Sentencia nº 1017-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 27 de Julio de 2023

Fecha de Resolución27 de Julio de 2023
EmisorCorte Suprema

27/07/2023 – AMPARO PENAL

1017-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, veintisiete de julio de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con el acta número cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Para dictar sentencia, se tiene a la vista el amparo identificado en el acápite, planteado porNETO BRAN MONTENEGRO, en forma personal y en su calidad de Alcalde Municipal del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, en contra de laSALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE.El amparista actuó bajo la dirección y procuración del abogado J.C.R.M..

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición:el siete de abril de dos mil veintidós.

B) Acto reclamado: resolución del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, que declaró con lugar las diligencias de antejuicio promovidas por M.E.A. en su calidad de Gerente y Representante Legal del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal en contra del Alcalde Municipal de la municipalidad de Mixco, departamento de Guatemala, como consecuencia, ha lugar la formación de causa y retiro de inmunidad del funcionario antejuiciado.

C) Fecha de notificación del acto reclamado: cinco de abril de dos mil veintidós.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: principio del debido proceso y derecho de defensa, presunción de inocencia, libertad de expresión, libertad de acción y del derecho de elegir y ser electo.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A)De lo expuesto por el postulante y del contenido de los antecedentes, se resume lo siguiente:a)el veinte de mayo de dos mil veintiuno, la entidad Plan de Prestaciones del Empleado Municipal a través de su representante legal, interpuso Q. en contra de Neto Bran Montenegro, quien ostenta el cargo de Alcalde Municipal de la Municipalidad del municipio de Mixco, departamento de Guatemala; por la posible comisión de los tipos penales en concurrencia de apropiación y retención indebidas, abuso de autoridad, malversación e incumplimiento de deberes;b)la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente el quince de junio del dos mil veintiuno, tuvo por recibidas las diligencias de antejuicio promovidas por el representante legal del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal en contra del Alcalde de Mixco Neto Bran Montenegro, y para proceder con la investigación designó como juez pesquisidor a la abogada C.L.R.M., Juez del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del municipio de Mixco, departamento de Guatemala;c)la Juez del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Mixco el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, remitió informe circunstanciado de las diligencias de antejuicio que se instruyen en contra del alcalde de la municipalidad de Mixco, departamento de Guatemala, en el cual concluyó que se refleja la realidad y la veracidad de los hechos denunciados en contra del Alcalde Municipal de Mixco y en ese sentido declaro ha lugar la formación de causa, sin perjuicio de lo que tenga a bien decirla Sala jurisdiccional;d)el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, Neto Bran Montenegro en la calidad con que actuó, planteó incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, autoridad que el veinte de enero de dos mil veintidós declaró sin lugar la referida inconstitucionalidad;e)la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente el veinticuatro de enero de dos mil veintidós -acto reclamado-, tuvo por recibidas las diligencias de antejuicio provenientes del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mixco e informe de la pesquisa realizada, con motivo de lo ordenado por la Sala en resolución del quince de junio del dos mil veintiuno; con base en la cual la Sala objetada resolvió declarar con lugar las diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público, en contra del alcalde municipal del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, como consecuencia ha lugar la formación de causa y el retiro de la inmunidad al funcionario antejuiciado, a efecto sea investigado con relación a su posible participación en los delitos de malversación, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y apropiación y retención indebidas;f)contra lo resuelto en la literal anterior, el señor Neto Bran Montenegro en la calidad con que actúa, planteó el amparo que se conoce;g) Petición concreta:se otorgue el amparo solicitado, como consecuencia, se deje en suspenso el acto reclamado emitido por la autoridad objetada, y se ordene a la autoridad denunciada resolver como corresponde declarando sin lugar el antejuicio planteado.

B) Casos de procedencia: citó el artículo 10 incisos a) y d) de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: señaló los artículos 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4,126, 127 y 129 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 16 de la Ley del Organismo Judicial.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: no se decretó.

