que su
hermano patrullara en la citada Aldea, tomando en cuenta que no se probó que mi
persona formara parte de ningún grupo que se dedicara a esas actividades:
segundo porque la forma en que él relata cómo ocurrieron los hechos se da
cuenta de que no es cierto, ya que razón suficiente es que un familiar esté en
problemas para que cualquier persona intervenga y no se quede observando a
través de un hoyo de unas láminas donde estaba…”.
Referente a este submotivo la autoridad cuestionada en el acto
denunciado como agraviante consideró: “…En cuanto al octavo submotivo de
forma, denominado así por el casacionista con fundamento en el numeral 6 del
artículo 440 del Código Procesal Penal, el recurrente manifestó lo siguiente: (…)
Del estudio del recurso de subsanación se establece que el recurrente no cumplió
con subsanar lo requerido, en cuanto a que el numeral 6 del artículo 440 del
Código Procesal Penal establece (…) esta Cámara estima necesario explicar que,
son requisitos formales de validez, todos aquellos elementos que en la estructura
del pronunciamiento son indispensables para su existencia, como por ejemplo, la
fecha en que se dicta la sentencia, el nombre y apellido del acusado y la
individualización de las demás partes que intervienen en el caso, la motivación o
razonamientos del tribunal que sirven para fundamentar su decisión, la parte
resolutiva y la firma de quienes resolvieron, cuya exigencia tiene origen en los
artículos 11 Bis y 389 del Código Procesal Penal, los cuales son aplicables a los
fallos que resuelvan apelaciones en materia penal. Como puede advertirse, el
artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial, norma que citó como vulnerada el
casacionista, no es una norma específica en materia penal, sino una norma
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supletoria y si bien la misma contiene requisitos que deben cumplirse en la
estructura de la sentencia de segunda instancia, pues la misma hace referencia
(…) el impugnante, al referirse a dicho artículo, manifestó en forma imprecisa que,
a su juicio, el requisito formal de validez que a sentencia de la Sala de
Apelaciones no cumplió es ̔Debió haberse hecho un extracto de mi reclamo y
de las leyes aplicables, haciendo el estudio legal respectivo, pero no se hizo
Cámara Penal, al dar lectura de los argumentos expuestos en el memorial de
subsanación, arriba a la conclusión que el presente submotivo debe ser
rechazado para su trámite. Lo anterior en virtud que, no existen argumentos
jurídicos que sustenten la violación a las normas procesales señaladas como
supuestamente vulneradas, pues debió explicar con proposiciones jurídicas
claras, precisas, capaces de evidenciar el requisito formal para su validez que no
se cumplió en el fallo que cuestiona. Asimismo, en su memorial de subsanación
no existe la debida confrontación entre lo argumentado en el recurso de apelación
especial y lo resuelto por la Sala de Apelaciones lo cual fue solicitado, ya que en
su argumentación alega aspectos de valoración lo cual no es permitido pues
existe prohibición de hacer mérito de la prueba…”.
x) Noveno motivo de forma
a) Señale las normas de carácter y efecto procesal - acordes al
caso de procedencia invocado- que la Sala de Apelaciones infringió en la
resolución que impugna. Debe exponer los argumentos que sustenten la
violación a las normas procesales descritas….
El casacionista respondió: “…Artículo 148 de la Ley del Organismo
Judicial….
“… b) S. el requisito formal de validez que no fue cumplido por la
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Sala de Apelaciones en la resolución impugnada….
El casacionista con relación a ello expuso: “…En dicha resolución no hay
un extracto de mi reclamo ni el estudio sobre la idoneidad de esta testigo, la cual
es referencial, ya que no le consta el hecho en sí mismo…”.
“…c) De las alegaciones realizadas en su recurso de apelación
especial por motivo de forma, argumente las razones por las cuales
considera que la Sala de Apelaciones al resolver, violentó el requisito
esencial de validez que señala. Para ello, deberá realizar la debida
confrontación entre lo solicitado y lo resuelto por el Ad quem, a fin de
demostrar el error por parte del Tribunal de Apelación Especial….
El casacionista expresó: “…Es importante destacar que la Consideración
subjetiva de la Sala le dio valor probatorio presencial al testimonio de L.P.
.
B., madre de la víctima, pero además hace mención, solo mención del
procedimiento de admisibilidad de la prueba, pero no la analiza, pero su
valoración la hace contraria al artículo 211 del Código Procesal Penal que se
refiere a la idoneidad de los testigos, a saber: ‛También el razonamiento valorativo
del testimonio de L..P..B., bien es cierto que esta deposición resulta
ser escueta, contiene circunstancias importantes que se toman en
consideración como que llegaron personas al patio de su casa y que hirieron a
hijo R.V.P., con arma de fuego que reconoció a las personas
porque no llevaban gorros y las mencionó porque son vecinos de la comunidad
Estancia Vieja, del municipio de San Raymundo, del departamento de Guatemala,
y si varía en algunas datos, estos no son sustanciales para no declarar culpables
penalmente a los procesales (sic) ni para no darle valor probatorio ni eficacia
jurídica a su deposición que en forma clara, sencilla, congruente y no
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contradictoria ha prestado la testiga que se valora en este apartado, constándole
primordialmente que las personas que ingresaron a su casa el día del hecho son
las que le causaron las lesiones a su hijo R.V..P.. Es decir
que el Tribunal Sentenciador con ese y otros juicios valorativo[s] como lo veremos
más adelante, arriba a la conclusión lógica de la existencia del hecho delictivo y
de quienes resultaron responsables, en consiguiente el argumento de los
apelantes en cuanto a la prueba viciada en tanto su recolección o extracción no
fue realizada por el Ministerio Público y que deriva en prueba invalidad[a]. se debe
considerar que no es el único razonamiento valorativo que existió por parte del
sentenciador para concluir en el sentido del fallo. () Acá el tribunal extrae una
conclusión no verídica, ya que los nombres de los procesados se los da su hija, y
no de la manera que plantea el Tribunal. Véase que la testigo indica que los
responsables del crimen llevaban gorros, aun así para el tribunal no constituye
ninguna falta de fundamentación la falta de normativa que lo faculte a aceptarla
como medio de prueba, especialmente cuando hay contradicción entre lo resuelto
en la sentencia de primer grado y el fallo dictado, a saber: Se inobservó a Sana
Critica, en su regla de la lógica, en su Ley de Contradicción ya que de haber
dictado el fallo conforme a misma no se le hubiere dado valor probatorio a la
declaración de la señora Luz P..B., a quien el Tribunal Sentenciador le
atribuya declaraciones que son falaces: ‛si bien es cierto que esta deposición
resulta ser escueta () constándoles primordialmente que las personas
ingresaron a su casa el día del hecho son las que le causaron las lesiones a su
hijo R.V.P.’ (página 51 del fallo impugnado de primer grado)
cuando ella misma declara porque a ella no le constan los hechos, sino es testigo
referencial, tal y como en la propia sentencia se consigna: ‛fue mi hija quien los
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conoció y ella me dio los nombres, yo no los vi porque estaba en la cocina ella fue
la [que] me dijo los nombres, ese día los patrulleros no quebraron los focos de la
luz, estaban encendidos los de mi casa y los de la calle, yo no vi si llevaban
machetes o palos, solo escuché los disparos’…”.
La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, con respecto a este
submotivo consideró: “…En cuanto al noveno submotivo de forma, denominado
así por el casacionista con fundamento en el numeral 6 del artículo 440 del
Código Procesal Penal, el recurrente manifestó lo siguiente: (…) Del estudio del
recurso de subsanación se establece que el recurrente no cumplió con subsanar
lo requerido, en cuanto a que el numeral 6 del artículo 440 del Código Procesal
Penal establece: (…), esta Cámara estima necesario explicar que, son requisitos
formales de validez, todos aquellos elementos que en la estructura del
pronunciamiento son indispensables para su existencia, como por ejemplo, la
fecha en que se dicta la sentencia, el nombre y apellido del acusado y la
individualización de las demás partes que intervienen en el caso, la motivación o
razonamientos del tribunal que sirven para fundamentar su decisión, la parte
resolutiva y la firma de quienes resolvieron, cuya exigencia tiene origen en los
artículos 11 Bis y 389 del Código Procesal Penal, los cuales son aplicables a los
fallos que resuelvan apelaciones en materia penal. Como puede advertirse, el
artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial, norma que citó como vulnerada el
casacionista, no es una norma específica en materia penal, sino una norma
supletoria y si bien la misma contiene requisitos que deben cumplirse en la
estructura de la sentencia de segunda instancia, pues la misma hace referencia
(…) el impugnante, al referirse a dicho artículo, manifestó en forma imprecisa que,
a su juicio, el requisito formal de validez que la sentencia de la Sala de
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Apelaciones no cumplió es ̔...En dicha resolución no hay un extracto de mi
reclamo ni el estudio sobre la idoneidad de esta testigo, la cual es referencial, ya
que no le consta el hecho en si mismo̕. Cámara Penal al dar lectura de los
argumentos expuestos en el memorial de subsanación, arriba a la conclusión que
el presente recurso debe ser rechazado pare si trámite. Lo anterior en virtud que,
no realizó la debida confrontación entre lo argumentado en su recurso de
apelación especial y lo resuelto por la Sala de Apelaciones en la sentencia que
impugna, además, no realizó las razones propias que explicaran o que
sustentaran el requisito esencial de validez que supuestamente se violentó y lo
más importante, que indicara las normas de carácter y efecto procesal acordes al
caso de procedencia. Dichas falencias imposibilitan al Tribunal de Casación de
realizar pronunciamiento en sentencia pues, se desconoce los motivos por los
cuales el recurrente señala que el fallo del Tribunal de Apelación violentó un
requisito esencial de validez, de igual forma se dedica a señalar aspectos de
valoración probatoria…
xi) Décimo motivo de forma
a) Señale las normas de carácter y efecto procesal - acordes al
caso de procedencia invocado- que la Sala de Apelaciones infringió en la
resolución que impugna. Debe exponer los argumentos que sustenten la
violación a las normas procesales descritas….
El casacionista respondió: “…Artículo 148 de la Ley del Organismo
Judicial….
“… b) S. el requisito formal de validez que no fue cumplido por la
Sala de Apelaciones en la resolución impugnada….
El casacionista con relación a ello expuso: “…No hubo extracto de mis
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reclamos y tampoco análisis del mismo y de las leyes aplicables, lo cual es
contrario a lo regulado en el artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial….
“… c) De las alegaciones realizadas en su recurso de apelación
especial por motivo de forma, argumente las razones por las cuales
considera que la Sala de Apelaciones al resolver, violentó el requisito
esencial de validez que señala. Para ello, deberá realizar la debida
confrontación entre lo solicitado y lo resuelto por el Ad quem, a fin de
demostrar el error por parte del Tribunal de Apelación Especial….
El casacionista expresó: “…La Sala consideró respecto a la declaración de
los agentes policiales: ‛De igual manera el razonamiento valorativo de los
miembros de la Policía Nacional Civil, E.J.M.M. y
E..R.G..P., considerando el senentenciador que: Estas dos
declaraciones tienen extrema relación por lo tanto se valoran en común
otorgándoles las Juzgadoras valor (…) y eficacia jurídica probatoria toda vez que
contienen investigaciones sobre el hecho que nos ocupa y es sobre la víctima
señor R.t..V.P.’. Es decir que omitió analizar mis reclamos
consistentes: Se inobservó la experiencia, como regla de la Sana Crítica
Razonada, en virtud de que se le dio valoración a las declaraciones del Agente de
la Policía Nacional Civil E..J.M..M. y de E..R.
.
G.P., Sub-Inspector de la Policía Nacional Civil bajo la consideración
de que: Estas dos declaraciones tienen extrema relación por lo tanto se valoran
en común otorgándoles las Juzgadoras valor y eficacia jurídica y probatoria toda
vez que contienen investigaciones sobre el hecho que nos ocupa y es sobre la
víctima señor R...V..P., a donde los procesados ingresaron a
su casa (...) causándole múltiples heridas con arma de fuego... de acuerdo a la
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declaración y dictamen pericial de la perita en medina (sic) A..V.J.
.
Á., que para establecer lo anterior los investigadores como testigos se
valoran entrevistaron a la señora A.G.V..P., quien cuya
entrevista mantiene la esencia de los hechos (...) también los investigadores
pudieron constatar que en árboles y en algunas paredes de la comunidad existen
rótulos con la leyenda ‛vecinos organizados’ y dibujos con caritas tapadas;
indicando que en un recorrido que ellos realizaron en dicha comunidad pudieron
darse cuenta que el proceso (…) P.J.op B., detonó un arma de fuego
contra de ellos a la vez que hablaba por teléfono; ellos también fueron advertidos
de los peligro del lugar; y que el motivo por el cual hirieron a la víctima (...) fue
porque él se negaba a patrullar y a cambio de ello tenía que pagar cincuenta
quetzales por día lo cual no hacía; investigación que corrobora la plataforma
fáctica del ente acusador. Páginas 59 y 60 del fallo impugnado. Pero dicha
valoración se hizo en inobservancia de la citada regla de la experiencia, debido a
que lo declarado por los elementos policiales indica que no tiene relación con el
hecho objeto del debate, porque: a) No se constituyeron ni siquiera al lugar donde
ocurr el mismo; b) Es inconsistente el relato de ambos también en los
alrededores y de acceso a la Aldea Estancia, de conformidad con las respuestas
que proporcionaron al Abogado defensor y que no aparecen en la sentencia, pero
que están grabadas en el audio del debate. c) Reconoce E.J.
