Sentencia nº 2424-2019 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 26 de Noviembre de 2020

Fecha de Resolución26 de Noviembre de 2020
EmisorCorte Suprema

26/11/2020 – AMPARO

2424-2019

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

I)Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con los números de actas cuarenta y cinco guion dos mil diecinueve (45-2019) de fecha once de octubre de dos mil diecinueve y cuarenta guion dos mil veinte (40-2020) de fecha doce de octubre de dos mil veinte, correspondientes a las sesiones extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo solicitado por la entidadSERVICIOS DIVERSOS DE RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA,en contra de laSALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.La compareciente actúa bajo el patrocinio de la abogada A.M.A.S..

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición: treinta de agosto de dos mil diecinueve.

B) Acto reclamado: auto del doce de junio de dos mil diecinueve proferido por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la postulante; en consecuencia, confirmó la resolución del seis de diciembre de dos mil dieciocho emitida por el Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala que declaró sin lugar el incidente de consignación promovido por la entidad Servicios Diversos de Recursos Humanos, Sociedad Anónima a favor de L.M.S.R..

C) Fecha de notificación a la postulante: ocho de agosto de dos mil diecinueve.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: derecho de defensa y debido proceso.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A) De lo expuesto por la postulante y de los antecedentes del amparo, se resume lo siguiente: a) ante el Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, la entidad Servicios Diversos de Recursos Humanos, Sociedad Anónima promovió incidente de consignación de prestaciones laborales a favor de L.M.S.R.. b) El juez a quo, mediante resolución del seis de diciembre de dos mil dieciocho declaró sin lugar el incidente de pago por consignación antes descrito, al estimar que la parte consignataria se opuso al incidente, toda vez que este no era un proceso de conocimiento, y la trabajadora estaba en la disponibilidad de conciliar para recibir su cheque en concepto de pago de prestaciones laborales, por lo que se oficiará al centro de mediación a efectos de citar a las partes y llevar a cabo una audiencia conciliatoria. c) Contra lo resuelto, la amparista interpuso recurso de apelación; la Sala cuestionada con fecha doce de junio de dos mil diecinueve lo declaró sin lugar al considerar que, en el presente expediente, sí se cumplió con los requisitos de la consignación y no abrirlo a prueba no significaba que no haya sido calificada y valorada la documentación presentada, pues era evidente que la consignataria no se ha opuesto a la recepción de las prestaciones consignadas en el presente caso, por lo que la resolución impugnada se encontraba apegada a derecho. d) La postulante planteó amparo y argumentó que la autoridad impugnada le vulneró sus derechos fundamentales, al confirmar lo resuelto en primera instancia, toda vez que el juez a quo relevó del período de prueba cuando oportunamente tuvo por admitidos los medios de prueba y por tratarse de una cuestión de hecho debió abrir a prueba el incidente; por consiguiente la autoridad impugnada tampoco enmendó el procedimiento al haber incurrido el juez en error sustancial porque omitió abrir a prueba el incidente, pues solo agotó la fase de ofrecimiento. e) Petición concreta: solicitó se otorgue el amparo planteado, se restauren sus derechos y se ordene a la Sala cuestionada que emita nueva resolución apegada a derecho.

B) Casos de procedencia: citó el artículo 10 incisos a), b), c), d) y h) de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: invocó los artículos 5, 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 3, 4, 16, 135 y 139 de la Ley del Organismo Judicial; 326 del Código de Trabajo.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: no se decretó.

B) Tercera interesada: L.M.S.R..

C) Remisión de antecedentes: primera instancia: copia digital del expediente número 01215-2018-02600 del Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala; segunda instancia: copia digital del expediente de apelación número 01215-2018-02600, recurso 1 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

D) Prueba: se prescindió en resolución de fecha doce de marzo de dos mil veinte.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) La postulante reiteró los argumentos vertidos en el memorial de interposición.

B) L.M.S.R., tercera interesada, en el escrito de evacuación de audiencia, manifestó que la autoridad impugnada no vulneró derecho alguno de la amparista al haber confirmado lo resuelto por el juez de primera instancia y lo que pretende la entidad postulante es que por medio del amparo se revise lo actuado en las dos únicas instancias que están reguladas en la ley, conforme el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Solicitó se declare sin lugar el amparo solicitado.

C) El Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A. y Exhibición Personal, al evacuar la audiencia conferida, manifestó que la autoridad reclamada, no transgredió ningún derecho fundamental que le asista a la postulante, sino más bien su inconformidad deviene de la simple actividad jurisdiccional, la cual, si bien es contraria a sus intereses personales, no es violatoria de los derechos que la ley le reconoce. Solicitó se deniegue el amparo solicitado.

CONSIDERANDO

-I-

De la naturaleza del amparo: con fundamento en el artículo 265 del texto constitucional y el segundo considerando de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el amparo se instituye como una garantía contra la arbitrariedad de un acto, disposición, resolución o ley de autoridad, con carácter de extraordinaria y subsidiaria, con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violación a sus derechos o como un restaurador, en caso la infracción ya hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes garantizan.

