Sentencia nº 64-2021 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 25 de Enero de 2022

PonenteAsesinato
PresidenteFijación de la pena; Circunstancias atenuantes; Circunstancias agravantes
Fecha de Resolución25 de Enero de 2022
EmisorCorte Suprema

25/01/2022 – PENAL

64-2021

DOCTRINA

Es improcedente el recurso de casación, cuando la Sala de Apelaciones al conocer el motivo de fondo por violación del artículo 65 del Código Penal, ha establecido acertadamente que al momento de graduar la pena, no se acreditaron circunstancias atenuantes que sirvan de base para la imposición de la pena mínima, ya que la peligrosidad social y la carencia de antecedentes penales, no pueden ser consideradas como tales; asimismo estableció que la pena impuesta al procesado (cuarenta años de prisión inconmutables) se justificó por la concurrencia de las circunstancias agravantes de abuso de superioridad y de nocturnidad.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal.Guatemala, veinticinco de enero de dos mil veintidós.

I.La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, integrada por los suscritos magistrados, de conformidad con el punto segundo del acta cuarenta y cinco guion dos mil diecinueve (45-2019) de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, acta número cuarenta guion dos mil veinte (40-2020) de fecha doce de octubre de dos mil veinte, y acta número cincuenta guion dos mil veintiuno (50-2021) de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, correspondientes a las sesiones extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, y la opinión consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II.Tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación por motivo de fondo interpuesto por el procesado A.S.P., contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro del proceso que se sigue en su contra, por el delito de asesinato.

El procesado actúa con el auxilio del abogado defensor público V.R.C.M..

ANTECEDENTES

A. DE LOS HECHOS ACUSADOS.De las investigaciones practicadas por el Ministerio Público, dicho ente investigador imputó a A.S.P., los siguientes hechos: «U.A.S.P.,en el año dos mil dieciséis juntamente con (...), BILI EXCEQUIEL RAMIREZ TUJAL, B.E.R.L., F.G.U.B., F.D.P.M. otras personas aún no identificadas integró la organización criminal denominada “Clica Crazy Chapin” la que a su vez pertenece a la pandilla del barrio dieciocho o mara dieciocho, la cual, se tiene conocimiento inició sus operaciones delictivas en el año indicado, teniendo presencia en la colonia La Florida, zona diecinueve de la ciudad de Guatemala; en las colonias M. uno y Monserrat dos, zona cuatro del municipio de Mixco; colonias Lo de B. y San Francisco de la zona seis del municipio de Mixco y la Comunidad, zona diez del mismo municipio. Dicha organización criminal de la cual usted fue integrante desempeñando la función de “S. o chequeo”, se dedica entre otras actividades delictivas, a exigir cantidades de dinero bajo amenazas de muerte a comerciantes de diferentes actividades económicas en los lugares mencionados (extorsiones), a cometer asesinatos de diferentes personas, al robo de vehículos; portación, tenencia y traslados ilegales de armas de fuego. En ejercicio de sus funciones de “sicario o chequeo” de la organización criminal referida, el día veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, a las siete horas con treinta minutos aproximadamente, usted A.S.P. a bordo de la motocicleta marca Italika, con placas de circulación M quinientos sesenta y uno CTZ, se apersonó a la residencia del señor B.A.V., ubicada en la tercera avenida, lote doscientos setenta y dos, sector tres, colonia C., zona seis del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, y con el pretexto que le iba a conseguir un trabajo pues eran conocidos de tiempo atrás, lo trasladó a un inmueble utilizado por la organización criminal como punto de reunión y para cometer y planificar distintos actos delictivos, el cual se encuentra ubicado en la veintiséis calle, cuatro - ochenta y uno, apartamento B, colonia Las Victorias, La Comunidad, zona diez del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, lugar en el que en horas de la tarde del mismo día, usted, la señora B.E.R.L. y el adolescente (…), con la intención de darle muerte, procedieron a agredir físicamente al señor B.A.V., provocándole heridas corto contundentes con arma blanca en el rostro y heridas punzo cortantes en el cuello, ocasionándole sección completa del paquete vascular, sección del cien por ciento de las arterias carótidas bilateral y sección del cien por ciento de las venas yugulares bilateral, provocando su decapitación, lo cual le causó la muerte, siendo la causa directa del deceso, sección del cien por ciento de arteria carótida y vena yugular externa bilateral producidas por arma blanca y la causa básica, heridas punzo cortantes en cuello producidas por arma blanca. Después que usted y sus compañeros dieron muerte a la víctima, introdujeron la cabeza de la misma en una hielera y sujetos no identificados, miembros de la organización criminal mencionada la trasladaron a la veintisiete calle, a un costado del poste de energía eléctrica número quinientos nueve mil treinta y nueve y del inmueble con contador de energía eléctrica número P treinta y seis mil doscientos setenta y ocho, colonia Lo de B. dos, zona seis del municipio de Mixco, lugar en el cual la dejaron abandonada. A las veintiuna horas aproximadamente usted en compañía de otro miembro no identificado de la organización criminal se apersonaron a la colonia El Tesoro, zona dos del municipio de Mixco, frente al centro comercial “Eskala”, lugar en el que se encontraba el señor F.G.U.B. (colaborador de la organización criminal) a bordo del vehículo tipo automóvil, marca Kia, con placas de circulación A doscientos cuarenta y ocho ABB, utilizado como taxi, mismo que usted y su compañero abordaron y se dirigieron al inmueble en el cual le dieron muerte a la víctima y del mismo extrajeron su cuerpo decapitado, el cual habían introducido en una bolsa de nailon color negro, envuelto en dos sabanas y lo colocaron en el baúl del vehículo, abordando nuevamente el mismo, el cual también abordó la señora B.E.R.L., dirigiéndose a la carretera que conduce de la Comunidad, zona diez del municipio de Mixco a la colonia Las Charcas, zona once de la Ciudad de Guatemala. Cuando eran las veintidós horas con treinta minutos aproximadamente, el vehículo en el cual se conducía usted y sus compañeros detuvo la marcha, frente al poste de alumbrado eléctrico número ciento catorce mil ciento sesenta y dos, lugar en [el] cual usted y compañeros extrajeron del baúl el cuerpo decapitado de la víctima y lo dejaron abandonado a la vera de la carretera indicada, luego continuaron la marcha y minutos después le ordenaron al piloto que detuviera la marcha del vehículo y descendieron del mismo usted y su compañero no identificado, indicándole al señor U.B. que fuera a dejar a la señora B.E.R.L. al inmueble del cual había extraído el cadáver de la víctima, cumpliendo de inmediato con dicho requerimiento.(…)Los hechos descritos encuadran en las figuras típicas de ASOCIACION ILICITA contenida en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y ASESINATO, contenida en el artículo 132 del Código Penal»(SIC).