.
M..M. que no pudo entrevistar a R..V.P.aredes (página
52); d) que platicaron con doña G.P. (página 52), pero esto no tiene
relevancia en cuanto al aporte de la investigación, ya que no recopilaron evidencia
de lo expresado por ella, a saber: i) No hay indicio de que, efectivamente,
hubieran llegado vecinos encapuchados y otros con la cara descubierta al
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domicilio de R.V.P.; ii) No hay indicio recabado por los
elementos policiales que pudiere comprobar de que hubiere presencia de los
acusados, especialmente de mi persona, que estuviera estado allí en el lugar de
los hechos y que se le pidiera patrullar o entregar cincuenta quetzales; ni siquiera
indican qué persona directamente dijo lo de patrullar o pedir ese dinero; iii) que el
agente E.J.M.M. refiere respecto de una casa marcada
con unas figuras de encapuchados, pero no hicieron recolección de evidencias o
indicios que permitiera determinar quién o quiénes lo habían realizado y cómo se
vincula al hecho objeto del debate; iv) que no aportaron indicio o evidencia de que
alguien les disparó, según el Agente Méndez (página 52) aunque afirma que el
compañero C..B. le tomó fotos, lo que no es creíble, ya que, siendo ellos
dos y armados, en vez de repeler el ataque o llamar refuerzos se limitaron a huir a
80 kilómetros por hora, velocidad que en ese lugar no se puede desarrollar. iv)
(sic) Es increíble que se tomara como válido esta declaración en la que afirma
que el tipo que disparaba hablaba por teléfono como alertando a los demás y que
luego a doscientos metros observó a otra persona con una pistola en la mano y
hablando por celular también; dicho que es falso, ya que reconoció en su
declaración, aunque no se consigna en la sentencia, que ni siquiera un disparo
impactó en el vehículo en que se transportaba. v) Si se infiere y determina de la
declaración del A..M..M. que, además de mentir sobre su
presencia en la Aldea la Estancia, su formación policial es deficiente e incurrió, de
haber sido cierta su declaración, en incumplimiento de deberes, ya que quien
disparaba estaba cometiendo un hecho delictivo y no hizo nada ni para repeler el
supuesto ataque armado ni retomó al lugar con refuerzos a recopilar evidencias,
como el recolectar los casquillos que pudieran haber quedado tirados en el lugar;
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de esa suerte es que las conclusiones a que llega el Tribunal en el fallo al darle
valor probatorio a dichas declaraciones son incongruentes y con plena
inobservancia de la experiencia, como regla de la sana crítica; vi) A.rma el agente
M.M. que en la investigación se estableció que eran como treinta
personas integrantes del grupo y de esas ocho lo dirigían entre estas P.J.
y M...N.j, lo cual es falso, ya que no indican qué medios de investigación
recopilaron para corroborar la declaración de la señora A..G.V.
.
P. ni cómo siquiera llegaron a determinar que P.J. y M.N.j
eran dirigentes de esas treinta personas; vii) Tampoco indicaron con qué medios
de investigación sustentan (página 53) que las amenazas eran que a las personas
que no colaboraran con el grupo sería asesinado a sangre fría, por lo cual el
razonamiento del Tribunal Sentenciador es falaz y con inobservancia de la
experiencia como regla de la Sana Critica. viii) Asegura el agente M.
.
M. (página 53) que ‛... el diecinueve de julio el compañero B. y yo
entrevistamos a don R. y a doña G. en el Kilómetro treinta Aldea
Estancia Vieja, S.R.. Toda la información se obtuvo por medio de
entrevistas a don R. le dijeron que si no colabora con el patrullaje lo
mataban o tenía que dar cincuenta quetzales diarios; él nos mencionó nombres
para establecer la existencia física se pidieron en Renap... y doña G. y don
R. los reconocieron’; declaración que refuerza que es inexistente la
investigación policial para corroborar el hecho objeto del debate, máxime cuando
el propio R.G.P. (páginas 60 a 63) indica que no reconoció a
nadie. viii) (sic) Declaró el agente M. (página 54) que se hicieron diligencias
de investigación y si se determinó el nombre de las personas encapuchadas en
este momento solo recuerdo a don P.J. y de M. de Jesús Nij (...) lo
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cual es también falso porque él mismo reconoce que Toda la información se
obtuvo por medio de entrevistas a don R., a quien únicamente entrevistaron
junto a su hermana A..G. el diecinueve de julio de dos mil doce. Entrevistas
que no pueden considerarse una investigación, y que no hay ni siquiera una
diligencia descrita y relevante que permitiera corroborar lo por ellos declarado. ix)
Afirmó (página 54) el agente M.z que en ese lugar no existe la libre
locomoción, pero no aportó al proceso ningún medio de investigación que
corroborara su dicho: x) Agrega el Agente Méndez (página 54) no saber quién
colocó los rótulos y que corría en peligro sus vida[s] y tuvieron que salir del lugar y
que quien les disparó salió de la casa de don P..J. y que por llevar una
testigo la tenían que resguardar, que les dispararon directamente y que no les
impactó ningún proyecto (sic) porque el piloto era muy hábil y que los dispararon
era como a trescientos metros y que más adelante otro persona les disparó;
declaraciones que solo demuestran que por la topografía de Aldea Estancia Vieja
son incongruentes con la realidad y que tampoco sirven para esclarecer cómo
ocurrieron los hechos objeto del debate ni para confirmar, ya que no hicieron
ninguna diligencia, la declaración de A..G.V.P. y de R.
.
V.P.. Xi) El agente M. también afirmó que don R. y
doña G. fueron quienes les comentaron que en ese lugar asesinaban a
personas a sangre fría cuando no colabora con ellos (páginas 54 y 55); sin
embargo, ni siquiera ese tipo de información se pudo corroborar, ya que ni ellos
proporcionar datos específicos ni los policías fueron capaces de recopilar datos
en los bomberos o en la comunidad de cuántas personas habían sido asesinadas
en ese lugar, lo cual infiere que esas generalizaciones no constituyen ni siquiera
indicio de cómo ocurrieron los hechos objeto del debate; xii) La declaración del
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Sub-inspector E.R.G.P. confirma lo declarado por el A.
.
M. (páginas 55 a la 59), pero en el sentido de que no hicieron investigación,
ya que lo único que hicieron fue entrevistarse con G..V..P. ni
tampoco presentó medios de investigación que permitieran establecer que P.
.
J..B. fue quien les disparó. Lo interesante es que en la sentencia
impugnada se omite indicar que el ataque armado al que se refieren los
elementos policiales fue de noche y que en ese lugar al que se refieren no hay
visibilidad porque el alumbrado público es escaso, lo que permite inferir que a
trescientos metros es imposible ver e identificar claramente personas y menos
saber que quien disparó estaba hablando por teléfono (página 55). xi) El Sub-
inspector G..P. (página 57) declara: En el informe se consigna que el
grupo de ahora sindicados según información del afectado y su hermana A.
.
G. pertenecían al grupo de patrulleros...’ Pero no aporta ningún tipo de
investigación creíble que permita corroborar que lo declarado es cierto y de igual
manera tampoco aporta ningún medio de investigación que le permitió comprobar:
‛a través de las entrevistas se estableció que los sindicados eran patrulleros
porque cobraban a quienes no hacían recorrido, no qué cantidad les cobrara’
(página 57). xiv) El Sub-inspector declaró que: ‛no se quien colocó los rótulos (...)
no se a quien los colocó o pagó para que los pusieran, no se logró establecer a
través de la investigación quien disparó al agraviado (...)’; declaración esta que
confirma que no hubo investigación que corroborara lo declarado por A..G.
.
V.P. y R.V.P.; al segundo porque nunca vio a
quienes lo agredieron y a la primera porque su declaración estaba contaminada al
habérsele tomado a pesar de la prohibición regulada en el artículo 377 del Código
Procesal Penal, ilegalidad que fue protestada durante el debate. En conclusión, al
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no haber medio de investigación diligenciado por los elementos policiales que
corroboraran lo declarado por A.G.V. paredes y R.V.
paredes lo considerado por el Tribunal Sentenciador (páginas 59 y 60 del fallo) es
contrario a la plataforma probatoria, ya que al inobservar la experiencia, como
regla de la sana critica, les dieron no solo valor probatorio, del cual carecen, pues
es subjetiva al considerar que: otorgándoles las Juzgadoras valor y eficacia
jurídica probatoria toda vez que contienen investigaciones sobre el hecho que nos
ocupa’ la investigaciones se limitaron a entrevistar a la denunciante A.G...
.
V.P. y a R.V.P., sin haber efectuado ninguna
diligencia que permitiera corroborar el hecho objeto del debate. Lo subjetivo de
darle valor probatorio a esas declaraciones se revela más es que esas
declaraciones no confirmaron con medios de investigación que, como afirma el
Tribunal Sentenciador, a donde los procesados ingresaron a su casa el día tres
de marzo del dos mil doce, aproximadamente a las veintitrés horas…’ (página 59).
Los propios elementos policiales reconocieron que se limitaron a las entrevistas a
A.G..V. y R.V.squez Paredes. Y tampoco la declaración y
dictamen pericial de la perita en medicina A..V..J..Á.
constituyen medio de investigación que los procesados, entre ellos mi persona,
cometiéramos los hechos descritos en la acusación. Nuevamente lo subjetivo
resalta en el fallo impugnado, ya que para darle valor probatorio a esas dos
declaraciones de los elementos policiales el Tribunal Sentenciador consideró: ‛…
los investigadores que como testigos se valoran entrevistaron a la señora A.
.
G.V.P., quien cuya entrevista mantiene la esencia de los
hechos con lo declarado en el debate (...) a eso se limita la investigación: a
entrevistar a A..G.V.P., lo cual confirma que no hay ninguna
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investigación por parte de ellos, para confirmar lo que ella declaró, lo cual hace
que dichos medios de prueba hayan sido valorados sin observar la experiencia
como regla de la sana Critica, que le hubiera permitido al Tribunal Sentenciador
ser objetivo en su obligación de procurar la verdad y cumplir lo dispuesto en el
artículo 14 constitucional, del cual se desprende el principio de que nadie se
condenado sin prueba pertinente. De hecho, para agravar más la inobservancia
de la Experiencia como regla de la sana crítica, el Tribunal Sentenciador con base
en la declaración de los dos elementos policiales concluyó: ‛que el motivo por el
cual hirieron a la víctima R.rto V.P. (sic), fue porque él ser
negaba a patrullar y cambio de ello tenía que pagar cincuenta quetzales por día lo
cual no lo hacía; investigación que corrobora la plataforma fáctica del ente
acusador’. Investigación que como los elementos policiales reconocieron se
constriñó a entrevistar a A.G.V....P. y a R.V.
.
P. sin hacer otro tipo de diligencia que permitiera comprobar esas
declaraciones, ya que el que se las hicieran a la policía no significa que sea cierto
ni constituye prueba alguna, dado que no se pudo comprobar lo fehaciente de las
mismas…”
Con relación a este submotivo la autoridad reprochada en el acto
reclamado señaló: “… En cuanto al décimo submotivo de forma, denominado así
por el casacionista con fundamento en el numeral 6 del artículo 440 del Código
Procesal Penal, el recurrente manifestó lo siguiente (…) Del estudio del recurso
de subsanación se establece que el recurrente no cumplió subsanar lo requerido
en cuanto a que el numeral 6 del artículo 440 del Código Procesal Penal
establece (…) esta Cámara estima necesario explicar que, son requisitos formales
de validez, todos aquellos elementos que en la estructura del pronunciamiento
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son indispensables para su existencia, como por ejemplo, la fecha en que se dicta
la sentencia, el nombre y apellido del acusado y la individualización de las demás
partes que intervienen en el caso, la motivación o razonamientos del tribunal que
sirven para fundamentar su decisión, la parte resolutiva y la firma de quienes
resolvieron, cuya exigencia tiene origen en los artículos 11 Bis y 389 del Código
Procesal Penal, los Cuales son aplicables a los fallos que resuelvan apelaciones
en materia penal. Como puede advertirse, el artículo 148 de la Ley del Organismo
Judicial, norma que citó como vulnerada el casacionista, no es una norma
específica en materia penal, sino una norma supletoria y si bien la misma contiene
requisitos que deben cumplirse en la estructura de la sentencia de segunda
instancia, pues la misma hace referencia (…) el impugnante, al referirse a dicho
artículo, manifestó en forma precisa que, a su juicio, el requisito formal de validez
que la sentencia de la Sala de Apelaciones no cumplió es ̔...No hubo extracto de
mis reclamos y tampoco análisis del mismo y de las leyes aplicables̕ Cámara
Penal al dar lectura de los argumentos expuestos en el memorial de subsanación,
arriba a la conclusión que el presente recurso debe ser rechazado para su trámite.
