de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema

PonenteFabricación o transformación; Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; Asociaciones delictivas
EmisorCorte Suprema

15/06/2023 – MAYOR RIESGO

371-2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA PENAL. Guatemala, quince de junio de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con el punto segundo del acta número cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022), de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se procede a resolver la solicitud formulada por la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, abogada M.C.P.A., para determinar la competencia penal por M.R. del proceso número cero dos mil cuarenta y dos guion dos mil veintidós guion cero cero ciento setenta y uno (02042-2022-00171), que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad del departamento de El Progreso, en el cual indicó que no se encuentran personas ligadas a proceso.

ANTECEDENTES

La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, solicitó la determinación de la competencia penal por mayor riesgo del proceso anteriormente identificado, en memorial presentado en la Sección de Atención al Público de Cámara Penal, el nueve de marzo de dos mil veintitrés.

La Fiscal General señaló que el proceso identificado en el acápite se tramita en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad del departamento de El Progreso y que los delitos investigados y por los que enfrentarán juicio las personas que se liguen a proceso son los de fabricación o transformación, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asociaciones delictivas, son susceptibles de ser conocidos por un órgano jurisdiccional de mayor riesgo, considerados como de M.R. puesto que se encuentran expresamente contemplados en las literales k) y n), del artículo 3 de Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, respectivamente.

El Ministerio Público, realizó la descripción de los hechos que dieron origen al proceso penal de mérito los que consistieron en que ha logrado identificar una estructura criminal conformada por más de tres personas, la cual opera en los departamentos de El Progreso, Z. e Izabal y que se dedica al comercio, almacenamiento y distribución de droga. Agregó que obtuvo información que en la finca “San Agustín” ubicada en la Aldea Estancia de la V. del municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso, funciona un laboratorio clandestino, que es utilizado para el procesamiento de drogas sintéticas, el cual está a cargo de una persona de sexo masculino desconocido alias “S.” de nacionalidad colombiana y de I.L.M.B. alias “P., quien labora para E.V.V., de nacionalidad hondureña, líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero. De esa cuenta, señaló el Ministerio Público que el día veinte de mayo de dos mil veintidós, fue autorizada por el juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno de Guatemala, la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro para la finca ubicada en la Aldea Santa Lucía del municipio de Guastatoya del departamento de El Progreso. Agregó que en la fecha señalada, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, llevaron a cabo la diligencia referida y detalló los bienes y objetos encontrados en el lugar, refiriendo que los indicios localizados tienen las características de un posible narco laboratorio, por lo que se coordinaron con personal de escena del crimen de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y personal de la sección de químicos de la Policía Nacional Civil para el manejo de las sustancias que tuvieran los toneles y canecas observadas, quienes detallaron los indicios encontrados en el referido lugar.

Dentro de los argumentos para solicitar la competencia en procesos de mayor riesgo, el Ministerio Público consideró que existe riesgo para la seguridad personal de los sujetos procesales y para el efecto señaló lo que estimó pertinente.

Por último, el Ministerio Público solicitó que se declare con lugar el traslado del proceso penal de mérito al órgano jurisdiccional de mayor riesgo que corresponda.

ALEGATOS EN EL DÍA DE LA AUDIENCIA

a)Abogado O.H.Z.A., Agente Fiscal de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público. Compareció a la audiencia de forma presencial. El agente fiscal dio lectura de la descripción de los hechos que dieron origen al proceso y solicitó a Cámara Penal la autorización para entregarles un folder con documentos en donde se detallan los indicios encontrados en el lugar del allanamiento, sin embargo, se le advirtió que dentro de las prohibiciones señaladas por la Subsecretaria de la Corte Suprema de Justicia era de no leer documentos y que de conformidad con la inmediación, fue advertido que lo estaba haciendo. Continuó, el Agente Fiscal del Ministerio Público y solicitó que se declare con lugar el traslado del proceso penal a mayor riesgo.

b)Abogada S.E.M.G., del Instituto de la Defensa Penal Pública, en representación de los posibles sindicados. Compareció a la audiencia de forma virtual. Expuso que la solicitud realizada por el Ministerio Público, llena los requisitos que establece la Ley de la materia y por consiguiente se autorice el traslado del proceso a un órgano jurisdiccional de mayor riesgo.

CONSIDERANDO

-I-

La Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., Decreto número 21-2009 del Congreso de la República de Guatemala, establece los presupuestos legales que deben concurrir para que un proceso penal pueda ser considerado como de M.R., y que por tal razón, merezca ser conocido por un órgano jurisdiccional competente para este tipo de procesos, a efecto que se tomen medidas extraordinarias para la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, testigos y demás sujetos procesales. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, es el único legitimado para formular dicho requerimiento a la Corte Suprema de Justicia.

Que conforme el procedimiento establecido en la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., Cámara Penal únicamente está facultada para verificar si concurren o no los respectivos presupuestos legales que viabilizan la procedencia de la petición. No entra a conocer los hechos investigados, y por tanto, tampoco emite juicios sobre la culpabilidad o inocencia de los sindicados, extremos que son conocidos en el juzgado competente, con observancia de todas las garantías constitucionales y procesales.

-II-

Cámara Penal establece que la posibilidad de ampliar la competencia respecto de un proceso, para asignársela a uno de los órganos jurisdiccionales de M.R., se encuentra supeditada al cumplimiento de los requisitos formales que exige la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., así como a la existencia de factores que denoten un mayor riesgo para la seguridad personal de todos o algunos de los sujetos o partes que intervienen en el mismo.

En ese sentido, la determinación acerca de la existencia del riesgo para la seguridad de los sujetos y partes procesales, la apreciación del grado de vulnerabilidad al que se encuentran sometidos o al que podrían llegar a estarlo, se obtiene tanto del análisis de los hechos que provocan el proceso, como de los que resultan afines y periféricos a los mismos, y su estimación se hace teniendo como eje fundamental la naturaleza preventiva y de resguardo que tienen las diligencias de traslado de un proceso a un órgano jurisdiccional de M.R.; por ello, la ausencia de indicadores que permitan realizar esas inferencias, torna ineficaz la petición de traslado del proceso a dichos órganos jurisdiccionales.

Cámara Penal, luego de analizar el contenido de la solicitud, así como lo expuesto por quienes intervinieron en la audiencia, determina que si bien la solicitud fue formulada por la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, que se realizó en una fase procesal oportuna; es decir, en la etapa preparatoria y que los delitos descritos son susceptibles de ser conocidos por un órgano jurisdiccional de mayor riesgo; también se determina que ésta no cumple con demostrar la condición sustancial que la viabiliza, como lo es el mayor riesgo y la vulnerabilidad existente para la seguridad personal de las partes y sujetos que intervienen en el proceso.

A criterio de esta Cámara los argumentos vertidos por el ente investigador en cuanto a demostrar en qué consiste el riesgo y la vulnerabilidad para los sujetos procesales, no ha sido suficiente para demostrar su existencia y que sean esos riesgos de especial relevancia para la seguridad personal de los sujetos y partes procesales que merezcan por el momento, la implementación de las medidas logísticas y de seguridad extraordinarias con las que cuentan los órganos jurisdiccionales con competencia para conocer de procesos de mayor riesgo.

En todo caso, el actual órgano jurisdiccional que controla la causa, si lo estimara conveniente, podría solicitar apoyo a las autoridades correspondientes para reforzar la seguridad de la judicatura en la realización de determinados actos jurisdiccionales, así como la utilización de mecanismos procesales distintos a los tradicionales que puedan propiciar su buen desarrollo en forma segura para los sujetos y partes procesales.

Por las razones anotadas, esta Cámara establece que, por el momento, no es procedente declarar con lugar el traslado solicitado por el Ministerio Público.

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Los artículos citados y: 2, 12, 203, 204 y 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 11, 11 Bis, 21, 43, 52, 160, 161, 162, 165, 166 y 169 del Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República de Guatemala; 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., Decreto número 21-2009 del Congreso de la República de Guatemala; 1, 3, 5, 10, 11 y 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto número 40-94 del Congreso de la República de Guatemala; 71, 76, 77, 79, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala; Acuerdos números 30-2009, 35-2009, 12-2011, 10-2015, 15-2016, 49-2016 de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

CÁMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver,DECLARA: I) SIN LUGARla solicitud de determinación de la competencia penal por mayor riesgo del proceso número cero dos mil cuarenta y dos guion dos mil veintidós guion cero cero ciento setenta y uno (02042-2022-00171), que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad del departamento de El Progreso.II)Oportunamente archívense las presentes actuaciones.III)Los comparecientes a la audiencia quedaron notificados de lo resuelto.

J.F.B., Magistrado Vocal Quinto, Presidente de la Cámara Penal; D.M.D.S., Magistrada Vocal Cuarta; J.A.P.B., Magistrado Vocal Décimo Primero;M.D.B., Magistrado Vocal Décimo Tercero. C.O.M.A. de S., Subsecretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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