Sentencia de Corte de Constitucionalidad (Expediente nº 5941-2016), 24-01-2018

• Sentido del fallo: Con Lugar -Derecho a la tutela judicial efectiva
• Fecha: 24 Enero 2018
• Número de expediente: 5941-2016
• Emisor: Corte Constitucional (Guatemala)
• Tipo de Recurso: Amparo en Única Instancia

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Expediente 5941-2016

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

AMPARO EN ÚNICA INSTANCIA

EXPEDIENTE5941-2016

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL

EXTRAORDINARIO DE AMPARO:Guatemala, veinticuatro de enero de dos mil

dieciocho.

Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción de amparo en única

instancia promovida por Bancafé International Bank, Ltd., por medio de su

M. General, Especial y Judicial con Representación, L..A.

.

M. Fernández, contra laCorte Suprema de Justicia, Cámara Civil. La

postulante actuó con el patrocinio de su M. y el de los abogados R.

.

E.R. y M.A.G.ía Gamarro. Es ponente en el presente

caso el M.strado Vocal II, B.erge A.M.ejía O., quien expresa el

parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) P.ón: presentado en este tribunal el veintitrés de noviembre de dos mil

dieciséis. B) Acto reclamado: sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil

dieciséis, por la que la Corte Suprema de J.cia, Cámara Civil,declaró sin lugar el

recurso de casación interpuesto por Bancafé International Bank, Ltd., contra la

decisión de la Sala P.era de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y M.til,

de confirmar lo resuelto por elJuzgado Décimo P.ero de P.era Instancia Civil

del departamento de Guatemala respecto de la excepción de prescripción

interpuesta por Carlos E.M.C.tillo, dentro del juicio sumario mercantil

promovido por la entidad referida en su contra.C) Violaciones que se

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denuncian:alos derechosa la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la

seguridad jurídica. D) Hechos que motivan el amparo:D.1) Producción del acto

reclamado: a) en el marco del proceso de liquidación forzosa de Bancafé

International Bank, Ltd. -ahora postulante-, fue revisado el listado de deudores de

esa entidad cuyos créditos aún no habían sido pagados en los términos pactados;

entre estos estaba incluido el préstamo otorgado a C.E..M.C. -

ahora tercero interesado- por cuatrocientos catorce mil setecientos noventa y dos

dólares de los Estados Unidos de América con noventa y dos centavos

(USD414,792.92); b)el deudor no firmó el pagaré de veintinueve de junio de dos

mil cinco, mediante el cual se documentó el crédito aludido en la literal anterior; no

obstante, quedó registrado el correspondiente desembolso, lo cual fue confirmado

en el informe un mil ochocientos noventa y nueve-dos mil seis de la

Superintendencia de Bancos; esa práctica era común en las entidades del Grupo

Financiero del País, en casos de clientes preferentes; c) el veintisiete de

septiembre de dos mil doce, Bancafé International Bank, Ltd., promovió

diligenciamiento de prueba anticipada de declaración jurada de C...E.

.

M.C., en el Juzgado P.ero de P.era Instancia Civil del departamento

de Guatemala; d) pese a ser debidamente notificada la persona mencionada, no

compareció a la audiencia programada para realizar las diligencias de prueba

anticipada, por lo que fue declarado confeso en las posiciones uno, dos, cinco,

ocho y diez del pliego oportunamente presentado para esos efectos; con lo cual se

reconoció como deudor de la citada entidad financiera por la suma dineraria

especificada en la literal a; e)con base en la relacionada declaratoria de confeso

del citado deudor, el nueve de diciembre de dos mil catorce, la ahora amparista

promovió juicio sumario mercantilen su contra, en el Juzgado Décimo P.ero de

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.

.

.

.

.

.

E.M...C. dentro del juicio mercantil seguido en su contra y h) fotocopia

simple del arqueo de documentos en la banca corporativa del Banco del Café,

Sociedad Anónima, realizado por la Superintendencia de Bancos.

III. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) Bancafé International Bank, Ltd. –postulante– reiteró los conceptos vertidos

en su escrito inicial, así como su petición. B) C. Enrique M...C.o–

tercero interesado– manifestó: a) al examinarse los antecedentes del presente

amparo se comprueba que la sentencia de casación, señalada como acto

reclamado, fue dictada conarreglo a Derecho y a las constancias procesales; de lo

cual deriva la notoria improcedencia y frivolidad de la acción constitucional

promovida, habida cuenta que ningún agravio se ha causado a la amparista; b) en

este caso se pretende utilizar el amparo para cobrarle una suma de dinero que

supuestamente se le entregó en calidad de crédito, a pesar de que esto último

carece de veracidad, porque nunca solicitó ni mucho menos recibió ese dinero; c)

la postulante quiere dar la apariencia de ser una entidad comprometida, altruista y

con valores, que vela por los intereses de sus inversionistas, a quienes antes

estafó el Banco cuya liquidación forzosa se está produciendo; sin embargo, del

dinero que recupere en realidad solo el veinte por ciento será destinado a aquellos

y, de cualquier manera, él carece de responsabilidad al respecto y d)se pretende

convertir esta acción constitucional en tercera instancia, que está prohibida

constitucionalmente; las alegaciones esgrimidas en esta vía son las mismas que

las manifestadas en casación e inclusive se proponen medios de prueba

documental que no son pertinentes a este nivel. Solicitó que se declare sin lugar el

amparo promovido. C) La Corte Suprema de J.cia, Cámara Civil –autoridad

impugnada– y el Ministerio Públicono alegaron.

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CONSIDERANDO

---I---

Causa agravio al debido proceso, en sus vertientes de los derechos de

recurrir, a obtener un fallo debidamente fundamentado y a la prueba, el tribunal de

casación que, al resolver un planteamiento de esa índole en el que el casacionista

ha invocado como submotivo el error de hecho en la apreciación de la prueba,

incurre en motivación ficticia, debido a que, pese aemitir consideraciones relativas

al caso sometido a su conocimiento, no expresa en estas la justificación de su

decisión acerca de las cuestiones controvertidas.

---II---

Bancafé International Bank, Ltd.promueve amparo con el propósito de

someter al conocimiento de la justicia constitucional lasentencia de veintiséis de

septiembre de dos mil dieciséis, por lacuallaCorte Suprema de J.cia, Cámara

Civildeclaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por Bancafé International

Bank, Ltd., contra la decisión de la Sala P.era de la Corte de Apelaciones Civil y

M.til, de confirmar la estimatoria de excepción de prescripción emitida por

elJuzgado Décimo P.ero de P.era Instancia Civil del departamento de

Guatemala, dentro del juicio sumario mercantil promovido por la misma entidad

contra C.s E.M.ta Castillo.

La postulante aduce que tal proceder supone conculcación a sus derechosa

la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica; por los

motivos reseñados en el apartado de resultandos del presente fallo. S. se

le otorgue amparo y como consecuencia, se deje en suspenso en cuanto a la

postulante la resolución indicada como acto reclamado y se le restituya en sus

derechos conculcados.

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---III---

En términos generales, procede el otorgamiento de amparo respecto a

actuaciones jurisdiccionales cuando se verifica que los jueces, al avocarse al

conocimiento de las controversias intersubjetivas sometidas a su conocimiento,

hacen acopio de interpretaciones, criterios o prácticas que se separan de los

dictados de la tutela judicial efectiva, en desmedro de los derechos

constitucionales de las partes y del valor justicia al que debe propender todo

proceso.

En reiterada jurisprudencia este Tribunal ha sostenido que no son ajenas al

ámbito de protección del amparo las sentencias emanadas de los tribunales de

casación, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 265 de la Constitución Política

de la República y 8º. de la Ley de Amparo, E.ón Personal y de

Constitucionalidad; eso sí, respetando, desde luego, la potestad de juzgar de la

Corte Suprema de J.cia en cuanto al control de legalidad en materia ordinaria.