B. DE LOS HECHOS ACREDITADOS.El Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, en sentencia del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, acreditó los siguientes hechos: «A)El día veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, a las siete horas con treinta minutos aproximadamente, A.S.P. a bordo de la motocicleta marca Italika, con placas de circulación M quinientos sesenta y uno CTZ, se apersonó a la residencia del señor B.A.V., ubicada en la tercera avenida, lote doscientos setenta y dos, sector tres, colonia C., zona seis del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, y con el pretexto que le iba a conseguir un trabajo pues eran conocidos de tiempo atrás, lo trasladó a un inmueble utilizado por la organización criminal como punto de reunión y para cometer y planificar distintos actos delictivos, el cual se encuentra ubicado en la veintiséis calle, cuatro guion ochenta y uno, apartamento B, colonia las Victorias, la Comunidad, zona diez del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, lugar en el que en horas de la tarde del mismos día, A.S.P., la señora B.E.R.L. y el adolescente (…), con la intención de darle muerte, procedieron a agredir físicamente al señor B.A.V., provocándole heridas corto contundentes con arma blanca en el rostro y heridas punzo cortantes en el cuello, ocasionándole sección completa del paquete vascular, sección del cien por ciento de las arterias carótidas bilateral y sección del cien por ciento de las venas yugulares bilateral, provocando su decapitación, lo cual le causó la muerte, siendo la causa directa del deceso, sección del cien por ciento de arteria carótida y vena yugular externa bilateral producidas por arma blanca y la causa básica, heridas punzo cortantes en cuello producidas por arma blanca.B)Después que A.S.P. y sus compañeros dieron muerte a la víctima, introdujeron la cabeza de la misma en una hielera y sujetos no identificados, miembros de la organización criminal mencionada la trasladaron a la veintisiete calle, a un costado del poste de energía eléctrica número quinientos nueve mil treinta y nueve y del inmueble con contador de energía eléctrica número P treinta y seis mil doscientos setenta y ocho, colonia Lo de B. dos, zona seis del municipio de Mixco, lugar en el cual la dejaron abandonada.C)A las veintiuna horas aproximadamente ANTONIO SICAY PABLO en compañía de otro miembro no identificado de la organización criminal, se apersonaron a la colonia el Tesoro, zona dos del municipio de Mixco, frente al centro comercial “Eskala”, lugar en el que se encontraba el señor F.G.U.B., a bordo del vehículo tipo automóvil, marca Kia, con placas de circulación A doscientos cuarenta y ocho ABB, utilizado como taxi, mismo que A.S.P. y su compañero abordaron y se dirigieron al inmueble en el cual le dieron muerte a la víctima y del mismo extrajeron su cuerpo decapitado, el cual habían introducido en una bolsa de nailon color negro, envuelto en dos sabanas y lo colocaron en el baúl del vehículo, abordando nuevamente el mismo, el cual también abordó la señora B.E.R.L., dirigiéndose a la carretera que conduce de la Comunidad, zona diez del municipio de Mixco, a la colonia Las Charcas, zona once de la ciudad de Guatemala.D)Cuando eran las veintidós horas con treinta minutos aproximadamente, el vehículo en el cual se conducía A.S.P. y sus compañeros detuvo la marcha, frente al poste de alumbrado eléctrico número ciento catorce mil ciento sesenta y dos, lugar en cual ANTONIO SICAY PABLO y compañeros extrajeron del baúl el cuerpo decapitado de la víctima y lo dejaron abandonado a la vera de la carretera indicada, luego continuaron la marcha y minutos después le ordenaron al piloto que detuviera la marcha del vehículo y descendieron del mismo A.S.P. y su compañero no identificado, indicándole al señor U.B. que fuera a dejar a la señora B.E.R.L. al inmueble del cual había extraído el cadáver de la víctima, cumpliendo de inmediato con dicho requerimiento» (SIC).

C. DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA.El Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, referido en el apartado anterior, declaró lo siguiente: «I.-Que se ABSUELVE al acusado F.G.U.B. del delito de ASESINATO entendiéndose libre de todo cargo en relación a este delito.II.-Que se ABSUELVE al acusado A.S.P. del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, entendiéndose libre de todo cargo en relación a este delito.III.-Que ANTONIO SICAY PABLO es AUTOR responsable del delito de ASESINATO, cometido en contra de la vida de B.A.V..IV.-Que por tal infracción a la Ley Penal se le impone al acusado ANTONIO SICAY PABLO la pena de CUARENTA AÑOS DE PRISIÓN INCONMUTABLES, pena que deberá cumplir en el Centro de Cumplimiento de Condenas que designe el Juez de Ejecución Penal competente, con abono de la prisión ya padecida. (…)» (SIC).

Para el efecto, el Tribunal de Sentencia consideró en sus argumentos: «(…) Los integrantes de este tribunal, luego de haber analizado todos los medios de prueba ofrecidos por las partes procesales, concluye que quedó debidamente probada la participación del acusado A.S.P., en los hechos ilícitos imputados, toda vez que: el día veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, a las siete horas con treinta minutos aproximadamente, A.S.P. a bordo de la motocicleta marca Italika, con placas de circulación M quinientos sesenta y uno CTZ, se apersonó a la residencia del señor B.A.V., ubicada en la tercera avenida, lote doscientos setenta y dos, sector tres, colonia C., zona seis del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, y con el pretexto que le iba a conseguir un trabajo pues eran conocidos de tiempo atrás, lo trasladó a un inmueble utilizado por la organización criminal como punto de reunión y para cometer y planificar distintos actos delictivos, el cual se encuentra ubicado en la veintiséis calle, cuatro guion ochenta y uno, apartamento B, colonia las Victorias, la Comunidad, zona diez del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, lugar en el que en horas de la tarde del mismo día, A.S.P., la señora B.E.R.L. y el adolescente (…), con la intención de darle muerte, procedieron a agredir físicamente al señor B.A.V., provocándole heridas corto contundentes con arma blanca en el rostro y heridas punzo cortantes en el cuello, ocasionándole sección completa del paquete vascular, sección del cien por ciento de las arterias carótidas bilateral y sección del cien por ciento de las venas yugulares bilateral, provocando su decapitación, lo cual le causó la muerte, siendo la causa directa del deceso, sección del cien por ciento de arteria carótida y vena yugular externa bilateral producidas por arma blanca y la causa básica, heridas punzo cortantes en cuello producidas por arma blanca; después que A.S.P. y sus compañeros dieron muerte a la víctima, introdujeron la cabeza de la misma en una hielera y sujetos no identificados, miembros de la organización criminal mencionada la trasladaron a la veintisiete calle, a un costado del poste de energía eléctrica número quinientos nueve mil treinta y nueve y del inmueble con contador de energía eléctrica número P treinta y seis mil doscientos setenta y ocho, colonia Lo de B. dos, zona seis del municipio de Mixco, lugar en el cual la dejaron abandonada; a las veintiuna horas aproximadamente ANTONIO SICAY PABLO en compañía de otro miembro no identificado de la organización criminal, se apersonaron a la colonia el Tesoro, zona dos del municipio de Mixco, frente al centro comercial “Eskala”, lugar en el que se encontraba el señor F.G.U.B., a bordo del vehículo tipo automóvil, marca Kia, con placas de circulación A doscientos cuarenta y ocho ABB, utilizado como taxi, mismo que A.S.P. y su compañero abordaron y se dirigieron al inmueble en el cual le dieron muerte a la víctima y del mismo extrajeron su cuerpo decapitado, el cual habían introducido en una bolsa de nailon color negro, envuelto en dos sabanas y lo colocaron en el baúl del vehículo, abordando nuevamente el mismo, el cual también abordó la señora B.E.R.L., dirigiéndose a la carretera que conduce de la Comunidad, zona diez del municipio de Mixco, a la colonia Las Charcas, zona once de la ciudad de Guatemala; cuando eran las veintidós horas con treinta minutos aproximadamente, el vehículo en el cual se conducía A.S.P. y