Lo anterior en virtud que no realizó la debida confrontación ente lo argumentado
en si recurso de apelación especial y lo resuelto por la Sala de Apelaciones en la
sentencia que impugna además, no realizó las razones propias que explicaran o
que sustentaran el requisito esencial de validez que supuestamente se violentó y
lo más importante, que indicara las normas de carácter y efecto procesal acordes
al caso de procedencia. Dichas falencias. imposibilitan al Tribunal de Casación de
realizar pronunciamiento en sentencia pues, se desconoce los motivos por los
cuales el recurrente señala que el fallo del Tribunal de Apelación violentó un
requisito esencial de validez, de igual forma se dedica a señalar aspectos de
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valoración probatoria. Continuando con el análisis del submotivo se estima que no
se cumplió con lo solicitado, ya que de los argumentos anteriores se evidencia
que el recurrente no realizó la argumentación jurídica que demostrara de qué
manera el Ad quem no fundamentó el fallo impugnado, pues, sus argumentos
fueron expuestos de manera general y abstracta, indicando únicamente que no
hubo extracto de sus reclamos y tampoco análisis del mismo, no logrando
evidenciar el agravio que denuncia, pues no es lo mismo denunciar que la Sala no
fundamentó debidamente su fallo a argumentar que la Sala no se pronunció, ya
que ambos agravios son excluyentes entre sí…
xii) Décimo primer motivo de forma
a) Señale las normas de carácter y efecto procesal - acordes al
caso de procedencia invocado- que la Sala de Apelaciones infringió en la
resolución que impugna. Debe exponer los argumentos que sustenten la
violación a las normas procesales descritas….
El casacionista respondió: “…Artículo 148 de la Ley del Organismo
Judicial….
“… b) S. el requisito formal de validez que no fue cumplido por la
Sala de Apelaciones en la resolución impugnada….
“… El casacionista con relación a ello expuso: “…La sentencia carece del
extracto de mis reclamos y de analizar las leyes aplicables a la admisibilidad de
este testimonio, ya que no toma en cuenta el testimonio de los procesados ni la
prueba documental, incluyendo el acta número tres ya relacionada, en donde se
describe la apreciación de la comunidad Aldea Estancia Vieja sobre R.
.
V.P., a quien se le atribuían hechos constitutivos de robo y de
extorsión. Véase que no hay análisis sobre la credibilidad de la víctima y de cómo
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el objeto era que, como una extorsión, pagara por un hecho que no cometí…”.
“…c) De las alegaciones realizadas en su recurso de apelación
especial por motivo de forma, argumente las razones por las cuales
considera que la Sala de Apelaciones al resolver, violentó el requisito
esencial de validez que señala. Para ello, deberá realizar la debida
confrontación entre lo solicitado y lo resuelto por el Ad quem, a fin de
demostrar el error por parte del Tribunal de Apelación Especial….
El casacionista al requerimiento anterior respondió: “…El Tribunal de
Segunda Instancia consideró darle valor positivo a la declaración de la víctima así:
Asimismo, de vital importancia el Juicio Valorativo del testimonio de la propia
víctima R..V..P., habiendo estimado el S. lo
siguiente: A esta declaración las Juzgadoras les conceden valor y eficacia jurídica
probatoria, la cual tiene la calidad de ser un prueba toral en este proceso pues
proviene de la propia víctima quien taxativamente indica que reconoció a los ocho
personas que están siendo procesados como las personas que el tres de marzo
del dos mil doce entraron a su casa y que le causaron diversidad de heridas con
arma de fuego, indicando claramente el motivo por el simple hecho de él negarse
a patrullar y no pagar el dinero que exigían por no hacerlo, también indica
claramente que del hecho se dio cuenta su mamá y su hermana y hermano, que
fue hospitalizado en el hospital R. donde lo intervinieron quirúrgicamente
lo cual se concatena totalmente con la declaración y dictamen de la perita médica
A..V..J..Á., quien ya ratificó su informe y fue valorado
positivamente (…) en consiguiente el Tribunal explica en forma clara, precisa,
lógica y coherente la sucesión de hechos que narraron en su presencia y de cómo
se individualiza a los procesados como las personas que le ocasionaron las
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heridas a la víctima, por lo que el A quo, efectúa una descripción del órgano de
prueba valorándolo en forma lógica (…) Acredito que la Sala no tomó en cuenta
mis reclamos al confrontar su consideración con estos: Se le dio valor probatorio a
la declaración en anticipo de prueba de R.V..P. (páginas de
la 60 a la 62) en contravención con el artículo 385 del Código Procesal Penal,
puesto que se inobservó la Sana Crítica, en su regla de la lógica y de esta su Ley
de Contradicción, ya que las Juzgadoras le dieron valor probatorio ya que
consignaron en la página 62 de su fallo: ̔A esta declaración las Juzgadoras les
conceden valor y eficacia jurídica probatoria (...) Pues proviene de la propia
víctima quien taxativamente indica que reconoció a las ocho personas que están
siendo procesados como las personas que el tres de marzo (...) indicando
claramente el motivo por el simple hecho de él negarse a patrullar y no pagar el
dinero que exigían para no hacerlo̕. La afirmación de las Juzgadoras es falsa, ya
que en su declaración R..V..P. manifestó que no conoció a
quiénes le dispararon. Es decir no dijo mi nombre ni el de los demás procesados,
lo que se concatena con la entrevista que se le hizo el dieciséis de julio del dos
mil doce por el Agente de PNC C.A.L.B., investigador, y el
Subinspector de PNC Edgar R.G.P., que es tenido como medio
de prueba y se le dio valor probatorio en el debate: ̔Allí estaba cuando unos tipos
con gorros pasamontañas me empezaron a disparar. Ellos creyeron que yo
estaba muerto, solo sentí que me pegaron varios tiros (...) Estoy seguro de que
los problemas iniciaron porque yo no me quise unir al grupo de patrulleros que
ellos estaban creando .. En el anticipo de prueba anticipada expresamente
dijo: ̔no se quien disparó (...) yo no tengo armas̕ (página 62). Además de
comprobar que Roberto V..P. no reconoció a sus agresores de su
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declaración también se extraen la intención de sacar provecho económico de esta
situación inculpándome de hechos de los que no soy responsable, ya que él tenía
problemas de enemistad con la Comunidad Aldea Estancia Vieja, municipio de
San Raymundo, departamento de Guatemala, lo que se corrobora con las
declaraciones de los procesados, denuncias en su contra y las actas tres y doce
guion dos mil doce, identificadas en autos, a las que a la señora Juzgadoras
omitieron someterlas a la confrontación y concatenación correspondiente, como
parte de su trabajo intelectivo al valor la prueba diligenciada en el debate: la
valoración de las juzgadoras es falso, porque precisamente porque colocaron en
boca de la propia víctima mi nombre y el de los otros procesados, los cuales
nunca él pronunció. Lo que se concatena con ̔la entrevista que se le hizo el
dieciséis de julio del dos mil doce por el Agente de PNC C.A.L.
.
B., investigador, y el Subinspector de PNC E..R..G.P.z,
que es tenido como medio de prueba y se le dio valor probatorio en el debate: ̔Allí
estaba cuando unos tipos con gorros pasamontañas me empezaron a disparar.
Ellos creyeron que yo estaba muerto, solo sentí que me pegaron varios tiros (...)
Estoy seguro de que los problemas iniciaron porque yo no me quise unir al grupo
de patrulleros que ellos estaban creando.. Esta entrevista es tenida como medio
de prueba con valor positivo ().
Cámara Penal, en lo concerniente a este submotivo estimó: “… En
cuanto al décimo primer submotivo de forma, denominado así por el casacionista
con fundamento en el numeral 6 del artículo 440 del Código Procesal Penal, el
recurrente manifestó lo siguiente: (…) Del estudio del recurso de subsanación se
establece que el recurrente no cumplió con subsanar lo requerido, en cuanto que
el numeral 6 del artículo 440 del Código Procesal Penal establece (…) esta
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Cámara estima necesario explicar que, son requisitos formales de validez, todos
aquellos elementos que en la estructura del pronunciamiento son indispensables
para su existencia, como por ejemplo, la fecha en que se dicta la sentencia, el
nombre y apellido del acusado y la individualización de las demás partes que
intervienen en el caso, la motivación o razonamientos del tribunal que sirven para
fundamentar su decisión, la parte resolutiva y la firma de quienes resolvieron,
cuya exigencia tiene origen en los artículos 11 Bis y 389 del Código Procesal
Penal, los cuales son aplicables a los fallos que resuelvan apelaciones en materia
penal. Como puede advertirse, el artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial,
norma que citó como vulnerada el casacionista, no es una norma específica en
materia penal, sino una norma supletoria y si bien la misma contiene requisitos
que deben cumplirse en la estructura de la Sentencia de segunda instancia, pues
la misma hace referencia (…) el impugnante al referirse a dicho artículo,
manifestó en forma imprecisa que, a su juicio, el requisito formal de validez que la
sentencia de la Sala de Apelaciones no cumplió es ‛...La sentencia carece del
extracto de mis reclamos y de analizar las leyes aplicables a la admisibilidad de
este testimonio...’. Cámara Penal, al dar lectura de los argumentos expuestos en
el memorial de subsanación, arriba a la conclusión que el presente submotivo
debe ser rechazado para su trámite. Lo anterior en virtud que, no existen
argumentos jurídicos que sustenten la violación a las normas procesales
señaladas como supuestamente vulneradas, pues debió explicar con
proposiciones jurídicas claras, precisas, capaces de evidenciar el requisito formal
para su validez que no se cumplió en el fallo que cuestiona. Asimismo, en su
memorial de subsanación no existe la debida confrontación entre lo argumentado
en el recurso de apelación especial y o resuelto por la Sala de Apelaciones, lo
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cual fue solicitado, ya que en su argumentación alega aspectos de valoración lo
cual no es permitido pues existe prohibición de hacer mérito de la prueba…”.
xiii) Décimo segundo motivo de forma
a) Señale las normas de carácter y efecto procesal - acordes al
caso de procedencia invocado- que la Sala de Apelaciones infringió en la
resolución que impugna. Debe exponer los argumentos que sustenten la
violación a las normas procesales descritas….
El casacionista respondió: “…Artículo 148 de la Ley del Organismo
Judicial….
“… b) S. el requisito formal de validez que no fue cumplido por la
Sala de Apelaciones en la resolución impugnada….
El casacionista con relación a ello expuso: “… No hubo extracto alguno de
mis reclamos ni se analizó el procedimiento de admisibilidad como medio de
prueba del revólver Smilh & Wesson y los seis cartuchos, relacionados en autos.
No es una omisión cualquiera porque no haber analizado mi impugnación dentro
de ese contexto hizo eludir al tribunal su obligación de declarar con lugar mi
recurso de apelación…”.
“…c) De las alegaciones realizadas en su recurso de apelación
especial por motivo de forma, argumente las razones por las cuales
considera que la Sala de Apelaciones al resolver, violentó el requisito
esencial de validez que señala. Para ello, deberá realizar la debida
confrontación entre lo solicitado y lo resuelto por el Ad quem, a fin de
demostrar el error por parte del Tribunal de Apelación Especial….
El casacionista señaló: “…Véase que en vez de dar respuesta a mis
reclamos el Tribunal Ad quem consideró: ̔En el juicio de valoración del perito en
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balística A.A.T.M. y respectivo dictamen, el A quo motivó
lo siguiente: A estos dos medios de prueba se les concede valor y eficacia
probatoria toda vez que provienen de una persona experta en el área de balística
el dictamen que emitiera no fue redargüido de nulidad ni falsedad y claramente
indica que el arma de fuego que peritara corresponde al tipo revolver, marca
Smith & Wesson, modelo diecinueve - dos, calibre punto trescientos cincuenta y
siete pulgadas Mágnum, número de serie K seiscientos ochenta y dos mil
cuatrocientos cuarenta y seis y la misma se encuentra en capacidad de disparar,
que los seis cartuchos peritados pertenecen al calibre punto treinta y ocho
pulgadas especial y son diseñados para ser utilizados en armas de fuego de ese
calibre; pero pueden ser utilizadas por el arma de fuego que él peritó: en cuanto a
los casquillos de arma de fuego que peritó pertenecen al calibre punto treinta y
ocho pulgadas especial y fueron percutidos y detonados por el ama de fuego que
él mismo peritó, conclusiones importantes para tomarlas en consideración por
parte del tribunal. En esta valoración el sentenciante realiza su labor intelectiva
igualmente de manera lógica y razonada, en cuanto a que los casquillos fueron
disparados por el arma de fuego que peritó, por lo que no se establece ningún
juicio contrario a la lógica, ni se contradice con otro juicio de razonamiento̕. Esto lo
afirma, a pesar de que en mi reclamo expresamente consigné: Se inobservó la
Sana Crítica, en su regla de la lógica, en su Principio de Razón Suficiente, ya que
de haber dictado el fallo conforme la misma no se le hubiere dado valor probatorio
a la evidencia consistente en arma de Fuego tipo revolver, marca S.&.
.
W., seis cartuchos para arma de fuego calibre punto treinta y ocho pulgadas
especial y tres casquillos, descritas en las páginas 63 y 64 del fallo), atendiendo a
que la misma fue aportada por la señora A.G..V..P. el doce
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de abril de dos mil doce, ya que en primer lugar ella tenía prohibición legal, al
tenor del artículo 300 del Código Procesal Penal, de tener más participación en el
proceso; que tampoco era testigo idóneo por la enemistad de ella y su familia con
la Comunidad de Aldea Estancia Vieja, porque en la misma se reconocía a su
hermano como un ladrón y extorsionador, conforme las actas tres del veintiséis de
febrero de dos mil doce y doce guion dos mil doce, a las cuales se les confirió
valor probatorio, pero omitiendo estas circunstancias que las hacían necesarias
concatenarlas con los demás medios de prueba: y porque la sustracción de
evidencia o indicios de una supuesta escena del crimen, como lo aseguró ella,
constituye delito de Obstaculización a la acción penal, regulada en el artículo 458
Bis del Código Penal, ya que al haberlo de esa manera se destruyó información
que pudo haberse extraído de esos objetos. es decir que el análisis obligado del
artículo 300 del Código Procesal Penal, además de que la Sala parte de que se
redarguyó de nulidad o falsedad ese medio de prueba, cuando no es necesario,
ya que siendo sus integrantes jueces de garantías constitucionales debieron
haber accedido a mi impugnación, puesto que dicho medio de prueba fue
incorporado por una persona que no estaba facultada para esa actividad procesal
ni estaba designada como investigadora…”.
