Sentencia nº 1277-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 11 de Julio de 2023

Fecha de Resolución11 de Julio de 2023
EmisorCorte Suprema

11/07/2023 – AMPARO LABORAL

1277-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, once de julio de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con el acta número cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo identificado en el acápite, solicitado por elJ.C.R.C., en contra de laSALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. EL postulante actuó bajo la dirección del abogado J.O.S.M..

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición: veintisiete de abril de dos mil veintidós.

B) Acto reclamado: resolución del once de enero de dos mil veintidós, emitida por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, como consecuencia, revocó la sentencia impugnada de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, que declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral promovida por J.C.R.C..

C) Fecha de notificación del acto reclamado: veintiocho de marzo de dos mil veintidos.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: principio del debido proceso, principio de legalidad y derecho de defensa.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A)De lo expuesto por el postulante y del contenido de los antecedentes, se resume lo siguiente:a)el señor J.C.R.C., promovió juicio ordinario laboral en contra del Ministerio Público, en virtud que con fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, se dio por terminada su relación laboral, por haber sido despedido en forma directa e injustificada, a través del Acuerdo diecinueve guion dos mil veinte (19-2020), solicitando se ordene su reinstalación, se cancelen los salarios dejados de percibir desde la fecha de su destitución hasta su efectiva reinstalación y se condene en costas judiciales a la parte demandada. Denuncia que conoció el Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala;b)ela quoal resolver veintiséis de enero de dos mil veintiuno, declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral, en consecuencia declaró la nulidad del Acuerdo número diecinueve guion dos mil veinte (19-2020) de fecha trece de enero de dos mil veinte, y ordenó a la parte empleadora la inmediata reinstalación del trabajador relacionado en el mismo puesto de trabajo, debiendo pagarle los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha de su efectiva reinstalación y la absolvió de la reclamación de costas;c)inconforme con lo resuelto por el a quo, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, elevándose las actuaciones a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, autoridad que al resolveronce de enero de dos mil veintidós-acto reclamado-,declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocó la resolución apelada, declaró con lugar la contestación de la demanda y sin lugar la demanda ordinaria laboral planteada por J.C.R.C., absolviendo al Ministerio Público de reinstalar al demandante.d) Petición concreta: se otorgue el amparo solicitado, como consecuencia, se revoque el fallo de fecha once de enero de dos mil veintidós emitido por la sala reprochada, ordenando que se emita la que en derecho corresponda.

B) Casos de procedencia: artículo 10 inciso a) y b) de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: artículos 12 y 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala;4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; del 14 al 70 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Ministerio Público y el Sindicato del Ministerio Público; y 49 del Código de Trabajo.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: no se decretó.

B) Tercero interesado: Ministerio Público.

C) Remisión de antecedentes: disco compacto -CD- que contiene las partes conducentes de las diligencias de reinstalación de primera y segunda instancia identificado con el número cero un mil ciento setenta y tres guion dos mil veinte guion cero dos mil doscientos noventa y uno (01173-2020-02291) recurso uno (1), remitido por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

D) Pruebas: Se relevó el periodo de prueba en resolución de fecha catorce de enero de dos mil veintitrés, en virtud de no haber solicitado la apertura a prueba quien planteo el amparo y por no haber hechos que pesquisar de oficio.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) El postulante, ratificó los argumentos vertidos en el memorial de interposición de la presente acción constitucional de amparo.

