Sentencia nº 1061-2017 de Corte Suprema de Justicia - Supreme Court de 8 de Diciembre de 2017

PresidenteSanciones Adminitrativas
Fecha de Resolución 8 de Diciembre de 2017
EmisorSupreme Court

08/12/2017 – AMPARO

1061-2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, ocho de diciembre de dos mil diecisiete.

I)Se integra con los magistrados suscritos.II)Se tiene a la vista para dictar sentencia en el amparo solicitado por elESTADO DE GUATEMALA,en contra de laSALA TERCERADE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.El compareciente actúa bajo el patrocinio de la abogada C.E.C.R..

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición: quince de mayo de dos mil diecisiete.

B) Acto reclamado: sentencia del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el amparista y con lugar el planteado por J.J.H.G. en contra de la sentencia del diez de mayo de dos mil dieciséis dictada por el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, modificándose la resolución impugnada en el sentido que se le ordenaba al Estado de Guatemala, por medio de la autoridad nominadora: Ministerio de la Defensa Nacional que dejara sin efecto las sanciones impuestas en: i) boleta C diagonal F guion OP guion ciento veintitrés guion EECF guion jecp guion dos mil doce (C/F-OP-123-EECF-jecp-2012) y ii) boleta C diagonal F guion OPP guion ciento veintidós guion EECF guion jecp (C/F-OPP-122-EECF-jecp), así como los seis deméritos adicionales que resultaron como consecuencia de haber sido rechazadas las revisiones de las dos boletas referidas.

C) Fecha de notificación al postulante: diecinueve de abril de dos mil diecisiete.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: defensa, debido proceso, principio de legalidad y de juridicidad.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO

A) De lo expuesto por el Estado de Guatemala y de los antecedentes del amparo, se resume lo siguiente: a) ante el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, J.J.H.G. promovió juicio ordinario laboral para determinar la juridicidad de los actos administrativos impuestos en su contra por el Estado de Guatemala, a través de la autoridad nominadora: Ministerio de la Defensa Nacional. Manifestó el demandante que ostenta el rango de oficial del Ejército de Guatemala, con el grado de M. en el Arma de Ingenieros. Que por medio de las boletas: i) C diagonal F guion OP guion ciento veintitrés guion EECF guion jecp guion dos mil doce (C/F-OP-123-EECF-jecp-2012) y ii) C diagonal F guion OPP guion ciento veintidós guion EECF guion jecp (C/F-OPP-122-EECF-jecp), le fueron impuestas sanciones disciplinarias las cuales son ilegales e improcedentes por no haberse acatado lo dispuesto en el Reglamento de Sanciones Disciplinarias en el Ejército de Guatemala, toda vez que no se cumplió con el derecho de defensa y el debido proceso. b) La juez a quo emitió sentencia del diez de mayo de dos mil dieciséis en la cual declaró con lugar la demanda planteada al estimar que en el presente caso no se procedería a hacer un análisis de todos los medios de prueba que se presentaron al proceso, pues se debía acoger lo solicitado por el demandante, ya que al no haberse exhibido por parte del Estado de Guatemala el expediente que contenía el procedimiento disciplinario aludido en la demanda para poderse verificar el cumplimiento de las garantías laborales establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y del Trabajo, se tenían por ciertas las afirmaciones de la parte actora con base en el actuar del postulante, ya que al no haber puesto a la vista el procedimiento disciplinario administrativo se determinaba en forma fehaciente que las sanciones impuestas al demandante no cumplieron con los requisitos de fondo y forma establecidos en el Reglamento de Sanciones Disciplinarias en el Ejército de Guatemala, en consecuencia se ordenó al amparista que dejara sin efecto las sanciones disciplinarias que le fueron impuestas al denunciante. c) Inconformes las partes interpusieron recursos de apelación y la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en sentencia del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete declaró: i) sin lugar el interpuesto por el postulante; ii) con lugar el planteado por J.J.H.G., modificándose la resolución impugnada en el sentido que se le ordenaba al Estado de Guatemala, por medio de la autoridad nominadora: Ministerio de la Defensa Nacional que dejara sin efecto las sanciones impuestas en boletas: ii.i) C diagonal F guion OP guion ciento veintitrés guion EECF guion jecp guion dos mil doce (C/F-OP-123-EECF-jecp-2012); ii.ii) C diagonal F guion OPP guion ciento veintidós guion EECF guion jecp (C/F-OPP-122-EECF-jecp), así como los seis deméritos adicionales que resultaron como consecuencia de haber sido rechazadas las revisiones de las dos boletas referidas. Al estimar que la juzgadora observó el principio de jerarquía constitucional al determinar que en las sanciones administrativas impuestas al demandante, se le limitaron los derechos reconocidos a su favor en la Constitución Política de la República de Guatemala, en las leyes y los Tratados Internacionales ratificados por Guatemala, particularmente el principio del debido proceso, pues la autoridad nominadora no demostró que previamente a imponérsele las sanciones disciplinarias al demandante, se le haya dado la oportunidad de defenderse, por tal motivo era procedente que se decretara la nulidad de las sanciones disciplinarias que le fueron impuestas al trabajador denunciante. d) El Estado de Guatemala planteó amparo y manifestó que la Sala al momento de emitir el acto reclamado atentó contra el ordenamiento jurídico del país y se extralimitó en sus facultades, actuando en evidente abuso de autoridad, debido a que las sanciones disciplinarias impuestas al demandante fueron apegadas al ordenamiento jurídico que rige al Ejército de Guatemala, toda vez que al momento de acumularse deméritos no era procedente que se le promoviera para un ascenso dentro de la institución. e) Petición de fondo: solicitó que al dictarse sentencia se declare con lugar el amparo promovido, se revoque el acto reclamado y se hagan las demás declaraciones de ley.

B) Casos de procedencia: citó el artículo 10 incisos a), b), c), d) y h) de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: invocó los artículos 12, 108, 154 y 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 333, 334, 337, 347 y 368 del Reglamento para el Servicio Militar en Tiempos de Paz; artículo 10 inciso A), numeral 1 inciso d), numeral 2 inciso g), numeral 66 y numeral 191 del Reglamento de Sanciones Disciplinarias en el Ejército de Guatemala y 1º del Decreto número 72-90 del Congreso de la República de Guatemala.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: esta Cámara lo decretó en auto del treinta de mayo de dos mil diecisiete.

B) Terceros interesados: Inspección General de Trabajo, Ministerio de la Defensa Nacional y J.J.H.G..

C) Remisión de antecedentes: primera instancia: ordinario laboral número 01173-2014-02811 del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala; segunda instancia: recurso de apelación número 1 del expediente 01173-2014-02811 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

D) Prueba: se relevó en resolución del veintisiete de agosto de dos mil diecisiete.

ALEGATOS DE LAS PARTES

A) El postulante, en la evacuación de la audiencia concedida expuso que reiteraba en todos y cada uno de sus puntos los conceptos vertidos en el escrito de interposición.

B) El tercero interesado, Ministerio de la Defensa Nacional, al evacuar la audiencia conferida argumentó que la Sala denunciada se extralimitó en sus funciones al dejar sin efecto las sanciones impuestas al demandante, pues las mismas fueron emitidas conforme a las disposiciones internas que rigen a la institución castrense, por lo anterior pidió que la acción de amparo se resuelva conforme a derecho y se efectúen las demás declaraciones que en derecho correspondan.

C) El tercero interesado, Inspección General de Trabajo, a pesar de encontrarse debidamente notificado no evacuó la audiencia concedida.

D) El tercero interesado, J.J.H.G., expuso en la evacuación de la audiencia, que la acción constitucional instada no es clara ni precisa en cuanto a los derechos constitucionales violados, siendo notorio que lo único que se pretende es retardar la sentencia emitida por los órganos jurisdiccionales, lo cual no es permitido por la ley de la materia. Pidió que el amparo planteado se deniegue.

E) El Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A. y Exhibición Personal, al hacer uso de la audiencia que le fue conferida expuso que la autoridad impugnada actuó en el ejercicio de sus facultades legales al momento de emitir el acto reclamado, lo cual no conculcó los derechos constitucionales denunciados por el amparista. Solicitó que el amparo sea denegado y se emitan las restantes declaraciones que en derecho correspondan.

CONSIDERANDO

-I-

En materia judicial el amparo opera como un medio contralor de la actuación de los tribunales, para que se enmarquen dentro del Debido Proceso y la correcta aplicación de la ley. No procede cuando se pretende la revisión de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional en ejercicio de sus facultades; cuando en la actuación judicial que se reclama no ha producido agravio a los derechos constitucionales de la entidad accionante, no existe base para el otorgamiento y protección que el amparo conlleva.

El Estado de Guatemala planteó amparo y manifestó que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, atentó contra el ordenamiento jurídico del país y se extralimitó en sus facultades al momento de emitir el acto reclamado, con dicho proceder actuó en evidente abuso de autoridad, debido a que las sanciones disciplinarias aplicadas al demandante fueron apegadas al ordenamiento jurídico que rige al Ejército de Guatemala, toda vez que al momento de acumularse los deméritos impuestos, no era procedente que se le promoviera para un ascenso dentro de la institución castrense, no siendo procedente que se dejaran sin efecto las sanciones que le fueron imputadas a la parte actora.

-II-

El artículo 250 de la Constitución Política de la República de Guatemala, regula: “El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la Constitución, su Ley Constitutiva y reglamentos militares”. Por su parte el artículo 17 del Decreto número 72-90 del Congreso de la República de Guatemala (Ley Constitutiva del Ejército) contempla que: “El Ministro de la Defensa Nacional, bajo las órdenes del C. General del Ejército, ejercerá el mando y la administración del Ejército de Guatemala; en ese concepto tendrá las funciones siguientes: 1) Aprobar los planes que presente el estado M. de la Defensa Nacional, relativos al empleo táctico y estratégico del Ejército. 2) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias del Ministerio; así como en lo relacionado con la organización y dirección del Ejército en sus aspectos técnico y administrativo. 3) Cumplir y hacer que se cumplan las leyes y reglamentos militares”. El artículo 1 del Reglamento de Sanciones Disciplinarias en el Ejército de Guatemala (Acuerdo Gubernativo 2-2008 de la Presidencia de la República) preceptúa: “El presente reglamento tiene por objeto regular sanciones por acciones u omisiones de carácter administrativas u operativas en que incurran los Oficiales de Carrera, Oficiales de Reserva, Oficiales Asimilados, Especialistas, Tropa, personal de la Fuerza Disponible cuando se encuentren en funciones del servicio y personal por contrato de trabajo, por el incumplimiento e inobservancia de las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas Militares, específicamente las conductas que no constituyan delito”.

El artículo 353 del Código de Trabajo regula: “Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el juez la ordenará para la primera comparecencia, conminando a la parte demandada, si fuere esta la que deberá exhibirlos, con una multa de cincuenta a quinientos quetzales en caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba… debiéndose conminar por el tribunal a quien deberá exhibirlos para tal fin, con las multas establecidas en el párrafo precedente, si no cumpliere con el mandato del tribunal” (sobresaltado no aparece en el texto original).

-III-

Esta Cámara del análisis de la acción constitucional instada por el Estado de Guatemala, las normas jurídicas precitadas y los expedientes que sirven de antecedente al amparo, establece que el tribunal de primera instancia y la autoridad recurrida al emitir el acto reclamado, se fundamentaron en el hecho de que el amparista, no exhibió el expediente administrativo disciplinario promovido en contra de J.J.H.G. (demandante), lo que produjo que se presumieran ciertos los hechos afirmados en la demanda (artículo 353 del Código de Trabajo); lo que ameritó que el tribunal de primer grado dictará sentencia condenatoria, tomando como asidero el sistema de apreciación de la prueba en conciencia, que informa el Derecho Laboral en nuestro país, lo que le permitió tomar su decisión en congruencia con los principios de equidad y justicia.