Con relación a este submotivo la autoridad objetada en el acto
reclamado consideró: “…En cuanto al décimo segundo submotivo de forma,
denominado así por el casacionista con fundamento en el numeral 6 del artículo
440 del Código Procesal Penal, el recurrente manifestó lo siguiente (…) Del
estudio del recurso de subsanación se establece que el recurrente no cumplió con
subsanar lo requerido, en cuanto a que el numeral 6 del artículo 440 del Código
Procesal Penal establece (…) esta Cámara estima necesario explicar que, son
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requisitos formales de validez, todos aquellos elementos que en la estructura del
pronunciamiento son indispensables para su existencia, como por ejemplo, la
fecha en que se dicta la sentencia, el nombre y apellido del acusado y la
individualización de las demás partes que intervienen en el caso, la motivación o
razonamientos del tribunal que sirven para fundamentar su decisión, la parte
resolutiva y la firma de quienes resolvieron, cuya exigencia tiene origen en los
artículos 11 Bis y 389 del Código Procesal Penal, los cuales son aplicables a los
fallos que resuelvan apelaciones en materia penal. Como puede advertirse, el
artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial, norma que citó como vulnerada el
casacionista, no es una norma específica en materia penal, sino una norma
supletoria y si bien la misma contiene requisitos que deben cumplirse en la
estructura de la sentencia de segunda instancia, pues la misma hace referencia
(…) el impugnante, al referirse a dicho artículo, manifestó en forma imprecisa que,
a su juicio, el requisito formal de validez que la sentencia de la Sala de
Apelaciones no cumplió es ‛... No hubo extracto alguno de mis reclamos ni se
analizó el procedimiento de admisibilidad como medio de prueba...’. Sumado a lo
anterior el casacionista denuncia aspectos relacionados a la valoración probatoria
el cual no es procedente denunciar en este submotivo, además de que existe
prohibición de hacer mérito de la prueba; y en dado caso si su argumento va
relacionado con aspectos de la sana crítica razonada, debió invocar un submotivo
diferente siendo el motivo de forma con fundamento en el numeral 2 del artículo
440 del Código Procesal Penal, señala: (…) así como indicar las normas
pertinentes. Aspectos que no cumplió el recurrente, por lo que su recurso, en
cuanto a este submotivo analizado, debe ser rechazado…”.
xiv) Décimo tercer motivo de forma
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a) Señale las normas de carácter y efecto procesal - acordes al
caso de procedencia invocado- que la Sala de Apelaciones infringió en la
resolución que impugna. Debe exponer los argumentos que sustenten la
violación a las normas procesales descritas….
El casacionista respondió: “…Artículo 148 de la Ley del Organismo
Judicial….
“… b) S. el requisito formal de validez que no fue cumplido por la
Sala de Apelaciones en la resolución impugnada….
El casacionista con relación a ello expuso: “…No hubo extracto alguno de
mis reclamos ni tampoco hubo análisis sobre estos a la luz de los artículos
aplicables que es el artículo 182 del Código Procesal Penal, en cuanto a la
fotocopia del acta de asamblea de vecinso (sic) número doce - dos mil doce, del
seis de septiembre del dos mil doce, de la auxiliatura de la comunidad de Aldea
Estancia Vieja San Raymundo, Guatemala, firmados por vecinos del lugar. en la
que no comparezco ni firmó…”.
“…c) De las alegaciones realizadas en su recurso de apelación
especial por motivo de forma, argumente las razones por las cuales
considera que la Sala de Apelaciones al resolver, violentó el requisito
esencial de validez que señala. Para ello, deberá realizar la debida
confrontación entre lo solicitado y lo resuelto por el Ad quem, a fin de
demostrar el error por parte del Tribunal de Apelación Especial….
Con respecto a este requerimiento el casacionista expuso: “… Básicamente
en la sentencia no hay razonamiento alguno sobre mi reclamo contenido en
décimo tercer motivo de mi recurso de apelación por motivo de forma, ya que la
Sala omitió hacer las consideraciones al respecto, que la hubieran llevado a
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concatenar que la víctima no proporcionó mi nombre en ningún momento ni me
señaló como su victimario, conforme la declaración testimonial que en prueba
anticipada rindió; lo que confirma que las juzgadoras a quo insertaron esa
declaración falsa en la que la víctima da mi nombre y los nombres de los otros
procesados…”.
Con referencia a este submotivo la autoridad denunciada consideró
en el acto reclamado: “…En cuanto al décimo tercer submotivo de forma,
denominado así por el casacionista con fundamento en el numeral 6 del artículo
440 del Código Procesal Penal, el recurrente manifestó lo siguiente: (…) Del
estudio del recurso de subsanación se establece que el recurrente no cumplió con
subsanar lo requerido, en cuanto a que el numeral 6 del artículo 440 del Código
Procesal Penal establece: (…), esta Cámara estima necesario explicar que, son
requisitos formales de validez, todos aquellos elementos que en la estructura del
pronunciamiento son indispensables para su existencia, como por ejemplo, la
fecha en que se dicta la sentencia, el nombre y apellido del acusado y la
individualización de las demás partes que intervienen en el caso, la motivación o
razonamientos del tribunal que sirven para fundamentar su decisión, la parte
resolutiva y la firma de quienes resolvieron, cuya exigencia tiene origen en los
artículos 11 Bis y 389 del Código Procesal Penal, los cuales son aplicables a los
fallos que resuelvan apelaciones en materia penal. Como puede advertirse, el
artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial, norma que citó como vulnerada el
casacionista, no es una norma específica en materia penal, sino una norma
supletoria y si bien la misma contiene requisitos que deben cumplirse en la
estructura de la sentencia de segunda instancia, pues la misma hace referencia a
que las sentencias de segunda instancia (…) el impugnante, al referirse a dicho
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artículo, manifestó en forma imprecisa que, a su juicio, el requisito formal de
validez que la sentencia de la Sala de Apelaciones no cumplió es ‛...No hubo
extracto alguno de mis reclamos ni tampoco hubo un análisis sobre estos a la luz
de los artículos aplicables que es el artículo 182 del Código Procesal Penal.’
Cámara Penal, al dar lectura de los argumentos expuestos en el memorial de
subsanación, arriba a la conclusión que el presente submotivo debe ser
rechazado para su trámite. Lo anterior en virtud que, no existen argumentos
jurídicos que sustenten la violación a las normas procesales señaladas como
supuestamente vulneradas, pues debió explicar con proposiciones jurídicas
claras, precisas, capaces de evidenciar el requisito formal para su validez que no
se cumplió en el fallo que cuestiona. Asimismo, en su memorial de subsanación
no existe la debida confrontación entre lo argumentado en el recurso de apelación
especial y lo resuelto por la Sala de Apelaciones, lo cual fue solicitado, ya que en
su argumentación alega aspectos de valoración lo cual no es permitido pues
existe prohibición de hacer mérito de la prueba.”.
xv) Décimo cuarto motivo de forma
a) Señale las normas de carácter y efecto procesal - acordes al
caso de procedencia invocado- que la Sala de Apelaciones infringió en la
resolución que impugna. Debe exponer los argumentos que sustenten la
violación a las normas procesales descritas….
El casacionista respondió: “…Artículo 148 de la Ley del Organismo
Judicial….
“…b) S. el requisito formal de validez que no fue cumplido por la
Sala de Apelaciones en la resolución impugnada….
El casacionista con relación a ello expuso: “… No se hizo extracto de mis
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reclamos en cuanto a la no valoración positiva de la declaración de J..L.
.
Z.X. ni se analizó debidamente la misma a la luz de la experiencia, como
regla de la sana crítica, lo que incidió en que no la concatenara con los boletos
con que acredité que el día de los hechos iba de viaje a El Petén…”.
“…c) De las alegaciones realizadas en su recurso de apelación
especial por motivo de forma, argumente las razones por las cuales
considera que la Sala de Apelaciones al resolver, violentó el requisito
esencial de validez que señala. Para ello, deberá realizar la debida
confrontación entre lo solicitado y lo resuelto por el Ad quem, a fin de
demostrar el error por parte del Tribunal de Apelación Especial….
El casacionista con referencia a este requerimiento señaló: “…El Ad quem
consideró para no acoger mi recurso en cuanto al décimo cuarto submotivo del
recurso de apelación por motivo de forma lo siguiente porque no hace mención,
ni individualiza al testigo J.L.Z.X., pese a que fueron incorporados al
proceso. Sin embargo esta Sala, determinó que sí se menciona expresamente en
la sentencia a dicho testigo, en el apartado de medios de prueba sin valor
probatorio, explicando el A quo, que no le otorgó valor probatorio, toda vez que en
la forma que prestó su deposición el testigo no se establece certeza de lo que
expresa los boletos que dice compró están a nombre de una sola persona, no se
tiene la certeza quienes son las otras personas que con él viajaron solo con el
simple hecho que él las menciona, por lo que hizo establecer al sentenciante que
con base en la experiencia es una estrategia de defensa del procesado. En ese
sentido este Tribunal de Alzada, establece que los apelantes o no conocen el
contenido de la sentencia o pretender hacer entrar en yerro en la Alzada, al
relacionar que ese testigo no fue mencionado, observándose que el juicio de
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razonamiento el coherente y lógico y el Tribunal en su poder soberano de
valoración, no le otorgó valor a ese testigo, por lo que deviene infundado lo
argumentado por los procesados […] Véase que no le da respuesta a mi reclamo
consistente: La experiencia fue inobservada en el fallo, porque: a) Por vivencia se
sabe y sabemos que cuando se viaje en ese tipo de transportes en grupo una sola
persona se acostumbra sea quien compre los boletos y esa persona es la que le
indica al vendedor a nombre de quién se expiden. b) Que fue expreso y claro el
testigo al indicar que en la fecha de los hechos, tres de marzo de dos mil doce, yo
viajé con él, junto con otras dos personas; lo que destacó acá es que las
Juzgadoras consideran que no se tiene la certeza de quiénes eran las otras
personas omitiendo que por experiencia lo importante si ese día yo viajé con J..
.
L.Z.X., lo cual hice y viajamos a El Petén, como lo declaré y él
confirmó. Esta declaración se concatena con las certificaciones de los boletos
relacionadas y que no se les dio valor probatorio, porque no se les dio la calidad
de certificación, según el Tribunal, pero sin citar que norma le permite quitarle el
valor probatorio que tiene el perito contador que extendió dichas certificaciones de
los boletos. Cualquier persona que viaje en grupo y le corresponda pagar boletos
de su grupo sabe al igual que sus acompañantes que le extenderán cada uno de
los boletos a su nombre, es decir, a nombre de una sola persona y, por lo regular,
utilizando un solo nombre y un apellido….
Referente a este submotivo Cámara Penal en el acto denunciado
como agraviante estimó: “… En cuanto al décimo cuarto submotivo de forma,
denominado así por el casacionista con fundamento en el numeral 6 del artículo
440 del Código Procesal Penal, el recurrente manifestó lo siguiente: (…) Del
estudio del recurso de subsanación se establece que el recurrente no cumplió con
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subsanar lo requerido, en cuanto a que el numeral 6 del artículo 440 del Código
Procesal Penal establece (…) esta Cámara estima necesario explicar que, son
requisitos formales de validez, todos aquellos elementos que en la estructura del
pronunciamiento son indispensables para su existencia, como por ejemplo, la
fecha en que se dicta la sentencia, el nombre y apellido del acusado y la
individualización de las demás partes que intervienen en el caso, la motivación o
razonamientos del tribunal que sirven para fundamentar su decisión, la parte
resolutiva y la firma de quienes resolvieron, cuya exigencia tiene origen en los
artículos 11 Bis y 389 del Código Procesal Penal, los cuales son aplicables a los
fallos que resuelvan apelaciones en materia penal. Como puede advertirse, el
artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial, norma que citó como vulnerada el
casacionista, no es una norma específica en materia penal, sino una norma
supletoria y si bien la misma contiene requisitos que deben cumplirse en la
estructura de la sentencia de segunda instancia, pues la misma hace referencia
(…) el impugnante, al referirse a dicho artículo, manifestó en forma imprecisa que,
a su juicio, el requisito formal de validez que la sentencia de la Sala de
Apelaciones no cumplió es ‛...No se hizo extracto de mis reclamos en cuanto a la
no valoración positiva de la declaración de J.L.Z.X.’. Cámara Penal,
al dar lectura de los argumentos expuestos en el memorial de subsanación, arriba
a la conclusión que el presente submotivo debe ser rechazado para su trámite. Lo
anterior en virtud que, no existen argumentos jurídicos que sustenten la violación
a las normas procesales señaladas como supuestamente vulneradas, pues debió
explicar con proposiciones jurídicas claras, precisas, capaces de evidenciar el
requisito formal para su validez que no se cumplió en el fallo que cuestiona.