sus compañeros detuvo la marcha, frente al poste de alumbrado eléctrico número ciento catorce mil ciento sesenta y dos, lugar en cual ANTONIO SICAY PABLO y compañeros extrajeron del baúl el cuerpo decapitado de la víctima y lo dejaron abandonado a la vera de la carretera indicada, luego continuaron la marcha y minutos después le ordenaron al piloto que detuviera la marcha del vehículo y descendieron del mismo A.S.P. y su compañero no identificado, indicándole al señor U.B. que fuera a dejar a la señora B.E.R.L. al inmueble del cual había extraído el cadáver de la víctima, cumpliendo de inmediato con dicho requerimiento. Estos hechos quedaron debidamente acreditados con el testimonio de los agentes de la Policía Nacional Civil RENE R.R.L., C.E.Y.T., V.E.J.C. y JEREMIAS CHOMO CHE; quienes al prestar su correspondiente declaración, narraron las circunstancias de tiempo, lugar, modo y demás aspectos que rodearon los hechos juzgados, el primero de ellos recibió información confidencial de que en horas de la noche del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis de un vehículo tipo taxi extrajeron unas bolsas de nylon color negro y las dejaron abandonadas quien de inmediato vía radio pasó la información a los demás agentes, quienes se apersonaron al lugar indicado y verificaron la veracidad de la información, así como al revisar las cámaras del lugar pudieron observar e identificar el vehículo que había realizado dicho traslado, así como del inmueble en donde se extrajeron dicha bolsas conteniendo restos humanos, por lo que dieron vigilancia al inmueble de marras y posteriormente informaron al Ministerio Público, quien solicitó la diligencia de inspección, allanamiento y registro en dicho inmueble localizando en el mismo suficientes indicios y/o evidencias que dieron como resultado la participación del acusado SICAY PABLO en los hechos en donde se dio muerte a la víctima; quedando igualmente acreditado los hechos con los dictámenes y declaraciones de los peritos N.R.S.R., J.M.G.H., JULIO CESAR ESTEVEZ CLAVERIA Y L.F.D.F.; quienes realizaron sus peritajes respectivos tales como: peritaje genético, necropsia médico legal, prueba de quimioluminiscencia y peritaje biológico en el inmueble en donde se consumó el hecho, en el cadáver de la víctima, en las evidencias localizadas; así también se acreditó el hecho con el video extraído de las cámaras en donde se observa el recorrido del vehículo de marras utilizado para el traslado de los restos humanos de la víctima. Por todo lo anteriormente considerado y analizado, los suscritos juzgadores, consideran que con todos los medios de prueba diligenciados dentro del debate oral y público, el ente encargado de la investigación, logró quebrantar la presunción de inocencia de que encontraba investido el acusado A.S.P., en el delito que inicialmente se le ligó a proceso y se abrió a juicio penal, o sea el de ASESINATO; así como en aplicación de la sana crítica y sus principios de lógica, psicología, experiencia y el sentido común, aplicado por los juzgadores al realizar el análisis respectivo de los hechos incriminados por el ente acusador; igualmente estos juzgadores consideran que lo declarado y/o relatado por el propio acusado F.G.U.B. quien en su defensa material y al rendir su propia declaración, no obstante ser advertido de su derecho constitucional, manifestó voluntariamente y espontáneamente su deseo de prestar la misma, observándose durante su intervención, serenidad, tranquilidad y seguridad en cada una de sus intervenciones, especialmente en el momento de ser interrogado por los sujetos procesales, aunado a ello el acusado en su función y/o actividad laboral fue requerido por tres personas, una de ellas portando arma de fuego a efectuar una carrera y/o servicio, siendo amenazado y conminado a acceder a lo solicitado y por temor a su integridad física acompañó a dichas personas sin saber y/o tener conocimiento previo del ilícito e igualmente sin tener relación alguna con el acusado S.P. y las otras personas que acompañaban a éste, en el momento de requerirle sus servicios;por todos estos aspectos, los juzgadores consideran que en el caso del acusado en mención (F.G.U.B.), debe dictarse una sentencia de carácter absolutorio, no así en relación al acusado A.S.P., quien sí tuvo participación directa y activa en los hechos juzgados» (SIC).

