Sentencia nº 1001-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 11 de Julio de 2023

Fecha de Resolución11 de Julio de 2023
EmisorCorte Suprema

11/07/2023 – AMPARO LABORAL

1001-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, once de julio de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos Magistrados, de conformidad con el acta cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se tiene a la vista para dictar sentencia, el amparo planteado por elESTADO DE GUATEMALAcontra laSALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. El postulante actuó bajo el patrocinio del abogado M.R.V.P., quien posteriormente fue sustituido por el abogado E.L.B.H..

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición: el siete de abril de dos mil veintidós.

B) Acto reclamado: resolución del veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitida por la autoridad reprochada que confirmó el auto dictado el veintisiete de mayo de dos mil veinte por el Juzgado Décimo Quinto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, que declaró con lugar la solicitud de reinstalación promovida por F.U.C.C. contra el Estado de Guatemala, autoridad nominadora Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

C) Fecha de notificación al postulante del acto reclamado: el dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: no interpuso.

E) Violaciones que denuncia: al derecho de defensa, al debido proceso y a los principios de legalidad y tutelaridad.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A)De lo expuesto por el postulante y del contenido de los expedientes que sirven de antecedentes al amparo, se resume lo siguiente:a)F.U.C.C. solicitó su reinstalación, así como el pago de salarios dejados de percibir contra el Estado de Guatemala (autoridad nominadora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación), alegando que la entidad emplazada no contaba con autorización judicial para rescindir la relación de trabajo.b)Con fecha veintisiete de mayo de dos mil veinte, el Juzgado Décimo Quinto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala resolvió con lugar la solicitud de reinstalación promovida.c)Inconforme con lo resuelto, el Estado de Guatemala planteó recurso de apelación, el que fue conocido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que mediante resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós (acto reclamado), confirmó la resolución apelada.d)Al promover la presente acción constitucional de amparo, el postulante señaló como agravio que el actor no tuvo la calidad de servidor público, sino que celebraron diversos contratos administrativos de servicios técnicos a plazo fijo bajo el renglón presupuestario cero veintinueve, y que cada uno de ellos finalizó de conformidad con las cláusulas del contrato, es decir, por el advenimiento del plazo. Por lo anterior afirmó que no hubo despido, ya que el demandante no ejerció funciones públicas pues no ostentaba la calidad de servidor público, en consecuencia, es improcedente la multa impuesta, pues no fue un acto de represalia. Añadió que el juzgador pretende legislar sobre la forma de ingreso al servicio por oposición establecida en la Ley de Servicio Civil, lo que es nulo. En consecuencia, afirmó que no debía solicitarse autorización judicial para dar por terminado un contrato a plazo fijo y que no es factible realizar pago de salarios no devengados.e) Petición concreta: Que se declare con lugar la acción constitucional de amparo, que se revoque el acto reclamado y se emita el que en derecho corresponda que anule el de primera instancia.

B) Casos de procedencia: citó el artículo 10 incisos a), d) y h) de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: citó los artículos 2, 4, 12, 28, 108, 203, 205 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1 al 10, 12, 19, 20, 21, 27 y 33 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 1, 3, 4, 9, 10, 13 y 16 de la Ley del Organismo Judicial.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: no se decretó.

B) Terceros interesados: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y F.U.C.C..

C) Remisión de antecedentes: 1) Primera instancia: copia digital de las partes conducentes de las diligencias de reinstalación número cero mil ciento setenta y tres guion dos mil veinte guion cero tres mil setecientos treinta y tres (01173-2020-03733) del Juzgado Décimo Quinto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala.2) Segunda instancia: copia digital de las partes conducentes del recurso de apelación sustanciado en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, dentro del expediente número cero mil ciento setenta y tres guion dos mil veinte guion cero tres mil setecientos treinta y tres (01173-2020-03733), recurso uno (1).

D) Pruebas: se relevó de prueba mediante resolución del diez de diciembre de dos mil veintidós.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) El postulante, reiteró los argumentos vertidos en el memorial de interposición de la presente acción y pidió que se le restituya en sus derechos.