Asimismo, en su memorial de subsanación no existe la debida confrontación entre
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lo argumentado en el recurso de apelación especial y lo resuelto por la Sala de
Apelaciones lo cual fue solicitado, ya que en su argumentación alega aspectos de
valoración lo cual no es permitido pues existe prohibición de hacer mérito de la
prueba…”.
xvi) Décimo quinto motivo de forma
a) Señale las normas de carácter y efecto procesal - acordes al
caso de procedencia invocado- que la Sala de Apelaciones infringió en la
resolución que impugna. Debe exponer los argumentos que sustenten la
violación a las normas procesales descritas….
El casacionista respondió: “…Artículo 148 de la Ley del Organismo
Judicial….
“… b) S. el requisito formal de validez que no fue cumplido por la
Sala de Apelaciones en la resolución impugnada….
El casacionista con relación a ello expuso: “… No se hizo extracto de mis
reclamos en cuanto a los boletos de facturas: a) ciento treinta y ocho mil
doscientos treinta y cinco, del boleto de viaje de fecha tres de marzo de dos mil
doce, asiento treinta y siete, con salida Guatemala, para Santa Elena, salida a las
nueve pasado meridiano, por valor de ciento sesenta quetzales, b) ciento treinta y
ocho mil doscientos treinta y seis, del boleto de viaje de fecha tres de marzo del
dos mi doce, asiento treinta y ocho, con salida Guatemala, para Santa Elena,
salida a las nueve pasado meridiano, por valor de ciento sesenta quetzales, c)
ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y siete, del boleto de viaje de fecha tres
de marzo del dos mil doce, asiento treinta y nueve, con salida Guatemala, para
Santa Elena, salida a las nueve pasado meridiano, por valor de ciento sesenta
quetzales, y d) ciento treinta y ocho mil doscientos treinta y ocho, del boleto de
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viaje de fecha tres de marzo del dos mil doce, asiento cuarenta, con salida
Guatemala, para Santa Elena, salida a las nueve pasado meridiano, por valor de
ciento sesenta quetzales, firmados por C.H..L.R., Perito
Contador registro número ciento ocho mil noventa y ocho, fechada veintisiete de
diciembre del dos mil doce, basándose en que el A quo: ̔toda vez que al tenerlos a
la vista los mismos no tienen la calidad de certificaciones como se les calificó al
momento de incorporarlos̕, calidad que no podía suprimirse ni perderse, ya que
estos documentos no fueron redargüidos de nulidad o falsedad y que se
concatenan con la veracidad de la declaración de Lino Izquierdo Xuyá̕. Ni los
analizó conforme los artículos 182 y 185 del Código Procesal Penal.”.
“… c) De las alegaciones realizadas en su recurso de apelación
especial por motivo de forma, argumente las razones por las cuales
considera que la Sala de Apelaciones al resolver, violentó el requisito
esencial de validez que señala. Para ello, deberá realizar la debida
confrontación entre lo solicitado y lo resuelto por el Ad quem, a fin de
demostrar el error por parte del Tribunal de Apelación Especial….
El casacionista con referencia a este requerimiento señaló: “… El ad quem
consideró para no dar respuesta a mis reclamos: ̔... Cuatro certificaciones de
boleto en las que se aprecia copia certificada de las facturas números 138235,
138236, 138237 y 138238 de fecha 03 de marzo de 2012 a nombre de A.
.
C.C., que amparan los asientos números 37, 38, 39 y 40 con salida de
Guatemala para Santa Elena Peten, hora de salida 0.9:00 PM con un valor de Q.
160.00 cada una, firmada por C.H.L..R. perito contador con
número de registro 108098 fechada 27 de diciembre de 2012. Sin embargo
nuevamente al igual que con el anterior órgano de prueba, se establece que sí se
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encuentran individualizados en el apartado de medios de prueba sin valor
probatorio, explicando en sentenciante, que no otorga valor probatorio a esos
documentos en vista que los mismos no tienen la calidad de certificaciones como
se les calificó al momento de incorporados, en tal sentido, el Tribunal en su poder
soberano de valoración, explica en forma clara, precisa y lógica la razón por las
cual no otorga valor probatorio, por lo que no es cierto que no se mencionan los
mismos en el fallo. Los demás argumentos de los procesados, con relación a los
órganos de prueba, están dirigidos a descalificar los mismos, expresando que no
debió darse valor a unos testimonios o en su caso atacan lo declarado por el
órgano de prueba y nunca explicar en forma clara porque en el juicio valorativo se
incurrió en violación a la sana critica razonada. Sin embargo como se indicó
anteriormente y agregado a la explicación relacionada líneas atrás” (…) en mis
reclamos aduje: calidad que no [p]odía suprimirse ni perderse, ya que estos
documentos no fueron redargüidos de nulidad o falsedad y que se concatenan
con la veracidad de la declaración de Lino Izquierdo Xuyá. es decir que incumplió
con su trabajo intelectivo jurídico, en razón de que el perito contador que las
emitió sí está facultado para hacerlo, además de que las mismas ninguna de las
partes procesales las redarguyó de nulidad o falsedad. véase que el Ad quem no
dio respuesta a mi reclamo, porque el ad quo no tenía ni tiene facultad para
suprimirle su función de emitir certificaciones al perito contador relacionado en
autos. al no darle valor probatorio a estas certificaciones el a quo y el tribunal no
dar respuesta a mis reclamos, dentro del décimo quinto submotivo, hace
procedente mi casación, porque el tribunal no analizó como se reclamó. dicho
submotivo…”.
Con relación a este submotivo la autoridad denunciada en el acto
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reclamado consideró: “… En cuanto al décimo quinto submotivo de forma,
denominado así por el casacionista con fundamento en el numeral 6 del artículo
440 del Código Procesal Penal, el recurrente manifestó lo siguiente (…) Del
estudio del recurso de subsanación se establece que el recurrente no cumplió con
subsanar lo requerido, en cuanto a que el numeral 6 del artículo 440 del Código
Procesal Penal establece: (…) esta Cámara estima necesario explicar que, son
requisitos formales de validez, todos aquellos elementos que en la estructura del
pronunciamiento son indispensables para su existencia, como por ejemplo, la
fecha en que se dicta la sentencia, el nombre y apellido del acusado y la
individualización de las demás partes que intervienen en el caso, la motivación o
razonamientos del tribunal que sirven para fundamentar su decisión, la parte
resolutiva y la firma de quienes resolvieron, cuya exigencia tiene origen en los
artículos 11 Bis y 389 del Código Procesal Penal, los cuales son aplicables a los
fallos que resuelvan apelaciones en materia penal. Como puede advertirse, el
artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial, norma que citó como vulnerada el
casacionista, no es una norma específica en materia penal, sino una norma
supletoria y si bien la misma contiene requisitos que deben cumplirse en la
estructura de la sentencia de segunda instancia, pues la misma hace referencia
(…) el impugnante, al referirse a dicho artículo, manifestó en forma imprecisa que,
a su juicio, el requisito formal de validez que la sentencia de la Sala de
Apelaciones no cumplió es “...No se hizo extracto de mis reclamos en cuanto a los
boletos de facturas”. Cámara Penal, al dar lectura de los argumentos expuestos
en el memorial de subsanación, arriba a la conclusión que el presente submotivo
debe ser rechazado para su trámite. Lo anterior en virtud que, no existen
argumentos jurídicos que sustenten la violación a las normas procesales
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señaladas como supuestamente vulneradas, pues debió explicar con
proposiciones jurídicas claras, precisas, capaces de evidenciar el requisito formal
para su validez que no se cumplió en el fallo que cuestiona. Asimismo, en su
memorial de subsanación no existe la debida confrontación entre lo argumentado
en el recurso de apelación especial y lo resuelto por la Sala de Apelaciones, lo
cual fue solicitado, ya que en su argumentación alega aspectos de valoración lo
cual no es permitido pues existe prohibición de hacer mérito de la prueba. Cámara
Penal, al dar lectura de los argumentos expuestos en el memorial de
subsanación, arriba la conclusión que los anteriores submotivos de forma deben
ser rechazados para su trámite, en virtud que, el recurrente al subsanar el plazo,
realiza un mismo análisis alegando aspectos relacionados a valoración probatoria
y respecto a una falta de pronunciamiento por parte de la Sala, al resolver las
denuncias puestas a su conocimiento, con lo cual no cumplió con indicar el
requisito esencial de validez que el Ad quem inobservó y no indicó las normas que
a su juicio la Sala de Apelaciones infringió en el fallo recurrido y que sean acordes
al caso de procedencia seleccionado, haciendo referencia únicamente al artículo
148 de la Ley del Organismo Judicial el cual no contiene un efecto en cuanto a
que esta Cámara Penal examine una fundamentación respecto a supuestos vicios
de logicidad. Para poder sustentar una pretensión es necesario que exista una
norma adecuada y que esta sea congruente a verificar si la sentencia de la Sala
de Apelaciones cumplió con los requisitos que la hacen válida; es decir que tal
norma debe tener el efecto de reparar el supuesto agravio; ya que no es lo mismo
denunciar un precepto legal que obligue a las S. a que den un resumen de lo
que contiene su sentencia a denunciar una norma que obligue a reparar los
supuestos agravios. En el presente caso, la norma que denuncia no contiene un
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efecto que va más allá de lo que pretende. Asimismo al denunciar una norma que
no es idónea al caso de procedencia conlleva que su proposición jurídica sea
errada; toda vez que su pretensión se hace confusa al decir que se vulneró el
artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial. Dicha norma solo detalla qué
aspectos debe contener las sentencias emitidas por las Salas de Apelaciones, lo
que comúnmente se llama apartados de las sentencias y no existen argumentos
jurídicos que sustenten la violación a las normas procesales señaladas como
supuestamente vulneradas, pues debió explicar con proposiciones jurídicas
claras, precisas, capaces de evidenciar el requisito formal para su validez que no
se cumplió en el fallo que cuestiona. El argumento es muy repetitivo en cada uno
de los submotivos que desarrollo de manera individual. Asimismo, en su memorial
de subsanación no existe la debida confrontación entre lo argumentado en el
recurso de apelación especial y lo resuelto por la Sala de Apelaciones, lo cual fue
solicitado. Dichas falencias imposibilitan al Tribunal de Casación de realizar
pronunciamiento en sentencia, pues se desconocen los motivos por los cuales el
recurrente se encuentra inconforme con el fallo del Tribunal de Apelación al
cuestionar un posible vicio nacido en esa instancia. Es importante indicarle al
recurrente y sobre todo al abogado defensor que, el artículo 440 numeral 6) del
Código Procesal Penal, tiene como esencia, velar para que se cumplan los
requisitos formales para la validez de una resolución, es decir, el requisito
esencial para la validez de una sentencia o de un auto hace referencia aquellas
exigencias indispensables para la estructura de un buen pronunciamiento de las
resoluciones judiciales. Por lo considerado y atendiendo al principio pro actione,
se le hace saber al abogado defensor que sí es factible denunciar por medio del
numeral 6 del artículo 440 del Código Procesal Penal vicios como vulneración al
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artículo 11 Bis, se debe desarrollar por medio de proposiciones jurídicas claras,
que hagan evidente el agravio que denuncia, ya que no basta con indicar que la
Sala de Apelaciones incumplió con algún requisito formal para la validez de dicha
sentencia. Asimismo, el recurrente no dio argumentos jurídicos que aclaren las
razones por las cuales considera que el Tribunal de Apelación violentó el artículo
148 de la Ley del Organismo Judicial, el cual como ya se indicó es una norma
supletoria a la ley penal. En ese sentido, no es válido solo hacer mención que
existe transgresión de normas procesales, sino que debe existir una proposición
jurídica, que sea contundente, y que demuestre la trascendencia del vicio, para
que esta Cámara pueda analizar en sentencia dichas inconformidades, de no
realizarlo así, su exposición carece de una falta de proposición jurídica clara y
capaz de evidenciar el agravio que denuncia, como sucede en el presente caso,
ya que el vicio en la sentencia que se le atribuye a la Sala de Apelaciones con
base en los párrafos precedentes se concluye que el agravio que señala el
casacionista no es congruente con el caso de procedencia invocado, y la norma
vulnerada es incorrecta; además no pudo evidenciar cuál fue el requisito esencial
de validez inobservado por el ad quem al momento de emitir la sentencia,
argumentación que era necesaria exponer en su memorial de subsanación, para
poder superar la etapa de admisibilidad ya que se le advirtió en el previo, que
debía señalar cuál era el requisito esencial de validez que no fue observado en el
fallo recurrido. El anterior razonamiento, ha sido compartido por la Corte de
Constitucionalidad en la sentencia (…) Por lo antes considerado, esta Cámara no
puede hacer un pronunciamiento en sentencia por ausencia de razones
suficientes que permitan abrir esta vía recursiva. En ese orden de ideas, este
Tribunal está impedido para adentrarse al estudio del presente caso y, en
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consecuencia, los presentes submotivos de forma deben ser rechazados…”.