Dentro de ese contexto, la jueza consideró trascendental el hecho de que el Estado de Guatemala (autoridad nominadora: Ministerio de la Defensa Nacional), fue debidamente notificado de la demanda, que no se desvirtuó lo afirmado por el demandante; lo que encontró sustento legal en el principio de inversión de la carga de la prueba contenido en los artículos 30, 78 y 353 del Código de Trabajo, que obligaban a la parte patronal a exhibir el expediente administrativo disciplinario y demostrar en juicio que en las sanciones impuestas al demandante se cumplieron con los derechos constitucionales del debido proceso y derecho de defensa consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Por lo expuesto precedentemente, este Tribunal Constitucional concluye que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, al conocer en alzada del recurso de apelación interpuesto por el Estado de Guatemala, actuó dentro de sus facultades legales, tal y como lo preceptúan los artículos 203 Constitucional y 372 del Código de Trabajo, por consiguiente, no se configura el agravio denunciado por el postulante, ya que como se indicó con anterioridad, la autoridad reclamada, concentró su análisis respecto a la no exhibición del expediente administrativo disciplinario al que se hizo alusión en la demanda instada en contra de la parte patronal, medio de prueba que fue requerido por el demandante y se conminó al demandado para que lo exhibiera tal como consta en el numeral romano X) de la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce emitida por el tribunal de primera instancia, la cual obra a folio veintiséis de la pieza identificada como juicio ordinario laboral número 01173-2014-02811 del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, habiéndosele respetado el derecho de defensa y el principio jurídico del debido proceso al amparista.

Por lo anteriormente expuesto el amparo instado por el Estado de Guatemala debe ser denegado dada la inexistencia de los agravios denunciados, pues la autoridad impugnada resolvió conforme el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley, no vulnerando de esa forma derecho constitucional alguno de la entidad postulante.

Doctrina legal: la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado sobre la falta de agravio de la forma siguiente: i) sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro, proferida en el expediente 1156-2004 que señaló: “… Hay agravio cuando una persona es afectada por un acto que le perturbe algún derecho constitucional. Siendo éste un elemento esencial para la procedencia del amparo, sin su concurrencia no es posible el otorgamiento y protección que conlleva…”; en este mismo sentido se pronunció en: ii) expediente 999-2010 en sentencia del veintiséis de octubre de dos mil diez y iii) fallo del veintisiete de mayo de dos mil catorce, emitido en el expediente 5006-2013.

-IV-

Como consecuencia de lo anteriormente señalado el amparo planteado deviene notoriamente improcedente, no obstante lo anterior no se condena en costas al amparista ni se impone la multa correspondiente a la abogada patrocinante por defenderse los intereses de la nación.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44 y 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 29 y 35 del Acuerdo 1-2013 e inciso a) del artículo 3 del Auto Acordado 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdo 44-92 de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMADE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO,con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, DECLARA:I) DENIEGApor notoriamente improcedente el amparo interpuesto por elESTADO DE GUATEMALA,en contra de laSALA TERCERADE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. II)Se revoca el amparo provisional decretado en auto del treinta de mayo de dos mil diecisiete.III)No se condena en costas al postulante ni se impone multa a la abogada patrocinante por las razones consideradas.IV)Oportunamente, remítase a la Honorable Corte de Constitucionalidad copia certificada de la presente sentencia, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.V)N. y con certificación de lo resuelto devuélvase la documentación relacionada al lugar de su procedencia.

V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera, Presidenta Cámara de Amparo y A.; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; S.A.P.C., Magistrado Vocal Sexto; E.M.G.E., Magistrada Vocal Décima Tercera. R.E.L.C., Secretario de la Corte Suprema de Justicia.

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