Sentencia nº 808-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 11 de Julio de 2023

Fecha de Resolución11 de Julio de 2023
EmisorCorte Suprema

11/07/2023 – AMPARO LABORAL

808-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, once de julio de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con el acta número cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo identificado en el acápite, solicitado por elESTADO DE GUATEMALA, en contra de laSALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE HUEHUETENANGO.EL postulante actuó bajo la dirección del abogado O.A.C.P..

ANTECEDENTES

A) Lugar y fecha de interposición: Juzgado de Paz del departamento de Huehuetenango, el veintidós de marzo de dos mil veintidós.

B) Acto reclamado: resolución del quince de febrero de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el postulante, como consecuencia, confirmó la sentencia impugnada de fecha once de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Huehuetenango, que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por L.P.F.L. de L., M.S.C. de G., O.C.d.V. de C., R.C.P. de P., A.C.G.F. de G., B.C.G.F. de León y H.F. de G..

C) Fecha de notificación del acto reclamado: veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia:principio de legalidad, derecho de defensa, tutela judicial, seguridad y certeza jurídica.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A)De lo expuesto por el postulante y del contenido de los antecedentes, se resume lo siguiente:a)las señoras L.P.F.L. de L., M.S.C. de G., O.C.d.V. de C., R.C.P. de P., A.C.G.F. de G., B.C.G.F. de León y H.F. de G., promovieron demanda ordinaria laboral en contra del Estado de Guatemala, entidad nominadora Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, por despido directo e injustificado, solicitando el pago de prestaciones laborales a las que tienen derecho. Demanda que conoció el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Huehuetenango;b)ela quoal resolver el once de agosto de dos mil veintiuno, declaró con lugar la demanda de juicio ordinario laboral, y como consecuencia condenó al Estado de Guatemala, entidad nominadora Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República al pago de las prestaciones laborales y daños y perjuicios a favor de las demandantes, imponiéndole la multa de trescientos quetzales, por no haber exhibido los documentos que se conminó legalmente y condenó a la demandada del pago de costas judiciales;c)inconforme con lo resuelto por el a quo, el Estado de Guatemala interpusó recurso de apelación, elevándose las actuaciones a la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango, autoridad que al resolver el quince de febrero de dos mil veintidós -acto reclamado-, declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por el Estado de Guatemala, en consecuencia, confirmó la resolución apelada;d)por no estar de acuerdo con lo resuelto en la literal anterior, el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación, promovió la presente garantía constitucional de amparo.e) Petición concreta:se otorgue el amparo solicitado, como consecuencia, se revoque el fallo de fecha quince de febrero de dos mil veintidós emitido por la Sala reprochada, ordenando que se emita la que en derecho corresponda, declarando con lugar el recurso de apelación planteado por el Estado de Guatemala.

B) Casos de procedencia: artículo 10 incisos a), b), c), d) y h) de la Ley de A. Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: señaló los artículos 12 y 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 76 y 79 de la Ley del Servicio Civil; 25 y 80 del Reglamento del Servicio Civil; 78, 82 y 86 del Código de Trabajo.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: no se decretó.

B) Terceros interesados:1)Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República;2)O.C.d.V.C.: 3)L.P.F.L. de L.;4)M.S.C. de G.;5)R.C.P. de P.;6)A.C.G.F. de G.;7)B.C.G.F. de León; y8)H.F. de G..

C) Remisión de antecedentes: 1)disco compacto –CD- que contiene las partes conducentes de las diligencias de demanda de prestaciones laborales de segunda instancia identificado número trece mil cuatro guion dos mil diecinueve guion cero cero ciento cuarenta y ocho (13004-2019-00148), remitido por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango;2)disco compacto –CD- que contiene las partes conducentes de las diligencias de demanda de prestaciones laborales de primera instancia identificado número trece mil cuatro guion dos mil diecinueve guion cero cero ciento cuarenta y ocho (13004-2019-00148), remitido por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Huehuetenango.

D) Pruebas: Se relevó el periodo de prueba en resolución de fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en virtud de no haber solicitado la apertura a prueba quien planteo el amparo y por no haber hechos que pesquisar de oficio.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) El postulante, ratificó los argumentos vertidos en el memorial de interposición de la presente acción constitucional de amparo.

B) Terceros interesados: 1) Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República,manifestó, que dentro del juicio su representada demostró que el reclamo promovido por la Procuraduría General de la Nación como por la Secretaría, tiene fundamento en que las señoras L.P.F.L. de L., M.S.C. de G., O.C.d.V. de C., R.C.P. de P., A.C.G.F. de G., B.C.G.F. de León y H.F. de G., nunca firmaron un contrato laboral con la Secretaría de Obras de la Esposa del Presidente de la República, así como nunca fueron trabajadoras de la Secretaría. Por lo antes señalado es procedente que el amparo presentado se declarado con lugar.2) O.C.d.V.C.: 3) L.P.F.L. de L.; 4) M.S.C. de G.; 5) R.C.P. de P.; 6) A.C.G.F. de G.; 7) B.C.G.F. de León; y 8) H.F. de G., a pesar de estar debidamente notificadas, no evacuaron la audiencia que les fuera conferida.

C) La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A.s y Exhibición Personal del Ministerio Públicopor medio de la agente fiscal, indicó que no advirtió la existencia de los agravios denunciados por la accionante, derivado que lo resuelto se ajusta a derecho y no entraña violación a derecho fundamental alguno en perjuicio de la entidad que representa, toda vez que la Sala de Apelaciones impugnada ha resuelto el asunto sometido a su consideración en observancia de las normas y principios atinentes al caso concreto. Manifestó, que en ese orden de ideas, en el proceso subyacente, la Sala recurrida fue puntual en indicar que en el caso concreto, la entidad nominadora pretendió encubrir la verdadera naturaleza de la relación que sostuvo con las actoras, sin embargo, fueron aportados al proceso los medios de prueba suficientes y pertinentes con los cuales se demostró la naturaleza laboral de la relación sostenida entre las partes, pues la Sala analizó debidamente las actuaciones y en un correcto proceder, desentraño la verdadera naturaleza laboral de la relación que unió a las actoras con la entidad nominadora, circunstancia por la cual procedente fue confirmar lo resuelto por el JuezA quo, en el sentido de declarar con lugar la demanda ordinaria laboral subyacente. Argumentó, que lo resuelto por la Sala cuestionada, advirtió que la misma resolvió debidamente el recurso de apelación, encontrándose la resolución impugnada debidamente fundamentada, donde se expuso de manera concreta los motivos por los cuales llegó a la conclusión de declarar sin lugar el recurso de apelación instado por la entidad demandada, de ahí que no se evidenció en la referida resolución infracciones de carácter constitucional, más bien las argumentaciones del ente postulante reflejan inconformidad con lo resuelto, sin embargo al tribunal de amparo no le corresponde analizar tales cuestiones que ya fueron analizadas en ambas instancias por los tribunales de trabajo y previsión social. Solicitó que se deniegue la protección constitucional instada.

CONSIDERANDO

-I-

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 265 establece: «Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan». Por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no debe utilizarse como un medio de revisión de lo resuelto por los tribunales ordinarios sobre todo cuando no se evidencia violación de algún derecho garantizado por la Constitución ya relacionada.

El Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación, interpuso acción constitucional de amparo contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango, para lo cual argumentó que la resolución que constituye el acto reclamado le causó agravio, toda vez que la demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado y pago de prestaciones laborales, instaurada en contra del Estado de Guatemala, entidad nominadora Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, carecía de bases legales para ser acogida por el juzgador, toda vez, que no contaba con sustento legal, fáctico, probatorio y jurídico; ello en evidencia que no se produjeron las condiciones ni los presupuestos jurídicos necesarios establecidos en la ley para que se reconociera la relación laboral. La autoridad reprochada reconoció en favor de la parte actora a través de la sentencia impugnada un derecho que legalmente no le corresponde, vulnerando con ello el ordenamiento jurídico vigente en materia laboral y consecuentemente el principio de legalidad, derecho de defensa, acceso a la justicia y la seguridad y certeza jurídica, ya que se otorgaron derechos no reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Servicio Civil, Código de Trabajo, o cualquier otra ley, en virtud, que las actoras, no ostentaron la calidad de servidor público, porque el servicio que prestaron en la administración pública, no fue consecuencia de una elección popular, ni de un contrato expedido de conformidad con disposiciones de carácter laboral, mucho menos de un nombramiento emitido por autoridad competente.