B.2) Casación por submotivos de fondo
i) Primer submotivo de fondo
“… Para el motivo de fondo con fundamento en el numeral 5 del
artículo 441 del Código Procesal Penal, respecto al ̔primer submotiv,
denominado así por el casacionista, debe subsanar de forma breve,
concreta y sin cambio de motivo, ni submotivo, lo siguiente: a) Debe
reformular sus argumentos jurídicos de manera que demuestre las razones
concretas por las cuales la Sala de Apelaciones incurrió en indebida
aplicación de la norma que señala como infringida. b) Identifique de manera
clara y precisa los hechos cometidos que hayan quedado acreditados por el
Tribunal de Sentencia, en los que se incurrió en error de derecho al avalar la
calificación jurídica realizada en primera instancia. c) A partir de lo anterior,
reformule sus argumentos jurídicos de manera que demuestre las razones
por las que, en los hechos acreditados no concurre el grado de
participación como autor en el delito de asesinato en grado de tentativa y
por qué sí se vislumbra la pretensión que indica en su memorial…”.
El casacionista ante ese requerimiento, señaló: “… a) El criterio de la Sala
consiste: Para efectos de la interpretación de la calificación jurídica del Asesinato
la doctrina orienta que deben incorporarse como parámetros interpretativos los
denominados «criterios de inferencia» que ayudan en la labor analítica. Los
criterios seguidos para valorar la intención o el animus del autor son: el arma
utilizada, heridas provocadas, dirección, número y violencia de los golpes;
condiciones de tiempo y espacio; circunstancias conexas; manifestaciones del
agresor, palabras acompañantes y precedentes a la acción, actividad anterior y
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posterior, relaciones previas entre víctima y agresor; y el origen de la agresión, las
cuales no necesariamente deben converger en su totalidad, pues el análisis será
realizado a la luz de las circunstancias específicas de cada caso concreto.
Interpretación individualizada a través de los criterios de inferencia[.] Los criterios
de inferencia son piezas clave para buscar un elemento subjetivo dentro de un
análisis de datos objetivos. Su finalidad no es otra que servir de eje durante el
proceso jurídico para buscar la verdad histórica de lo acontecido en el suceso
enjuiciado. En ese sentido nótese que del propio hecho acreditado se extrae que
los procesados, M. de J.N.j Cul, A..C..C., P.J.
.
B., N..C.N., M.A.Z., M.T..C., C.
.
U.C. y G.S.C., juntamente con un grupo personas
identificadas conformando el grupo denominado vecinos organizados o
patrulleros, portando armas de fuego, palos y algunos con el rostro cubierto, con
premeditación conocida, alevosía y abuso de superioridad, ingresaron
violentamente a la residencia del señor R.V.P.es, ubicada en
Aldea Estancia Vieja, Sector Uno, del Municipio de San Raymundo del
departamento de Guatemala, a quien buscaron y al encontrarlo sin justificación
alguna le efectuaron disparos con las armas de fuego que portaban, causándole
heridas graves por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo,
a quien luego de creerlo fallecido, lo abandonaron y salieron de la residencia de la
víctima, amenazando a los hermanos del agraviado que si denunciaban el hecho
iban acabar con toda la familia, no logrando su propósito por la
inmediata ̔intervención de los hermanos del señor R.V..P.,
los señores G.V.P. y O..V..P., quienes
llamaron un taxi para trasladar a dicha víctima a la estación de Bomberos
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Voluntarios del Municipio de San Raymundo del departamento de Guatemala,
quienes lo trasladaron al Hospital Roosevelt donde quedó internado. En tal razón
se desprende del propio hecho acreditado, que el elemento subjetivo estaba
constituido por la intención de dar muerte a la víctima, no obstante no ocasionarle
la muerte por causas independientes a la voluntad del agente. En esa virtud de
las inferencias propias del hecho acreditado, tales como lo constituyen la
utilización de armas de fuego, las heridas graves provocadas a la víctima, así
como la planificación previa que se extrae del hecho acreditado, ya que
ingresaron en grupo con esa intención de causar la muerte al agraviado, por lo
que deviene de un plan previamente estructurado, y que al final no lograron su
propósito, como se indicó por causas independientes a la voluntad de los
procesados, criterios de inferencias estos, que ayudaron al Sentenciante en la
labor analítica de calificación jurídica del tipo penal y que este Tribunal de Alzada
encuentra debidamente sustentados, no solamente en la doctrina, sino en las
circunstancias calificativas que describe el artículo 132 del Código Penal, tal como
lo indicó el sentenciante en el hecho acreditado, por lo que, sí es procedente el
encuadramiento de la conducta en calidad de autores del tipo penal de Asesinato
en grado de tentativa, hechos que fueron acreditados por el Tribunal de sentencia
con los medios de prueba diligenciados ante su inmediación en el debate, por lo
que, encontrándose jurídicamente sustentados, deben ser subsumidos en el tipo
penal relacionado. De tal manera que el Tribunal de Sentencia no cometió las
infracciones denunciadas, por consiguiente los recursos de apelación especial, no
deben ser acogidos̕. Ese fue el análisis de la Sala, pero el mismo está plagado de
errores a la luz del delito y de los hechos que consideró acreditados: parto de la
verdad histórica: Entre el procesado y mi persona nunca hubo confrontación o
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conflicto alguno, pero sí él tenía problemas ante la comunidad donde se le
calificaba de ladrón y extorsionista. Es decir no existía en mi persona ningún
motivo para tener el ánimo de atentar contra su integridad y su vida. En segundo
lugar: El juicio no versó sobre si existían o no grupos organizados o patrulleros; en
tercer lugar, porque la propia víctima declaró que no reconoció a ninguno de sus
atacantes ni proporcionó ni mi nombre ni los nombres de los otros procesados,
como maliciosa y delictivamente insertaron en la sentencia de primer grado los
juzgadores a quo; en cuarto lugar: el artículo 14 del Código Penal contempla la
tentativa y define que (…) la misma se produce cuando se comienza su ejecución
por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas independientes de la
voluntad del agente. En el presente caso, H.M., los hechos
que se tienen por probados en este juicio, los cuales no corresponden a mi
realidad, ya que me encontraba de viaje a El Petén, no describen cuál fue mi rol o
qué hechos realice en la ejecución de tan deleznable crimen, pues no indican si
yo portaba armas, palos u otro tipo de artefacto para ocasionar daño; es decir que
no dicen en qué consistió el acto en sí mismo que me hace responsable del hecho
por el cual se me condena, especialmente porque no subsumen los hechos que
me acreditan a lo establecido en los numerales 1º, 2º, y 4º del artículo 36 del
Código Penal, ya que no dicen de qué forma participé directamente en esa
tentativa, ni si yo forcé o induje a alguien a cometer delito; ni tampoco describen
cómo coopere en la realización del crimen y cómo ese acto era imprescindible
para cometerlo; ni tampoco acreditan cómo me concerté con otras personas para
ejecutar dicho delito, en quinto lugar, porque racionalmente es imposible que un
grupo de personas, violentas y armadas como se tiene por acreditado, huyeran
ante la presencia de los dos hermanos de la víctima, quien dicho sea de paso
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nunca identificó a sus victimarios; en quinto lugar, porque en los hechos probados
no hay descripción alguna de cómo pudiera haber yo incurrido en alguna de las
conductas establecidos de los numerales 1 8 (sic) del Código Penal, para
considerarme responsable de intentar matar a R.V..P.. b) ̔En
cuanto al procesado A.C.C. por el (…) delito de asesinato en
grado de tentativa el procesado A.C..C., el día tres de marzo de
dos mil doce, como a eso de las veintitrés horas aproximadamente, acompañado
de los señores N.C.N., M. De Jesús Nij Cul, P..J.B.,
M..A.Z., M..T..C., C.U..C., G.
.
S.C. y un grupo de personas no identificadas, conformando el grupo
denominado vecinos organizados o patrulleros, portando armas de fuego, palos y
algunos con el rostro cubierto, con premeditación conocida, alevosía y abuso de
superioridad, ingresó violentamente a la residencia del señor R.V.
.
P., ubicada en la Aldea Estancia Vieja, Sector Uno, del Municipio de San
Raymundo del departamento de Guatemala, a quien buscaron y al encontrarlo sin
justificación alguna le efectuaron disparos con las armas de fuego que portaban,
causándole heridas graves en diferentes partes del cuerpo, a quien luego de
creerlo fallecido, lo abandonaron y salieron de la residencia de su víctima,
amenazando a los hermanos del agraviado que si denunciaban el hecho iban a
acabar con toda la familia, no logrando su propósito por la inmediata intervención
de los hermanos del señor R.V..e.P., los señores G.
.
V..P. y O..V..P., quienes llamaron un taxi para
trasladar a dicha victima a la Estación de Bomberos Voluntarios del Municipio de
San Raymundo del departamento de Guatemala, quienes lo trasladaron al
Hospital Roosevelt, donde quedó internad. (…) Véase que se tiene por probado
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que yo estuve en ese lugar, a pesar de que hay prueba testimonial y documental
que prueban que estaba de viaje a El Petén en la hora de los hechos, y aseguran
que ingresé a la residencia de la víctima, pero no hay ninguna sola prueba que así
lo acredité, ya que R.V.P.es no reconoció ni proporcionó el
nombre de sus victimarios (ver prueba anticipada de su declaración), asegura que
ese grupo de personas que ingresó le dispararon, pero no indica quién le disparó
ni cuántos disparos recibió la víctima ni tampoco indica qué tipo de arma de fuego
le causó las heridas ni muchos menos que yo lo hubiera hecho. Además, es
imposible subsumir la tentativa en ese hecho en que un grupo violento de
personas huyen ante la presencia de dos de los hermanos de la víctima. No se
indica clara y expresamente qué acto cometí. c) En los hechos acreditados,
H.M., es inexistente la descripción concreta, precisa y directa
de cuál fue el acto que cometí para que el mismo se subsuma en lo dispuesto en
los artículos 14 y 132 del Código Penal, así como que no indica de qué manera
directa participé en la ejecución de los actos propios del delito; tampoco hay una
descripción si yo (…) forcé o induje directamente a otra persona a ejecutar acto
alguno; además no hay descripción alguna de cómo coopere para la realización
del delito y de que ello se considere imprescindible; tampoco hay descripción
alguna de cómo me concerté con otro u otros para ejecución de ese delito ni hay
prueba que me relacione con su ejecución, debido a que la propia víctima declaró
que no reconoció a sus victimarios y en consecuencia no proporcionó ni mi
nombre ni el de los otros procesados, como maliciosa y delictivamente lo hizo
insertar en su sentencia el Tribunal a quo.
Con relación a este submotivo la autoridad cuestionada consideró en
el acto reclamado: “… Continuando con el análisis del memorial de interposición
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para el motivo de fondo con fundamento en el numeral 5 del artículo 441 del
Código Procesal Penal respecto al ‛primer submotivo’. denominado así por el
casacionista se le requirió lo siguiente: (…) Para subsanar las deficiencias
indicadas, en el memorial de evacuación el recurrente expresó: (…) Al evacuar la
audiencia conferida, la (sic) recurrente no logró superar las deficiencias que le
fueron señaladas en el plazo de tres días conferido, ya que al momento que el
casacionista señala los artículos que a su consideración fueron vulnerados por la
Sala recurrida al momento de no acoger el recurso de apelación especial, no
elabora una argumentación jurídica que evidencia la infracción a dichos artículos,
no pudiendo de esta manera demostrar la indebida aplicación de los artículos
mencionados, ni la relación directa que guardan estos con la invocación del
presente caso de procedencia, contrario a ello el recurrente se limita a negar los
hechos acreditados indicando que no se encuentra la base fáctica en el
comportamiento probado en su contra. El casacionista dirige su exposición a
tratar de desvirtuar el hecho acreditado, negando su participación en dichos
ilícitos, lo que no es posible alegar en este caso de procedencia, en virtud de que
la invocación de un motivo de fondo implica aceptar los hechos acreditados por el
tribunal de sentencia. momento de no acoger el recurso de apelación especial, no
elabora una argumentación jurídica que evidencia la infracción a dichos artículos,
no pudiendo de esta manera demostrar la indebida aplicación de los artículos
mencionados, ni la relación directa que guardan estos con la invocación del
presente caso de procedencia, contrario a ello el recurrente se limita a negar los
hechos acreditados indicando que no se encuentra la base fáctica en el
comportamiento probado en su contra. El casacionista dirige su exposición a
tratar de desvirtuar el hecho acreditado, negando su participación en dichos
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ilícitos, lo que no es posible alegar en este caso de procedencia, en virtud de que
la invocación de un motivo de fondo implica aceptar los hechos acreditados por el
tribunal de sentencia. Esta Cámara ha sostenido el criterio que: ‛cuando se
recurre en casación por motivo de fondo, el único referente fáctico para decidir su
justeza son los hechos acreditados, debiéndose concretar la labor de esta
Cámara a la revisión de la adecuada subsunción típica de hechos acreditados y
norma aplicada’, recurso de casación cero un mil cuatro guion dos mil trece guion
cero un mil trescientos sesenta y siete (01004-2013-01367), criterio que ha sido
compartido por la Corte de Constitucionalidad en la sentencia (…) Por ello se
reitera que, para ser admisible un recurso de casación en el que se denuncian
vicios in iudicando es imprescindible que se sustente un argumento jurídico que,
confrontado con el hecho acreditado, demuestre la errónea interpretación, falta de
aplicación o indebida aplicación de una norma sustantiva, excluyendo de dicho
argumento toda inconformidad con la forma en que se han acreditado -de más o
de menos- los hechos; sin dichos requisitos el recurso es inviable, puesto que no
se patentiza el agravio causado por el Tribunal de Apelación y en consecuencia
no puede hacerse un pronunciamiento en sentencia por ausencia de razones
suficientes para habilitar esta vía recursiva. En ese orden de ideas procede el
rechazo del presente motivo de fondo…”
ii) Segundo submotivo por motivo de fondo
“… Para el motivo de fondo con fundamento en el numeral 5 del
artículo 441 del Código Procesal Penal, respecto al ̔segundo submotivo̕,
denominado así por el casacionista debe corregir lo siguiente: a) Con base
en la plataforma fáctica, desarrolle un argumento jurídico, que indique por
qué considera que la Sala de Apelaciones, en la sentencia de segundo
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grado, incurrió en falta de aplicación del artículo 10 del Código Penal. b) A
partir de lo anterior, realice con argumentos jurídicos por qué en el hecho
acreditado no se configuran los verbos rectores del delito de asesinato en
grado de tentativa. La exposición jurídica que desarrolle debe evidenciar por
qué no existe relación causal entre los hechos acreditados y los verbos
rectores del delito antes indicado. c) Indique la solución legal que pretende,
exponiendo las razones jurídicas que demuestren su pretensión, la cual
debe tener relación con lo solicitado en su recurso de apelación especial…”.