B) Terceros interesados:1. Plan de Prestaciones del Empleado Municipal;2.Abogada J.M.C.G.;3.M.E.A.M.;4.Abogada T.A.G.M. de Zeceña; 5. Abogado J.C.R.M. y5.Ministerio Público a través, de la Fiscalía Municipal de Mixco.

C) Remisión de antecedentes: certificación de las diligencias de antejuicio número cero un mil diecisiete guion dos mil veintiuno guion cero cero cero cincuenta (01017-2021-00050) de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

D) Pruebas: las descritas en resolución del diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, en la que también se prescindió del período probatorio.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) El postulante: a pesar de estar debidamente notificado no evacuó la audiencia que le fuera conferida.

B) Terceros interesados:1. Plan de Prestaciones del Empleado Municipalpor medio de su representante legal, argumentó que la acción constitucional de amparo está constituida como una garantía al respeto de los derechos básicos de las personas; su naturaleza, por lo tanto, es extraordinaria y no puede ser utilizada frívola con el único objeto de dilatar un proceso. Esto, porque en caso contrario, se desnaturalizaría la misma, toda vez, la amenaza o violación a los derechos constitucionales debe ser expresa y no debe utilizarse esta vía para entorpecer los procesos, las partes se deben lealtad procesal, que implica no presentar recursos y acciones espurias e inidóneas. Manifestó que la resolución emitida por la Sala objetada, en la cual declaró con lugar las diligencias de antejuicio y en consecuencia ha lugar la formación de causa, retirando la inmunidad del señor Neto Bran Montenegro en su calidad de Alcalde, se encuentra apegada a derecho, no existiendo error procedimental por parte de dicha Sala, como lo pretende hacer valer el solicitante de la acción de amparo. Que el actuar de la Sala reprochada en la resolución del veinte de enero de dos mil veintidós al resolver sin lugar la acción de inconstitucionalidad en caso concreto, promovido por el señor Neto Bran Montenegro en la calidad con que actuó y ordenar continuar con el trámite de las diligencias de antejuicio, está legitimada, sustentada, fundamentada y conforme al procedimiento de ley. Solicitó por la evidente falta de agravio que se deniegue la presente acción de amparo2. Abogada J.M.C.G.; 3. M.E.A.M.; 4. Abogada T.A.G.M. de Zeceña; 5. Abogado J.C.R.M.,a pesar de estar debidamente notificados no evacuaron la audiencia que les fuera conferida.6. Fiscalía Municipal de Mixco, Ministerio Público: manifestó que al analizar el contenido de la resolución que constituye el acto reclamado y confrontarlo con los agravios muy puntualmente reprochados por el alcalde postulante, determinó que la Sala objetada procedió en el ámbito de sus atribuciones legales que como órgano competente para conocer del antejuicio le confiere la ley en materia de antejuicio que regula el procedimiento de antejuicio. Argumentó, que de esa cuenta la decisión emitida por la Sala cuestionada no transgredió derecho alguno del accionante, porque de acuerdo en la facultad de juzgar, examinó las diligencias correspondientes conforme a lo previsto en la ley de la materia de antejuicio; cabe agregar que las diligencias de antejuicio no juzgan sobre la culpabilidad o inocencia del funcionario antejuiciado, sino sobre la prosecución de un proceso penal en la que el amparista podrá hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes y aportar las pruebas con la finalidad de que se resuelva su situación jurídica; lo cual no supone una vulneración a la presunción de inocencia de la que goza el accionante, pues tal declaración no prejuzga acerca de su culpabilidad. Solicitó se deniegue la acción constitucional de amparo.

C) La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Públicopor medio de la agente fiscal, argumentó que la decisión emitida por la Sala reprochada, a juicio de la fiscalía no transgredió derecho alguno del accionante, porque de acuerdo con la facultad de juzgar, examinó las diligencias correspondientes conforme a lo prescrito por la Ley de la Materia de Antejuicio, estableciendo que atendiendo al estudio de las actuaciones procede que ha lugar a formación de causa, de tal manera que con lo decidido se advirtió la existencia de fundamento para estimar que las acciones realizadas por el funcionario edil antejuiciado puedan constituir la base para una investigación penal en su contra, extremo que amerita ser investigado para determinar si existe o no la comisión de actos que constituyan delito, al existir indicios suficientes que hacer presumir que la conducta del antejuiciado podría revestir las características de delitos conforme a la denuncia presentada, por lo cual corresponde a la jurisdicción ordinaria establecer tales extremos. Manifestó, que resulta evidente que lo resuelto en el antejuicio no es una cuestión definitiva por cuanto será en el procedimiento penal en el que el accionante tendrá oportunidad de ofrecer sus medios de convicción para desvanecer los hechos objeto de la investigación habilitada con la declaración de que ha lugar a formación de causa en su contra, por lo que tendrá que ser en esa vía expeditas sus garantías procesales de defensa y debido proceso. Solicitó que se deniegue la acción constitucional de amparo.

CONSIDERANDO

- I -

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 265 establece:«Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan».Debe indicarse que el agravio, por constituir una lesión en los derechos inherentes de las personas, es uno de los elementos esenciales para la procedencia del amparo, de tal manera que sin su concurrencia no es posible el otorgamiento de la protección que esta garantía constitucional conlleva.

El postulante promovió la presente garantía constitucional de amparo, en virtud que el acto reclamado emitido por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, le causó agravio en virtud que no era posible, ni apegado a la ley emitir la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, que resolvió las diligencias de antejuicio, toda vez que se debió notificar la denegatoria de la inconstitucionalidad y esperar la ejecutoria ya que en el caso se denegara la inconstitucionalidad en caso concreto, es requisitosine qua nonesperar los tres días que señala el artículo 127 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para establecer si se presentaría o no el recurso de apelación. Que el acto reclamado nunca debió ser emitido, hasta que la resolución de fecha veinte de enero de dos mil veintidós fuera notificada y transcurrieran 3 días sin que se presentara apelación, o en todo caso elevar los autos con efectos suspensivos de presentarse la apelación como lo indica la ley de la materia. Al continuar con las diligencias de antejuicio y al emitir la resolución que constituye el acto reclamado, se le dejo en estado de indefensión.

- II -

Del análisis de los argumentos contenidos en el memorial de interposición de la presente acción, el acto reclamado y las actuaciones correspondientes, se establece que el punto toral del amparista al instar la presente acción constitucional de amparo, lo constituye si la resolución que constituye el acto reclamado emitido por la autoridad impugnada, vulnera el principio del debido proceso, el derecho de defensa al declarar con lugar las diligencias de antejuicio, y como consecuencia, ha lugar a formación de causa en contra del postulante.