B) Terceros interesados: a) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,manifestó que la autoridad objetada no tomó en consideración los argumentos del Estado de Guatemala ni los de la autoridad nominadora, pues el denunciante no tuvo la calidad de servidor público, porque suscribieron contratos administrativos por servicios técnicos a plazo fijo, cuyas condiciones se pactaron de mutuo acuerdo, en las que se encontraba el plazo para la finalización de los mismos y que dicha contratación no constituiría una relación laboral, respaldando el pago de honorarios con un informe de actividades, todo ello de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado; por lo cual el contrato administrativo finalizó por el advenimiento del plazo del mismo, en consecuencia, al no haber despido no puede constituirse en represalia y no se estaba en la obligación de solicitar autorización para dar por finalizada la referida relación contractual, al no contravenir las prevenciones decretadas. Por lo anterior, afirmó que no se analizó la plataforma jurídica que faculta a las entidades públicas para la adquisición de servicios por tiempo determinado, sin que sea una relación laboral. Además, indicó que se vulneró su derecho de defensa por no haberle dado la oportunidad de contradecir lo afirmado por el actor. Pidió que se declare con lugar el amparo.b) F.U.C.C., arguyó que el acto reclamado se emitió apegado a derecho y no puede alegarse vulneración alguna porque no se expresó con claridad en qué consistía la misma y por el solo hecho que la resolución haya sido desfavorable al amparista no implica quebrantamiento de la ley. Añadió que se pretende crear una tercera instancia, dado que se narraron los hechos como si se estuviera contestando la demanda en sentido negativo, sin tener en cuenta que se emitió sentencia en primera y en segunda instancia. Solicitó que se declare sin lugar la presente acción constitucional.

C) El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A. y Exhibición Personal, expresó que la autoridad reprochada resolvió conforme a la ley y a las constancias procesales, habiéndose pronunciado sobre todos los extremos sometidos a su conocimiento y de sus consideraciones se desprende una correcta interpretación ya aplicación de la normativa pertinente y de los principios que rigen en materia laboral. Añadió que la Sala estaba obligada a determinar la existencia de la relación laboral para comprobar si al incidentante le asistía o no el derecho a la reinstalación. Por lo anterior, señaló que no se denota violación al derecho de defensa del postulante, siendo inviable que se valoren aspectos que corresponden a la jurisdicción privativa de trabajo. Solicitó que se deniegue el amparo.

CONSIDERANDO

-I-

El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes garantizan.

-II-

El Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación, interpuso acción constitucional de amparo contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, para lo cual argumentó que el actor no tuvo la calidad de servidor público, sino que celebraron diversos contratos administrativos de servicios técnicos a plazo fijo bajo el renglón presupuestario cero veintinueve, y que cada uno de ellos finalizó de conformidad con las cláusulas del contrato, es decir, por el advenimiento del plazo. Por lo anterior afirmó que no hubo despido, ya que el demandante no ejerció funciones públicas pues no ostentaba la calidad de servidor público, en consecuencia, es improcedente la multa impuesta, pues no fue un acto de represalia. Añadió que el juzgador pretende legislar sobre la forma de ingreso al servicio por oposición establecida en la Ley de Servicio Civil, lo que es nulo. En consecuencia, afirmó que no debía solicitarse autorización judicial para dar por terminado un contrato a plazo fijo y que no es factible realizar pago de salarios no devengados.

