de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema

PonenteAsesinato; Asesinato en grado de tentativa; Lesiones graves; Asociación Ilícita; Obstrucción extorsiva de tránsito; Exacciones intimidatorias
EmisorCorte Suprema

23/06/2023 – MAYOR RIESGO

437-2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA PENAL. Guatemala, veintitrés de junio de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con el punto segundo del acta número cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022), de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se procede a resolver la solicitud formulada por la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, abogada M.C.P.A., para determinar la competencia penal por M.R. del proceso número cero tres mil tres guion dos mil quince guion cero cero cero veinticuatro (03003-2015-00024), que se encuentra en trámite en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad del departamento de S. y en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Sololá, en sus respectivas etapas procesales, en el cual indicó que en el Juzgado no hay personas vinculadas al proceso, solo pendientes de captura y, en el Tribunal se encuentran las siguientes personas ligadas a proceso: H.E.D.C. y H.G.I.C., ambos por los delitos de asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, exacciones intimidatorias y asesinato.

ANTECEDENTES

La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, solicitó la determinación de la competencia penal por mayor riesgo del proceso anteriormente identificado, en memorial presentado en la Sección de Atención al Público de Cámara Penal, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, así como el memorial de evacuación de plazo de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

La Fiscal General señaló que el proceso identificado en el acápite se tramita en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad del departamento de S. y que se encuentra en la fase de investigación y con órdenes de captura pendientes de ejecutarse, y en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Sololá, en la fase de inicio de debate. Agregó que los delitos investigados y por los que enfrentan juicio las personas que se encuentran ligadas a proceso y las que enfrentarán juicio y se liguen a proceso son los de conspiración para cometer asesinato, asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, exacciones intimidatorias y lesiones graves, los cuales son susceptibles de ser conocidos por un órgano jurisdiccional de mayor riesgo, delitos considerados como de M.R. puesto que se encuentran expresamente contemplados en las literales e), j) y n), del artículo 3 de Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, respectivamente.

El Ministerio Público, realizó la descripción de los hechos que dieron origen al proceso penal de mérito los que consistieron en que la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público, realizó una investigación estratégica a la organización criminal autodenominada clica raza chapina del barrio dieciocho, quienes bajo amenazas de muerte a comerciantes y transportistas, exigen el pago de cantidades dinerarias con el objeto de permitirles circular libremente por la vía pública de los municipios del departamento de S. y han ejecutado otras acciones en agravio de varias personas y de la sociedad en general, agregó que los hechos iniciaron a partir del año dos mil trece y que la organización criminal tiene como lugar de operaciones los departamentos de S., Chimaltenango y Guatemala. Agregó el ente investigador que quienes se abstienen o niegan a pagar las exigencias o se retrasan en el pago o entrega de dinero, son atacados por integrantes de la organización criminal derivado a que cuentan con una estructura jerárquica definida. También describió varios hechos investigados que se les atribuyen a la organización criminal relacionada.

Dentro de los argumentos para solicitar la competencia en procesos de mayor riesgo, el Ministerio Público expuso que existe riesgo para la seguridad personal de los sujetos procesales, fundamentándose en que los hechos que se conocen dentro de la causa penal identificada, corresponden a un caso de alto impacto, que permiten advertir la agresividad y el menosprecio a la vida por parte de los integrantes de la organización criminal, cuyos líderes desde los centros carcelarios ordenan la comisión de diversos delitos y describió los riesgos, que a su parecer, podría estar sujeto el proceso y las partes procesales, por tratarse de una organización estructurada, con poder económico, que utiliza armas de fuego ilegales así como explosivos, que a la fecha se encuentran procesados trece integrantes de dicha organización criminal a la espera de inicio del debate oral y público, encontrándose doce personas pendientes de aprehensión, señalando que lo anterior conlleva riesgo para los sujetos procesales, dada la vulnerabilidad de la ubicación del inmueble, sede del tribunal. Agregó, que el contexto de conflictividad y criminalidad que caracteriza al departamento de Sololá, lugar en donde opera la organización criminal, así como en Chimaltenango, donde opera la pandilla contraria denominada mara salvatrucha, hace que el riesgo y la vulnerabilidad de los sujetos procesales se incrementen. Por último, refirió el ente fiscal que determina que concurren los presupuestos que establece el Ley de la materia en el artículo 2 y solicitó que se declare con lugar la solicitud de competencia del proceso ya relacionado.

ALEGATOS EN EL DÍA DE LA AUDIENCIA

a)Abogada B.L.A., Agente Fiscal de la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público. Compareció a la audiencia en la modalidad virtual. Reiteró el contenido del memorial de solicitud formulado, y agregó que el proceso se traslade al Juzgado y Tribunal que los Magistrados consideren oportuno.

b)Abogado G.E.M.M., del Instituto de la Defensa Penal Pública, en representación de los procesados H.G.I.C. y/o H.G.I.C. y H.E.D.C.. Manifestó que difiere de lo manifestado por el Ministerio Público que sus argumentos refieren la existencia de peligro hacia sus patrocinados, por la comparecencia de ellos a las audiencias y del traslado de los mismos. Señaló que lo único que el Ministerio Público ha hecho es que se suspendan las audiencias y dilatar el trámite del proceso con la solicitud planteada. Tampoco se mencionan los riesgos ni que estén acreditados. Que existen otras medidas para que se lleven a cabo las audiencias como las videoconferencias.

c)Abogado A.H.M., del Instituto de la Defensa Penal Pública, en representación de pendientes de capturas y de otros posibles sindicados. Compareció a la audiencia en la modalidad virtual. Manifestó su desacuerdo en trasladar el proceso a un órgano jurisdiccional de mayor riesgo, pues no existe fundamento para realizarlo. Solicitó que se declare sin lugar la pretensión del Ministerio Público.

CONSIDERANDO

-I-

La Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., Decreto número 21-2009 del Congreso de la República de Guatemala, establece los presupuestos legales que deben concurrir para que un proceso penal pueda ser considerado como de M.R., y que por tal razón, merezca ser conocido por un órgano jurisdiccional competente para este tipo de procesos, a efecto que se tomen medidas extraordinarias para la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, testigos y demás sujetos procesales. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, es el único legitimado para formular dicho requerimiento a la Corte Suprema de Justicia.

Que conforme el procedimiento establecido en la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., Cámara Penal únicamente está facultada para verificar si concurren o no los respectivos presupuestos legales que viabilizan la procedencia de la petición. No entra a conocer los hechos investigados, y por tanto, tampoco emite juicios sobre la culpabilidad o inocencia de los sindicados, extremos que son conocidos en el juzgado competente, con observancia de todas las garantías constitucionales y procesales.

-II-

La Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., otorga únicamente al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la facultad de solicitar a la Corte Suprema de Justicia el traslado de un proceso penal a un órgano jurisdiccional de M.R., cuyo requerimiento debe cumplir con las formalidades que la propia Ley de la materia exige.

En el presente caso, la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, presentó memorial de solicitud de traslado de la competencia penal del proceso a mayor riesgo, para lo cual, identificó los procesos penales y señaló los órganos jurisdiccionales en donde se encuentran asignados los mismos, de los que pretende el traslado de la competencia; asimismo, indicó las respectivas fases procesales en las que se encuentran cada uno de ellos, siendo las siguientes: en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento S. señaló que existen varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Sololá, se encuentra en la fase previa a la celebración del debate oral y público.

Agregó la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que los delitos que se derivaron de los hechos y de la investigación son los de conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, exacciones intimidatorias, asesinato y asesinato en grado de tentativa, los que se encuentran contemplados en el artículo 3 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R.. Asimismo, describió los hechos que dieron origen al proceso, consistentes en que, la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público realizó una investigación estratégica a la organización criminal autodenominada clica raza chapina del barrio dieciocho, quienes bajo amenazas de muerte a comerciantes y transportistas, exigen el pago de cantidades dinerarias con el objeto de permitirles circular libremente por la vía pública de los municipios del departamento de S. y han ejecutado otras acciones en agravio de varias personas y de la sociedad en general, agregó que los hechos iniciaron a partir del año dos mil trece y que la organización criminal tiene como lugar de operaciones los departamentos de S., Chimaltenango y Guatemala. Agregó el ente investigador que quienes se abstienen o niegan a pagar las exigencias o se retrasan en el pago de entrega de dinero, son atacados por integrantes de la organización criminal derivado a que cuentan con una estructura jerárquica definida. También describió varios hechos investigados que se les atribuyen a la organización criminal relacionada.

