de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema

PonenteAsesinato; Encubrimiento propio
EmisorCorte Suprema

02/06/2023 – MAYOR RIESGO

190-2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA PENAL. Guatemala, dos de junio de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con el punto segundo del acta número cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022), de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se procede a resolver la solicitud formulada por la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, abogada M.C.P.A., para determinar la competencia penal por M.R. del proceso número cero cinco mil seis guion dos mil veintidós guion cero cero doscientos cinco (05006-2022-00205), que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra del Ambiente del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. Dentro del proceso penal identificado, no se encuentran personas ligadas a proceso.

ANTECEDENTES

La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, solicitó la determinación de la competencia penal por mayor riesgo del proceso anteriormente identificado, en memorial presentado en la Sección de Atención al Público de Cámara Penal, el diez de febrero de dos mil veintitrés.

La Fiscal General señaló que el proceso identificado en el acápite se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra del Ambiente del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, y que los delitos por los que enfrentarán juicio las personas que sean ligadas a proceso, son susceptibles de ser conocidos por un órgano jurisdiccional de mayor riesgo, siendo los delitos de asesinato y encubrimiento propio, que se encuentran expresamente contemplados en las literales e) y n), del artículo 3 de Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R..

El Ministerio Público, realizó la descripción de los hechos que dieron origen al proceso penal de mérito y expuso que el primero consistió en: que el uno de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, en el interior de la parcela ubicada en el primer callejón H., kilómetro ciento cuarenta y siete punto cinco, carretera a Tecojate del municipio de Nueva Concepción del departamento de Escuintla, el señor E.D.N.H., en compañía de los señores E.R.C.Á. y B.I.G.Z., a bordo del vehículo tipo pick up, marca Toyota, el cual era conducido por el señor B.I.G.Z., ingresaron a la referida parcela, portando armas de fuego y al ubicar al señor R.G.L.N., quien se encontraba despuntando hojas de tabaco, colocó el vehículo frente al señor L.N. y de la palangana del vehículo descendieron los señores E.D.N.H. y E.R.C.Á., y sin mediar palabra el señor E.R.C.Á. disparó en contra de la integridad física de la víctima, provocándole heridas por proyectil de arma de fuego las que le provocaron la muerte al señor R.G.L.N., luego huyeron del lugar en el mencionado vehículo. El segundo hecho, consistió en: que el trece de noviembre de dos mil veintidós, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos aproximadamente, a un costado del campo de fútbol, ubicado en la Trocha tres calle cinco del municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla, una persona no identificada de sexo masculino, arremetió con un objeto contundente en contra de la integridad física del señor J.C.L.Z.M., quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en dicho lugar, y como consecuencia le provocó la muerte en el lugar de los hechos.

Agregó el ente fiscal que, ha logrado establecer que los sindicados integran una organización criminal que opera en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla, en virtud que en el hecho investigado, participaron por lo menos tres personas, la que opera desde el año dos mil dieciocho, realizando actos ilícitos como asesinato, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas de fuego.

Señaló el Ministerio Público que el señor E.D.N.H. es investigado por el Ministerio Público, por la comisión de diversos delitos de alto impacto, entre ellos los siguientes:a)P. o secuestro, asesinato y encubrimiento propio, en agravio del señor E.G.G.L., hecho ocurrido el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, en el municipio de Tiquisate del departamento de Escuintla;b)Dentro de la causa penal dos mil dieciocho guión cuatrocientos quince, por los delitos de asesinato y portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, hecho ocurrido con fecha siete de abril de dos mil dieciocho en el municipio de Tiquisate del departamento de Escuintla; yc)Dentro de la causa penal dos mil veinte guion cero cero cero treinta y tres, por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, ocurrido el doce de enero de dos mil veinte, en el municipio de Tiquisate del departamento de Escuintla. Refirió el ente investigador, que con relación al señor E.R.C.Á., también se le investiga por la comisión de los delitos de femicidio y homicidio en agravio de los señores D.A.R.P., D.E.T.R., L.R.R.P. y M.A.M., hecho ocurrido el dieciocho de abril de dos mil veintiuno en el municipio de Tiquisate del departamento de Escuintla. Agregó, que de los hechos señalados, se colige que han sido utilizadas armas de fuego, lo cual denota la peligrosidad y que operan con total impunidad en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla, aunado a que ese departamento es uno de los más violentos del país, lo cual pone en inminente riesgo la investigación que realiza el Ministerio Público y a todos los sujetos procesales que intervienen en dicho proceso penal. Por último, indicó que se evidencia la necesidad que el proceso penal de mérito, sea conocido por un tribunal de mayor riesgo, ya que este posee mayores garantías de seguridad para jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de justicia y demás sujetos procesales que intervienen en el proceso penal relacionado.

ALEGATOS EN EL DÍA DE LA AUDIENCIA

a) Abogado N.S.E.R., Agente Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata del Ministerio Público. Compareció a la audiencia de forma presencial. Ratificó el contenido del memorial de solicitud presentado en su momento. Reiteró la solicitud fiscal en el sentido que se declare con lugar el traslado del expediente de mérito a uno de mayor riesgo, por cumplirse los presupuestos establecidos en la ley de la materia.

b) Abogada D.S.D.A.,del Instituto de la Defensa Pública Penal, quien ejerce la defensa del señor E.R.C.Á.. Compareció de forma virtual. Expresó su oposición a la solicitud planteada por el Ministerio Público. La abogada solicitó que en garantía del derecho de defensa, debido proceso y presunción de inocencia que le asiste a su defendido, se declare sin lugar la solicitud formulada por el Ministerio Público.

c) Abogada M.E.Á.T. de Orozco, del Instituto de la Defensa Pública Penal, en representación del procesado E.D.N.H.. La defensa inició su argumento invocando el principio de Juez Natural, luego señaló que los argumentos vertidos por el Ministerio Público están basados en presunciones, al referir el Agente Fiscal que posiblemente se lleve a cabo un atentado en contra de los sujetos procesales. Indicó que si el Ministerio Público ha logrado comprobar que en las carpetas ministeriales que indicó el A.F., su defendido o alguno de los otros sujetos procesales corre algún riesgo, la Abogada señaló que no puede irse en contra de la razón y no se opone al traslado del proceso a mayor riesgo. Se adhirió a lo solicitado por el ente fiscal.

d) Abogada Y.G.R., del Instituto de la Defensa Pública Penal, en representación de otros posibles sindicados. Se opuso a la pretensión el Ministerio Público porque no existe riesgo inminente. Señaló que debe garantizarse la presunción de inocencia. Agregó que el delito de encubrimiento propio no está contemplado en el artículo 3 de la Ley de Competencia de Procesos Penales de M.R.. Agregó, que el ente fiscal inició la investigación por un hecho desde el año dos mil veintiuno a lo cual se está a dos años de un proceso de investigación donde no están individualizadas todas las personas que el ente fiscal señaló en su solicitud. Solicitó que se declare sin lugar la pretensión del Ministerio Público.

CONSIDERANDO

-I-

La Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., Decreto número 21-2009 del Congreso de la República de Guatemala, establece los presupuestos legales que deben concurrir para que un proceso penal pueda ser considerado como de M.R., y que por tal razón, merezca ser conocido por un órgano jurisdiccional competente para este tipo de procesos, a efecto que se tomen medidas extraordinarias para la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, testigos y demás sujetos procesales. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, es el único legitimado para formular dicho requerimiento a la Corte Suprema de Justicia.

Que conforme el procedimiento establecido en la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., Cámara Penal únicamente está facultada para verificar si concurren o no los respectivos presupuestos legales que viabilizan la procedencia de la petición. No entra a conocer los hechos investigados, y por tanto, tampoco emite juicios sobre la culpabilidad o inocencia de los sindicados, extremos que son conocidos en el juzgado competente, con observancia de todas las garantías constitucionales y procesales.

-II-

Luego de analizar los argumentos contenidos en el memorial inicial, así como los expuestos por los intervinientes en esta audiencia,Cámara Penalestima que la petición solicitada por el Ministerio Público cumple con los requisitos que exige la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., por existir la posibilidad de que se vea comprometida en mayor medida la seguridad personal de los sujetos que intervienen en el proceso penal, así como la vulnerabilidad del mismo debiendo proceder en forma preventiva.

En ese sentido, se establece que de acuerdo a los requisitos que exige la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., la petición que formuló la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público se realizó en una fase procesal oportuna, es decir en la etapa preparatoria y que los delitos que investiga, cuya posible comisión busca establecer, son susceptibles de ser conocidos por un órgano jurisdiccional de mayor riesgo, siendo los delitos de asesinato y encubrimiento propio, el primero que se encuentra expresamente contemplado en la literal e) de la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., mientras que el delito de encubrimiento propio por ser conexo, corresponde a literal n) de la ley de la materia, por lo tanto también adquiere esa calidad, así como su calificación jurídica puede ser modificada en sentencia, y el fiscal expuso que realizó también una acusación alternativa por el delito de asesinato, razón por la cual este es susceptible de ser conocido por un Juzgado de los denominados como de M.R..

Asimismo, el Ministerio Público describió los hechos que dieron origen al proceso, exponiendo con detenimiento cada uno de ellos y haciendo la relación de otros hechos delictivos en los que los sindicados presuntamente han participado y los delitos cometidos; así mismo, el estado que guardan las actuaciones, de conformidad con los memoriales presentados por el ente investigador.

Por otra parte, dentro de los argumentos para solicitar la competencia en procesos de mayor riesgo, el Ministerio Público consideró que existe riesgo para la seguridad personal de los sujetos procesales ya que los hechos que se conocen dentro del expediente de mérito, corresponden a un caso de asesinato, considerado como delito de mayor riesgo, y por la forma en que sucedieron los hechos puede evidenciarse brutalidad en que los mismos se cometieron. También señaló, que es importante que se tome en cuenta el espacio físico del Juzgado contralor de la causa, ya que no reúne las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de todos los sujetos procesales. Agregó, que el órgano jurisdiccional se encuentra a inmediaciones de la vía pública, lo que facilita la oportunidad de existir un posible atentado en contra de los sujetos procesales, en ese sentido también indicó, que es importante hacer mención que el sindicado E.D.N.H. fue identificado comiendo frente al Juzgado, mientras se encontraba guardando prisión preventiva, lo cual evidencia el riesgo en contra de los sujetos procesales y derivado a ello poder facilitar la fuga de algún sindicado.

El ente fiscal señaló los criterios vertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la implementación de una medida extraordinaria por parte de Estado, definiendo para el efecto el significado de la gravedad de la situación y el daño que se pueda causar de manera irreparable. Añadió que es necesario la implementación de medidas extraordinarias de seguridad para el resguardo de la seguridad personal en el espacio físico del órgano jurisdiccional, el resguardo de la seguridad personal en la realización de los actos jurisdiccionales.

Por lo anteriormente relacionado, confrontado con el riesgo y vulnerabilidad del proceso, así como del momento procesal en que se encuentra el expediente de mérito, Cámara Penal considera que efectivamente existe el mayor riesgo denunciado por el ente fiscal y que amerita el resguardo de la seguridad personal para los sujetos procesales, por lo que es aconsejable trasladar el proceso a conocimiento de un Juzgado de M.R., que permita el desarrollo del mismo con las medidas extraordinarias de seguridad para las partes, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., con el fin de resguardar la seguridad personal de los sujetos procesales en los actos jurisdiccionales, las actuaciones procesales, la investigación, acusación y defensa, aspectos que pueden ser logrados de mejor manera en un Juzgado o Tribunal de M.R. ya que también reúnen las condiciones de infraestructura adecuadas para que el proceso se desarrolle de mejor manera.

Por las razones anotadas, esta Cámara establece que es procedente declarar con lugar la solicitud planteada por el Ministerio Público, toda vez que el mayor riesgo para la seguridad personal de los sujetos procesales ha sido evidenciado.

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Los artículos citados y: 2, 12, 203, 204 y 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 11, 11 Bis, 21, 43, 52, 160, 161, 162, 165, 166 y 169 del Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República de Guatemala; 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de M.R., Decreto número 21-2009 del Congreso de la República de Guatemala; 1, 3, 5, 10, 11 y 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto número 40-94 del Congreso de la República de Guatemala; 71, 76, 77, 79, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala; Acuerdos números 30-2009, 35-2009, 12-2011, 10-2015, 15-2016, 49-2016 de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA PENAL, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver,DECLARA: I) CON LUGARla solicitud de determinación de competencia penal por mayor riesgo del proceso número cero cinco mil seis guion dos mil veintidós guion cero cero doscientos cinco (05006-2022-00205), que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra del Ambiente del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla.II)Conforme a la distribución realizada por el Sistema de Gestión de Tribunales, se autoriza que el proceso penal antes identificado se tramite en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala,juez “C”(de Mayor Riesgo) y en caso de abrirse a juicio, la competencia corresponderá al Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala,grupo “C”(de M.R.).III)Ofíciese al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra del Ambiente del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, para que la Secretaría de ese órgano jurisdiccional entregue a la persona designada por la Gerencia General del Organismo Judicial, el proceso referido en el plazo que no exceda detres días,quien lo trasladará al juzgado correspondiente.IV)Oportunamente archívense las presentes actuaciones. V)Los comparecientes a la audiencia quedaron notificados de lo resuelto.

D.M.D.S., Magistrada Vocal Cuarta, P. de la Cámara Penal; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; S.V.G.M., Magistrada Vocal Octavo; J.A.P.B., Magistrado Vocal Décimo Primero. C.O.M.A. de S., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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