Sentencia nº 1606-2023 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 5 de Julio de 2023

Fecha de Resolución 5 de Julio de 2023
EmisorCorte Suprema

05/07/2023 – AMPARO ELECTORAL

1606-2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO. Guatemala, cinco de julio de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos Magistrados, de conformidad con el acta cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se tiene a la vista para dictar sentencia, el amparo identificado en el acápite, solicitado por elPARTIDO POLÍTICO PROSPERIDAD CIUDADANA -PC-, a través de su Secretaria General, contra elTRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.El postulante actuó bajo la dirección y procuración del abogado M.A.G.P., sustituido por la abogada K.F.L..

ANTECEDENTES

A) Lugar y fecha de interposición: Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno, del municipio y departamento de Guatemala, el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.

B) Acto reclamado: resolución del Tribunal Supremo Electoral del ocho de mayo de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la Secretaria General del Partido Político Prosperidad Ciudadana ¬-PC- y como consecuencia confirmó la resolución emitida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, y modificó el monto de la multa impuesta a la cantidad de cincuenta mil un dólar (US$. 50,001.00).

C) Fecha de notificación del acto reclamado al postulante: dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: debido proceso, principio de inocencia, seguridad o certeza jurídica, libertad de acción, tutela judicial efectiva y el principio reformatio in peius.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A)Del estudio de los antecedentes y del escrito de interposición del amparo, se resume lo siguiente:a)la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo Electoral, con fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés, informó al Director General del Registro de Ciudadanos, que el Partido Político “PROSPERIDAD CIUDADANA -PC-“, incumplió con la presentación física de informes del financiamiento privado, por origen del recurso y gastos realizados correspondientes al mes de febrero de dos mil veintitrés y porque tampoco hizo uso de la herramienta electrónica Sistema Cuentas Claras;b)la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, emitió resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por medio de la cual resolvió imponer sanción de multa de cinco mil un dólar (US$. 5,001.00) de los Estados Unidos de América o equivalente en moneda nacional al Partido Político “PROSPERIDAD CIUDANADA -PC-“, por la contravención a las disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos;c)contra lo resuelto, el Partido Político “PROSPERIDAD CIDADANA -PC-“, interpuso recurso de nulidad, el cual fue elevado al Tribunal Supremo Electoral, autoridad que con fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés (acto reclamado), declaró sin lugar dicho recurso, confirmó la resolución objeto de impugnación y modificó la multa a imponer a cincuenta mil un dólar (US$50,001.00) de los Estados Unidos de América por el incumplimiento de presentación de los referidos informes, así como la no utilización del Sistema Cuentas Claras;d)inconforme con lo resuelto, la Secretaria General del Partido Político Prosperidad Ciudadana -PC-, promovió la presente acción constitucional de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral, argumentando que se violaron sus derechos y principios constitucionales del debido proceso, libertad de acción, tutela judicial efectiva y el principioreformatio in peius, toda vez que a pesar que en el expediente que originó la resolución recurrida, no se les confirió audiencia alguna con relación a la supuesta vulneración a lo previsto en el artículo 90 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y no obstante a ello, lo sancionaron con la multa prevista en la mencionada normativa, como consecuencia de su supuesto incumplimiento, aunado a ello la resolución emitida por la autoridad impugnada, le causó agravio, en virtud que, modificó la sanción impuesta por la Dirección General del Registro de Ciudadanos elevándola de cinco mil un dólar, a cincuenta mil un dólar.e) Petición concreta: solicitó que se declare con lugar la acción constitucional de amparo promovida en contra del Tribunal Supremo Electoral, se le ordene, que emita nueva resolución en la que declare con lugar el recurso de nulidad interpuesto por el Partido Político Prosperidad Ciudadana -PC-.

B) Casos de procedencia: inciso a) y h) del artículo 10 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: artículos 5 y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: no se decretó.

B) Terceros interesados: no intervienen terceros interesados.

C) Remisión de antecedentes: copia electrónica en disco compacto del expediente número dos mil cuarenta y seis guion dos mil veintitrés (2046-2023), remitida por el Tribunal Supremo Electoral.

D) Audiencia:se dio vista por el plazo común de cuarenta y ocho horas, para hacer valer los alegatos correspondientes, de conformidad con la resolución del treinta y uno de mayo dos mil veintitrés.