-II-

Por lo que, al efectuar el estudio correspondiente, esta Cámara establece que los aspectos sobre los cuales se fundamenta el amparo fueron objeto de análisis por parte de la autoridad impugnada en su momento procesal, toda vez que para declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar el auto impugnado de primera instancia, determinó:«… Esta Sala, del estudio de los antecedentes, sentencia impugnada e inconformidades planteadas por la apelante, se pronuncia de la manera siguiente: Como cuestión inicial, se considera oportuno citar lo que la Corte de Constitucionalidad ha expuesto en relación a las Madres Cuidadoras ante el Programa Hogares Comunitarios: “Situados los elementos necesarios, es menester señalar que esta Corte comparte el criterio sustentado por la Sala denunciada porque, al efectuar el análisis de las constancias procesales, advirtió que la situación fáctica de L.L.L. de F., T. de J.M.L., A.V.L.C. y L.G.F.A., terceras interesadas en el amparo, y el Estado de Guatemala, entidad nominadora, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente -SOSEP- se configuró una relación de carácter laboral por tiempo indefinido, sin importar la denominación de los contratos o acuerdos de compromiso que suscribieron, debido a que advirtió la existencia de los elementos esenciales de un contrato de trabajo. (…) Asimismo, se demostró que la naturaleza de la prestación y las atribuciones asignadas a las relaciones fueran de tracto sucesivo, característica elemental y esencial en una relación trabajo, así como lo relativo a que la prestación de los servicios realizados por las empleadas fueron llevados a cabo bajo dependencia continuada, ejerciendo las mismas funciones como Madres Cuidadoras en el Programa de Hogares Comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente -SOSEP- a cambio de una retribución salario-. (…) Con ello se descarta que este otorgando tutela laboral a unas contratistas y/o voluntarias del Estado, porque dichas calidades no resultaron ser reales, debido a que la verdadera naturaleza de las relaciones sostenidas entre el Estado y las denunciantes era de carácter laboral, en atención de lo preceptuado en los Artículos 18, 19 y 26 del Código de Trabajo. (…) En el presente caso, las demandantes en su demanda indicaron la fecha que inició su relación laboral (sic) y la fecha de su finalización. Cabe señalar que el Artículo 26 del Código de Trabajo, indica: (…) por lo que en este caso, las actividades de la entidad nominadora tenían el carácter de permanentes y continúas conforme el Acuerdo Gubernativo de creación; por consiguiente, se establece que la relación sostenida es de naturaleza laboral, dándose todos los elementos del contrato de trabajo contenidos en el artículo 18 del Código de Trabajo. En relación a la tesis sobre que la terminación de la prestación de los servicios desarrollados por la parte actora al Estado de Guatemala, no se da como consecuencia de un despido directo o injustificado sino como consecuencia del cierre de los hogares comunitarios, por lo tanto, no existe obligación legal del Estado de Guatemala de asumir el pago de prestaciones reclamadas por la actora, fundándose en el artículo 110 constitucional. Al respecto de ello, este Tribunal disiente de la argumentación del recurrente, toda vez que, la causa alegada por la terminación de los contratos, no es responsabilidad de las demandantes, y de esa cuenta, no se extinguen sus derechos para reclamar el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pueda corresponderles, como lo preceptúa el artículo 85 del Código de Trabajo…».

De lo manifestado anteriormente, se establece que la relación que existió entre las señoras O.C.d.V.C.; L.P.F.L. de L.; M.S.C. de G.; R.C.P. de P.; A.C.G.F. de G.; B.C.G.F. de León y H.F. de G. con el Estado de Guatemala, entidad nominadora Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Programa de Hogares Comunitarios, Unidad de Trabajo Social), fue de carácter laboral y por tiempo indefinido, ya se advirtió la existencia de los elementos esenciales de un contrato de Trabajo. Igualmente, quedó demostrada la naturaleza de la prestación y las atribuciones asignadas a las trabajadoras, relaciones que fueron de tracto sucesivo, así como los servicios fueron llevados a cabo bajo dependencia continuada, ejerciendo funciones como “Madres Cuidadoras en el Programa de Hogares Comunitarios de la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente a cambio de una retribución. En tal sentido, no se advierte agravio alguno ocasionado a la amparista, pues la Sala objetada al emitir el acto reclamado, cumplió con lo dispuesto en el artículo 372 del Código de Trabajo, en cuanto a ejercer su función de conocer los aspectos fácticos del caso concreto, analizar, fundamentar y razonar su decisión, lo que dio como resultado confirmar la sentencia de primer grado, por lo tanto, el solo hecho de que lo resuelto le sea adverso a al accionante, no debe estimarse como causa suficiente para la procedencia del amparo.