El casacionista ante este requerimiento expresó: “… a) El artículo 10 del
Código Penal establece la relación de causalidad y establece como requisito
esencial que debe atenderse que ̔Los hechos previstos en las figuras delictivas
serán atribuidos al imputado, cuando fueren consecuencia de una acción u
omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del delito
y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los
establece como consecuencia de determinada conducta̕. La Sala debió haber
declarado con lugar mi impugnación, debido a que al tenor del artículo 10 del
Código Penal, en los hechos considerados probados no se individualiza
descriptivamente en qué específicamente incurrí para considerar que existía la
relación de causalidad, atendiendo a que no hay descripción de cuál fue la
participación que tuve o si forcé o induje a ejecutar el delito, o cómo coopere en la
realización del delito, sea en su participación o conspiración, o si solamente
estuve presente en la consumación del mismo. Ello, porque, conforme la verdad
histórica de lo sucedido es imposible que ese hecho hubiera ocurrido así, dado
que no hay una precisión qué acto realicé o qué actos realizaron los otros
procesados, quién tenía o no tenía armas de fuego y cómo un grupo de personas
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violentas se repele ante la presencia de dos de los hermanos de la víctima: eso
no puede subsumirse, porque la descripción contenida en los hechos probados no
contiene las circunstancias concretas del caso, ya que es inverosímil. En
resumen: En el hecho acreditado no se describe de qué manera o en qué incurrí o
cómo intenté matar a la víctima, por lo cual al no haber descripción alguna la
conducta allí descrita no se subsume en los artículos 14 y 132 del Código Penal,
así como tampoco hay prueba alguna qué describa la alevosía cometida, máxime
cuando estaba de viaje a El Petén, si el crimen fue cometido con ánimo de lucro,
si hubo premeditación conocida, o cómo hubo enseñalamiento (sic) de mi parte, si
actué con impulso de perversidad o qué hice para ello. b) La solución legal que
propongo es que se me absuelva, revocándose la sentencia impugnada. Al
declarar con lugar este recurso de casación por motivo de fondo…”.
Con referencia a este submotivo la autoridad cuestionada consideró:
“…Para el motivo de fondo con fundamento en el numeral 5 del artículo 441 del
Código Procesal Penal, respecto al ‛segundo submotivo’, denominado así por el
casacionista debe corregir lo siguiente: (…) Para subsanar las deficiencias
indicadas, en el memorial de evacuación el recurrente expresó: (…) Para resolver
la subsanación y verificar si la exposición que indica cumple con los requisitos
solicitados, es prudente señalar que para poder analizarse agravios respecto a
vicios sustantivos, es necesario que en la invocación de un motivo de fondo se
reconozca la forma en que los hechos han sido acreditados por el Tribunal de
Sentencia, por ello, es factible que la proposición jurídica sea confrontada con el
hecho acreditado, dicha exigencia se sustenta con base al artículo 442 del Código
Procesal Penal, el cual regula: (…) en ese orden de ideas, era necesario que el
recurrente tomara en cuenta que si las inconformidades van dirigidas a cuestionar
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preceptos legales que fueron indebidamente aplicados, sus alegaciones debieron
contener un análisis jurídico claro y concreto, que denote por qué dentro de los
hechos acreditados, existía un posible error de derecho, al contrario se limitó a
indicar lo siguiente: ‛...En el hecho acreditado no se describe de qué manera o en
que incurrí o cómo intente matar a la víctima, por lo cual al no haber descripción la
conducta allí descrita no se subsume en los artículos 14 y 132 del Código Penal,
así como tampoco hay prueba alguna que describa la alevosía cometida...’ (Sic).
Dicha exposición hace que no se cumpla con la advertencia realizada en auto que
otorgó plazo de tres días, donde se le indicó que, el memorial de subsanación no
debe comprender reclamos sobre vicios procesales e insuficiencia probatoria,
pues, esos argumentos son conocibles a través de un motivo de forma y no de
fondo, de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del Código Procesal
Penal. Por lo tanto, en el presente caso, el Tribunal de Casación es del criterio
que la exposición presentada en el memorial de subsanación, no es idónea para
poder analizarse en sentencia debido a que, se evidencia que no existe
argumento jurídico como tal, no realiza su exposición con base al hecho
acreditado y no es claro en su pretensión, así entonces, el recurrente, a pesar de
la advertencia realizada, en su memorial de subsanación persistió en no realizar
proposición jurídica que evidenciaran los supuestos vicios cometidos por la Sala
de Apelaciones. En consecuencia, se debe rechazar el presente submotivo de
fondo, ya que todo reclamo sustantivo de un acto de subsunción, requiere como
requisito el cotejo de la plataforma fáctica acreditada y el análisis jurídico claro y
concreto, que denote por qué dentro de los hechos acreditados, concurre lo
solicitado, aspectos que no se evidencian en el presente caso. Por otra parte, el
razonamiento indicado en líneas anteriores, ha sido compartido por la Corte de
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Constitucionalidad en la sentencia (…) por lo antes indicado es procedente el
rechazo del presente submotivo de fondo con fundamento en el numeral 5 del
artículo 441 del Código Procesal Penal…”.
iii) Tercer submotivo por motivo de fondo
“…Para el motivo de fondo con fundamento en el numeral 5 del
artículo 441 del Código Procesal Penal, respecto al "TERCER SUBMOTIVO',
denominado así por el casacionista debe indicar lo siguiente: a) D.le
las razones por las que considera que la Sala de Apelaciones, en la
sentencia de segundo grado, incurrió en indebida aplicación del artículo 132
del Código Penal, relacionado con el artículo 14 del mismo Código. b)
Reformule sus argumentos jurídicos que, partiendo de los hechos
acreditados, se evidencie del por qué en éstos no existen los verbos
rectores del delito de asesinato en grado de tentativa, justificando por qué
amerita la absolución de dicho delito Cámara Penal, aclara al recurrente que,
las alegaciones sostenidas en casación deben girar en torno a lo
manifestado en apelación especial y lo resuelto por la Sala de Apelaciones,
por lo tanto, no debe modificar el argumento de defensa ante este
Tribunal…”.
El casacionista ante esos requerimientos indicó: “… a) La aplicación
indebida del artículo 132 del Código Penal relacionado con el artículo 14 de ese
Código se materializó, ya que los hechos tenidos como probados en mi contra se
subsumieron en dicha normativa, cuando verificando el contenido de los mismos a
pesar de que en su descripción en lo que a mí respecta es general y aunque se
me menciona no indica qué hice o dejé de hacer, además en lo acreditado no hay
descripción de las armas empleadas ni tampoco cuántas armas de fuego fueron
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percutadas en contra de él. Sobre el tema de las armas, lo cual tuvo por probada
el a quo y lo legitima el Ad quem, en la página 39 del fallo de segundo grado se
refiere: ̔En esa virtud de las inferencias propias del hecho acreditado, tales como
lo constituyen la utilización de amas de fuego̕ cuando no hay descripción alguna
de cuántas armas ni cuáles fueron empleadas en ese hecho, así como tampoco
es fehaciente que en la plataforma fáctica a la luz de la plataforma probatoria se
haya probado la afirmación hecha por el Ad quem en esa página: ̔por lo que
deviene de un plan previamente estructurado, y que al final no lograron su
propósito, como se indicó por causas independientes a la voluntad de los
procesados, criterios de inferencias éstos, que ayudaron al Sentenciante en la
labor analítica de calificación jurídica del tipo penal y que este Tribunal de Alzada
encuentra debidamente sustentados, no solamente en la doctrina, sino en las
circunstancias calificativas que describe el artículo 132.. . Véase que en el hecho
tenido como probado que un grupo violento de personas, armados con armas y
palos, como se describe en la acusación, se retirara del lugar de los hechos ante
dos de los hermanos de la víctima no es creíble, y tampoco la inserción que
maliciosamente hicieron las juezas que la víctima en declaración como prueba
anticipada proporcionara mi nombre y los nombres de los otros procesados, es
decir que la deficiencia de ese hecho tenido como probado radica en primer lugar
que es inverosímil que alguien que es buscado por una turba, en horas de la
noche, no proceda a correr, aprovechando la oscuridad; es inverosímil que un
grupo armado y violento retrocediera ante dos personas y que no les hicieran
nada; es inverosímil también el hecho tenido por acreditado cuando en el mismo
no hay un acto específico que fuera descrito con precisión que yo hubiera
ejecutado y que sirviera para cometer tan deleznable crimen. Es decir que no solo
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por inverosímil que el hecho que se tiene por acreditado se subsuma en el delito
por el cual se me condena injustamente, ya que en el mismo carece de
descripción específica del acto en qué incurrí y, por tanto, tampoco hay en el
hecho que se tiene como probado qué fue lo que exacta y precisamente realicé
para incurrir en la tentativa de asesinato en contra de la víctima de ese crimen. El
hecho acreditado no indica claramente cuál fue el acto qué ejecuté que se pueda
subsumir a las características propias del delito de asesinato, precisamente
porque en esa fecha y hora del crimen estaba yo de camino a El Petén. La
deficiencia del hecho que se tiene por acreditado consistente en que en sí mismo
es inverosímil y no describe exacta y precisamente cuál acción ejecuté para
incurrir en delito, lo cual amerita que se revoque la sentencia apelada, mediante
esta impugnación, y se me declare absuelto del delito por el cual se me condena
injustamente…”.
Con respecto a este submotivo la autoridad objetada en el acto
reclamado consideró: “… Por último para el motivo de fondo con fundamento en
el numeral 5 del artículo 441del Código Procesal Penal, respecto al ‛tercer
submotivo’, denominado así por el casacionista debe corregir lo siguiente: (…) Por
lo que el recurrente en su memorial de subsanación expuso lo siguiente: (…) De
la lectura de los argumentos antes transcritos, esta Cámara arriba a la conclusión
que el casacionista no cumplió con los requerimientos contenidos en la resolución
que fijó plazo para la subsanación de su recurso, ya que, sus alegaciones no
parten de los hechos acreditados por el Tribunal de Sentencia tal como le fue
solicitado y no contienen un análisis jurídico claro y concreto, que denote por qué
dentro de la plataforma fáctica debidamente acreditada, no concurren los verbos
rectores del delito de asesinato en grado de tentativa por el que fue condenado, al
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contrario se limitó a transcribir pasajes de la sentencia de segundo grado,
centrando su escaso argumento en aspectos de valoración probatoria, pero sin
desarrollar, ni demostrar con una exposición jurídica acorde al motivo invocado,
cómo la Sala de Apelaciones incurrió en indebida aplicación del artículo 132 del
Código Penal relacionado con el 14 del mismo Código y por qué era viable su
absolución por lo que, sus argumentos no contienen los presupuestos necesarios
para declarar la admisibilidad del recurso interpuesto, en virtud que cuando se
interpone un motivo de fondo, en sentencia se verifica si, en congruencia con los
hechos acreditados, la norma sustantiva que se aduce violada fue o no
correctamente seleccionada, interpretada o aplicada al caso concreto por el
Tribunal de Apelación, por lo que, de ser analizados en sentencia los argumentos
del recurrente, este Tribunal violentaría el artículo 442 del Código Procesal Penal,
que regula: (…) pues el agravio que pretende hacer valer el casacionista no
quedó demostrado, limitando el campo de acción y conocimiento de este tribunal
casatorio. El anterior razonamiento, ha sido compartido por la Corte de
Constitucionalidad (…) En ese sentido se da cumplimiento a la advertencia
realizada en el auto que fijó el plazo de tres días y se procede al rechazo del
presente motivo de fondo…”.
-IV-
Jurisprudencialmente se ha sostenido, en concordancia con la doctrina,
que el recurso de casación debe ser motivado y esa fundamentación debe
suministrarla la parte recurrente, lo que conlleva exponer de forma clara los
agravios, tanto en lo que respecta a los vicios que denuncia, como al Derecho que
sustenta su petición, esto para que el Tribunal de Casación tenga las
herramientas jurídicas suficientes para realizar el examen de juridicidad para la
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correcta aplicación de la ley y la justicia que son los presupuestos para los que,
de conformidad con la legislación vigente, se encuentra dado el referido medio de
impugnación.
De conformidad con el artículo 443 del Código Procesal Penal, solo se
tendrá por debidamente fundado el recurso de casación, cuando se expresen de
manera clara y precisa los artículos e incisos que se consideren violados de las
leyes respectivas; ello exige que el recurrente exponga todos los razonamientos
necesarios para evidenciar con claridad, cómo se produjo el error alegado y sea,
con base en esa fundamentación, que el Tribunal de Casación se disponga a
examinar y advertir en su caso, la infracción normativa denunciada.
