Sentencia nº 41-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 4 de Julio de 2023

Fecha de Resolución 4 de Julio de 2023
EmisorCorte Suprema

04/07/2023 – AMPARO PENAL

41-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, cuatro de julio de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con el acta cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a las sesiones extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Para dictar sentencia, se tiene a la vista el amparo identificado en el acápite, solicitado porV.B.D., contra laSALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE.El postulante actuó bajo la dirección y procuración del abogado M.E.C.G..

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición: seis de enero de dos mil veintidós.

B) Acto reclamado: resolución del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, que al resolver declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por V.B.D., en contra de la resolución del doce de octubre de dos mil veintiuno, proferida por el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal, Judicatura “C”.

C) Fecha de notificación del acto reclamado: ocho de diciembre de dos mil veintiuno.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: al derecho de trabajo, de defensa y los principios jurídicos de debido proceso y tutela judicial efectiva.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A)De lo expuesto por el amparista y del contenido de los antecedentes, se resume lo siguiente:a)V.B.D., solicitó aprobación de extinción de la pena y rehabilitación de antecedentes penales ante el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal Judicatura “C” del departamento de Guatemala, quien en resolución del doce de octubre de dos mil veintiuno aprobó los pagos de conmuta y costas procesales, haciendo constar que quedó pendiente acreditar el cumplimiento de las responsabilidades civiles;b)inconforme con lo resuelto, el señor V.B.D. apeló la resolución antes descrita, recurso que fue conocido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, que al resolver el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, (acto reclamado), lo declaró sin lugar, en consecuencia confirmó la resolución impugnada;c)el postulante acude al amparo por considerar que la Sala denunciada no motivó ni fundamentó debidamente la resolución que constituye el acto reclamado ya que no resolvió conforme a derecho el agravio planteado en el recurso de apelación, consistente en que se le negó la habilitación de carencia de antecedentes penales, toda vez que no se presentó constancia de haber cumplido con las responsabilidades civiles, las cuales según la Ley del Organismo Judicial deben exigirse por la vía civil y no por la vía penal, con lo cual se le vulneró su derecho al trabajo ya que es evidente que presentar carencia de antecedentes penales es un requisito indispensable para la obtención de trabajo.d) Petición concreta:se otorgue el amparo solicitado y se deje en suspenso definitivamente la resolución de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

B) Casos de procedencia: únicamente citó el artículo 10 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: señaló los artículos 2, 5, 12 y 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1 y 122 del Código Penal; 1, 3, 11 Bis, 16, 20 , 124 numeral 5 y 122 del Código Procesal Penal; 294 numeral 1 del Código Procesal Civil y Mercantil; y 16 y 62 de la Ley del Organismo Judicial.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: no se decretó.

B) Terceros interesados: M.E.C.G. y Ministerio Público, Fiscalía de Ejecución.

C) Remisión de antecedentes: 1) copia certificada del expediente número 22003-2010-00017 del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal del departamento de Guatemala; 2) copia certificada del expediente de apelación número 387-2021 conocido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

D) Pruebas: las admitidas e incorporadas en resolución del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la que se prescindió del periodo probatorio.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A)El postulante, ratificó los argumentos vertidos en el memorial contentivo de la presente acción constitucional de amparo. Solicitó se otorgue el amparo.

B) Los terceros interesados: 1) el abogado M.E.C.G., no obstante estar debidamente notificado, no hizo uso de su derecho de audiencia; y2) Ministerio Público, Fiscalía de Ejecución, a través de su agente fiscal, únicamente solicitó que se abriera a prueba dentro del presente amparo.

C) La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A.s y Exhibición Personal del Ministerio Público, a través de su agente fiscal, al evacuar la audiencia conferida señaló, que la acción constitucional debe ser denegada , en virtud que la Sala recurrida al emitir el acto reclamado no causó agravio alguno al postulante del amparo, por lo que es evidente que el accionante lo que pretende es que se revise lo resuelto, lo cual es improcedente atendiendo a la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo. Solicitó que se deniegue la protección constitucional de amparo.

CONSIDERANDO

-I-

La Constitución Política de la República de Guatemala considera en su artículo 265 al amparo como un medio de protección para las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos o como restaurador de éstos, en caso ya hayan sido infringidos. Sin embargo, esta defensa de orden constitucional carece de viabilidad, cuando con su promoción se pretende la reparación de una resolución o acto procesal que ha sido proferido por el órgano jurisdiccional dentro del ámbito de sus facultades legalmente conferidas, sin advertirse con ello, vulneración alguna de los derechos referidos.

V.B.D. acude al amparo por considerar que la Sala denunciada no motivó ni fundamentó debidamente la resolución que constituye el acto reclamado ya que no resolvió conforme a derecho el agravio planteado en el recurso de apelación, consistente en que se le negó la habilitación de carencia de antecedentes penales, toda vez que no se presentó constancia de haber cumplido con las responsabilidades civiles, las cuales según la Ley del Organismo Judicial deben exigirse por la vía civil y no por la vía penal, con lo cual se le vulneró su derecho al trabajo, ya que es evidente que presentar carencia de antecedentes penales es un requisito indispensable para la obtención de trabajo.

-II-

Esta Cámara previamente a analizar los agravios expuestos por el postulante del amparo, considera pertinente traer a la vista lo resuelto por la autoridad objetada en el acto reclamado, en donde indicó:«…En el presente caso el señor V.B.D., interpone recurso de apelación en contra de la resolución de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno proferida por el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal, Grupo C, en la cual se aprueban los pagos realizados, por encontrarse correcto y ajustado a derecho, pero no se declaró la extinción de la pena y rehabilitación de antecedentes penales, argumentando al respecto que la responsabilidades civiles deben ser ejecutadas en una instancia civil y no deben ser impedimento para habilitar los antecedentes penales, y que en el presente caso además de lo anterior ha trascurrido (sic) con exceso el plazo de cinco años establecidos en el artículo 1508 de nuestro Código Civil que establece que la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de cinco años, contados desde que la obligación pudo exigirse, y que en el caso concreto si la sentencia causo (sic) firmeza desde el catorce de julio del año dos mil catorce ya han pasado siete años desde que la misma quedo (sic) firme o sea dos años más de los que la que la (sic) ley exige (…) Este Tribunal de alzada, luego de estudiar detenidamente el memorial contentivo del recurso de apelación, la resolución impugnada y nuestra ley vigente, estima que si bien el apelante argumenta que ha trascurrido (sic) con exceso el plazo para que los agraviados pudieran ejercitar la ejecución de las responsabilidades civiles a las que fue condenado, ante los juzgados competentes del ramo civil, dicho extremo no fue evidenciado dentro de las actuaciones, es decir que no puede tenerse por cierto tal argumento cuya probanza (carga de la prueba) corresponde precisamente a la parte que lo afirma, en este caso el apelante, por lo que no puede prosperar el recurso interpuesto y así debe de declararse…».

Esta Cámara, del estudio de los antecedentes del proceso, las normas aplicables al caso concreto y especialmente del acto reclamado, arriba a la conclusión que, la Sala jurisdiccional que conoció la apelación interpuesta por V.B.D., actuó de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no advirtiéndose que con ello hubiera causado agravio al postulante; es decir, falta el elemento esencial agravio para invocar la protección constitucional que se pretende, ya que la Sala denunciada, al pronunciarse en el sentido que lo hizo consideró que el apelante no evidenció el hecho que afirma consistente en que prescribió el plazo para ejercitar la ejecución de las responsabilidades civiles a las que fue condenado, ya que no le compete a nadie más la carga de la prueba, decisión que este Tribunal apoya, toda vez que, para obtener un fallo favorable es necesario probar lo que se afirma lo cual permite al Tribunal ad quem tener las herramientas necesarias para resolver conforme a derecho, por lo que el señor V.B.D. como único interesado es el responsable de promover las acciones que legalmente correspondan ante los Tribunales competentes a efecto de acreditar dicho extremo. En virtud de lo anterior, esta Cámara considera que no le asiste la razón al solicitante del amparo, ya que se observa que la resolución de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno -acto reclamado-, se encuentra debidamente motivada y fundamentada, en la cual dio respuesta de forma breve y concisa al agravio manifestado, sin que haya causado violación a los derechos fundamentales del accionante.

De lo anterior se concluye que con el pronunciamiento de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, no produce ninguna violación a los derechos constitucionales del amparista, y el sólo hecho de que lo resuelto por la Sala reprochada haya sido contrario a sus intereses, no es causa suficiente para la procedencia del amparo, lo anterior evidencia la ausencia de motivación que justifique la presente acción, por lo que no es pertinente evidenciar las conculcaciones constitucionales denunciadas, al respecto la Corte de Constitucionalidad ha indicado:«…El amparo como garantía constitucional de los derechos de las personas, resulta improcedente cuando los actos reclamados no han incurrido en violación a los derechos invocados, ni a ningún otro, debido a que la actuación de la autoridad impugnada ha estado sustentada en derecho y con respeto a las garantías del postulante…».Sentencia del treinta de enero de dos mil ocho expediente dos mil novecientos cuarenta y tres guion dos mil siete (2943-2007). También se pronunció en el sentido siguiente:«…No ocasiona agravio que imponga otorgar la protección constitucional que el amparo conlleva, el acto o resolución que la autoridad impugnada ha emitido de conformidad con la ley, en ejercicio de las facultades que ésta le confiere, solamente por ser contraria a los intereses del postulante, pero no implica transgresión o amenaza de violación a sus derechos…».Sentencia del treinta de julio de dos mil nueve, expediente número dos mil quinientos veintidós guion dos mil siete (2522-2007), igual criterio, sentencia con número de expediente tres mil ciento noventa guion dos mil once (3190-2011).

Por ello, entrar a conocer el fondo del asunto, como se pide, implicaría sustituir a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia, interviniendo en las funciones que corresponden con exclusividad a la justicia ordinaria y no a un tribunal del orden constitucional pues el amparo no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto. En este sentido se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en el expediente tres mil ciento noventa guion dos mil once (3190-2011), al expresar:«…lo que pretende es convertir el amparo en una instancia revisora de lo resuelto en primera instancia, lo que no está permitido, puesto que, conforme lo regulado en el artículo 203 constitucional, la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, a los que compete valorar o estimar las proposiciones de fondo, por lo que revisar las actuaciones equivaldría a sustituir al Juez natural en su función exclusiva de administrar justicia, lo cual rebasa los límites del amparo; Además, se estima que la accionante ha podido hacer valer sus argumentos en las instancias permitidas por la ley, ha hecho uso de los recursos legales a su alcance y el hecho que lo resuelto finalmente le sea desfavorable no significa que por ello exista violación a los derechos constitucionales denunciados…».En el mismo sentido se ha pronunciado esa Corte en los expedientes dos mil setecientos quince guion dos mil once (2715-2011) y tres mil novecientos noventa y dos guion dos mil once (3992-2011).

Por lo considerado anteriormente y citas ilustrativas que se han incluido, se concluye que no se advierte violación alguna, en consecuencia, no existe agravio que reparar, a través de la presente garantía, por lo que el amparo debe denegarse.

-IV-

No obstante la forma que se resuelve el presente amparo, no se condena en costas al postulante por no existir sujeto legitimado para su cobro, sin embargo, se impone multa al abogado M.E.C.G., por ser el responsable de la juridicidad del planteamiento de la acción de amparo, conforme los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44, 45, 46 y 81 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 3 inciso a) del Auto Acordado 1-2013; 1, 29 y 35 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad y Acuerdos 44-92 y 38-2019, ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO,con base en lo considerado y leyes citadas,RESUELVE: I) DENIEGApor notoriamente improcedente, el amparo planteado porV.B.D.,contra laSALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. II)No se condena en costas al postulante, pero si se impone multa al abogado patrocinante, en virtud de lo anteriormente considerado.III)Remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo. N., certifíquese y en su oportunidad archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de A. y Antejuicio, Magistrado Vocal Segundo; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; B.A.S.D., Magistrada Vocal Séptima. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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