Sentencia nº 398-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 4 de Julio de 2023

PresidenteFundamentación; Fuerza de seguridad; Motivación
Fecha de Resolución 4 de Julio de 2023
EmisorCorte Suprema

04/07/2023 – AMPARO LABORAL

398-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, cuatro de julio de dos mil veintitrés.

I.Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con el acta cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II.Para dictar sentencia, se tiene a la vista el amparo identificado en el acápite, solicitado por elESTADO DE GUATEMALA, contra laSALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. El postulante actuó con el auxilio profesional, dirección y procuración de la abogada L.R.A.L..

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición: dieciocho de febrero de dos mil veintidós ante el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno.

B) Acto reclamado: resolución del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en la que al resolver declaró sin lugar el recurso de apelación promovido, por el Estado de Guatemala, entidad nominadora Ministerio de Gobernación, en consecuencia, confirmó la resolución del catorce de octubre de dos mil veinte, emitida por el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, del departamento de Guatemala.

C) Fecha de notificación del acto reclamado: veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia:derecho de defensa, principio de legalidad, tutelaridad y debido proceso.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A)De lo expuesto por el postulante y del contenido de los antecedentes, se resume lo siguiente:a)el señor F.R.R.T., promovió diligencias de reinstalación, en contra del Estado de Guatemala, entidad nominadora Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación, ante el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, del municipio y departamento de Guatemala, ordenando a la parte empleadora la inmediata reinstalación del denunciante en el mismo puesto y en las mismas condiciones laborales que venía desempeñando antes del despido, debiendo de pagarle los salarios dejados de percibir y demás prestaciones laborales;b)contra lo resuelto, el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación, promovió recurso de apelación, elevándose las actuaciones a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que al resolver declaró sin lugar el recurso instado y confirmó el fallo impugnado;c)el postulante promovió garantía constitucional de amparo contra la resolución del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala denunciada, argumentando que quedó demostrado que el ex servidor público incurrió en causas justas que facultaron al patrono a removerlo de su cargo, sin responsabilidad de su parte al haberse demostrado que cometió falta grave al haber ingresado ilícitos a su centro de trabajo -Centro de Detención para hombres Fraijanes II-, constituyendo falta grave, se agrega que se le siguió el procedimiento de despido en el que se le formularon los cargos, por haber incurrido en causa grave que facultó al patrono a removerlo de su cargo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley del Servicio Civil, que en todo caso correspondía el pago de indemnización o prestaciones laborales, no así la reinstalación; agregó que si bien es cierto los trabajadores de la Dirección del Sistema Penitenciario están protegidos por un emplazamiento, también lo es que por su naturaleza especial no pueden quedar protegidos por las prevenciones otorgadas, por lo que no era necesario solicitar autorización judicial para dar por finalizada su relación laboral.d)Petición concreta: se otorgue el amparo solicitado, en consecuencia, se deje en suspenso la resolución del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad impugnada y se ordene que emita la que en derecho corresponde.

B) Casos de procedencia: señaló artículo 10 incisos a), d) y h) de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: artículos 2, 4, 12, 28, 108, 203, y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 27 y 33 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 1, 3, 4, 9, 10, 13 y 16 de la Ley del Organismo Judicial.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: se decretó en resolución del veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

B) Terceros interesados: Dirección General del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación; y F.R.R.T..

C) Remisión de antecedentes:1)copia electrónica en disco compacto de las partes conducentes del expediente número cero un mil ciento setenta y tres guion dos mil veinte guion cero nueve mil diez (01173-2020-09010), remitido por el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, del municipio y departamento de Guatemala;2)copia electrónica en disco compacto de las partes conducentes del expediente número cero un mil ciento setenta y tres guion dos mil veinte guion cero nueve mil diez (01173-2020-09010) Recurso uno (1), remitido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

D) Pruebas: se relevó de prueba en resolución del nueve de diciembre de dos mil veintidós.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) El postulante, que, al evacuar la audiencia conferida, reiteró los argumentos expuestos en el memorial de interposición.