En el presente caso, analizado el planteamiento de la garantía
constitucional, los antecedentes del amparo y, particularmente, el acto reclamado
confrontándolo con los escritos: i) introductorio del recurso de casación y ii) el
presentado pretendiendo la subsanación de las deficiencias en el planteamiento,
advertidas por la autoridad cuestionada, esta Corte advierte que contrario a lo que
afirma el amparista el pronunciamiento que denuncia como agraviante no fue
emitido con excesivo rigorismo, ni carece de la debida motivación; así como que
sea arbitrario, o que la autoridad reclamada hubiese omitido dar respuesta a cada
uno de los reclamos del recurso de casación, pues contiene la argumentación
suficiente, precisa y clara para sustentar la decisión de rechazar para su trámite el
recurso de casación interpuesto por el ahora postulante. Es de hacer notar, como
lo arguye la autoridad reprochada, en el acto reclamado, que la reiteración de
argumentos que en este se realiza, obedece, en gran medida, a que el
planteamiento realizado por el amparista, es también repetitivo, lo cual demarca
que argumentos similares se hagan necesario formular para dar respuesta al
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referido planteamiento, sin que ello irrogue agravio de carácter constitucional que
deba ser reparado.
En cuanto a que el acto denunciado como agraviante omite dar respuesta
de fondo a los alegatos formulados contra la sentencia emitida por la Sala de la
Corte de Apelaciones, particularmente sobre la prueba que aduce se incorporó de
manera ilegal al proceso penal, ello tiene consistencia jurídica, en tanto que la
Cámara Penal, en la resolución reclamada, dispuso el rechazo liminar del recurso
interpuesto, de ahí que no era viable el pronunciamiento de fondo sobre la
controversia suscitada.
Esta Corte advierte de la lectura de la resolución contra la que se reclama
en sede constitucional, que el casacionista no explicó con claridad y suficiencia
argumentativa técnica y jurídica las omisiones en las que, asegura, incurrió la
Sala de la Corte de Apelaciones en resolver los argumentos que le fueran
oportunamente formulados, al interponer el ahora postulante, el recurso de
apelación especial, lo cual, inter alia, fue precisamente lo que le requirió la
autoridad reprochada que subsanara, y se estima que era imprescindible para
proceder al examen de fondo del recurso extraordinario interpuesto, con
fundamento en el numeral 1) del artículo 440 del Código Procesal Penal ‒al que
se le ha denominado primer submotivo de forma‒. Contrario a ello, su
argumentación se centra en su inconformidad con la valoración probatoria y los
hechos acreditados conforme a esta. Falencia que produjo como consecuencia
que la autoridad cuestionada en sede constitucional no tuviera los elementos
necesarios para poder examinar el fondo de la pretensión hecha valer al
interponer el recurso de casación, en lo que a ese submotivo atañe.
En lo que concierne al denominado segundo submotivo de forma,
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interpuesto con fundamento en el numeral 6) del artículo 440 del Código Procesal
Penal, la Cámara Penal, sustentó la decisión que constituye el acto reclamado,
inter alia, en que el casacionista no realizó exposición jurídica que demostrase
cuál fue el asunto que denunció en el recurso de apelación especial, que la Sala
de la Corte de Apelaciones no fundamentó, por lo que no se denota en qué error
incurrió el Ad quem. Esta consideración, dado el fundamento que sustentó la
promoción del recurso de casación, es suficiente para justificar razonablemente la
decisión de rechazar el medio de impugnación extraordinario.
En lo que concierne a los submotivos de casación, denominados del tercer
al décimo quinto, es meritorio hacer notar que el casacionista denuncia como
norma infringida el artículo 148 de la Ley del Organismo Judicial, que a su criterio,
son requisitos que integran el ordenamiento jurídico y deben ser cumplidos por la
Sala de la Corte de Apelaciones al dictar fallo de segunda instancia. El precepto
establece: “…Las sentencias de segunda instancia contendrán un resumen de la
sentencia recurrida rectificándose los hechos que hayan sido relacionados con
inexactitud; los puntos que hayan sido objeto del proceso o respecto a los cuales
hubiere controversia, el extracto de las pruebas aportadas y de las alegaciones de
las partes contendientes; la relación precisa de los extremos impugnados en la
sentencia recurrida con las consideraciones de derecho invocadas en la
impugnación; el estudio hecho por el tribunal de todas las leyes invocadas,
haciendo el análisis de las conclusiones en las que fundamenta su resolución,
señalando cuanto confirma, modifica, o revoca de la sentencia recurrida...”. Así
mismo, el artículo 1 de la citada ley, regula: “… Los preceptos fundamentales de
esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del
ordenamiento jurídico guatemalteco…”. En congruencia con lo anterior esta Corte
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comparte el criterio de la autoridad reprochada, en lo concerniente a que el
precepto citado como violado por el casacionista, no es una norma especial
aplicable al proceso penal, pues su aplicación es supletoria, dado que los
requisitos de las sentencias emitidas en esa clase de procesos se establecen con
especialidad en el artículo 389, en conexión con el artículo 11 Bis, del Código
Procesal Penal. El artículo 148 citado, regula requerimientos que deben cumplir
las sentencias de segunda instancia, pero dicho precepto es aplicable a los
procesos cuya normativa especial no regule con especificidad los requisitos que
debe cumplir los fallos de alzada, razón por la cual ello no determina que estos
requisitos sean subsumibles en el artículo 440, numeral 6), del Código Procesal
Penal, para fundamentar un recurso de casación por incumplimiento de requisitos
formales para la validez del fallo de alzada, sin hacer, por parte del recurrente, la
argumentación suficiente y clara, del por qué el incumplimiento del requisito afecta
la validez del fallo impugnado. En congruencia con ello, al haberle requerido la
autoridad cuestionada al casacionista que señalara la norma de carácter procesal
que la Sala de la Corte de Apelaciones infringió, y al no cumplir con esa
subsanación dentro del plazo señalado para el efecto, la autoridad reprochada se
encontraba impedida para conocer el fondo del asunto. Además de que
reiteradamente en su planteamiento el recurrente acudió a realizar
argumentaciones relativas a la valoración de la prueba, actividad que no puede
efectuar la autoridad reprochada al actuar en ejercicio de sus facultades legales.
Aprecia esta Corte, así mismo, que el casacionista, al formular los agravios
endilga al Tribunal de alzada haber dejado de resolver planteamientos que hizo al
interponer el recurso de apelación especial, tal el caso de que la Sala debió hacer
un análisis de: lo por él reclamado desde la perspectiva de la congruencia
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procesal; sobre la protesta realizada respecto a la prueba admitida como tal; que
se inobservó el artículo 385 del Código Procesal Penal; que omitió resolver su
reclamo y las leyes aplicables. En lo que concierne a ello, esta Corte estima que
en caso de sentirse agraviado por la omisión de resolver asuntos considerados
como esenciales, concernientes a las alegaciones del defensor, por parte de la
Corte de Apelaciones, el motivo en que fundamentó su recurso extraordinario, no
era el adecuado, pues para ello se prevé el contenido en el artículo 440, numeral
El amparista arguye como agravio que en la resolución reprochada en sede
constitucional se hace cita parcial de los argumentos que adujo en su escrito de
subsanación, dado que su escrito contiene expresión de los artículos e incisos
que se consideran violados de las respectivas leyes, con los cuales cumplió con lo
regulado en el artículo 443 del Código Procesal Penal; además, aduce que la
autoridad cuestionada aplicó criterio rigorista, desatendiendo lo que establece el
referido precepto legal, pues la labor de subsunción es incorrecta, porque se tuvo
por acreditado de manera general la utilización de armas de fuego, pero no se
hizo la descripción de cuáles fueron los actos penales en los que incurrió.
Al respecto esta Corte advierte que la subsunción de la plataforma fáctica
acreditada en el debate celebrado ante el Tribunal sentenciante, debe ser la que
se subsuma en el tipo penal, pues a la Cámara Penal, al conocer de un recurso
extraordinario de casación le está vedado hacer valoración probatoria. Más bien,
la argumentación formulada por el ahora amparista denota inconformidad con la
valoración de los medios de prueba y que, pese a ello, se realizara la subsunción
en el tipo penal, valoración que no podía ser realizada nuevamente por el Tribunal
de Casación.
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En lo que referente al primer motivo de fondo, denominado así en el acto
reclamado, con fundamento en el artículo 441, numeral 5), el casacionista no
logró, al intentar subsanar las deficiencias advertidas por la autoridad
cuestionada, demostrar las razones concretas por las cuales la Sala de la Corte
de Apelaciones incurrió en la indebida aplicación de los artículos que señala,
incurriendo en el yerro de objetar los hechos que se tuvieron por acreditados por
el Tribunal Sentenciante, alegando que en este caso no se encuentra la base
fáctica del comportamiento delictivo que se probó en su contra, pues niega su
participación en el acto ilícito por el que se le procesó. Ello como lo precisa, la
autoridad reprochada, no es posible, dado que, para la invocación de ese motivo
de fondo, se debe partir de la aceptación de los hechos acreditados por el
Tribunal de Sentencia.
El rechazo liminar por el denominado segundo motivo de fondo,
fundamentado en el artículo 441, numeral 5) del Código Procesal Penal se
sustentó en la tesis de que las inconformidades del casacionista debieron
encaminarse a cuestionar preceptos legales que fueron debidamente aplicados,
por lo que sus alegaciones debieron denotar el por qué en los hechos acreditados
existía error de derecho. Esta Corte al examinar el planteamiento del recurso
extraordinario de casación, observa que el ahora amparista se encuentra
inconforme con que en los hechos acreditados no se describe la manera en la que
participó en el ilícito y no a argumentar el error de derecho existente en los
referidos hechos; por consiguiente, no se evidencia que se hubiere producido
agravio en cuanto al rechazo de la casación por este motivo.
En cuanto al tercer motivo de fondo, denominado así en el acto reclamado,
interpuesto con sustento en el artículo 441, numeral 5), del Código Procesal
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Penal, las argumentaciones del casacionista no hacen un análisis jurídico claro y
concreto que evidencien porque en los hechos acreditados se incurrió en error de
derecho al calificar el delito de Asesinato en grado de tentativa; por el contrario,
sus argumentos se dirigen a cuestionar la valoración probatoria, sin denotar
porque la Sala de la Corte de Apelaciones incurrió en la indebida aplicación de los
artículos 14 y 132 del Código Penal. Razón por la cual tampoco se evidencia que
el amparo solicitado por este motivo deba ser acogido.
En conclusión, esta Corte estima que al haber emitido la autoridad
reprochada un pronunciamiento debidamente fundamentado en ejercicio de las
facultades que le confiere el artículo 445 del Código Procesal Penal y el artículo
203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el amparo
solicitado debe ser denegado.
-V-
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del Tribunal
decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado
patrocinante. En el presente caso, este Tribunal estima pertinente no condenar en
costas al postulante, por no existir sujeto legitimado para su cobro, pero sí
imponer multa a los abogados patrocinantes del amparo, tanto al que auxilió el
escrito inicial del amparo, como al profesional que lo substituyó en el proceso con
posterioridad, por ser los responsables de la juridicidad del planteamiento.
LEYES APLICABLES
Artículos citados y 265, 268 y 272, literal b), de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 8º, 10, 42, 44, 149, 163, literal b), 179, y 185 de la Ley
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-89;
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29 y 35 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas,
resuelve: I) Por ausencia temporal del Magistrado R.M.B., se
integra el Tribunal con el Magistrado W.P..J.T., para conocer
y resolver el presente asunto. II) D.ga el amparo solicitado por A.C.y
C. contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. III) No condena en
costas al postulante. IV) Impone multa de un mil quetzales (Q1,000.00) a cada
uno de los abogados que tuvieron a su cargo el patrocinio del presente proceso
constitucional, V.M..C..R. y M..F.H.
.
R., la cual deberán hacer efectiva en la Tesorería de esta Corte dentro de
los cinco días siguientes a la fecha de encontrarse firme el presente fallo, bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía
legal correspondiente. V) N. y, oportunamente, remítase la ejecutoria del
presente fallo.
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Firmado por:
N.
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M.
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V.
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P. /
CORTE DE
CONSTITUCI
ONALIDAD
Fecha:
16/05/2024
10:43:31
Razón:
Aprobado
Firmado por:
L.
.
S.
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L.
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CORTE DE
CONSTITUCI
ONALIDAD
Fecha:
16/05/2024
10:44:00
Razón:
Aprobado
Firmado por:
D.
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J.
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O.
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E. /
CORTE DE
CONSTITUCI
ONALIDAD
Fecha:
16/05/2024
10:44:51
Razón:
Aprobado
Firmado por:
H.
.
H.
.
P.
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A.
/ CORTE DE
CONSTITUCI
ONALIDAD
Fecha:
16/05/2024
10:45:19
Razón:
Aprobado
Firmado por:
W.
.
P.
.
J.
.
T. /
CORTE DE
CONSTITUCI
ONALIDAD
Fecha:
16/05/2024
10:46:24
Razón:
Aprobado
Firmado por:
A.
.
S.O.
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CORTE DE
CONSTITUCI
ONALIDAD
Fecha:
16/05/2024
10:46:52
Razón:
Aprobado

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