Así lo asentó esta Corte desde sus inicios: “(…)El postulante del amparo pide que

se declare la procedencia del mismo y que ‘se ordene dictar la sentencia de

casación conforme a Derecho, declarando con lugar el recurso de casación’. Es

evidente que hay extralimitación en lo que solicita, dado que, por la naturaleza del

amparo, no puede atribuirse al tribunal que lo resuelve las potestades que

legalmente corresponden a otros. En el caso de ser procedente el amparo, la

sentencia debe concretarse a hacer la declaración necesaria para que se

mantenga el agraviado en el ejercicio de sus derechos fundamentales (…) en

ninguna forma puede ordenarse el sentido en que debe pronunciarse el fallo, ya

que corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia, por medio de su

Cámara respectiva, decidir sobre el fondo de la cuestión planteada…”[Sentencia

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dictada dentro del expediente 8-86].Criterio sostenido hasta la actualidad [pueden

verse, entre otros, fallos proferidos en los expedientes 890-2004, 1652-2005 y 930-

2012].

---IV---

Para efectos de fijar la relevancia constitucional de la cuestión concreta que

se analiza en este caso, es importante asentar algunas consideraciones acerca de

la valoración de los elementos de prueba aportados por las partes al proceso.

Es mediante la aportación de los elementos probatorios pertinentes que las

partes tienen la oportunidad de demostrar las proposiciones de hecho en las

cuales fundan sus pretensiones; y es con la valoración de esos elementos,

explicitada en los pronunciamientos definitivos de los tribunales, que se torna

verificable que estos los han tomado en cuenta para resolver los asuntos bajo su

juzgamiento. De esa cuenta, en el marco de la tutela judicial efectiva que deben

proveer los órganos jurisdiccionales, el derecho a la prueba, como vertiente del

debido proceso, no comporta únicamente la aptitud de incorporar elementos de

convicción al proceso o de provocar su diligenciamiento, sino también que, como

parte de la motivación de su fallo, el juez de la causa exprese el valor que les ha

conferido y la incidencia que han generado sobre su decisión acerca del caso.

En apoyo a lo antes razonado, cabe traer a colación que en similar sentido

se han pronunciado otros tribunales constitucionales respecto a la efectiva

valoración de la prueba aportada al juicio como prerrogativa esencial de los sujetos

procesales. Por ejemplo, el de Perú manifestó: “(…) el derecho fundamental a la

prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un

contenido implícito del derecho al debido proceso (…) de los elementos que

forman parte del contenido del derecho a la prueba uno está constituido por el

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hecho de que las pruebas actuadas (…) sean valoradas de manera adecuada y

con la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el Juez: en

primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas

que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los

derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo

lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con

criterios objetivos y razonables.” [Sentencia dictada por ese Tribunal dentro del

expediente cuatro mil ochocientos treinta y uno-dos mil cinco-PHC/TC (4831-2005-

PHC/TC)]. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana puntualizó que “(…) si

bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material

probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su

convencimiento (…) dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa

probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales,

serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración

arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez

simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no

da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y

objetivamente.” [Sentencia de ese Tribunal T-cuatrocientos cuarenta y dos (T-442)

de mil novecientos noventa y cuatro].

En definitiva, asiste a los sujetos involucrados en todo proceso judicial el

derecho de que las pruebas oportuna y pertinentemente aportadas en la fase

respectiva, sean posteriormente objeto de valoración y que esta quede expresada

como componente de la debida motivación del fallo que dirime el litigio, de modo

certero, racional y ajustado a las constancias procesales.

En la legislación guatemalteca, el recurso de casación por el motivo de

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fondo denominado error de hecho en la apreciación de la prueba, normado en el

Artículo 621, numeral 2, del Código Procesal Civil y M.til, está previsto

comoinstrumento procesal que permite asegurar la efectividad de aquel derecho en

la vía ordinaria.