De la existencia del agravio: I.B., en su obra “El Juicio de A., (editorial P., México Distrito Federal, mil novecientos ochenta y tres, página doscientos setenta), el agravio consiste en la causación de un daño, de un perjuicio o de una afectación cometida a la persona en su esfera jurídica; según este autor el agravio consta de varios elementos: a) material: consistente en el daño o perjuicio ocasionados por una autoridad, en ejercicio del poder público, que viola un derecho fundamental y que además es producido invadiendo las esferas de competencia constitucional o legal. b) Jurídico: forma, ocasión o manera en la cual la autoridad estatal causa el daño o el perjuicio, es decir mediante la violación de garantías individuales o por conducto de la extralimitación, o mejor dicho de la interferencia de competencias constitucionales o legales. c) Subjetivo: la persona determinada, bien sea física o moral sobre la que recae el agravio.

No causa agravio la decisión de la Sala denunciada que, en correcto uso de sus facultades, confirma la resolución dictada por el juez de trabajo y previsión social por medio de la cual declaró sin lugar el incidente de consignación de pago de prestaciones laborales.

La entidad postulante argumentó que la autoridad impugnada le vulneró sus derechos de defensa y debido proceso, al confirmar lo resuelto por el juez a quo pues este no abrió a prueba el incidente de consignación, a pesar de que se tuvieron por ofrecidos los medios de prueba, pero no fueron diligenciados ni valorados, ya que se relevó de prueba lo cual no procedía, toda vez que por la naturaleza del proceso era necesario la apertura a prueba y la Sala denunciada no enmendó el procedimiento, en virtud que al haber comprobado el error sustancial, debió declarar nulo el auto de primera instancia y que por haberlo solicitado las partes del proceso se abriera a prueba el incidente.

-II-

El artículo 569 del Código Procesal Civil y M., estipula que para que la consignación sea aprobada y surta sus efectos, es necesario que concurran todos los requisitos para que el pago sea válido, en cuanto a las personas, objeto, lugar, modo y tiempo; además, el artículo 568 de la norma jurídica precitada, establece que la petición de consignación se tramitará en forma de incidente y el artículo 139 de la Ley del Organismo Judicial, dispone que cuando el incidente se refiera a cuestiones de hecho, y fuere requerido por cualquiera de las partes o cuando el juez lo considerare necesario, se abrirá a prueba por el plazo que contempla la ley precitada. Con base en lo anterior, este Tribunal Constitucional es del criterio que, con la normativa vigente, en el escrito inicial que las partes presentan en un incidente -el incidentante al interponerlo y la contraparte al evacuar la audiencia-, deben detallar cuáles medios de prueba sustentarán su pretensión -ofrecimiento-, esto con la finalidad que, garantizando el contradictorio, las partes procesales tengan conocimiento de qué medios de prueba pueden ser admitidos y diligenciados con posterioridad. En cuanto a la siguiente etapa -proposición-, la cual da inicio cuando se abre a prueba el incidente, las partes deben proponer sus medios de convicción, siendo este el momento procesal en que los sujetos procesales tienen la posibilidad de precisar el o los medios probatorios que efectivamente el juez debe diligenciar, los cuales le servirán para el razonamiento de su decisión. Al hacer el análisis que corresponde, se establece que en el presente caso en la jurisdicción ordinaria dentro del incidente de consignación se corrió audiencia a la parte consignataria para que se manifestara respecto de la consignación, la cual se opuso, manifestando que: “…ella estaba en la disponibilidad de conciliar para recibir su cheque en concepto de pago de prestaciones laborales, por lo que solicitó audiencia para la recepción del mismo y para la entrega de la constancia laboral regulada en el artículo 87 del Código de Trabajo”. Por lo anterior, el juez a quo relevó de prueba y resolvió sin lugar el incidente de consignación, librando oficio al centro de mediación para que se citara a las partes a la audiencia conciliatoria; asimismo, por improcedente no ha lugar a tener por presentada la constancia laboral, toda vez que ese no era el objeto de la consignación. Lo anterior, evidencia que a pesar de tratarse de una cuestión de hecho, el juzgador determinó que no podía tenerse por ofrecida la constancia laboral, pues en un incidente de consignación, no puede determinarse la procedencia del pago de indemnización y demás prestaciones laborales, ni declararse como válido y bien hecho el pago efectuado en ese concepto, puesto que esas circunstancias deben ser determinadas por un Juez de Trabajo y Previsión Social, una vez sustanciado el juicio ordinario de conocimiento correspondiente. Finalmente, se considera importante hacer referencia a que la consignación en materia laboral, únicamente procede en el caso de negativa del trabajador a recibir el pago de indemnización y demás prestaciones que le corresponden.

Este tribunal constitucional en cuanto al primer agravio, del análisis de los antecedentes del presente amparo, así como los argumentos manifestados por la entidad Servicios Diversos de Recursos Humanos, Sociedad Anónima, solicitante de la presente acción constitucional en su memorial de interposición, establece que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social al emitir el acto reclamado, procedió en el ejercicio de sus facultades y conforme a los principios constitucionales, toda vez que esta Cámara no considera lesivo a los derechos de la entidad postulante la decisión del juez de primera instancia (confirmada por la Sala impugnada), de no abrir a prueba el incidente que subyace al amparo, en virtud que la decisión asumida tanto en primera instancia y confirmada por la Sala denunciada, versó acerca de que la parte incidentada en la audiencia que le fue conferida por el plazo de dos días, manifestó que: “…en ningún momento se ha opuesto al pago de las prestaciones laborales que le corresponden por el monto de ciento ochenta y ocho mil quinientos treinta y cinco quetzales con ochenta y ocho centavos, por lo cual es falso que se ha negado a recibir dicho monto y está dispuesta a recibir el cheque en el concepto de las prestaciones laborales, solicitando se señale audiencia para la recepción del mismo...”, por lo cual en la jurisdicción ordinaria se determinó que la consignación relacionada no cumplía con los presupuestos contemplados en el artículo 569 del Código Procesal Civil y M., criterio que como se indicó no es revisable mediante amparo.

En relación al segundo agravio expuesto por la entidad amparista, en el que estima que la autoridad impugnada debió enmendar el procedimiento y ordenar al juez de primera instancia que abriera a prueba el incidente de consignación, esta Cámara establece que la sala recurrida al resolver que la documentación ofrecida y recibida fue debidamente calificada y valorada, por lo que no era procedente la enmienda de procedimiento, no evidencia indefensión alguna de la amparista, toda vez que la enmienda de procedimiento es una facultad discrecional de la autoridad. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha manifestado que la enmienda de procedimiento es una facultad que la ley le otorga al Juez para que éste, en el ejercicio de su cargo, cuando considere que dentro de las constancias procesales se ha cometido error sustancial que afecte derechos de las partes o contravenga las disposiciones preestablecidas en la ley, pueda, de oficio, enmendar el procedimiento con el objeto de dejar sin efecto las actuaciones que causen afectación. En igual sentido se ha pronunciado esta Corte en sentencias de veinticinco de junio de dos mil diez, veinticinco de enero y once de marzo, ambas de dos mil once, dictadas en los expedientes un mil trece - dos mil diez (1013-2010), cuatro mil setenta y seis - dos mil diez (4076-2010) y cuatro mil trescientos seis - dos mil diez (4306-2010), respectivamente.

Con base en lo considerado, este Tribunal Constitucional advierte que la denuncia de la entidad postulante formulada por vía del amparo, expresa su inconformidad con lo resuelto por la autoridad reprochada y no una vulneración de derechos fundamentales; de esa cuenta, el hecho de que lo resuelto no sea acorde con su pretensión no es motivo o razón suficiente para instar la presente acción constitucional, por lo que el amparo solicitado es improcedente y así deberá declararse en la parte resolutiva del presente fallo.

Doctrina legal: la Corte de Constitucionalidad ha manifestado con respecto a la inexistencia de agravio lo siguiente: i) “…El amparo resulta improcedente, por falta de agravio, cuando de lo actuado se determina que la autoridad reclamada ha procedido conforme las normas legales que rigen su actuación, y no se evidencia violación de ningún derecho garantizado por la Constitución…”, sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil tres, expediente 1069-2003; en el mismo sentido se pronunció en sentencia: ii) de fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro proferida en el expediente 1156-2004; iii) sentencia de fecha doce de enero de dos mil diez emitida dentro del expediente 3360-2009.

-III-

Lo anteriormente considerado, evidencia la notoria improcedencia del amparo, porque no ha habido restricción ni limitación alguna de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan; en consecuencia, debe denegarse, por lo que se condena en costas a la entidad interponente y se impone multa a la abogada patrocinante por ser la responsable de la juridicidad en el planteamiento del amparo.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44 y 45 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 3 inciso a) del Auto Acordado 1-2013; 29 y 35 del Acuerdo 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdos 44-92 y 38-2019 ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO,con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA:I) DENIEGApor improcedente el amparo solicitado por la entidadSERVICIOS DIVERSOS DE RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA,en contra de laSALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. II)Se condena en costas a la entidad postulante y se impone multa de mil quetzales a la abogada patrocinante A.M.A.S., quien deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme el presente fallo, cuyo cobro en caso de insolvencia, se hará por la vía legal correspondiente;III)Oportunamente, remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada de la sentencia, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.IV)Notifíquese, con certificación de lo resuelto devuélvase la documentación relacionada al lugar de su procedencia y archívese el expediente.

V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera, Presidenta Cámara de A. y A.; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; J.F.B., Magistrado Vocal Quinto; M.D.B., Magistrado Vocal Décimo Tercero. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.