E) Prueba: se relevó el periodo de prueba de conformidad con la resolución del ocho de junio de dos mil veintitrés, en virtud de considerarse que no existen hechos que pesquisar de oficio.

F) Segunda Audiencia: no hubo en virtud de haberse relevado el periodo de prueba.

ALEGATOS DE LAS PARTES

A) El postulante: reiteró los argumentos vertidos en el memorial de interposición de la acción de amparo y solicitó que se abra a prueba en el plazo establecido en la ley.

B) Autoridad impugnada:Tribunal Supremo Electoral,a través de su mandatario judicial con representación, al evacuar la audiencia conferida manifestó, que no resulta procedente el primer agravio, porque el error de redacción no impidió un procedimiento administrativo sancionatorio contradictorio, ni ocasionó un desconocimiento de las omisiones por las cuales se sanciono a la organización política, pues el informe incorrectamente referenciado en un pasaje, no fue el fundamento para la imposición de la consecuencia jurídica contemplada en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sino que al leer íntegramente la resolución, se denota que efectivamente se impuso la sanción por los hechos oportunamente reportados por la Unidad Especializada que motivaron la formación del expediente respectivo. Argumentó sobre el segundo motivo del medio impugnación instado, por citar un fundamento jurídico inexistente, el Tribunal Supremo Electoral, advierte el yerro señalado por el amparista que si bien es cierto, la Dirección General del Registro de Ciudadanos, consignó que el Acuerdo 602-2022 del Tribunal Supremo Electoral contiene las reformas al Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas, situación que es errada; también lo es que, el agravio argüido estriba en una circunstancia excesivamente rigorista, en especial porque la identificación del número de Acuerdo que se reprocha de inexistente y el artículo vigente aplicable se consignó correctamente, y se citó en el apartado “Leyes aplicables” como corresponde. Por último indicó, que, en el presente caso, se verificó fehacientemente el incumplimiento de obligaciones de financiamiento y transparencia, por parte de la organización política Prosperidad Ciudadana -PC-, las cuales encuadran dentro de las conductas establecidas en las literales g) y j) del artículo 90 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por lo anterior, correspondía modificar la multa impuesta. Concluyó que, como obra dentro del expediente, es notorio que el amparista pretende una protección de amparo para evadir una sanción por transgredir una norma legal, no encontrando violación a derecho fundamental alguno.

C) El Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A. y Exhibición Personal, a través de su agente fiscal, al evacuar la audiencia conferida señaló, que se advierte que la autoridad cuestionada, al emitir el acto objeto de reproche, cumplió con resolver de forma motivada y fundamentada los argumentos del partido político amparista, dando respuesta puntual a las inconformidades que hizo valer en el medio de impugnación que promovió. Por ello, se estableció que, contrario a lo denunciado, por el postulante, la referida autoridad, en la emisión del acto reclamado, actuó en el ejercicio de sus facultades y con sustento en lo establecido en el artículo 90 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos sin ocasionar agravio alguno, pue la denegatoria de las solicitudes formuladas no atendió a un proceder arbitrario de la autoridad reprochada. Concluyó que al haber procedido el Tribunal Supremo Electoral en estricto apego a lo que establecen las normas precitadas al emitir la resolución de mérito, no evidencia violación alguna, pues tal decisión no constituye una disposición arbitraria, sino que se trata de una resolución emitida como resultado de la adecuada interpretación y aplicación de las normas aplicables al caso en particular. Por consiguiente, no existe violación a derecho alguno que amerite ser reparado por medio de la defensa constitucional promovida. Solicitó que se deniegue el amparo.

CONSIDERANDO

-I-

El artículo 265 del texto constitucional estipula:«… Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan…».

El postulante, promovió la presente acción constitucional de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral, argumentando que se violaron sus derechos y principios constitucionales del debido proceso, libertad de acción, tutela judicial efectiva y el principioreformatio in peius, toda vez que a pesar que en el expediente que originó la resolución recurrida, no se les confirió audiencia alguna con relación a la supuesta vulneración a lo previsto en el artículo 90 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y no obstante a ello, lo sancionaron con la multa prevista en la mencionada normativa, como consecuencia de su supuesto incumplimiento, aunado a ello la resolución emitida por la autoridad impugnada, le causó agravio, en virtud que, modificó la sanción impuesta por la Dirección General del Registro de Ciudadanos elevándola de cinco mil un dólar, a cincuenta mil un dólar. Resulta evidente que se violan los principios y derechos denunciados pues el partido político únicamente impugnó la resolución emitida por la Dirección, y la misma no es efectiva ya que lejos de resolver lo alegado; se dictó una resolución que es mucho más gravosa.