Al serle sometido a su conocimiento el recurso, el tribunal de casación debe

verificar si en efecto se ha producido la anomalía indicada por la casacionista –ya

sea omisión (total o parcial) en la valoración de la prueba o tergiversación de su

contenido– y, de ser así, ponderar si ello incidió en la decisión tomada por la

aludida Sala –atendiendo a la doctrina asentada por la Corte Suprema de J.cia,

Cámara Civil–, en función de elucidar la procedencia del recurso. Es decir, el

tribunal de casación acogerá el planteamiento si corrobora que se produjo omisión

o tergiversación en la valoración de la prueba y ese yerro ha afectado la decisión

del asunto. Declarará su improcedencia si, por el contrario, establece que no se

produjo alguno de esos vicios o que, habiéndose producido, no influyó en lo

resuelto. De no ceñirse a lo anterior, su actuación puede resultar violatoria, tanto

del derecho a la prueba, por los motivos explicados, como del derecho de recurrir

[protegido en el Artículo 25 de la Convención A.cana sobre Derechos

Humanos], por cuanto el recurso de casación se habría tornado inútil como

mecanismo de defensa contra alguna irregularidad relativa a la valoración de la

prueba, al no haber sido atendido conforme los parámetros legales preestablecidos

para el efecto. Asimismo, de no expresar el análisis y las razones jurídicas que, a

su juicio, sustentan la decisión que tomó acerca de los aspectos indicados, podría

también vulnerar el derecho a la debida fundamentación de los fallos judiciales.

---V---

A fin de contextualizar el análisis del caso sub judice, conviene iniciar por

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realizar sucinta recapitulación de algunos extremos que conforman los

antecedentes, según fueron plasmados en la sección de resultandos de este fallo:

A. Bancafé International Bank, Ltd. promovió juicio sumario mercantil contra

C.E..M.C., aduciendo que esteúltimo incumplió el pago de un

crédito a su favor.

B. La demandante persiguió acreditar la procedencia de su pretensión, entre

otros medios probatorios, con la declaración judicial de confesión de la persona

citada, emitida por el Juzgado P.ero de Primera Instancia del Ramo Civil del

departamento de Guatemala, respecto de las posiciones uno, dos, cinco, ocho y

diez del pliego presentado para el diligenciamiento de prueba anticipada de

declaración jurada.

C. La referida demanda no prosperó, habida cuenta que el Juzgado Décimo de

P.era Instancia Civil del departamento de Guatemala, órgano jurisdiccional en el

cual se tramitó la causa,acogió la excepción de prescripción interpuesta por el

demandado.

D. La decisión del titular a cargo del juzgado indicado fue confirmada en

segundo grado por la Sala P.era de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y

M.til del departamento de Guatemala.

E. Bancafé International Bank, Ltd. promovió recurso extraordinario de

casación contra lo resuelto por el tribunal de alzada. Uno de los submotivos que

invocó para el efecto fue error de hecho en la apreciación de la prueba, por

tergiversación de la declaración judicial de confesión aludida en la literal B de este

segmento.

F. Como fundamento de su medio de impugnación, la entidad casacionista

atribuyó a la sentencia de apelación las falencias siguientes: i. únicamente fueron

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consideradas las posiciones uno y diez del pliego respecto del cual fue declarado

confeso C.E.e M.C.; ii. fue confundido el contenido de la posición

uno con el de la dos, habiendo sido tomada en cuenta esta segunda [“¿Diga el

absolvente si es cierto que Bancafé International Bank, Ltd, le confirió diversos

préstamos?”], en lugar de la primera [“¿Diga el absolvente si es cierto que es

deudor de Bancafé International Bank, Ltd?”]; iii. al ser considerada la posición diez

[“¿Diga el absolvente si es cierto que el referido crédito a su cargo y a cargo de

Bancafé International Bank, Ltd., por el monto de cuatrocientos catorce mil

setecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América, con noventa

y dos centavos (US$414,792.92), se identificó con el número nueve mil doscientos

treinta y un millones diecinueve mil quinientos doce (9231019512)?”], fue

desvirtuado su contenido, al afirmarse que no hacía referencia a algún préstamo

específico que hubiera sido aceptado por el absolvente; todo lo cual la recurrente

estimó determinante para la resolución del asunto, porque, a su criterio, impidió

que la Sala estableciera la renuncia a la prescripción que operó con la declaración

de confeso del demandado.

En definitiva, al revisar la secuencia de actos procesales relacionada a la luz

delo razonado en el considerando cuarto de este fallo, se establece quela Corte

Suprema de J.cia, Cámara Civil, debía analizar y decidir si la Sala P.era de la

Corte de Apelaciones del ramo Civil y M.til incurrió en los vicios relacionados

en la literal F y si, con ello, cometió error de hecho en la apreciación de la

declaración judicial de confesión aludida en la literal B, por tergiversación. Tal era

el objeto de su conocimiento y resolución.