B) Tercero interesado:El Ministerio Público, manifestó a través de su mandataria especial judicial con representación, que el solicitante del amparo lo que pretende es utilizar el amparo como una tercera instancia, y como un medio de impugnación de una resolución dictada conforme a las facultades que la ley otorga. Continuó manifestando que en apreciación de lo que manifestó el postulante lo que quiere es utilizar el amparo para dilucidar un asunto que corresponde a la jurisdicción ordinaria, lo que permite concluir que lo que busca es una tercera instancia revisora de la jurisdicción ordinaria; además, acceder a la decisión desfavorable a los intereses del amparista asumida por un tribunal de jurisdicción ordinaria en ejercicio de su legítima facultad de juzgar, implicaría que el tribunal de amparo estaría subrogando la potestad de juzgar conferida por la Constitución, en violación a lo establecido en el artículo 211 constitucional, en atención a que la controversia ha sido resuelta en las dos instancias que permite el artículo citado. Argumentó, que la sentencia emitida por la Sala reprochada, se encuentra emitida conforme a las facultades que la ley le otorga, la cual constituye un acto de autoridad basado en ley, ya que al resolver en la forma que lo hizo, realizó un análisis valorativo e interpretativo, en cual es parte de la función que le es propia y exclusiva; por lo anterior, es notorio que no existe arbitrariedad en el acto reclamado y por ello no hay agravio alguno que reparar por esta vía, toda vez, que no se infringieron los principios que le son propios al debido proceso y derecho de defensa, ya que el solo hecho de que lo resuelto sea desfavorable a los intereses del amparista no implica violación alguna los derechos y garantías que la Constitución Política de la República de Guatemala establece.

C) La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Públicopor medio del agente fiscal indicó, del análisis del caso determinó que no concurren las violaciones constitucionales que se denuncian por parte del amparista, advirtiendo de la lectura del memorial de interposición de amparo y consideraciones emitidas por la autoridad cuestionada en el acto impugnado, que su pretensión por medio de esta acción constitucional es que se revise lo decidido por la autoridad impugnada, la cual ha actuado conforme lo dispuesto en el artículo 372 del Código de Trabajo. Manifestó, que no advirtió que la resolución impugnada provoque agravio alguno al postulante, pues la Sala reprochada expuso de manera clara y precisa las razones que le condujeron a resolver en sentido como lo hizo, es decir, fundamentó debidamente su decisión. Que el criterio de la Sala es el resultado del análisis integral de los agravios expuestos por las partes, los fundamentos de derecho en que se basaron sus pretensiones y demás actuaciones procesales. De tal manera que el acto reclamado carece de reproche y no causa agravio alguno que pueda repararse por la vía constitucional ejercitada, por lo que el amparo deberá denegarse.

CONSIDERANDO

-I-

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 265 establece:«Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan».

El postulante promovió garantía constitucional de amparo contra la resolución del once de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en virtud que, el agravio que le causó la resolución que constituye el acto reclamado, impidió su reinstalación en el mismo puesto de trabajo y con las mismas o mejores condiciones que tenía hasta antes de ser despedido, pues vulnera derechos constitucionales, ya que se encuentra sin trabajo y su familia está sufriendo las consecuencias de la precaria situación económica del amparista y tal y como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es deber del Estado proveer justicia a los habitantes. Además, la situación en la que se encuentra, no le da acceso al recurso económico a través de un salario digno ya que no tiene libre contratación y no es aceptado en ninguna institución del Estado a pesar de ser un empleado público de carrera y que en su caso se le vedó el derecho a tener justicia mediante el libre acceso a los tribunales, pues en la sentencia de primer grado si se reconocieron sus derechos constitucionales; no así en la sentencia de segundo grado en la que se violentaron sus derechos a tener un proceso justo, bajo los principios del debido proceso, derecho de defensa y el derecho al principio de legalidad, avalando la violación en materia administrativa del Ministerio Público.

-II-

Esta Cámara, estima que el punto toral vertido en la interposición de la acción constitucional de amparo, lo constituyen aspectos relacionados con determinar si la autoridad objetada al emitir la resolución que constituye el acto reclamado, vulneró el principio del debido proceso, derecho de defensa y el derecho al principio de legalidad denunciados por el postulante, al revocar la sentencia de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada por el JuezA quoque declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral y ordenó la reinstalación del accionante y al pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido.