El Tribunal a que se hace alusión consideró también: «Artículo 65 del Código Penal, regula la DOCTRINA DE LA ELASTICIDAD DE LAS PENAS y ordena que: “El juez o tribunal determinará, en la sentencia, la pena que corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley, para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar, expresamente, los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena.” En el presente caso, luego de analizar todos los medios de prueba ofrecidos por las partes procesales y realizar la valoración respectiva, para el cómputo y fijación de la pena, estimamos lo siguiente: Que los parámetros máximos y mínimos para la fijación de la pena atribuible a los tres acusados por el delito de ASESINATO, según lo estipulado en el Artículo 132 del Código Penal, para los autores del delito de ASESINATO, se establece una pena mínima privativa de libertad de veinticinco años y una pena máxima de pena privativa de libertad de cincuenta años de prisión. En el presente caso el Ministerio Público no aportó prueba idónea útil y pertinente relativa a poder determinar con carácter científico la peligrosidad social del acusado A.S.P., a través de pruebas psicológicas o psiquiátricas, que revelen dicha peligrosidad social, aunado a que en el Derecho Penal moderno, se juzgan exclusivamente los hechos de la acusación y no a las personas señaladas de su realización o su posible conducta futura, lo cual se aparta considerablemente de un Derecho Penal del Acto o del Hecho. En el presente caso, existe constancia de carencia de antecedentes penales del acusado, todo[lo]cual determina la conducta predelictual del mismo, lo que acredita que con anterioridad a la perpetración de delito no ha sido condenado por delito doloso. De igual forma, se aprecia en cuanto a los antecedentes personales de la víctima, que se trataba de persona de veintidós años de edad, la cual como consecuencia del hecho que se juzga, sufrió la muerte violenta mediante de la causa de muerte, directa: sección del cien por ciento de arteria carótida y vena yugular externa bilateral producidas por arma blanca; en los términos en que ya ha quedado debidamente indicado, no se logró establecer cuál fue el móvil del ilícito penal. Los Juzgadores aprecian a la vez, que en el caso que nos ocupa, relativo a los hechos constitutivos de Asesinato, no concurren circunstancias atenuantes y sí la agravante siguiente: ABUSO DE SUPERIORIDAD: Nuestro ordenamiento sustantivo regula que debe entenderse por Abuso de Superioridad “Abusar de superioridad física o mental, o emplear medios que debiliten la defensa de la víctima”. (Artículo 27 numeral 6º. del Código Penal). En el presente caso, debe aplicarse dicha disposición legal, ya que ha quedado probado que el acusado y su acompañante obraron con total ABUSO DE SUPERIORIDAD, porque este Tribunal concluye ¿Cómo se iba a defender la víctima del ataque que sufrió? Si era más de una persona los atacantes, el acusado y sus acompañantes quien en todo momento lo animaron a realizar el hecho y la víctima desprevenida, desprotegida y desarmada, por lo que era materialmente imposible que la víctima pudiera defenderse o repeler el ataque del acusado y sus acompañantes; también existe la agravante de NOCTURNIDAD, numeral 15, de la norma citada, que preceptúa: Ejecutar el hecho de noche…, según la naturaleza y accidentes del hecho; en virtud de que como ya quedó acreditado los restos de la víctima fueron abandonados en horas nocturnas y también se configura la agravante de ENSAÑAMIENTO, numeral 7o, de esta misma norma, que establece: Aumentar, deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. Ello debido a que la víctima fue degollado (se le separó la cabeza del resto del cuerpo) y los restos fueron abandonados en lugares distintos. Para la imposición de la pena, este Órgano Jurisdiccional toma en cuenta lo regulado en el Artículo 44 del Código Penal que regula: “Pena de prisión. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde un mes hasta cincuenta años.” En tal virtud deberá imponerse la pena de conformidad con lo que para el efecto regula el Derecho Penal Sustantivo y lo cual será posteriormente enunciado al decretar la parte resolutiva de esta sentencia, a efecto de ejercer el Ius Puniendi del Estado. Por lo que en vista de lo anterior, procedente resulta emitir un fallo condenatorio en contra del acusado S.P. e imponer la pena respectiva» (SIC).

D. DEL RECURSO DE APELACIÓN ESPECIAL.El procesado A.S.P., interpuso recurso de apelación especial, en el que denunció violación del artículo 65 del Código Penal, relacionado con el artículo 132 del Código Penal.