Al examinar la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis,

mediante la cual la autoridad recriminada resolvió el recurso de casación en

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referencia, -acto reclamado en esta vía-, se colige que en el apartado “Análisis de

la Cámara” alusivo al referido submotivo, después de traer a colación los

supuestos en los cuales puede producirse el error de hecho en la apreciación de la

prueba -de acuerdo a la doctrina de la propia autoridad cuestionada-, citó el pasaje

que estimó conducente, de las alegaciones de la casacionista.

A continuación, reprodujo en forma textual lo considerado por el tribunal de

apelación, explicando que era necesario para elucidar el asunto traído a su

competencia: “A efecto de establecer si efectivamente el Tribunal sentenciador

(sic) apreció o no el documento relacionado, conviene traer a colación los

argumentos vertidos sobre este fallo, en el cual señaló: ‘… no resulta para los

suscritos valedera, dado que el interrogatorio presentado y calificado, no contiene

preguntas que conlleven al establecimiento de tal renuncia, de tal suerte que al no

robustecerse apropiadamente tal versión, y dado que, en la concepción del

Derecho (sic), el plazo de vencimiento de una obligación se presume concedido en

beneficio del deudor, y en el caso concreto, este ocurrió el veinticuatro de marzo

de dos mil siete, la solicitud de diligenciamiento de prueba anticipada de

declaración jurada en contra del demandado fue presentada en el Centro de

Servicios Auxiliares de la Administración de J.cia el doce de septiembre de dos

mil doce y el auto que materializa la declaratoria de confeso en tales diligencias es

de doce de diciembre del mismo año, es decir que, aunque no se haya signado por

parte del deudor el referido pagaré, la fecha de vencimiento de la obligación estaba

claramente determinada por el plazo fijado, por lo que cuando el juez reprochado

en la resolución recurrida asienta que „… se puede apreciar que el pagaré, es de

fecha veintinueve de junio de dos mil cinco, estableciéndose que vencería el

veintiséis de septiembre de dos mil seis, de lo cual se colige que si bien es cierto el

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pagaré no es el título que se ejecuta, también lo es que al vencimiento de este, al

no haberse realizado el pago por el deudor ya era exigible la obligación, por lo que

el acreedor podía presentar las acciones legales que considerara oportunas para

lograr el pago de la cantidad que había entregado al señor M.C., por lo que

de conformidad con el artículo 1508 precitado era a partir del veintiséis del año dos

mil seis (sic) que iniciaba a correr el plazo de la prescripción, habiendo prescrito su

derecho a cobrar la cantidad entregada el día veinticinco de septiembre de dos mil

once, y la entidad demandante presenta hasta el mes de septiembre del año dos

mil doce las diligencias de prueba anticipada, por lo que en el presente caso

acaece la prescripción encontrándose la obligación extinguida por el transcurso del

tiempo indicado por la ley‟, su criterio resulta acertado y debe ser compartido por

este órgano jurisdiccional, circunstancia por la que los agravios señalados contra la

resolución alzada (sic), no fueron causados por esta de lo que deviene

improcedente declarar con lugar el recurso interpuesto…‟”

Con posterioridad a transcribir lo expuesto por la Sala P.era de la Corte

de Apelaciones del Ramo Civil y M.til en su fallo, la Corte Suprema de

J.cia, Cámara Civil, hizo referencia a aquella exposición en los términos

siguientes: “Esta Cámara, de la lectura de los razonamientos vertidos por la Sala

sentenciadora, determina que ésta-sic-, para emitir su conclusión, se fundamentó

en el plazo de vencimiento de una obligación la que se presume concedido (sic) en

beneficio del deudor, y en el caso concreto, este derecho ocurrió el veinticuatro de

marzo de dos mil siete, prescribiendo su cobro el veinticinco de septiembre de dos

mil once y el auto que materializa la declaratoria de confeso de tales diligencias es