-II-

Esta Corte, del estudio de los antecedentes, así como los argumentos esgrimidos por el postulante en su memorial de interposición, estima que previo a determinar las posibles violaciones en la emisión del acto reclamado por parte de la autoridad impugnada, citar lo considerado por el Tribunal Supremo Electoral, al resolver lo realizó bajo los siguientes argumentos:«… En el recurso de nulidad presentado, la organización política recurrente denuncia comoprimer motivoel agravio su derecho de defensa, en virtud que el tercer considerando de la resolución se mención la presentación del informe INF-FINPU, correspondiente al segundo semestre del año dos mil veintidós, y no por los incumplimientos que en su momento procesal oportuno fueron reportados por la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Al analizar las constancias procesales, efectivamente se observa que existe un error mecanográfico en el segundo párrafo del tercer considerando, sin embargo, este no incide en el fondo del asunto, ya que en los demás considerandos y párrafos de la resolución de mérito, se hace referencia a los tres incumplimientos que motivaron la sanción. (…) En el presente caso, a criterio de este Tribunal, no resulta procedente el primer agravio manifestado porque el error de redacción no impidió un procedimiento administrativo sancionatorio contradictorio, ni ocasiono un desconocimiento de las omisiones por las cuales se sancionó a la organización política. (…) se denota que efectivamente se impuso la sanción por los hechos oportunamente reportados por la Unidad Especializada que motivaron la formación del expediente respectivo. Sobre elsegundo motivodel medio de impugnación instado, por citar un fundamento jurídico inexistente, (…) este órgano colegiado advierte el yerro señalado por el partido político recurrente que, si bien es cierto, la Dirección General del Registro de Ciudadanos, consignó que el Acuerdo Número 602-2022 del Tribunal Supremo Electoral “contiene las reformas al Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas”, situación que de acuerdo con el artículo ut supra citado es errada; también lo es que, el agravio argüido estriba en una circunstancia excesivamente rigorista, en especial porque la identificación del número de Acuerdo que se reprocha de inexistente y el artículo vigente aplicable se consignó correctamente, y se citó en el apartado de “Leyes aplicables” como corresponde. (…) Por las razones considerada, los agravios denunciados en cuanto a la vulneración del derecho de defensa por errores de redacción en la resolución impugnada, deben desestimarse, por no representar un impedimento que afecte el ejercicio material del principio contradicción, debido a que en todo momento la organización política tuvo conocimiento de las actuaciones y faltas cometidas, así como se le otorgó el derecho de audiencia y pudo impugnar oportunamente la decisión emitida por el Director General del Registro de Ciudadanos. Sin embargo, al revisar las actuaciones procesales, este Tribunal Supremo Electoral, en observancia del principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), denota un error en la gradación de la sanción a imponer, por el incumplimiento de la normativa electoral respecto al régimen de control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. El artículo 90 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en sus literales g) y j), indica que es procedente la sanción de multa cuando la organización política: “Incumpla las obligaciones relativas a las normas de financiamiento o sobrepase los límites máximos de gasto en propaganda electoral establecidos por el Tribunal Supremo Electoral […] Incumpla las disposiciones sobre transparencia, publicidad de los registros contables, o restrinja el acceso a la información que debe ser pública […]” En referido artículo regula ante la comisión, por acción u omisión, de las anteriores conductas contrarias al régimen electoral, que la consecuencia jurídica a imponer debe establecerse entre el mínimo de cincuenta mil un dólar (US$ 50,001.00) a doscientos cincuenta mil dólares (US$ 250,000.00). En el presente caso, se verifica fehacientemente el incumplimiento de obligaciones de financiamiento y transparencia, por parte de la organización política Prosperidad Ciudadana -PC- mediante sus representantes legales, encuadran en las conductas establecidas en las literales f) y j) del artículo 90 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, (…) Por lo anterior, corresponde modificar la multa impuesta, siendo el monto que corresponde de conformidad con el artículo 90 de la ley constitucional de la materia citada, de cincuenta mil un dólar (US$ 50,001.00), al ser el mínimo establecido por el incumplimiento de presentación de los referidos informes, …».