En el presente asunto, la Sala recurrida al emitir el acto reclamado consideró:«…esta Sala de Corte de Apelaciones al analizar la resolución impugnada, las actuaciones del proceso y los agravios expresados, considera lo resuelto ajustado a derecho, en virtud que dentro del conflicto colectivo (…) se encontraban vigentes las prevenciones decretadas al momento en el que se dio por terminado el contrato por la entidad nominadora y no consta que se haya solicitado autorización judicial [para] terminar dicha contratación. De igual manera,se considera por esta Sala de Corte de Apelaciones, que F.U.C.C. sostuvo con la entidad nominadora una relación laboral, puesto que si bien es cierto la Ley de Contrataciones del Estado establece la posibilidad de que el Estado contrate a plazo fijo o para obra determinada servicios técnicos o profesionales u otro tipo de contratación cargada a otros renglones, también lo es que la legislación laboral contempla la figura de simulación, para proteger que una relación laboral no sea disfrazada con otro tipo de contratación, así como para que una contratación laboral que debería ser celebrada a plazo indeterminado, no sea pactada a plazo fijo o para obra determinada. En el presente caso, se dan los elementos de un contrato individual de Trabajo, según lo regulado en el Artículo 18 del Código de Trabajo y el contenido del Artículo 19 del mismo cuerpo legal (…) Mismos elementos, que se encuentran en el Artículo 4 de la Ley del (sic) Servicio Civil, el cual define al servidor público e indica que existe una prestación de servicio a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública. De igual manera, se aplica al caso la continuidad en la prestación del servicio al no darse los casos de excepción para una contratación a plazo fijo, establecidas en el Artículo 26 del Código de Trabajo.Este análisis, se apoya en el principio de primacía de la realidad, el cual lleva al juzgador a analizar los hechos y la realidad en la cual se prestaba el servicio, más allá de la prueba documental. Consta en autos que F.U.C.C., según fotocopias de contratos que presentó y que obran en autos, ejerció actividades que son necesarias para el funcionamiento de la entidad nominadora y que se ejecutan necesariamente bajo subordinación, (…) por lo que se determina la existencia de una relación laboral. De igual manera el solicitante de reinstalación, indicó que tuvo una relación continua desde el dos de enero de dos mil doce y presentó varios contratos suscritos y otros medios de prueba (…) no habiendo presentado prueba sobre la no continuidad el Estado de Guatemala y la entidad nominadora, teniendo oportunidad en el recurso de apelación según doctrina de la Honorable Corte de Constitucionalidad. (…) en este caso, las actividades de la entidad nominadora son permanentes y continuas y de conformidad con las actividades del contrato no son temporales y si son tendientes a que para la realización de las mismas sea contratada otra persona, por lo que la contratación para determinado plazo debió probarla el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a lo que se adiciona que en el contrato no se indicó causas que legitime (sic) el plazo como regula el artículo 26 del Código de Trabajo que invoca el apelante, en el que se estipula que el contrato a plazo fijo termina al vencimiento del mismo sin responsabilidad de las partes.(…) Con respecto a que la forma de la contratación fue aceptada por ambas partes, se toma en consideración que el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, es un principio del derecho del trabajo que se aplica sin excepción a trabajador alguno, (…) De igual manera, no puede ser imputable al trabajador el haber sido contratado de manera simulada. (…) En tal virtud, esta Sala de la Corte de Apelaciones no acoge los agravios expresados y considera debe confirmarse lo resuelto en primera instancia».

Esta Cámara, del análisis de los antecedentes, pronunciamientos y alegatos de las partes, determina que el amparista no expresó agravios en el momento procesal oportuno al haberse señalado audiencia para el efecto en el trámite del recurso de apelación subyacente a este amparo; sin embargo, en virtud de que defiende los mismos intereses que la autoridad nominadora, es decir, que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se identifican las inconformidades expuestas en el memorial de interposición de la presente acción que coinciden con lo manifestado por dicho Ministerio al hacer uso del recurso de apelación instado; siendo estos los relacionados a que el actor no tuvo la calidad de servidor público, que lo que se celebraron fueron contratos administrativos de servicios técnicos con base a la Ley de Contrataciones del Estado y que finalizaron de acuerdo a lo previsto en los mismos; por lo cual, no existió relación laboral. Al respecto, se establece que al promover la presente acción constitucional de amparo, el postulante pretende trasladar los mismos argumentos discutidos en la jurisdicción ordinaria a este tribunal constitucional, sin desarrollar agravios de índole constitucional, en los que exponga como el acto reclamado vulneró derechos y garantías fundamentales, pues, únicamente hizo acopio de lo alegado en la vía judicial, equiparando a este tribunal constitucional con un tribunal de alzada, lo que se comprueba de la sola lectura de la página diez (10) del referido memorial en el que indica:«…por lo que el auto motivo del presente Recurso (sic) de Apelación (sic) deberá ser revocado»;de manera que conocer lo argüido por el amparista provocaría una tercera instancia, lo cual está expresamente prohibido en el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala; aunado a que el artículo 203 del cuerpo legal citado otorga la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia.

Sobre este tema la Corte de Constitucionalidad en sentencia del veinte de mayo de dos mil diecinueve emitida dentro del expediente seis mil ciento treinta y siete guion dos mil dieciocho (6137-2018) expresó:«…la pretensión ante estas instancias consiste en que se juzguen –por tercera vez– las inconformidades expuestas al interponer la apelación ordinaria, lo que no está permitido ya que, por una parte, de conformidad con el artículo 203 de la Constitución, la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, a los que compete valorar y estimar las proposiciones de fondo, (…) el Tribunal de A., salvo que haya violación constitucional, no puede revisar lo resuelto por la jurisdicción ordinaria, porque, de hacerlo, estaría creando una tercera instancia prohibida expresamente por el artículo 211 de la Constitución».