de fecha doce de diciembre de dos mil doce, es decir que, aunque no se haya

firmado por parte del deudor el referido pagaré, la fecha de vencimiento de la

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obligación estaba claramente determinada por el plazo fijado sería el veintiséis de

septiembre de dos mil seis, si bien se entiende que el pagaré no es el título que se

ejecuta en el presente caso, se puede determinar que la obligación ya podía ser

exigible a partir del vencimiento del mismo, por lo que de conformidad con el

artículo 1506 del Código Civil, Decreto 106 (sic), la Sala Sentenciadora comparte lo

resuelto por la P.era Instancia al darle trámite (sic) a la excepción de

prescripción.”; y, seguidamente, a modo de conclusión, manifestó: “Por lo antes

expuesto, se establece que la Sala sentenciadora, aún y cuando confunde el

número de las preguntas referidas que aduce el casacionista, en la solicitud de

diligenciamiento de prueba anticipada de declaración jurada en contra del

demandado, de fecha doce de septiembre de dos mil doce, esta tergiversación no

es determinante para emitir lo resuelto por la Sala, dicho argumento no tiene

injerencia en lo resuelto por la misma; razón por la cual el submotivo invocado

debe ser desestimado.”

Del examen de lo expresado por la autoridad cuestionada para fundar su

fallo,se desprende que no efectuó el estudio que se imponía realizar, según fue

puntualizado al final del considerando precedente. Es decir, no analizó y decidió si

la Sala P.era de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y M.til incurrió en

los vicios denunciados por la entidad casacionista y si, con ello, cometió error de

hecho en la apreciación de la prueba, por tergiversación de la declaración judicial

de confesión de C.E.M..C., emitida por el Juzgado P.ero de

P.era Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala, respecto de

algunas de las posiciones del pliego presentado para el diligenciamiento de prueba

anticipada de declaración jurada de esa persona.

En lugar de ello, se limitó a citar y luego resumir lo aducido por la Sala

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indicada, para luegoafirmarescuetamente que, en efecto, se produjo uno de los

vicios señalados por la recurrente; pero precisando que no le reconoció influencia

decisiva en la resolución asumida por aquel tribunal.

Lo descrito en el párrafo anterior no constituye tratamiento pertinente, ni respuesta certera y fundamentada,respecto del planteamiento sometido al juicio de la autoridad cuestionada. Esta basicamente se limitó a reproducir lo aducido por el órgano jurisdiccional cuya resolución conocía en

casación, soslayando el elemental deber de emitir sus propios argumentos para

sustentar su decisión. Aun si a su proceder se atribuyera la intención de hacer

suyos los razonamientos del tribunal de apelación, sería igualmente desacertado,

porque el recurso extraordinario en referencia no tiene por propósito abrir una

tercera instancia de conocimiento, sino permitir el control sobre determinados

aspectos técnicos de las resoluciones de segundo grado, de conformidad con los

cánones específicos que se encuentran predeterminados para el efecto en la ley;

lo cual supone, lógicamente, que el análisis que se realiza en casación esté

relacionado con, pero no equivale a, aquel que tuvo lugar en la segunda instancia.

En el presente caso, lo que se imponía, de acuerdo con los términos en los cuales fue presentado el mencionado medio de impugnación, era que el tribunal de casación estableciera si el tribunal de alzada había o no incurrido en ciertas falencias al valorar la prueba dentro del juicio sumario

mercantilsubyacente y, de corroborarlo, ponderar si fueron determinantes en la

resolución definitiva del asunto; no que llanamente revisara si compartía o no el

criterio de la Sala sobre la cuestión sustantiva objeto del litigio.

En vista del enfoque equivocado con el cual abordó la casación, la autoridad

recriminada hizo referencia apenas residual, además de notoriamente insuficiente,

a la queen verdad constituía el objeto de su conocimiento. Su alusión a los

alegatos presentados por la casacionista fue solo parcial y no fue debidamente

razonada, pues afirmó descartar que un yerro del tribunal de apelación acerca del

número de las posiciones hubiese tenido incidencia sobre la decisión final, sin

explicitar la base argumentativa de tal aseveración. La frase “Por lo antes

expuesto” con la que inicia ese párrafo parece dar a entender que quiso apoyarse

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para ello en el relacionado resumen de lo aducido por la Sala; pero esto, como se

explicó, no resultaba atinente como sustento de su postura.