Este Tribunal considera oportuno traer a colación lo argumentado por la autoridad objetada, en su momento procesal, para declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución impugnada; al respecto expresó:«… Esta Sala al estudiar los argumentos del apelante, los razonamientos del Juez a quo, contenidos en la sentencia recurrida y demás constancias procesales, determina que es el juez de los autos el encargado de velar porque se respeten los principios y garantías mínimas que rigen el Derecho Laboral, por lo que en el presente caso, ésta Sala concluye que los argumentos expuestos por el Ministerio Público presento (sic) deben ser acogidos de conformidad con lo siguiente: Consta que el aspecto toral de dichos agravios versan sobre el hecho de que la parte demandada estaba facultada para dar por terminada la relación labora (sic) sin un procedimiento previo, aduciendo que la normativa vigente del Ministerio Público le otorgaba esa facultad. Esta Sala al analizar los argumentos expuestos, procedió a revisar minuciosamente la normativa respectiva, pudiendo concluir que en efecto la parte demandada no estaba obligada a cumplir con un procedimiento disciplinario previo al despido. Lo anterior guarda su fuerza probativa de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes: 57 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio Público (…) Lo anterior se concluye toda vez que al analizar el artículo 57 del Pacto en mención, claramente se regulas dos aspectos relevantes para la dilucidación del presente asunto, los cuales son: “que las causas hayan sido comprobadas” y “que la parte demandada puede imponer dicha sanción (destitución), sin que sea necesario haber sido sancionado con anterioridad y que atenderá a la gravedad de la falta” claramente quedo demostrado durante la tramitación del presente asunto, que la destitución se hizo efectiva al momento de que la parte actora fue vencida en juicio y como consecuencia condenada por un delito catalogado como “doloso”, por ende encaja perfectamente en la causal de despido antes indicada, aunado a lo anterior, resulta necesario hacer hincapié en la normativa contenida en el artículo 94 del Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio Público, el cual específicamente regula que el patrono podrá dar por terminada la relación laboral “directamente”, cuando el trabajador incurra en una de las causales consignadas en dicho artículo, por lo que el actor al encuadrar en la causal contenida en la literal l), quedaba expuesto a que la parte demandada lo despidiera directamente, nótese que el artículo es claro al hacer énfasis en la palabra “directamente”, es decir que no necesita ningún procedimiento previo para despedir al trabajador respectivo. (…) En virtud de lo considerado y con fundamento en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, esta Sala de la Corte de Apelaciones, al realizar el análisis sobre las constancias procesales, comparado con los argumentos esgrimidos por la parte patronal, establece que no obra la respectiva autorización judicial a que hace alusión los preceptos laborales citados y por tal razón, la cesación de la relación laboral, es ilegal y por lo tanto nula, por ser la consecuencia lógica y legal de la falta de autorización judicial, para ordenar la terminación de la relación laboral de la incidentante con la entidad incidentada. En ese orden de ideas, a la Municipalidad del Municipio del Estor del Departamento de Izabal, quien actúa a través de su representante legal, no le asiste la razón. (…) La normativa es clara al conceder expresamente la facultad del despido directamente, sin responsabilidad para el Ministerio Público, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos que la propia ley impone para el efecto. Por lo anterior se denota que no existió un despido directo e injustificado que habilite la posibilidad de una reinstalación y pago de salarios dejados de percibir, sino que existió una causa justa debidamente comprobada y documentada para dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para la parte demandada. Lo anterior se concluye derivado de la documentación vigente dentro del Ministerio Público y en atención al principio de realidad y objetividad, toda vez que si bien es cierto el artículo 14 del Pacto en mención le otorga estabilidad laboral a los empleados de la entidad demandada, así también existe normativa como la ya analizada que faculta a la demandada para poder despedir sin responsabilidad de su parte, siempre y cuando se cumplan los presupuestos exigidos por dicha normativa. Aunado a lo anterior esta Sala considera pertinente hacer mención que, para que a un trabajador le asista el derecho a ser reinstalado (readmitido o restituido) deben cumplirse con ciertos requisitos puntuales regulados en el ordenamiento jurídico vigente guatemalteco, (…) Por lo anteriormente expuesto resulta procedente modificar la sentencia venida en grado, debiendo para el efecto hacer las declaraciones que en derecho corresponde…».