B) Terceros interesados:1) Dirección General del Sistema Penitenciario; a través de su director, al evacuar la audiencia conferida se adhirió a los argumentos vertidos en escrito de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós en el cual el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación, interpuso acción constitucional de amparo.2) Ministerio de Gobernación, a través de su ministro, al evacuar la audiencia conferida indicó que comparte la inconformidad del representante legal del Estado de Guatemala con lo resuelto, tanto en primera, como en segunda instancia ya que los trabajadores de la Dirección General del Sistema Penitenciario pertenecen al servicio exento de manera que al ser considerados miembros de los cuerpos de seguridad por su naturaleza especial no pueden quedar protegidos por la prevención de los tribunales laborales para que precio a su despido deba solicitarse autorización judicial en los casos de planteamientos de conflictos colectivos laborales por lo que la autoridad impugnada debió percatarse de lo dispuesto en las normas atinentes al caso concreto en observancia al debido proceso, derecho de defensa la debida tutela judicial y principio de legalidad. Solicitó se otorgue la protección constitucional promovida por el Estado de Guatemala y3) F.R.R.T.; manifestó que es evidente que la representante del Estado de Guatemala pretende satisfacer su pretensión en cuanto a evitar su reinstalación, por la vía de amparo lo cual resulta legalmente improcedente, ya que la ley ordena su reinstalación. El suspender el acto reclamado busca evitar que el proceso para su reinstalación se interrumpa en perjuicio de los derechos laborales irrenunciable que le concede la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes ordinarias en materia laboral, especialmente las disposiciones correspondientes al Convenio 87 sobre la libertad sindical y el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, aceptado por el Estado de Guatemala, según Acuerdo Gubernativo número 250-2006.

C) La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A.s y Exhibición Personal del Ministerio Público; a través de su agente fiscal, al evacuar la audiencia conferida, indicó que del análisis estableció que la entidad amparista, si bien apeló el fallo, según lo afirmado por la Sala denunciada, no evacuó la audiencia para expresar motivos de agravio, que para ese efecto se le concedió, por tal motivo las argumentaciones de la Sala denunciada, en el acto señalado como agraviante, no pueden causar agravio de relevancia constitucional al no existir agravios formulados por el hoy amparista, pues aquella se limitó a confirmar lo resuelto en primera instancia, por lo cual la Fiscalía encontró que lo resuelto por la autoridad cuestionada no vulneró los derechos constitucionales denunciados, pues de las constancias procesales se colige que se han respetado los derechos de los postulantes dentro del proceso subyacente.

-I-

El artículo 265 constitucional estipula:«… Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan…».

El postulante promovió garantía constitucional de amparo contra la resolución del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, argumentando que quedó demostrado que el ex servidor público incurrió en causa justa que facultaron al patrono a removerlo de su cargo sin responsabilidad de su parte al haberse demostrado que cometió falta grave al haber ingresado ilícitos a su centro de trabajo -Centro de Detención para hombres Fraijanes II-, constituyendo falta grave, agrego que se le siguió el procedimiento de despido en el que se le formularon los cargos, por haber incurrido en causa grave que facultó al patrono a removerlo de su cargo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley del Servicio Civil, que en todo caso correspondía el pago de indemnización o prestaciones laborales, no así la reinstalación; agregó que si bien es cierto los trabajadores de la Dirección del Sistema Penitenciario están protegidos por un emplazamiento, también lo es que por su naturaleza especial no pueden quedar protegidos por las prevenciones otorgadas, por lo que no era necesario solicitar autorización judicial para dar por finalizada su relación laboral.

-II-

Es meritorio señalar que el artículo 42 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece:«…Al pronunciar sentencia, el tribunal de amparo examinará los hechos, analizara las pruebas y actuaciones y todo aquello que forma, real y objetivamente resulte pertinente; examinara todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes…».