En conclusión, en el presente caso se ha producido, a decir de Michele

Taruffo [Simplemente la verdad. Madrid, 2010], motivación ficticia, puestoque la

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, formalmente emitió consideraciones,

pero estas, en realidad, no contienen justificación de lo que se decidió sobre el

tema sujeto a controversia. Esto representa violación de los derechos de recurrir, a

obtener un fallo debidamente fundamentado y a la prueba, todos vertientes del

debido proceso, protegido en el Artículo 12 constitucional.

Con base en lo argumentado, procede otorgar amparo a la postulante, para

el solo efecto de que la autoridad cuestionada sustituya el acto reclamado por

pronunciamiento en el que, orientado a la plena satisfacción de los derechos

fundamentales de las partes, elucide correctamente la procedencia del recurso de

casación instado por la ahora postulante, atendiendo lo aquí considerado.

Conviene puntualizar que no compete a la justicia constitucional sustituir a la

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en la labor de conocimiento que le

concierne en materia de casación, habida cuenta que a aquella corresponde

exclusivamente evaluar si se ha producido conculcación de principios y derechos

fundamentales, en los términos en que ha quedado explicado. En congruencia con

ello, vale patentizar que este pronunciamiento se emite para el único propósito de

reconducir las actuaciones del caso subyacente en armonía con los bienes

jurídicos constitucionales afectados y, por ende, no prejuzga sobre la procedencia

de la casación intentada, una vez ponderados por la autoridad competente todos

los factores pertinentes para establecerla, ni sobre la pretensión sustantiva que

esgrime la postulante en la vía ordinaria.

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---VI---

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Amparo,

E.ón Personal y de Constitucionalidad, la condena en costas será obligatoria

cuando se declare procedente el amparo. No obstante, esta Corte ha sentado

doctrina legal, atendiendo al principio de legalidad en el ejercicio de la función

pública, en cuanto a considerar que las actuaciones emanadas de entidades

gubernamentales se presumen revestidas de buena fe; por lo que no se impondrá

la referida sanción procesal a la autoridad cuestionada.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265, 268 y 272, literal c, de la Constitución Política de la

República de Guatemala; 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 10, 42, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61,

65, 66, 67, 78, 149, 163, literal c y 185 de la Ley de Amparo, E.ón Personal y

de Constitucionalidad y 35 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes

citadas, resuelve: I. Se otorga el amparo planteado por Bancafé International

Bank, Ltd. y, consecuentemente declara: a) suspende en cuanto a la reclamante la

sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, por la que la Corte

Suprema de J.cia, Cámara Civil,declaró sin lugar el recurso de casación

interpuesto por Bancafé International Bank, Ltd., contra la decisión de la Sala

P.era de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y M.til, de confirmar lo

resuelto por el Juzgado Décimo P.ero de P.era Instancia del Ramo Civil del

departamento de Guatemala respecto de la excepción de prescripción interpuesta

por C.E...M.C., dentro del juicio sumario mercantil promovido por

la entidad referida en su contra; b) para los efectos positivos de esta decisión, la

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Expediente 5941-2016

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

autoridad cuestionada deberá emitir nueva resolución en sustitución de la antes

descrita, observando lo consignado en la parte considerativa del presente fallo y c)

se conmina a la autoridad responsable a dar debido cumplimiento a lo ordenado en

el plazo de los diez días siguientes de recibida la ejecutoria respectiva, bajo

apercibimiento de incurrir cada uno de sus miembros en multa de dos mil quetzales

(Q. 2,000.00), sin perjurio de las responsabilidades civiles y penales

consiguientes.II. No se emite condena en costas, en atención a lo considerado. III.

N. y remítase certificación de lo resuelto a la autoridad denunciada.

J.F. DE MATA VELA

PRESIDENTE

BONERGE A.M.O.N.A. HERRERA

MAGISTRADO MAGISTRADO

GLORIA P.P.E.D.J.O.E.

.

M........M..G...

.

.

.

M.R.G.H.

SECRETARIO GENERAL