Por lo anteriormente señalado, se establece que la autoridad recurrida analizó debidamente cada uno de los puntos que motivaron la impugnación de la sentencia de primer grado, de donde se le dio respuesta al recurrente con el fundamento de hecho y de derecho que se exige en todo fallo judicial, lo cual resulta ilustrativo para las partes conocer los motivos por los cuales la Sala de Apelaciones recurrida arribó a la decisión de resolver como lo hizo, ya que consideró que lo resuelto por el juez a quo no se encontraba ajustado a derecho, circunstancia por la cual la revocatoria resuelta en alzada devenía procedente, por cuanto los argumentos que sustentaron la impugnación resultaron convincentes para que la Sala de Apelaciones procediera a la declaratoria con lugar de sus pretensiones, toda vez que de las constancias procesales, se evidenció que el postulante fue condenado por delito doloso, mediante sentencia firme y ejecutoriada, lo cual facultó al Ministerio Público para destituirlo sin procedimiento alguno, toda vez que los artículos 57 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio Público y 94 del Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio Público, con los cuales la Sala objetada baso la decisión revocar la sentencia venida en grado, claramente facultan a la referida institución a despedir a los trabajadores que hayan cometido algunas de las causales contenidas en los artículos anteriormente señalados, en tal virtud no se evidencia agravio alguno que afecte al postulante que pueda repararse por esta vía.

En virtud de lo anterior se determina que la Sala de Apelaciones ha ejercido su función jurisdiccional de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 372 del Código de Trabajo, que le faculta para revocar la sentencia apelada, sin que se vislumbre en la decisión asumida un proceder arbitrario que amerite ser reparado en esta instancia constitucional, denotándose ante todo la simple inconformidad del amparista con lo resuelto en alzada dentro del proceso ordinario laboral que subyace al presente proceso de amparo, de donde se advierte que el caso del amparista ha sido debidamente dilucidado ante los órganos jurisdiccionales del orden común y se le ha dado la oportunidad a cada una de las partes procesales de ejercer la plena defensa de sus intereses. De ahí que no se evidencia en la sentencia impugnada infracciones de carácter constitucional, más bien las argumentaciones del postulante reflejan inconformidad con lo resuelto; sin embargo al Tribunal de amparo no le corresponde analizar tales cuestiones que ya fueron debatidas en ambas instancias por los tribunales de trabajo y previsión social, toda vez que la función del Tribunal de Amparo es determinar si hubo o no transgresión a derechos fundamentales, siempre que el postulante formule un adecuado planteamiento y demuestre los agravios de relevancia constitucional que se le causaron, para así obtener protección en la justicia constitucional. Por consiguiente, al no demostrarse la existencia de agravios de relevancia constitucional que ameriten ser reparados a través del presente amparo, la protección constitucional solicitada no puede acogerse.

Para los efectos de aplicación se trae a cuenta, el criterio sustentado por la Corte de Constitucionalidad respecto al agravio contenido en sus sentencias emitidas dentro de los expedientes un mil seiscientos ochenta y cinco guion dos mil catorce (1685-2014) de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, ochocientos sesenta guion dos mil catorce (860-2014) de fecha dos de octubre de dos mil catorce y setecientos dos guion dos mil catorce (702-2014) de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, que expresan:“Siendo el agravio un elemento esencial para la procedencia del amparo, sin su concurrencia no es posible el otorgamiento y protección que dicha acción conlleva; sobre todo, cuando la autoridad impugnada, al emitir la resolución que constituye el acto reclamado, ha procedido en el ejercicio de las facultades legales que rigen su actuación y no se evidencia violación de algún derecho fundamental garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala o las leyes”.

Por lo antes expuesto, se concluye que la actuación de la autoridad impugnada, al acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, no causó los agravios que denuncia el amparista, por ende, el amparo debe ser denegado por ser notoriamente improcedente.

-III-

Con fundamento en el artículo 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a pesar de la forma como se resuelve la presente garantía constitucional, no se condena en costas a la postulante por no haber sujeto legitimado para su cobro; sin embargo, se impone multa al abogado patrocinante.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44, 45 y 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 71, 76, 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; Acuerdo 1-2013 y Auto Acordado 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad; y Acuerdos 44-92 y 38-2019, ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara:I) DENIEGApor notoriamente improcedente el amparo planteado porJ.C.R.C.,en contra laSALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. II)No se condena en costas al postulante por lo considerado.III)Se impone al abogado patrocinante J.O.S.M., la multa de un mil quetzales que deberá hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente.IV)Oportunamente remítase a la Corte de Constitucionalidad fotocopia certificada del presente fallo para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. N., certifíquese y en su oportunidad procesal archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de Amparo y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; B.A.S.D., Magistrada Vocal Séptima. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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