Al efectuar el estudio de los antecedentes y de la presente acción de amparo, este Tribunal Constitucional estima necesario, previamente a realizar el análisis del caso, citar en su parte conducente lo resuelto por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el Estado de Guatemala, con la que se confirmó la de primer grado en lo que a los agravios denunciados se refiere, al considerar:«…A) Que al no haber planteado inconformidades para hacer procedente la apelación, y con lo fundamentado por la Honorable Corte de Constitucionalidad al indicar (…) Esta Sala, al analizar la apelación planteada, las mismas no pueden ser aceptadas, por este órgano Jurisdiccional (sic), ya que la entidad nominadora, tenía la obligación de solicitar la terminación de dicho contrato de trabajo, porque no se encontraba facultada para dar por terminada la relación laboral, sin contar con la anuencia judicial. La entidad nominadora, debía cumplir con lo estipulado con la norma legal específica, por ENCONTRARSE EMPLAZADA, por lo que no se podía obviar, lo que para el efecto señalan los artículos 379, 380 del Código de Trabajo (…) pero la parte demandada, NO CUMPLIÓ con dichos supuestos, ya que se concretizo a dar por finalizado el contrato del trabajador, SIN CONTAR CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN, para dar por terminada la relación laboral, por tal motivo es que la REINSTALACIÓN, se hace procedente porque la parte apelante NO CUMPLIÓ con el supuesto del artículo 380 del Código de Trabajo, DE SOLICITAR LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO, ante el juez que tramita el conflicto colectivo de trabajo. En ese orden de ideas, este Tribunal, es del criterio que se debe confirmar la resolución objeto de apelación, toda vez que el juez resolvió conforme a derecho, por lo que resulta improcedente acoger la apelación planteada en contra del auto impugnado y así debe de resolverse…».

Previo a emitir pronunciamiento, esta Cámara estima oportuno traer a colación la denuncia formulada por el postulante concerniente a que al haberse demostrado que cometió falta grave al haber ingresado ilícitos a su centro de trabajo, por lo cual se le siguió el procedimiento de despido en el que se le formularon cargos al haber incurrido en causa grave que facultó al patrono a removerlo del cargo que ostentó, de conformidad con el artículo 77 de la Ley del Servicio Civil, no le correspondía la reinstalación, ya que si bien es cierto los trabajadores de la Dirección del Sistema Penitenciario están protegidos por un emplazamiento, también lo es que, al desempeñar el incidentante un puesto considerado parte de las fuerzas de seguridad, por su naturaleza especial, no pueden quedar protegidos por las prevenciones otorgadas, por lo que no era necesario solicitar autorización judicial para dar por finalizada su relación laboral.

Con base a lo anterior, esta Cámara analizará la decisión asumida por la Sala cuestionada con relación al tópico referido –autorización judicial para dar por finalizada la relación laboral al desempeñar un puesto considerado parte de las fuerzas de seguridad- a efecto de determinar si la actuación de aquella causó agravio a los derechos del postulante, en observancia de la doctrina legal que se ha asentado concerniente a esta institución legal, y que al respecto la Corte de Constitucionalidad en sentencia del uno de octubre de dos mil quince dentro del expediente 5865-2014 establece que:«…esta Corte concluye, que quienes prestan servicios en una institución de seguridad, por la naturaleza especial de aquéllos, la que fuera descrita con anterioridad y por los fundamentos legales invocados, no pueden quedar protegidos por la prevención de los tribunales laborales para que, previo a su despido, deba solicitarse autorización judicial de la misma forma que se hace para los trabajadores públicos del servicio civil, en los casos de planteamientos de conflictos laborales colectivos. Desde luego, en caso de despido, queda a salvo el derecho de los interesados de reclamar en sede administrativa o judicial, el pago de sus prestaciones…». En ese mismo sentido se pronunció en las sentencias de nueve de noviembre de dos mil siete y uno de enero de dos mil ocho, expedientes dos mil cuatrocientos cuarenta y seis – dos mil siete (2446-2007), dos mil quinientos noventa – dos mil siete (2590-2007), y tres mil trescientos sesenta y cinco - dos mil siete (3365- 2007).

En ese orden de ideas y del análisis correspondiente, se establece que la resolución que constituye el acto reclamado, carece de una debida fundamentación, en virtud que al confirmar la resolución apelada únicamente se limitó a indicar que está vigente el emplazamiento en el centro de trabajo, por el planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico y social, por lo que de conformidad con los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, el hecho de que se le haya seguido un procedimiento al denunciante por haber cometido faltas al trabajo, no soslaya la obligación de solicitar autorización judicial previo a despedir al actor; omitiendo dar respuesta a todos los agravios expuestos por el apelante, ya que para resolver el caso sometido a estudio debió determinar principalmente la naturaleza del servicio, toda vez que existe jurisprudencia, en la que se ha considerado que las personas que presten servicios de seguridad pública no los protegen las prevenciones dictadas dentro de un conflicto colectivo de carácter económico y social, por la naturaleza de las funciones que ejecutan en la Dirección del Sistema Penitenciario, situación que debió ser tomada en cuenta para establecer si era o no aplicable al caso concreto, debido al cargo que ocupó el actor y si puede considerarse como un trabajador de los cuerpos de seguridad del Estado, aspecto sobre el cual no podía dejar de pronunciarse la Sala cuestionada, para decidir sobre si la petición que se formule en la jurisdicción ordinaria, es decir la reinstalación pretendida por el trabajador, debiendo analizar los hechos, así como los argumentos de las partes y lo que hubiera quedado acreditado en el incidente de reinstalación, puesto que no podría haberlo resuelto la situación sometida a conocimiento de forma general sin tomar en consideración todos los elementos que caracterizaron la prestación de servicios.