Ahora bien, con relación a los otros agravios señalados por el Estado de Guatemala al promover el presente amparo, se establece que al no haber evacuado la audiencia por cuarenta y ocho conferida para expresar agravios en la sustanciación del recurso de apelación y tampoco haber sido expuestos por la entidad nominadora, estos no fueron argüidos en la jurisdicción ordinaria, motivo por el cual la Sala cuestionada no estaba en la posibilidad de pronunciarse sobre dichos extremos, lo que trae aparejado que esta Cámara no pueda pronunciarse al respecto, ya que la acción constitucional de amparo tiene como finalidad proteger a las personas en la violación a sus derechos, con lo cual, en este caso no pudo haberse vulnerado un derecho que no se hizo valer en su momento procesal oportuno, siendo esta una falencia del recurrente que no puede ser subsanada por esta vía.

El razonamiento anterior atiende al principiotantum devollutum quantum apellatumque, a su vez, descansa en el de congruencia, por el cual el órgano revisor de alzada, al resolver la apelación sometida a su conocimiento y emitir decisión, está obligado a pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante, lo cual significa que el tribunal de segunda instancia solo puede conocer y decidir aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente, como consecuencia, no tiene más facultades de revisión que las que han sido impugnadas; por consiguiente, no puede pretenderse que el amparo se constituya como una instancia sustituta de lo que debe debatirse en un tribunal de la jurisdicción ordinaria, pues, de hacerlo, se desvirtuaría la naturaleza subsidiaria y extraordinaria de esta garantía constitucional.

La Corte de Constitucionalidad en sentencia del treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente mil novecientos diecinueve guion dos mil veintidós (1919-2022) expresó:«Esta Corte advierte que los mismos no pueden ser atendidos en el estamento constitucional puesto que no fueron motivos de agravio ante la Sala reprochada, no obstante que era en aquella oportunidad donde debió hacerlos valer para atacar el fondo del incidente subyacente, más no lo hizo, situación que pone de manifiesto que no es factible atenderlos directamente en la instancia constitucional dada la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo, puesto que la justicia constitucional no puede subrogar, las competencias atribuidas a la Jurisdicción Privativa de Trabajo y Previsión Social»; en el mismo sentido se ha pronunciado la referida Corte en resoluciones del ocho, diez y veintinueve, todas del mes de noviembre de dos mil veintidós dentro de los expedientes: tres mil ciento sesenta y siete guion dos mil veintidós, tres mil cuatrocientos setenta y uno guion dos mil veintidós y mil cuatrocientos treinta y tres guion dos mil veintidós (3167-2022, 3471-2022 y 1433-2022), respectivamente.

De lo transcrito puede inferirse que no es factible exigir a la Sala que emita razonamientos que vayan más allá de lo que el mismo recurrente argumentó al apelar y tampoco puede esperar que este tribunal constitucional arribe a la conclusión que se infringieron sus derechos constitucionales sobre situaciones no esgrimidas en la jurisdicción ordinaria, o sobre aquellos extremos sobre los cuales ya se pronunciaron los tribunales del ramo laboral, pretendiendo convertir la vía del amparo en una instancia revisora de lo actuado; por consiguiente, se considera que la solicitud del postulante al plantear la presente acción es notoriamente improcedente, al no hallarse vulneración a garantías constitucionales, ya que se respetaron todas las fases del proceso, el postulante tuvo la oportunidad de plantear todas las acciones que estimó pertinentes y se resolvió de acuerdo a lo legalmente establecido, como resultado, se determina la inexistencia de agravio que reparar por esta vía, por lo cual el amparo solicitado debe ser denegado, como será declarado.

-III-

A pesar de la forma en que se resuelve la presente acción no se condena en costas al postulante, ni se sanciona con multa a los abogados patrocinantes, en virtud de los intereses que defienden.

LEYES APLICABLES

Artículos: citados y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44 y 45 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; Acuerdo 1-2013 y Auto Acordado 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad; y Acuerdos 44-92 y 38-2019, ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolverDECLARA: I) DENIEGApor notoriamente improcedente el amparo planteado por elESTADO DE GUATEMALAcontra laSALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. II)No condena en costas al solicitante ni se impone multa a los abogados patrocinantes por lo considerado.III)Oportunamente, remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.IV)N., certificado lo resuelto, en su oportunidad, archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de A. y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; B.A.S.D., Magistrada Vocal Séptima. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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