Esta Cámara, del análisis de los antecedentes, determina que el postulante, al interponer este amparo, planteó los mismos argumentos vertidos en su recurso de apelación, pretendiendo convertir esta acción constitucional en una tercera instancia, ya que no formuló tesis alguna en cuanto a la forma en la que la autoridad objetada vulneró sus derechos al emitir el acto reclamado y como ésta infringió sus garantías, sino que se limitó recalcar lo manifestado en la jurisdicción ordinaria, lo cual es taxativamente prohibido por la Constitución Política de la República de Guatemala y denota un deficiente planteamiento de la presente acción constitucional, pues revisar lo actuado en la jurisdicción ordinaria no corresponde a la vía del amparo, ya que su naturaleza es subsidiaria, como medio de protección de derechos fundamentales; sin embargo, es menester indicarle que es al patrono al que corresponde la carga de la prueba y, en el presente caso, tanto en primera como en segunda instancia, los juzgadores consideraron que, al valorar la prueba pertinente, no se demostró la causa justa del despido, lo que trajo consigo la condena a la parte demandada del pago de indemnización y demás prestaciones, lo cual es acorde a la exclusiva potestad de juzgar otorgada a los juzgadores en el ejercicio de sus funciones conforme el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Al respecto, la Corte de Constitucionalidad expresó en sentencia del dos de julio de dos mil veinte, dictada en el expediente cuarenta y ocho guion dos mil veinte (48-2020):«…determinó que es al patrono a quien corresponde la carga de la prueba y en ese sentido no había demostrado la justicia del despido, por esa razón era procedente condenar a la parte demandada al pago de indemnización; de igual manera era procedente el pago a las prestaciones laborales a las que fue condenado, porque no se habían hecho efectivo el pago aludido. En ese orden de ideas, cabe señalar que la Sala objetada, al proferir el acto que por esta vía se enjuicia, lo hizo con base en las circunstancias fácticas que tuvo por acreditadas al igual que el juez de trabajo de primera instancia, con base en los medios de prueba aportados al proceso, y su decisión de respaldar la condena al pago de indemnización y prestaciones laborales se apega a enunciados normativos contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes que rigen en materia laboral, por lo que su proceder no provoca violación a los derechos del postulante.…». En el mismo sentido el referido tribunal constitucional en sentencia del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve emitida dentro del expediente cuatro mil doscientos ochenta y tres guion dos mil diecisiete (4283-2017) manifestó:«…debe respaldarse lo resuelto en el acto reclamado, puesto que la Sala estimó pertinente confirmar la decisión del juez de primer grado al determinar que la autoridad empleadora no probó fehacientemente la justa causa del despido de (…), situación que provocó que se le condenara al pago de indemnización, daños y perjuicios, como consecuencia de haber concluido el vínculo sin justificación, intelección que constituye una facultad reconocida legalmente al órgano jurisdiccional que no denota vulneración a derechos o garantías fundamentales de la accionante, y como consecuencia, no puede ser revisado por vía del amparo. Habiéndose determinado que los jueces ordinarios no tuvieron por acreditada la causa justa del despido…».

En ese orden de ideas, se considera que la solicitud del postulante al plantear la acción constitucional de amparo es notoriamente improcedente, en virtud de haber utilizado los mismos argumentos que en la jurisdicción ordinaria, pretendiendo convertir la vía del amparo en una instancia revisora de lo actuado. En virtud de lo anterior el presente amparo debe denegarse haciéndose los demás pronunciamientos conforme a la ley.

-III-

Con fundamento en el artículo 44 y 46 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a pesar de la forma como se resuelve la presente garantía constitucional, no se condena en costas al postulante, dado los intereses que defiende y por presumirse la buena fe en su actuar, razón por la cual tampoco se sanciona con multa al abogado patrocinante.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 27, 33, 34, 42, 44 y 47 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 3 inciso a) del Auto Acordado 1-2013; 7, 10, 29 y 35 del Acuerdo 1-2013 y Auto Acordado 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad; y Acuerdos 44-92 y 38-2019, ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO,con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara:I) DENIEGApor notoriamente improcedente el amparo solicitado por elESTADO DE GUATEMALA, en contra de laSALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE HUEHUETENANGO. II)No se condena en costas al postulante, ni se impone multa al abogado patrocinante, por lo considerado. III) Oportunamente remítase a la Corte de Constitucionalidad fotocopia certificada del presente fallo para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad. N., certifíquese y en su oportunidad procesal archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de A. y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; B.A.S.D., Magistrada Vocal Séptima. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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