Derivado de lo anterior, este Tribunal considera que es procedente otorgar la acción intentada con el objeto que la autoridad impugnada fundamente y motive su resolución, atendiendo a las consideraciones expresadas con anterioridad.

Con respecto a la carencia de fundamentación de las resoluciones judiciales la Corte de Constitucionalidad, ha indicado que:«… la falta de fundamentación advertida implica que la sentencia proferida por la Sala cuestionada sea arbitraria, lo que tiene relevancia constitucional, porque un fallo emitido en esas condiciones denota un defecto absoluto de forma que, para el caso objeto de estudio, provoca agravio al postulante por violación de los derechos de defensa y a una tutela judicial efectiva, cuya reparación es posible por vía del amparo. (El criterio de esta Corte relativo a la exigencia de fundamentación de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, se encuentra contenido, entre otras, en las sentencias de siete de marzo de dos mil siete, trece de julio de dos mil once y veinticuatro de abril de dos mil doce, proferidas en los expedientes 2628-2006, 1719-2011 y 4721-2011, respectivamente)…».Este criterio fue sustentado en: i) sentencia dictada el uno de abril de dos mil catorce en el expediente 3195-2013. Específicamente con respecto a la fundamentación dicha Corte consideró que:«…La fundamentación o motivación es un proceso lógico, que sirve de enlace para demostrar que unos hechos inicialmente presuntos han sido realmente realizados, y que conlleva necesariamente a la solución del caso; siendo también, garantía del justiciable que la decisión tomada no lo ha sido de manera arbitraria. En consecuencia, es obligatorio fundamentar las decisiones judiciales -no solamente las sentencias- circunstancia que deriva de las garantías del debido proceso, y por ello, en toda decisión que afecte derechos fundamentales se debe contar con la debida motivación, de lo contrario sería una decisión arbitraria. La decisión judicial que contiene alguna de las causales de sentencia arbitraria, por ejemplo, que carece de fundamentación, se aleja de la verdad material, provoca injusticias y en definitiva, no respeta la Norma Fundamental…». ii) Criterio sustentado en sentencia dictada el trece de noviembre de dos mil doce en el expediente 3127-2012; iii) también en la sentencia del veintisiete de febrero de dos mil catorce, emitida en el expediente 3929-2013.

Por lo anterior se establece que la Sala con su actuar ocasionó un agravio para la amparista que solo puede ser reparado mediante ésta vía, haciendo procedente el otorgamiento del amparo, debiéndose ordenar a la autoridad impugnada, que emita nuevo pronunciamiento a fin de que las violaciones denunciadas sean reparadas.

-III-

Se considera que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se presupone en las actuaciones judiciales, por lo que, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la ley en materia, la exonera del pago de costas judiciales.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44, 45 y 81 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 3 del Auto Acordado 1-2013 y 1, 29, 35 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdos 44-92 y 38-2019, ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, declara:I) OTORGA, en definitiva, el amparo promovido por elESTADO DE GUATEMALA, contra laSALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALy en consecuencia:a)En cuanto al reclamante, deja en suspenso la resolución del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de la reinstalación número cero mil ciento setenta y tres guion dos mil veinte guion cero nueve mil diez (01173-2020-09010), dictada por la Sala impugnada;b)restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución;c)ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de quinientos quetzales a cada uno de los Magistrados, en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de cinco días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes;II)no hay condena en costas, por lo considerado.III)Remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad. N., con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes al lugar de su procedencia y en su momento procesal oportuno, archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de A. y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; B.A.S.D., Magistrada Vocal Séptima. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR