Sentencia nº 3679-2014 de Corte de Constitucionalidad, 5 de Abril de 2016

Fecha de Resolución: 5 de Abril de 2016
Número de expediente:3679-2014
Nº de Gaceta:120
Disposiciones impugnadas:Administrativo -Leyes --Ley General de Electricidad ---Artículo 41
Tipo de expediente:Inconstitucionalidad de Carácter General
Sentido del fallo:Sin Lugar
 
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INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL PARCIALEXPEDIENTE 3679-2014CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS, G.P.P.E., QUIEN LA PRESIDE, M.D.L.A.A.B., M.R.C.C., H.H.P.A., R.M.B., R.A.S.Y.J.C.M.S.:Guatemala, cinco de abril de dos mil dieciséis.

Para dictar sentencia, se tiene a la vista la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por la Asociación de Desarrollo Integral “M.C.”, por medio de su P. y R.L., R.M.C.X., contra los artículos 1º, inciso c); 13, 22, inciso a); 27, 32, 33, 39, 40 y 41 todos del Decreto 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Electricidad. La postulante actuó con el auxilio profesional de los abogados E.M.J.G., M.E.F.R. y C.L.A. de León. Es ponente en el presente caso la Magistrada Presidenta, G.P.P.E., quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN:

La argumentación de la accionante, respecto de las normas impugnadas de inconstitucionalidad, se resume:a)a su juicio, los artículos 1º inciso c); 13, 22 inciso a) y 27, todos del Decreto 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Electricidad, violan los incisos b) y c) del artículo 253 constitucional, con base a la siguiente argumentación:i. en relación al inciso c) del artículo 1ºimpugnado, al establecer que el Ministerio de Energía y Minas pueda conceder la autorización sobre el transporte de electricidad que implique la utilización de bienes de dominio público, no obstante que el M.T. en los incisos b) y c) del artículo 253, determina que corresponde a los municipios disponer de sus recursos, atender el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios; si bien es cierto que la Ley Suprema en cuanto al tema de electricidad contiene un régimen similar de autorización de la utilización de bienes de dominio público, cabe señalar que el artículo 129 del Magno Texto, refiere que los planes deben ser formulados por“el Estado y las municipalidades”,de tal suerte se restringe la autonomía municipal, al no tomar en cuenta al ente edil para la autorización a que hace referencia la norma reprochada;ii. en cuanto al artículo 13 impugnado,señala que se da una clara violación a los incisos b) y c) del artículo 253 del Texto Supremo, puesto que son los municipios los únicos que por mandato constitucional pueden disponer de sus recursos, dentro de los cuales se encuentran los bienes inmuebles de dominio público municipal, además son estos los que pueden determinar el monto de las rentas que deberán pagárseles por la utilización de esos bienes comunales, ignorando con ello la norma impugnada que de conformidad con el artículo 129 constitucional debe de tomar en cuenta al ente edil;iii. refiere que también es violatorio el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Electricidad,con los incisos b) y c) del artículo 253 del M.T., puesto que constituye un agravio directo a la autonomía municipal, al limitar a los municipios en su facultad de atender el ordenamiento territorial de su jurisdicción, al otorgar facultades al Ministerio de Energía y Minas para que puede autorizar la utilización los bienes de dominio público, cruzar ríos, puentes, vías férreas y líneas de transporte y distribución de electricidad, no obstante que la Constitución Política de la República señala que, en el caso de la electricidad, pueden formularse planes, pero deben hacerlo el Estado y las municipalidades, en conjunto;iv. respecto al artículo 27 impugnado,señala que este es violatorio a los incisos b) y c) del artículo 253 constitucional, puesto que autoriza que en la circunscripción municipal se concedan servidumbres en predios de dominio público y la obligación arbitraria para el ente edil de coadyuvar en la constitución y establecimiento de las mismas, sin atender a los planes de ordenamiento territorial del respectivo municipio, ni a los planes que tenga el mismo para el aprovechamiento de sus bienes públicos, impidiendo al ente edil ejercer su función constitucional de disponer de sus recursos y con ello de realizar cobros por la utilización particular de los bienes municipales, solo le queda convenir y coadyuvar en la constitución de servidumbre y no puede realizar ningún cobro de renta por las construcciones civiles que conlleve el trabajo de explotación y las construcciones necesarias para la servidumbre, negando a las municipalidades su competencia natural, de autorizar la construcción de obras que requiera el desarrollo de actividades con lo cual dicha normativa es inconstitucional;b) por otro lado refiere la accionante que el artículo 32 impugnadoviola el artículo 39 constitucional, puesto que este no garantiza la propiedad privada, en vista que cualquiera adjudicatario que haya logrado la constitución de una servidumbre al tenor de la Ley General de Electricidad -servidumbres legales de utilidad pública-, podrá desposeer de su propiedad a las personas, para ocuparlas, debiendo permitir el paso de inspectores, trabajadores y equipo, para reparaciones o modificaciones, prohibiéndole construir, sembrar y en general, utilizar la tierra dentro de la servidumbre y en todo caso, cultivar y usar la tierra en aéreas que no afecten las libranzas eléctricas, pero bajo su cuenta y riesgo;c) que el artículo 33 impugnado,contraviene el artículo 39 y el segundo párrafo del artículo 40, ambos de la Constitución Política de la República de Guatemala:i.en cuanto a la violación del primer artículo constitucional, refiere que tal normativa, posibilita que un adjudicatario, obligue por un simple procedimiento incidental, al titular de una propiedad privada, a constituir una servidumbre, cuando no se llegue a un convenio o acuerdo, puesto que la norma no prevé que la autorización -de la servidumbre- solo pueda concederse judicialmente por un proceso completo de cognición o conocimiento, cuando no exista convenio con el propietario privado, pues si lo hubiera previsto entonces el propietario podría defenderse en juicio y no en una cuestión accesoria que no tiene un proceso principal. La norma impugnada simplemente dispone que en el caso de no llegarse a un acuerdo en cuanto al monto de la indemnización cualquiera de las partes podrá acudir a un juez de instancia civil para que mediante el trámite de los incidentes se resuelvan en definitiva, resoluciones contra las cuales no cabrá recurso de apelación, privando al propietario de su derecho constitucional contenido en el artículo 39, fijándose el monto de una indemnización sin más trámite. La disposición impugnada regula la ocupación de predio ajeno para constitución de servidumbre, sin autorización o convenio de su propietario, por medio de una declaración judicial emanada de un incidente, que no deviene de un proceso de conocimiento principal, quedando impedido de aprovechar su propiedad en la parte que pasa a ser ocupada por la servidumbre y sin derecho último de que la decisión judicial sea motivo de revisión por algún recurso de alzada;ii.en relación a la violación al segundo párrafo del artículo 40 constitucional, señala que se contraviene el derecho a que la propiedad privada solo puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social y de interés público debidamente comprobado, por lo que, tal normativa permite la fijación de una indemnización por constituir una servidumbre, sin una justipreciación de expertos, servidumbre que tendrá el mismo plazo que tendrá la licencia de explotación y sus prorrogas, por lo que virtualmente lo que hace es conceder la expropiación por fijación de indemnización sin que se instituya un proceso previo de conocimiento;d)también señala de inconstitucional elartículo 39 de la Ley General de Electricidad,porque a su criterio este contraviene el artículo 12 constitucional al establecer un procedimiento“exageradamente sencillo”, en virtud del cual el titular interesado en establecer una servidumbre, que no localice a un propietario o poseedor, puede presentar la solicitud no a un J., sino al Ministerio y con simples avisos en la municipalidad jurisdiccional del predio afectado y en la misma finca, se tendrá por notificado y podrán ser afectados los derechos del propietario o poseedor, teniéndose por determinado que se cumplió con el derecho de audiencia previa, no se dispone que sea mediante un proceso que tenga que agotarse en el que por menos se publique el aviso en el Diario Oficial o uno de mayor circulación, vulnerando con ello el derecho de defensa y el principio del debido proceso;e) refiere que el artículo 40 impugnado,viola los artículos 12 y 203 constitucional, en cuanto al primero de los artículos constitucionales, refiere que conforme al procedimiento establecido en el artículo refutado, resulta que en la vía administrativa, sin que este sea un proceso ante Juez competente, implique la declaración de un derecho de constitución obligada de servidumbre, siendo este un procedimiento contrario al derecho de defensa y al principio del debido proceso. En cuanto a la violación del artículo 203 constitucional refiere que el artículo impugnado permite a una autoridad administrativa, conocer y juzgar sobre un hecho denunciado por un adjudicatario en el sentido de que hay oposición de un propietario o poseedor de inmueble en otorgar una servidumbre, para que luego de un proceso sencillo y administrativo, pueda el Ministerio hacer una declaración sobre la procedencia de constituir una servidumbre legal de utilidad pública. Resulta entonces que por mandato del precepto legal impugnado de inconstitucionalidad una autoridad administrativa se abroga el derecho de administrar justicia y hacer una declaración que implica la constitución de un derecho real que afecta la propiedad o tenencia sobre un bien inmueble;f) refiere que el artículo 41 impugnadoes violatorio del artículo 12 constitucional puesto que este establece un procedimiento en virtud del cual un propietario de bien inmueble puede ser afectado en su derecho...

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