Esta Corte estima que no existe conculcación de garantía constitucional alguna en contra del accionante, en virtud que se determinó la procedencia de la aplicación de la consecuencia jurídica que la normativa legal establece ante su transgresión, que en el presente caso fue la imposición de la multa respectiva en contra del postulante, toda vez que el Tribunal Supremo Electoral al emitir la resolución de fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, examinó las actuaciones basando su decisión en el informe remitido por la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos que contenía el incumplimiento en la presentación física de los informes de Financiamiento Privado por Origen del Recurso y Gastos Realizados e informe del Financiamiento Público, así como la circunstancia que no hizo uso de la herramienta electrónica Sistema de Cuentas Claras, por lo cual la organización política contravino el artículo 90 incisos g) y j) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Así también se establece, en el presente caso, que al Partido Político Prosperidad Ciudadana -PC- según constancias del proceso le fue notificado el cuatro de abril de dos mil veintitrés la resolución de la Dirección General del Registro de Ciudadanos SRC guion R guion novecientos cuarenta y siete guion dos mil veintitrés RJMJ diagonal mmco (SRC-R-947-2023 RJMJ/mmco) donde se le confirió audiencia por quince días para que pronunciara en cuanto los extremos siguientes:«… a) Incumplimiento de la presentación del informe del financiamiento privado por origen del recurso y gastos realizados (…); b) Incumplimiento de la presentación del informe del financiamiento público (…); y, c) Incumplimiento del uso de la herramienta electrónica SISTEMA CUENTAS CLARAS…»;la cual dicha organización evacuó la audiencia conferida, sin que conste dentro del expediente de mérito, que haya impugnado ese extremo en el momento procesal oportuno y por la vía adecuada para recurrir tal inconformidad, motivos por los cuales no puede pretender que este Tribunal Constitucional asuma tal jurisdicción por medio de amparo pues es contrario a la naturaleza de la garantía Constitucional de mérito.

Esta Corte, establece que el Tribunal Supremo Electoral al realizar el estudio de la resolución emitida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, se percató del error en la escala de la sanción impuesta, por el incumplimiento de la normativa electoral respecto al régimen de control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, toda vez, que la Dirección General del Registro de Ciudadanos para imponer el monto de la multa lo realizó aplicando el artículo 90 segundo párrafo literal b) para calcular el monto de la referida multa. Lo cual a criterio del Tribunal Supremo Electoral la normativa aplicable era el artículo 90 incisos g) y j) primer párrafo y c) del segundo párrafo que establece:«… Multas. Se sancionara con una multa al partido político que: (…) g) Incumpla las obligaciones relativas a las normas del financiamiento o sobrepase los límites máximos de gasto en propaganda electoral establecidos por el Tribunal Supremo Electoral; (…) j) Incumpla las disposiciones sobre transparencia, publicidad de los registros contables, o restrinja el acceso a la información que debe ser pública; (…) El monto de las multas imponibles se contemplara entre el equivalente en moneda nacional, quinientos (US$500.00)a doscientos cincuenta mil (US$ 250,000.00) dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con los siguientes parámetros: (…) c) Para los casos contenidos en las literales g), h), j), l), m), n) y ñ) del presente artículo, el monto de la multa imponible se contemplará entre el equivalente en moneda nacional, de cincuenta mil un dólar (US$ 50,001.00) a doscientos cincuenta mil dólares (US$ 250,000.00) de los Estados Unidos de América, dependiendo de la gravedad del hecho …», en consecuencia el Tribunal Supremo Electoral en aplicación al principioiura novitcuria

, modificó el monto de la multa impuesta por la Dirección General de cinco mil un dólar (US$ 5,001.00) a cincuenta mil un dólar (US$ 50,001.00) de los Estados Unidos de América, por lo que con el principio y norma anteriormente citados se concluyó que el Tribunal motivo y razonó debidamente la modificación del monto de la multa impuesta.

De lo expuesto con anterioridad, esta Corte considera importante señalar que al Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral y a sus distintas dependencias les atañe preeminentemente velar por el cumplimiento de lo que al respecto regula la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley de la materia, de lo que se concluye que al emitir la resolución cuestionada lo realizó en estricto cumplimiento de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere; pues al momento de confirmar y modificar la resolución impugnada, lo hizo aplicando la normativa al caso concreto, realizando una debida fundamentación y una motivación clara y precisa de los motivos de hecho y de derecho en que se basó su decisión.

En virtud de las anteriores circunstancias se establece que la autoridad impugnada al resolver actuó en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la ley el caso sometido a su conocimiento; por lo que, no se evidencia vulneración alguna a las garantías y derechos denunciados por el solicitante. La Corte de Constitucionalidad ha estimado que el agravio es un elemento esencial para la procedencia del amparo, sin su concurrencia no es posible el otorgamiento y protección que dicha garantía conlleva; sobre todo, cuando la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado ha procedido en el ejercicio de las facultades legales que rigen su actuación y no se evidencia violación de ningún derecho fundamental garantizado por la Constitución y las leyes. Es pertinente señalar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este sentido en los siguientes expedientes:i)Sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, proferida en el expediente dos mil sesenta y cinco guion dos mil veintitrés (2065-2023) el cual expresa:«… De esa cuenta, este Tribunal, al analizar el contenido del acto reclamado, en congruencia con todo lo antes considerado, arriba a la conclusión de que el Tribunal Supremo Electoral –autoridad cuestionada–, al emitirlo, no ocasionó agravio alguno en la esfera jurídica del postulante (…) Por lo anterior, se estima que dicho motivo de reproche no puede prosperar, en tanto, como ya se señaló, ni la autoridad objetada, al emitir el acto reclamado, ni el a quo, al dictar la sentencia impugnada, desconocieron el carácter pétreo del artículo 186 constitucional, al igual que tampoco lo hace este Tribunal al emitir la presente sentencia. En razón de lo antes considerado, se aprecia que la autoridad cuestionada emitió el acto reclamado en el legítimo ejercicio de sus facultades legales, sin que con su decisión haya provocado lesión alguna al amparista que amerite ser reparada por esta vía ...».ii)Sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós emitida en el expediente un mil dos guion dos mil veintidós (1002-2022).iii)Fallo del veinte de septiembre de dos mil dieciséis dictado en el expediente cuatro mil noventa y cuatro guion dos mil dieciséis (4094-2016).

Por lo considerado anteriormente y citas ilustrativas que se han incluido, se concluye que no se advierte violación sobre principios y garantías constitucionales invocados por el postulante, en consecuencia, ante la inexistencia de agravio el amparo promovido debe denegarse y así deberá declararse en la parte resolutiva del presente fallo.

-IV-

En virtud de la forma como se ha resuelto la presente acción constitucional de amparo, con base en los artículos 44 y 46 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se condena en costas al postulante por no haber persona legitimada para su cobro, se impone multa a la abogada directora y procuradora.

LEYES APLICABLES

Artículos: los citados y 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 inciso a) 19, 20, 42 y 44 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 29 y 35 del Acuerdo 1-2013; 2 inciso a) del Auto Acordado 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO, I) DENIEGApor notoriamente improcedente el amparo solicitado por elPARTIDO POLÍTICO PROSPERIDAD CIUDADANA -PC-,a través de su Secretaria General, contra elTRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. II)No se condena al amparista al pago de las costas por lo considerado;III)Impone la multa de mil quetzales(Q.1,000.00)a la abogada K.F.L., quien deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente.IV)Oportunamente remítase a la Corte de Constitucionalidad fotocopia certificada del presente fallo para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad. N., y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el expediente.

S.P.V.Q., Presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; D.M.D.S., Magistrada Vocal Cuarta; J.F.B., Magistrado Vocal Quinto; S.A.P.C., Magistrado Vocal Sexto; B.A.S.D., Magistrada Vocal Séptima; S.V.G.M., Magistrada Vocal Octava; H.E.O.P., Magistrado Presidente Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de M.R. y Extinción de Dominio; J.A.G.D., Magistrado Presidente Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; G.A.D.G., Magistrado Presidente Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Departamento de Guatemala; H.G. De León Ramírez, Magistrado Presidente Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala; M.D.B., Magistrado Vocal Décimo Tercero. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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