Sostuvo su argumento en que: «(…)siendo que de la lectura de la sentencia recurrida en lo que se refiere al apartado de la Fijación Judicial de la Pena. (página 75), el juzgador indica a partir de la línea cuatro de la página setenta y seis, “En el presente caso el Ministerio Público no aportó prueba idónea útil y pertinente relativa a poder determinar con carácter científico, … .En el presente caso, existe constancia de carencia de antecedentes penales del acusado, todo[lo]cual determina la conducta predelictual del mismo, lo que acredita que con anterioridad a la perpetración del delito no ha sido condenado por delito doloso (además se presentó constancia de la fiscalía de Ejecución, donde consta que no ha estado procesado ni se le ha concedido ninguno de los beneficios que contempla nuestra ley procesal, no obstante el juzgador no se pronunció sobre este), … no se logró establecer cuál fue el móvil del ilícito penal. Con los documentos anteriores quedó demostrado que no he tenido ningún record delincuencial y que antes de la comisión de este delito fui una persona trabajadora. Por lo anterior considero que el juzgador no efectuó una correcta graduación de la pena, ya que no teniendo record delincuencial era procedente la imposición de la pena mínima de veinticinco (25) años, pena asignada al delito de asesinato» (SIC).

Solicitó, que por ser delincuente primario y no haberse acreditado ser peligroso social, ello debió de tomarse en cuenta para la imposición de la pena mínima de veinticinco años de prisión por el delito de asesinato.

E. DEL FALLO DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN.La Sala Primera de la Corte de Apelaciones, del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, declaró no acoger el recurso de apelación especial por motivo de fondo, interpuesto por el procesado A.S.P..

La Sala para no acoger el único motivo de fondo que le fue planteado por el procesado argumentó: «En el presente caso el tribunal sentenciador, efectivamente determinó la inexistencia de antecedentes penales, así como la peligrosidad social por las razones anotadas en el fallo, sin embargo para aumentar la pena mínima el sentenciante sí consideró la existencia de agravantes distintas al tipo penal por el cual condenó, siendo estas abuso de superioridad ya que era más de una persona los atacantes y la víctima estaba desprotegida y desarmada, de igual manera estimó la nocturnidad al abandonar los restos de la víctima en horas de la noche y el ensañamiento ya que como explica el A quo, ya que se separó la cabeza de la víctima del cuerpo y los restos fueron abandonados en lugares distintos, aspectos que a consideración de esta Sala sustentan el aumento de la pena. En cuanto a lo argumentado por los apelantes, en cuanto a que no se probó que el acusado es peligroso social y delincuente primario, cabe señalar que dichos aspectos no fueron considerados para el aumento de la pena, ya que únicamente se ponderó la pena con base en las circunstancias agravantes anotadas. En ese sentido se reafirma que la determinación de la pena es una facultad del juez de juicio, que únicamente tiene como limites los parámetros fijados por el artículo 65 del Código Penal, para imponer los mínimos o máximos fijados en la norma para el tipo penal y siempre que se acrediten tales parámetros en la plataforma fáctica de la sentencia, que tiene sustento en los medios de prueba reproducidos en debate, en razón de lo cual, no le asiste la razón a los apelantes. De tal manera que el A quo no cometió las infracciones denunciadas, por consiguiente el recurso de apelación especial por el motivo de fondo invocado no debe ser acogido y así debe resolverse» (SIC).

RECURSO DE CASACIÓN

El procesado A.S.P., interpuso recurso de casación por motivo de fondo y citó como caso de procedencia el artículo 441 numeral 5 del Código Procesal Penal, argumentando que la Sala incurrió en indebida aplicación del artículo 65 del Código Penal, al no haber considerado la rebaja de la pena a la mínima por carecer de antecedentes penales y al no haberse acreditado ser peligroso social.

Para sustentar la vulneración a la norma que se denuncia a este Tribunal el procesado argumentó: «El agravio que me causa es que al haberse infraccionado[el artículo]65 del Código Penal, como consecuencia de su(…)indebida aplicación, por parte de la Honorable Sala de Apelaciones, y que esta deficiencia influyó decisivamente en el fallo condenatorio dictado en mi contra, dio como resultado que se me condenara imponiéndome una pena de cuarenta años de prisión inconmutables, y que de no haberse fraccionado el referido artículo se hubiese dictado sin lugar a dudas un fallo con carácter condenatorio, imponiéndome la pena mínima de veinticinco años de prisión».

Argumentó que se debió de tomar en cuenta cada parámetro contenido en el artículo 65 del Código Penal, así como que el sindicado es un delincuente primario y no se acreditó que fuese peligroso social, por lo que se encuentra inconforme con que la Sala se haya limitado a indicar que la pena se ponderó con base a las circunstancias agravantes de abuso de superioridad, nocturnidad y ensañamiento.

Solicitó que se imponga la pena mínima de veinticinco años de prisión inconmutables por el delito de asesinato.

ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

El veintiuno de enero de dos mil veintidós, a las catorce horas, día y hora señalados para la vista, el procesado A.S.P. presentó sus alegatos en forma escrita, evacuando así la audiencia conferida.

CONSIDERANDO

-I-

Es criterio jurisprudencial de Cámara Penal que cuando se interpone motivo de fondo, es fundamental analizar si, en congruencia con los específicos hechos acreditados, la norma sustantiva que se aduce violada fue o no correctamente seleccionada, interpretada o aplicada al caso concreto.

-II-

El procesado A.S.P., planteó recurso de casación por motivo de fondo con fundamento en el artículo 441 numeral 5 del Código Procesal Penal. Denunció como norma vulnerada el artículo 65 del Código Penal.

Presenta su denuncia ante este tribunal, de que le fue impuesta una pena más alta a la mínima, establecida para el delito de asesinato, cuando se tuvieron por acreditadas las circunstancias atenuantes de que el procesado no tiene antecedentes penales y no es peligroso social. Denuncia que aunque si bien, el tribunalA quo, consideró como acreditadas las circunstancias agravantes de abuso de superioridad, nocturnidad y ensañamiento, -siendo ésta última propia del delito de asesinato-, la Sala debió de haberse pronunciado respecto a las circunstancias que atenúan la pena a la mínima de veinticinco años de prisión por el delito de asesinato.

-III-

Cámara Penal determina que, el agravio en cuestión es la ponderación de la pena de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Código Penal, pues argumenta el procesado que según lo acreditado por elA quo, al existir circunstancias que atenúan la sanción –como lo es, no tener antecedentes penales, ni ser peligroso social-, debió de considerarse la pena mínima de veinticinco años de prisión inconmutables y no la pena de cuarenta años de prisión inconmutables por el delito de asesinato que le fue endilgado.

Respecto de dicho reclamo, se refiere el contenido del artículo 65 del Código Penal, y se advierte que conforme dicha normativa jurídica, «El juez o tribunal determinará, en la sentencia, la pena que corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley, para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar, expresamente, los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena».

En ese mismo sentido, establece el artículo 26 del Código Penal las circunstancias atenuantes, y del tenor de dicho artículo se advierte que,la peligrosidad social y la carencia de antecedentes penales, no forman parte de su contenido por lo que no constituyen atenuantes ponderadoras de la pena de prisión.

Cámara Penal advierte que conforme el artículo 65 del Código Penal, el juez determinará en la sentencia la fijación de la pena, dentro del máximo y el mínimo, como se hizo en el presente caso; y se tendrá en cuenta la mayor o menor peligrosidad de los culpables o responsables, así como los antecedentes de cada uno de éstos, como los de la víctima; y menciona otros elementos: el móvil, la extensión e intensidad del daño causado; sin embargo, en la fijación de la pena además de los parámetros, circunstancias y elementos, se refiere también específicamente a las circunstancias atenuantes y agravantes.

En el presente caso, queda claro, que no se acreditó alguna de las circunstancias atenuantes contenidas en el artículo 26 del Código Penal; no obstante, de los hechos acreditados si se probaron las circunstancias agravantes de abuso de superioridad, ya que fue más de una persona la atacante, así como que la víctima estaba desprotegida y desarmada; la nocturnidad, pues los hechos acaecieron en horas de la noche y, ensañamiento, debido a que quedó acreditado que los victimarios separaron la cabeza del cuerpo de la víctima, y luego los restos del cuerpo fueron abandonados en lugares distintos.

En ese sentido se estima que, la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia fue dentro del ámbito de su competencia pues, lo hizo dentro del rango establecido en la ley ya que observó y aplicó el artículo 65 del Código Penal.

Al respecto se trae a colación el argumento de la Sala de Apelaciones, al resolver sobre el agravio que le fue planteado por el procesado A.S.P., respecto a la vulneración del artículo 65 del Código Penal: «(…) el tribunal sentenciador, efectivamentedeterminó la inexistencia de antecedentes penales, así como la peligrosidad social(…)sin embargo para aumentar la pena mínima(…)sí consideró la existencia de agravantes distintas al tipo penal por el cual condenó, siendo estas abuso de superioridad (…) de igual manera estimó la nocturnidad (…) y el ensañamiento (…) aspectos que a consideración de esta Sala sustentan el aumento de la pena. En cuanto a lo argumentado por los apelantes (…) a que no se probó que el acusado es peligroso social y delincuente primario, cabe señalar que dichos aspectos no fueron considerados para el aumento de la pena, ya que únicamente se ponderó la pena con base en las circunstancias agravantes anotadas. En ese sentido se reafirma que la determinación de la pena es una facultad del juez de juicio, que únicamente tiene como límites los parámetros fijados por el artículo 65 del Código Penal, para imponer los mínimos o máximos fijados en la norma para el tipo penal y siempre que se acrediten tales parámetros en la plataforma fáctica de la sentencia» (SIC).

