Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 6317-2016), 13-02-2018

• Fecha: 13 Febrero 2018
• Número de expediente: 6317-2016
• Emisor: Corte Constitucional (Guatemala)
• Tipo de Recurso: Inconstitucionalidad de Carácter General

Expediente 6317-2016

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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL

EXPEDIENTE 6317-2016

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS

JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA, QUIEN LA PRESIDE, BONERGE AMILCAR

MEJÍA ORELLANA, GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR, MARÍA CRISTINA

FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA CONSUELO PORRAS ARGUETA, HENRY

PHILIP COMTE VELÁSQUEZ Y JOSÉ MYNOR PAR USEN: Guatemala, trece de

febrero de dos mil dieciocho.

Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción de inconstitucionalidad

general parcial promovida por Luis Eduardo Jarquín Pira contra los segundos

párrafos de los artículos 25 Bis y 88 de la Ley de Contrataciones del Estado. El

solicitante actuó con el auxilio de los abogados Juan Francisco Capuano Enríquez,

Carlos Humberto Franco González y Mario Cristóbal Urrutia Vidal. Es ponente en el

presente caso el Magistrado Presidente, José Francisco De Mata Vela, quien

expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA IMPUGNACIÓN

Lo expuesto por el accionante se resume: a) el artículo 25 Bis de la Ley de

Contrataciones del Estado establece: “Comete el delito de pacto colusorio en las

adquisiciones públicas, quien realice un convenio, acuerdo, decisión, recomendación

colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, en la presentación de

ofertas en procesos de adquisición pública, que tenga por objeto o produzca el

efecto de impedir, restringir o afectar la libre competencia en un determinado

proceso o acto. También se entenderá que existe pacto colusorio, cuando dos o

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más sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial o

corporativo, según la definición de partes relacionadas, contenida en la Ley

del Impuesto Sobre la Renta, participen en el mismo proceso de adquisición

pública. Los responsables de este delito serán sancionados con prisión de uno a

cuatro años y con multa de cinco mil a veinticinco mil Quetzales. Las personas

individuales o jurídicas que hayan participado o se hayan beneficiado del pacto

colusorio, ya sea de manera directa o por medio de sus accionistas o

representantes, serán sancionadas con la cancelación de su inscripción en el

Registro General de Adquisiciones Públicas, la que deberá efectuarse a la mayor

brevedad posible. Los miembros de la Junta que tengan conocimiento de indicios de

pacto colusorio, están obligados a realizar la denuncia a las autoridades

correspondientes” –lo resaltado constituye el texto impugnado–. Por su parte, los

artículos 2º, 3º, 17 y 44 del Texto Supremo regulan, en su conjunto, los derechos

constitucionales de certeza y seguridad jurídica, el principio de legalidad y la garantía

constitucional innominada de la razonabilidad de las leyes conforme los cuales el

ordenamiento jurídico debe ser inteligible, claro, armónico, coherente,

sancionándose con nulidad las leyes que violen dicha certeza o seguridad jurídica y

armonía; es decir, que en Guatemala existe la protección constitucional a los

principios de certeza y seguridad jurídica, al tenor de los artículos 2º y 3º

constitucionales, como también al principio de legalidad contenido en el artículo 17

constitucional, todo aunado a la garantía constitucional innominada de razonabilidad

de las leyes implícita en el artículo 44 de la Ley Fundamental, que implica que las

normas jurídicas no sólo deben ser claras, no confusas, es decir inteligibles, sino

además coherentes, no contradictorias entre sí, como una necesidad de preservar la

armonía en un sistema normativo, más aún cuando las normas son de tipo penal