Dentro de los argumentos para solicitar la competencia en procesos de mayor riesgo, el Ministerio Público expuso que existe riesgo para la seguridad personal de los sujetos procesales, fundamentándose en que los hechos que se conocen dentro de la causa penal identificada, corresponden a un caso de alto impacto, que permiten advertir la agresividad y el menosprecio a la vida por parte de los integrantes de la organización criminal, cuyos líderes desde los centros carcelarios ordenan la comisión de diversos delitos, que a su parecer, podría estar en riesgo el proceso y las partes procesales, por tratarse de una organización estructurada, con poder económico, que utiliza armas de fuego ilegales así como explosivos, que a la fecha se encuentran procesados trece integrantes de dicha organización criminal a la espera de inicio del debate oral y público, encontrándose doce personas pendientes de aprehensión, señalando que lo anterior conlleva riesgo para los sujetos procesales, dada la vulnerabilidad de la ubicación del inmueble, sede del tribunal. Agregó, que el contexto de conflictividad y criminalidad que caracteriza al departamento de Sololá, lugar en donde opera la organización criminal, así como en Chimaltenango, donde opera la pandilla contraria denominada mara salvatrucha. Por último, refirió el ente fiscal que determina que concurren los presupuestos que establece el Ley de la materia en el artículo 2 y solicitó que se declare con lugar la solicitud de competencia del proceso ya relacionado.

Cámara Penal establece que la posibilidad de ampliar la competencia respecto de un proceso, para asignársela a uno de los órganos jurisdiccionales de M.R., se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos formales que exige la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., así como a la existencia de factores que denoten un mayor riesgo para la seguridad personal de todos o algunos de los sujetos o partes que intervienen en el mismo.

En ese sentido, la determinación acerca de la existencia del riesgo para la seguridad de los sujetos y partes procesales, la apreciación del grado de vulnerabilidad al que se encuentran sometidos o al que podrían llegar a estarlo, se obtiene tanto del análisis de los hechos que provocan el proceso y su estimación se hace teniendo como eje fundamental la naturaleza preventiva y de resguardo que tienen las diligencias de traslado de un proceso a un órgano jurisdiccional de M.R.; por ello, la ausencia de indicadores que permitan realizar esas inferencias, torna ineficaz la petición de traslado del proceso a dichos órganos jurisdiccionales, como en el presente caso, que durante la tramitación del proceso por más de siete años, no se evidencia la existencia de ningún hecho que implique riesgo.

Cámara Penal, luego de analizar el contenido de la solicitud, así como lo expuesto por quienes intervinieron en la audiencia, en sus modalidades presencial y por videoconferencia, determina que si bien la solicitud fue formulada por la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, que se realizó en una fase procesal oportuna, por una parte que en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de S. únicamente hay aprehensiones pendientes de ejecutar y en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Sololá, la fase procesal se encuentra previo a la celebración del debate oral y público; y que los delitos descritos son susceptibles de ser conocidos por un órgano jurisdiccional de mayor riesgo; también se determina que el Ministerio Público no cumplió con demostrar la condición sustancial que la viabiliza, como lo es el mayor riesgo y la vulnerabilidad existente para la seguridad personal de las partes y sujetos que intervienen en el proceso.

De lo anterior, Cámara Penal, establece que los argumentos vertidos por el ente investigador en cuanto a demostrar en qué consiste el riesgo y la vulnerabilidad para los sujetos procesales, no fue acreditada para demostrar su existencia.

Es preciso advertir que los órganos jurisdiccionales que conocen la causa, si lo estimaran conveniente, podrían solicitar apoyo a las autoridades correspondientes para reforzar la seguridad de las judicaturas en la realización de determinados actos jurisdiccionales, así como la utilización de mecanismos procesales distintos a los tradicionales que puedan propiciar su buen desarrollo en forma segura para los sujetos y partes procesales. Asimismo, Cámara Penal exhorta al cumplimiento de los plazos razonables, tal como lo expusieron los abogados defensores en la audiencia.

Por lo considerado, esta Cámara establece que, por el momento, no es viable acceder al requerimiento planteado por el Ministerio Público.

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Los artículos citados y: 2, 12, 203, 204 y 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 11, 11 Bis, 21, 43, 52, 160, 161, 162, 165, 166 y 169 del Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República de Guatemala; 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., Decreto número 21-2009 del Congreso de la República de Guatemala; 1, 3, 5, 10, 11 y 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto número 40-94 del Congreso de la República de Guatemala; 76, 77, 79, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala; Acuerdos números 30-2009, 35-2009, 12-2011, 10-2015, 15-2016, 49-2016 de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

CÁMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver,DECLARA: I) SIN LUGARla solicitud de determinación de la competencia penal por mayor riesgo del proceso número cero tres mil tres guion dos mil quince guion cero cero cero veinticuatro (03003-2015-00024), que se encuentra en trámite en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de S. y en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Sololá, en sus respectivas etapas procesales.II)Oportunamente archívense las presentes actuaciones.III)Los comparecientes a la audiencia quedaron notificados de lo resuelto.

J.F.B., Magistrado Vocal Quinto, Presidente de la Cámara Penal; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; D.M.D.S., Magistrada Vocal Cuarta; J.A.P.B., Magistrado Vocal Décimo Primero. C.O.M.A. de S., Subsecretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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