Respecto al agravio sustentado por el procesado A.S.P., en relación a la pena impuesta, se determina que el casacionista pretende hacer ver que la sala erró al resolver su agravio de indebida aplicación del artículo 65 del Código Penal. Cámara Penal establece que, en la sentencia del Tribunal de Sentencia, se puede encontrar que éste sí tomó en cuenta que el procesado carecía de antecedentes penales lo cual acreditó cuando indicó en el apartado denominado «FIJACIÓN JUDICIAL DE LA PENA» (según página 62 del fallo de primer grado) que: «En el presente caso, existe constancia de carencia de antecedentes penales del acusado, todo cual determina la conducta predelictual de mismo, lo que acredita que con anterioridad a la perpetración de delito no ha sido condenado por delito doloso», así también en dicho fallo se vislumbra que el Tribunal de Sentencia consideró que el procesado A.S.P.no era peligroso social, lo cual plasmó al indicar que:«En el presente caso, luego de analizar todos los medios de prueba ofrecidos por las partes procesales y realizar la valoración respectiva, para el cómputo y fijación de la pena, estimamos lo siguiente: Que los parámetros máximos y mínimos para la fijación de la pena atribuible a los tres acusados por el delito de ASESINATO, según lo estipulado en el Artículo 132 del Código Penal, para los autores del delito de ASESINATO,se establece una pena mínima privativa de libertad de veinticinco años y una pena máxima de pena privativa de libertad de cincuenta años de prisión.En el presente casoel Ministerio Público no aportó prueba idónea útil y pertinente relativa a poder determinar con carácter científico la peligrosidad social del acusado A.S.P., a través de pruebas psicológicas o psiquiátricas, que revelen dicha peligrosidad social, aunado a que en el Derecho Penal moderno, se juzgan exclusivamente los hechos de la acusación y no a las personas señaladas de su realización o su posible conducta futura(…)», así también, agregó el Tribunal de Sentencia que: «Los Juzgadores aprecian a la vez, que en el caso que nos ocupa, relativo a los hechos constitutivos de Asesinato, no concurren circunstancias atenuantes».

De lo anterior, se advierte que si se apreciaron las circunstancias reclamadas (la no peligrosidad social y carencia de antecedentes penales), señaladas por el procesado, pero éstas conforme la ley, no constituyeron circunstancias atenuantes que le beneficiaran pues,las únicas circunstancias atenuantes que influyen en la gradación de la pena son las reguladas en el artículo 26 del Código Penal.

En todo caso, si algún beneficio pudo haber tenido el incoado conforme la apreciación de la no peligrosidad social y la carencia de antecedentes penales, el mismo quedaba limitado a la no acreditación de circunstancias agravantes independientes del tipo, que como consta en el caso objeto de estudio no fue esa la consideración delA quo, pues la pena la fundamentó en la configuración de haberse acreditado circunstancias agravantes reguladas en el artículo 27 de la ley sustantiva penal (abuso de superioridad, nocturnidad y ensañamiento).

Por lo anterior, se estima que la Sala de Apelaciones al resolver de la forma en que lo hizo no incurrió en el vicio de fondo denunciado, es decir, no aplicó indebidamente el contenido del artículo 65 del Código Penal, debido a que las agravantes acreditadas en el proceso, condujeron al correspondiente aumento de la pena, fijándola el tribunal de sentencia, según su consideración (en el caso concreto, cuarenta años de prisión inconmutables), pues dichas circunstancias hacen merecer fijar la pena no en la mínima establecida, ponderándose ésta, conforme los parámetros del artículo 65 del Código Penal y el precepto legal que contiene el tipo penal de asesinato, de donde resultó una pena fijada de cuarenta años de prisión, siendo ésta una pena intermedia y no la pena mínima como lo solicita el procesado.

Por lo que, el recurso es improcedente y así se deberá declararse en la parte resolutiva del presente fallo.

LEYES APLICADAS

Artículos citados y: 12, 28 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 11, 11 Bis, 50, 160, 161, 162, 163, 186, 398, 437, 438, 439, 441, 442 y 447 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala; 74, 76, 77, 79, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala.

POR TANTO:

La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolverDECLARA: I) IMPROCEDENTEel recurso de casación por motivo de fondo interpuesto por el procesado A.S.P., en contra de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte. II) N. y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al lugar de su procedencia.

J.F.B., Magistrado Vocal Quinto, Presidente de la Cámara Penal; D.M.D.S., Magistrada Vocal Cuarta; J.A.P.B., Magistrado Vocal Décimo Primero; M.D.B., Magistrado Vocal Décimo Tercero. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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