Sentencia nº 1483-2021 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 25 de Julio de 2023

Fecha de Resolución25 de Julio de 2023
EmisorCorte Suprema

25/07/2023 – AMPARO LABORAL

1483-2021

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.

I.Integrada con los suscritos Magistrados, de conformidad con el acta cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II.Se tiene a la vista para dictar sentencia la presente acción constitucional de amparo solicitado por elESTADO DE GUATEMALA, a través de la Procuraduría General de la Nación, y como entidad nominadora Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, contra laSALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. El postulante actúa bajo el auxilio y dirección de la abogada W.N.M.B., sustituida por el abogado J.A.F.V..

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición: cuatro de junio de dos mil veintiuno.

B) Acto reclamado: resolución del diez de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación; y como consecuencia, confirmó parcialmente la sentencia del siete de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Escuintla.

C) Fecha de notificación al postulante del acto reclamado: siete de mayo de dos mil veintiuno.

D) Uso de recursos contra el acto reclamado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: los principios de legalidad, del debido proceso y derecho defensa.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A)De lo expuesto por el postulante y de los antecedentes se resume lo siguiente:a)el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Escuintla dictó auto resolviendo con lugar el incidente de declaratoria de beneficios post morten promovido por los demandantes, declarando como beneficiarios del señor C.E.M. a los señores K.M., J.A. y A.L. todos de apellidos M.M. de las prestaciones laborales y demás derechos que les puedan corresponder;b)ante el Juzgado identificado en la literal anterior, los señores K.M., J.A. y A.L. todos de apellidos M.M., promovieron juicio ordinario laboral del pago de las prestaciones laborales del señor C.E.M., en calidad de beneficiarios post morten, contra el Estado de Guatemala, entidad nominadora Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Autoridad que con fecha siete de junio de dos mil diecinueve, declaró con lugar parcialmente la demanda y condenó al Estado de Guatemala, entidad nominadora Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al pago de las prestaciones laborares de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación incentivo, salario retenido y bonificación anual para trabajadores del sector privado y público; absolviéndolo del pago de costas judiciales;c)inconforme con lo resuelto, el Estado de Guatemala interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, autoridad que mediante resolución del diez de febrero de dos mil veintiuno -acto reclamado-, declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y como consecuencia, confirmó parcialmente la sentencia de fecha siete de junio de dos mil diecinueve, en el sentido que el Estado de Guatemala, como entidad nominadora el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, deberá pagar a los beneficiarios del causante C.E.M., en concepto de indemnización el equivalente a quince salarios mensuales y lo demás de la sentencia quedo incólume.d)El Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, por no estar de acuerdo con lo resuelto por la autoridad reprochada, interpuso la presente acción constitucional de amparo, indicando que le causó agravio el acto reclamado en virtud que se vulneró el derecho de acción, derecho de defensa y los principios de legalidad y debido proceso.e) Petición concreta: solicitó que al dictar sentencia se otorgue el amparo y, en consecuencia, se deje en suspenso el acto reclamado y se sustituya al postulante en la situación jurídica anterior a dicha resolución y se ordene a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho.

B) Casos de procedencia: citó el artículo 10, literales a), b), c), d) y h) de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: señaló los artículos: 12 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 18, 25, 84 y 86 del Código de Trabajo; 2, 4 y 83 de la Ley del Servicio Civil; 1, 12 y 17 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; 4 de la Ley de Salarios de la Administración Pública; 75 de la Ley Orgánica del Presupuesto; 1, 44, 47, 48, 49, 65 y 69 de la Ley de Contrataciones del Estado; y Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: se decretó de oficio, el cual fue revocado posteriormente en resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós.

B) Terceros interesados: 1) Ministerio de Salud Pública y Asistencias Social, 2) K.M.M.M., 3) J.A.M.M. y 4) A.L.M.M..

C) Remisión de antecedentes: a) Primera instancia: disco compacto que contiene copia de las partes conducentes del proceso ordinario laboral número cero cinco mil siete guion dos mil dieciocho guion cero cero quinientos cuarenta y seis (05007-2018-00546) del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Escuintla.b) Segunda instancia: expediente original del cual se certificaron las partes conducentes del recurso de apelación número diez mil uno guion dos mil veinte guion cero cero doscientos sesenta y cuatro (10001-2020-00264) de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

D) Pruebas: mediante resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se relevó del período de prueba en virtud de no haber solicitado la apertura a prueba quien planteó el amparo y por no haber hechos que pesquisar de oficio.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) El postulantereiteró los conceptos vertidos en el memorial de interposición de la presente acción constitucional de amparo.

B) Terceros interesados: B.1) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de su ministro, argumentó que derivado del análisis efectuado del caso, es imprescindible que se declare con lugar la presente acción de amparo promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra de la resolución que constituye el acto reclamado, la cual vulnera, contraviene y causa serios e irreparables agravios indistintamente al Estado de Guatemala como a la entidad nominadora, violentándose los artículos 2 y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo cual debe ser aplicado en el presente caso y restaurado el imperio de derecho.B.2) K.M.M.M., B.3) J.A.M.M. y B.4) A.L.M.M.: al evacuar la audiencia que les fuera conferida manifestaron que la resolución que por medio del amparo se reclama, se emitió dentro de la tramitación de un debido proceso, legalmente establecido en la ley, en plena observancia del convenio internacional en materia laboral, la constitución y leyes ordinarias, en el cual se respetó el derecho de defensa de la parte demandada. Argumentó que es importante tener presente que el amparo no es una instancia revisora de las etapas procesales ya precluidas, por lo cual el amparo interpuesto no tiene ningún asidero legal, y por las razones anteriormente consideradas, el amparo debe denegarse por notoriamente improcedente.

C) El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A.s y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, manifestó que a criterio del Ministerio Público, no ocasionó agravio la decisión de la Sala objetada, por medio de la cual declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación; cabe señalar que, el agravio relacionado deviene insubsistente, pues los Tribunales de Trabajo y Previsión Social se limitaron a establecer que conforme el contenido del artículo 85 del Código de Trabajo, la autoridad recurrida al examinar la sentencia venida en grado realizó una interpretación extensiva del referido artículo, por vía del artículo 5 de la Ley del Servicio Civil, al preceptuar que en los casos no previstos en esta ley, deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma, las doctrinas de la administración de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y los principios generales del derecho. Argumentó, que del análisis del caso determinó que el acto reclamado, es el resultado de una revisión de la resolución judicial emitida por el juez inferior, lo cual se encuentra conforme a derecho, al establecer que le corresponde al Estado de Guatemala pagar el equivalente a quince salarios en concepto de indemnización por el fallecimiento del señor C.E.M., lo anterior en armonía al derecho protectorio, en virtud que ante la duda existente, falló a favor del trabajador como se estipula en el cuerpo normativo laboral y que es congruente con el principio tutelar, en su característica de in dubio pro operario por el cual se tiene que en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretaran en el sentido más favorable para los trabajadores. Indicó que a las autoridades judiciales les está permitido reexaminar la totalidad del asunto que fue sometido a juzgamiento, debiendo entenderse que tal estudio puede abarcar la revisión tanto de los hechos, de las pruebas, así como de la aplicación e interpretación de las normas. Argumentó que en el presente caso, resulta inviable la protección constitucional de amparo, ya que la autoridad contra la que se reclama ha resuelto en ejercicio de sus facultades y en observancia de las garantías procedimentales propias de su competencia, sin afectar derechos del amparista. Solicitó que se deniegue el amparo interpuesto.

CONSIDERANDO

-I-

El artículo 265 constitucional estipula:«… Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan…».Por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no debe utilizarse como un medio de revisión de lo resuelto por los tribunales ordinarios sobre todo cuando no se evidencia violación de algún derecho garantizado por la Constitución ya relacionada.

El Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, interpuso la presente acción constitucional de amparo, indicando que le causó agravio el acto reclamado en virtud que se vulneró el derecho de acción, derecho de defensa y los principios de legalidad y debido proceso, pues no se verificó a fondo que nunca por parte del Estado de Guatemala hubo un despido injustificado o una supresión de puesto o despido directo o indirecto, por lo cual no tenía derecho a gozar de indemnización, con lo cual variaron las formas del proceso laboral; violo el principio de seguridad jurídica en virtud que la Sala reprochada, al realizar el análisis lo hizo aplicando el principio In dubio Pro Operario regulado en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el presente caso nunca existió duda, pues se dejó muy claro que no hubo despido injustificado o supresión de puesto o despido injustificado directo o indirecto que son los únicos supuestos para poder gozar de indemnización. Así mismo, la Sala cuestionada en ningún momento realizó declaración y análisis jurídico concreto de los hechos y fundamentos de derecho que hizo en su memorial de contestación de demanda, pues la Sala reprochada en ningún momento dictó la resolución conforme a las normas que informan el derecho.

-II-

Esta Cámara, al analizar el memorial de amparo, el acto reclamado y las actuaciones pertinentes, estima que el punto toral de los argumentos vertidos en la interposición de esta acción lo constituyen aspectos relacionados con determinar si es o no procedente otorgar a los beneficiarios post morten del causante C.E.M., señores K.M.M.M., J.A.M.M. y A.L.M.M. el pago de indemnización y las prestaciones laborales que les puedan corresponder.

Al analizar los aspectos relacionados anteriormente se establece que los mismos fueron objeto de estudio por parte de la autoridad impugnada en su momento procesal, lo cual se evidencia cuando consideró:«…8. En el presente caso, es de hacer mención que la condena al pago de indemnización impuesta por el juzgador, se debió por la reclamación de los herederos del señor C.E.M., por haber fallecido y trabajó para el Estado de Guatemala y como entidad nominadora el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a partir del dieciséis de abril de mil novecientos noventa y tres al cuatro de enero de dos mil diecisiete, es decir, todo el tiempo que estuvo prestando sus servicios. Este Tribunal disiente de la decisión del juzgador, en virtud, que si bien al condenar al Estado de Guatemala al pago de indemnización por todo el tiempo que el causante trabajó, que al revisar y hacer el análisis de las normas de trabajo, permite a este Tribunal hacer una interpretación extensiva del artículo 85 del Código de Trabajo, por la vía del artículo 5 de la Ley del Servicio Civil, al preceptuar: “Los casos no previstos en esta ley, deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma, las doctrinas de la administración de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y los principios generales del Derechos.” Toda vez que en la ley especial no existe norma sobre el pago de indemnización, a pesar que el artículo 110 Constitucional es claro al preceptuar que para efectos de indemnización por el despido director sin justa causa de trabajadores del Estado, les corresponde tener derecho al equivalente a diez meses de salario, sin embargo, es criterio de los que juzgamos en esta instancia el juez debió aplicar el artículo 85 ibídem, en congruencia con el principio protectorio, en cuanto a la aplicación de la regla de la norma más favorable al trabajador, siendo el artículo 85 del Código de Trabajo, le corresponde al Estado de Guatemala pagar el equivalente a quince salarios en concepto de indemnización por el fallecimiento del señor C.E.M., lo anterior en armonía del principio referido anteriormente. Con lo considerado anteriormente, se acoge parcialmente el agravio expresado ante este Tribunal, al tenor del artículo 372 del Código de Trabajo, que faculta confirmar, revocar, enmendar o modificar, parcial o totalmente la sentencia de primera instancia…».

Conforme a lo manifestado con anterioridad, se establece que en el presente caso la existencia de la relación laboral con el Estado, entidad nominadora Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el señor C.E.M.; los señores K.M.M.M., J.A.M.M. y A.L.M.M., fueron declarados beneficiarios post mortem del causante C.E.M.; y en virtud que el amparista no logro desvirtuar fehacientemente que hubiera efectuado el pago de indemnización y prestaciones laborales al señor C.E.M., lo que corresponde es el pago de las mismas, toda vez que quedo probado que los señores K.M., J.A. y A.L. todos de apellidos M.M. tienen derecho al pago anteriormente relacionado.

Es evidente que el amparista con la presente acción constitucional de amparo, pretende que se revise el fondo del acto señalado como reclamado lo que no es procedente, puesto que el amparo no es una instancia revisora de lo resuelto por los tribunales y acceder a ello implicaría desvirtuar la naturaleza del mismo, ya que, como se ha reiterado en varios fallos, en el amparo se enjuicia el acto reclamado, pero no se puede entrar a valorar o estimar las proposiciones de fondo, porque de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, esta atribución corresponde con exclusividad a los tribunales de justicia ordinarios. Acoger la pretensión del solicitante, sería sustituir al juez del proceso en la función que legalmente tiene atribuida, lo que no es procedente salvo violación constitucional.

Sobre este tema la Corte de Constitucionalidad ha considerado en sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente seiscientos setenta y uno guion dos mil veintidós (671-2022) que: «…Con base en lo anterior y, atendiendo a la naturaleza del amparo, no es factible emitir pronunciamiento respecto de las cuestiones que denuncia la postulante, porque versan sobre puntos controvertidos respecto de los cuales ya obtuvo una respuesta debidamente fundamentada en ambas instancias ordinarias; lo contrario implicaría desnaturalizar la garantía constitucional de mérito al constituirla en una instancia revisora de lo resuelto en la jurisdicción común, lo que no es factible legalmente e incluso conllevaría sustituir a los Tribunales de Trabajo en la labor que les ha sido encargada…» Criterio sostenido por la Corte, en sentencias del dieciséis de marzo, veintisiete de abril y nueve de septiembre, todas de dos mil veintiuno, emitidas en los expedientes cuatro mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil veinte (4477-2020), quinientos ochenta y cinco guion dos mil veintiuno (585-2021); y, dos mil ciento quince guion dos mil veintiuno (2115-2021), respectivamente.

Por lo considerado anteriormente la Cámara concluye que en el caso de estudio es evidente la improcedencia del amparo promovido por el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, ya que no existe restricción ni limitación alguna de los derechos que la Constitución Política de la República Guatemala y demás leyes garantizan al postulante, toda vez que la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, cumplió con lo dispuesto en el artículo 372 del Código de Trabajo en cuanto a ejercer su función de conocer los aspectos fácticos del caso concreto, analizar, fundamentar y razonar su decisión, lo que dio como resultado que la Sala reprochada declarara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación y confirmara parcialmente la resolución de primer grado, en el sentido que el Estado de Guatemala, como entidad nominadora el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá pagar a los beneficiarios del causante C.E.M., en concepto de indemnización el equivalente a quince salarios mensuales conforme lo considerado, confirmando el resto de la sentencia apelada, porque determinó que en la sentencia objeto de apelación se hicieron las consideraciones de hecho y de derecho que tuvo el Juez de Primera Instancia para declarar con lugar parcialmente la demanda promovida por los señores K.M., J.A. y A.L. todos de apellidos M.M. y condenar al Estado de Guatemala, entidad nominadora Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al pago de las prestaciones laborales solicitadas; por lo que las inconformidades expuestas por la entidad amparista, carecen de fundamento legal y fáctico.

En ese orden de ideas, se considera que la solicitud del postulante al plantear la acción constitucional de amparo es notoriamente improcedente, en virtud que pretendió convertir la vía del amparo en una instancia revisora de lo actuado. En virtud de lo anterior el presente amparo debe denegarse haciendo los demás pronunciamientos conforme a la ley.

-III-

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del Tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado patrocinante cuando el amparo sea notoriamente improcedente, como en el presente caso. No obstante lo anterior, no se condena en costas al amparista ni se impone multa a los abogados patrocinantes por los intereses que defienden.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y: 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 7º, 8º, 10, 12, 42, 43 y 50 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 3 inciso a) del Auto Acordado 1-2013 y 7, 10, 29 y 35 del Acuerdo 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad; y, Acuerdo 44-92 de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, con base en lo considerado y en las leyes citadas, al resolver declara:I) DENIEGApor notoriamente improcedente el amparo planteado por elESTADO DE GUATEMALA,entidad nominadora Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, contra laSALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. II)No se condena en costas al postulante y no se impone multa a los abogados patrocinantes, por la razón considerada.III)Oportunamente remítase a la Corte de Constitucionalidad fotocopia certificada del presente fallo para los efectos contenidos en el artículo 81 de la ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad. N., certifíquese y en su oportunidad archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de A. y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; B.A.S.D., Magistrada Vocal Séptima. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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