Al efectuar el estudio correspondiente, este Tribunal establece que los aspectos sobre los cuales se fundamenta el amparo fueron objeto de análisis por parte de la autoridad impugnada en su momento procesal, toda vez que para declarar con lugar las diligencias de antejuicio promovidas y ha lugar a formación de causa, determinó:«… De los presupuestos anteriores, se establece contundentemente, que las presentes diligencias no revisten características de ser promovido como instrumento político ya que tanto el denunciante como el denunciado no están relacionados a actividades partidarias, o pugnas políticas, sino al ejercicio de la función pública que ejerce exclusivamente. Tampoco reviste características de promoción de antejuicio por razones ilegitimas, es decir, por razones injustas, inmorales o antiéticas, sino concuerda con lo legal. Finalmente se desvanecer las razones espurias, dado que no se infieren indicios bastantes de la falsedad de la imputación. Así mismo la Jueza Pesquisidora luego de practica una serie de diligencias, informes y declaraciones testimoniales, manifiesta que es factible obtener motivos suficientes para determinar que el señor Alcalde Municipal, del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala,ERNEST STEVE BRAN MONTENGRO Y7O NETO BRAN, haya realizado conductas que revistan las características de delito o falta, sin embargo la naturaleza de los actos denunciados, requieren obligatoriamente someterlos a contradictorio; aunado a ello, todos los medios de investigación tanto de cargo como de descargo conllevan a discutir una culpabilidad o inocencia del Funcionario Público, extremos que la misma Ley en Materia de Antejuicio, prohíbe y es el proceso penal, el vehículo o medio para la realización de la justicia y la búsqueda la verdad histórica y real del hecho que originó a ello (…) A criterio de los suscritos, los hechos imputados consistentes enMALVERSACIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, Y APROPIACION Y RETENCIÓN INDEBIDAS, que se pudieron haber cometido; los hechos con señalamientos directos en contra del Alcalde Municipal del Municipio de Mixco, Del Departamento de G.E.S.B.M.Y.N.B.M., en razón que, después del examen al conjunto de diligencias, informes y declaraciones testimoniales, con las cuales se determinan los elementos necesarios para que se inicie el proceso penal, en contra del funcionario antejuiciado, por supuesto, respetando la presunción de inocencia que como garantía constitucional le corresponde; por lo que se desprenden los motivos suficientes para declarar queha lugar a formación de causa penal,en contra del querellado, toda vez que encontramos hechos que pudieran estar revestidos de acciones antijurídicas, y que pudieran encuadrar en tipos penales, toda vez, que con los elementos de investigación preliminares que se tienen a la vista, y que conforman las diligencias de antejuicio, y del análisis ya efectuado de dichos documentos, permiten apreciar que el funcionario Antejuiciado pudo tener participación en los hechos denunciados. En razón de lo cual esta Sala estima que es procedente retirar al Alcalde Municipal del Municipio de Mixco, Del Departamento de G.E.S.B.M.Y.N.B.M.,el privilegio de la inmunidad que goza por el derecho de Antejuicio, a efecto que mediante el debido proceso, y observando la garantía constitucional de presunción de inocencia, se inicie la persecución penal en su contra, a efecto se investiguen los hechos ilícitos denunciados (…) y se establezca la probable participación y responsabilidad del Alcalde Municipal del Municipio de Mixco, Del Departamento de Guatemala…».

Por lo anteriormente señalado, esta Cámara llega a la conclusión que no se vulneraron los derechos y principios fundamentales que invocó el postulante, que el proceder de la Sala reprochada al emitir la resolución del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado, se encuentra debidamente fundamentada y motivada, hace ver los motivos de hecho y de derecho del porqué de su decisión al declarar con lugar las diligencias de antejuicio, planteado por el Ministerio Público, como consecuencia, ha lugar a formación de causa en contra del postulante, por considerar que existen motivos racionales suficientes sobre la posible participación del antejuiciado –hoy amparista- en actos ilícitos que se requiere que sean investigados a través de un proceso penal de conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Penal, por lo que la resolución emitida por la autoridad impugnada y que constituye el acto reclamado se encuentra apegada a derecho, no se advierte que se hayan violentado los derechos denunciados por el amparista que ameriten ser reparados por esta vía, pues con lo antes acotado, en las instancias ordinarias previas, se plasma la razón, argumentos y fundamentos que tuvo en cuenta la autoridad impugnada al declarar con lugar las diligencias de antejuicio promovidas, como consecuencia, consideró que ha lugar a formación de causa en contra del accionante.

Asimismo, de conformidad con la normativa legal al caso concreto y doctrina legal asentada por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil diez, dentro del expediente un mil ciento sesenta guion dos mil diez (1160-2010) en la que pronunció:«… si la intención del legislador constituyente hubiera consistido en que la paralización del proceso debía acaecer siempre, como consecuencia de la emisión del auto decisivo, habría precisado en esa forma el resultado; a cambio, se insiste, lo constriñó a la declaratoria con lugar del planteamiento constitucional entablado, de acuerdo con los singulares términos que utilizó para la formación del precepto aludido (…) Por efecto de la aplicación de la tesis que ahora se asienta, cuando el órgano judicial de la primera instancia declare sin lugar, por cualquier causa, la denuncia de inconstitucionalidad de ley en caso concreto entablada, se limitará a elevar en apelación, cuando haya sido interpuesto el recurso, únicamente la pieza accesoria contentiva de dicha cuestión…».De lo anterior se establece que el procedimiento del asunto principal se suspende cuando se haya declarado con lugar la inconstitucionalidad en caso concreto, por lo que en el presente caso al haberse declarado sin lugar el incidente, no tenía porque suspenderse el asunto principal; por lo que no se han violentado los derechos fundamentales del amparista con la resolución emitida por la Sala objetada.

En ese orden de ideas, esta Cámara, llega a la conclusión que, la autoridad impugnada actuó de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 203 y 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, con lo cual se advierte que no se ha lesionado ningún derecho de los alegados por el postulante, el agravio descrito no concurre, es decir, falta el elemento esencial (agravio) para invocar la protección constitucional que se pretende, ya que el Tribunal impugnado, al pronunciarse en el sentido que lo hizo acudió a criterios valorativos de los elementos probatorios y antecedentes que tuvo a su disposición, sin que haya causado violación a los derechos fundamentales del postulante; además se infiere, que el amparista no denunció violaciones a sus derechos fundamentales derivadas de lo resuelto por la autoridad impugnada, de donde se advierte que su pretensión es trasladar los mismos argumentos de naturaleza ordinaria al plano constitucional, queriendo además obtener una revisión de los criterios valorativos externados por los tribunales de jurisdicción ordinaria, lo que resulta improcedente por las limitaciones contenidas en el artículo 211 de la Constitución Política de la de la República de Guatemala. Al respecto la Corte de Constitucionalidad ha indicado:«… El amparo como garantía constitucional de los derechos de las personas, resulta improcedente cuando los actos reclamados no han incurrido en violación a los derechos invocados, ni a ningún otro, debido a que la actuación de la autoridad impugnada ha estado sustentada en derecho y con respeto a las garantías del postulante…».Sentencia del treinta de enero de dos mil ocho expediente dos mil novecientos cuarenta y tres guion dos mil siete (2943-2007). También se pronunció en el sentido siguiente:«… No ocasiona agravio que imponga otorgar la protección constitucional que el amparo conlleva, el acto o resolución que la autoridad impugnada ha emitido de conformidad con la ley, en ejercicio de las facultades que ésta le confiere, solamente por ser contraria a los intereses del postulante, pero no implica transgresión o amenaza de violación a sus derechos…».Sentencia del treinta de julio de dos mil nueve, expediente número dos mil quinientos veintidós guion dos mil siete (2522-2007) de la Corte de Constitucionalidad.

Por lo considerado anteriormente y citas ilustrativas que se han incluido, se concluye que no se advierte violación alguna, en consecuencia, no existe agravio que reparar, a través de la presente garantía, por lo que el amparo debe denegarse.

-III-

En virtud de la forma como se ha resuelto la presente acción constitucional de amparo, con base en el artículo 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se condena en costas al postulante por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero se impone multa al abogado auxiliante.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44, 45 y 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 3 del Auto Acordado 1-2013 y 1, 29, 35 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdo 44-92 y 38-2019, ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara:I) DENIEGApor notoriamente improcedente el amparo planteado porNETO BRAN MONTENEGRO, en su calidad de Alcalde Municipal del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, en contra de laSALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. II)No se condena en costas al postulante por las razones consideradas.III)Se impone multa de mil quetzales al abogado auxiliante J.C.R.M., la cual deberá hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente.IV)Remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada de la presente sentencia, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. N., certifíquese, devuélvanse los antecedentes originales a donde corresponde, y en su oportunidad archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de Amparo y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; B.A.S.D., Magistrada Vocal Séptima. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR