Sentencia nº 1096-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 14 de Septiembre de 2023

PresidenteCongruencia; Salario
Fecha de Resolución14 de Septiembre de 2023
EmisorCorte Suprema

14/09/2023 – AMPARO LABORAL

1096-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, catorce de septiembre de dos mil veintitrés.

I)Integrada con los suscritos magistrados, de conformidad con las actas números cuarenta y cinco guion dos mil diecinueve (45-2019) de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, cuarenta guion dos mil veinte (40-2020) de fecha doce de octubre de dos mil veinte, cincuenta guion dos mil veintiuno (50-2021) de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno y cuarenta y seis - dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondientes a las sesiones extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo solicitado por laCONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA, en contra de laSALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. El postulante actúa bajo el auxilio del abogado H.O.I.N..

ANTECEDENTES:

A) Fecha de interposición: doce de abril de dos mil veintidós.

B) Acto reclamado: sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por S.R.H.C., en consecuencia revocó parcialmente la del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve proferida por el Juez “B” del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del departamento de Chimaltenango y declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral de nivelación de salario y de medidas precautorias promovida por el demandante, en contra de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

C) Fecha de notificación a la postulante: dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: derecho de defensa, debido proceso, principio de seguridad jurídica, congruencia procesal y tantum apellatum quantum devolutum.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO:

A)De lo expuesto por la amparista y de los antecedentes se resume lo siguiente: a)ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del departamento de Chimaltenango, S.R.H.C. interpuso demanda ordinaria laboral en contra de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, para obtener la nivelación salarial, pago de ajuste de prestaciones en forma retroactiva a partir del dieciséis de enero de dos mil quince hasta la fecha que quede firme el fallo que lo declare con lugar y medidas precautorias. Manifestó que inició relación laboral el dos de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, bajo el renglón presupuestario cero once (011) desempeñando el cargo de metodólogo deportivo, sus funciones las realiza en la Casa del Deportista y el Polideportivo Los Aposentos, ubicado en el departamento de Chimaltenango, devengando un salario mensual de seis mil doscientos cincuenta quetzales (Q6,250.00) más un bono de antigüedad de doscientos quetzales (Q200.00) y bonificación del Decreto treinta y siete dos mil uno (37-2001) por doscientos cincuenta quetzales (Q200.00). Continuó manifestando que R.J.V. y otros trabajadores, mantenían mejores condiciones salariales ya que devengaba un salario base de ocho mil doscientos cincuenta (Q8,250.00) a partir del dieciséis de febrero de dos mil quince hasta la fecha realizando las mismas funciones que él, toda vez que inició laborando como metodólogo deportivo, por lo cual debe ordenarse una nivelación salarial y el reajuste a las prestaciones laborales, ya que la entidad demandada mantenía una política salarial general entre los renglones cero once y cero veintidós;b)en sentencia del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el Juez “B” del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del departamento de Chimaltenango, declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral de nivelación salarial y de medidas precautorias, al considerar que:“…queda establecido que el juez, NO tiene facultades legales para que se ordene al representante legal de la Entidad Autónoma demandada Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que debe NIVELAR EL SALARIO, DEL DEMANDANTE sino deberá acudir y ampararse especialmente en el artículo 64, 65 y 66 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, por ser Ley entre las partes. ASÍ MISMO, NO PUEDE ORDENAR IMPERATIVAMENTE A LA ENTIDAD DEMANDADA A NO TOMAR REPRESALÍAS CONTRA EL TRABAJADOR POR HECHO DE ESTA DEMANDA; sino debe de agotar lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo (…) Quien juzga en esta instancia es del criterio fundamentado que NO tiene FACULTADES LEGALES Para ORDENAR A UNA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA, QUE NIVELE EL SALARIO DE UN TRABAJADOR, ASI MISMO, NO TIENE LAS FACULTADES LEGALES, PARA ORDENAR A LA ENTIDAD DEMANDADA QUE NO TOME REPRESALIAS CONTRA EL TRABAJADOR POR EL HECHO DE ESTA DEMANDA: Además el Juzgador no puede ordenar la nivelación del salario, porque también desconoce lo establecido en Presupuesto de Ingresos y Egresos; NO puede por desconocimiento ordenar movimientos de Partidas presupuestarias de que renglón presupuestario se debe trasladar para cumplir con la pretensión del actor…”c)inconforme, el demandante apeló y la Sala recurrida en sentencia del veinticuatro de enero de dos mil veintidós declaró con lugar parcialmente dicho recurso y modificó la sentencia conocida en grado, porque consideró que:“…el actor ha ocupado el puesto que menciona por veinte años, lo cual no se toma en cuenta en el perfil elaborado posteriormente, puesto que, si como se menciona el sistema de clasificación se elaboró en el año dos mil trece, debía tomarse en cuenta la experiencia ya en dicho puesto a esa fecha, sin embargo, sólo se menciona la experiencia antes de entrar a la institución, lo cual no ocurre con los otros trabajadores quienes por haber iniciado labores posteriormente, se les toma en cuenta experiencia en puestos más recientes fuera de la institución, sobre lo cual se efectúa una asignación de dos mil quetzales de diferencia en cuanto al salario sin justificarse (…) con respecto al principio de igual salario para igual salario, debe otorgarse la nivelación salarial solicitada por el actor (…) resolviendo conforme a derecho DECLARA: I)CON LUGARel recurso de apelación interpuesto por S.R.H.C.; II)REVOCA PARCIALMENTEla sentencia de fecha diecisiete de octubre del año dos mil diecinueve (…)MODIFICAsu parte resolutiva numeral I, el cual queda de la siguiente manera: I) CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda promovida (…) por lo que condena a CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- a pagar a favor de S.R.H.C.: NIVELACIÓN SALARIAL de dos mil quetzales (Q2,000) a partir del dieciséis de enero de dos mil quince, con relación a los otros trabajadores que se desempeñan como Metodólogos deportivos con un salario base de (Q8250.00), asimismo, debe efectuarse un ajuste en el pago de aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, así como vacaciones, al calcularlas tomando en cuentadicha nivelación salarial a partir del dieciséis de enero del año dos mil quince…”;d)la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala promovió amparo y manifestó que le causa agravio la resolución que contiene el acto reclamado en el que se declaró con lugar el recurso de apelación y modificó parcialmente el fallo conocido en grado porque soslayó derechos constitucionales, al resolver sin hacer análisis, una interpretación correcta, no tener congruencia procesal y tampoco hizo una aplicación adecuada de las normas jurídicas correspondientes al caso concreto, violentando con ello las garantías constitucionales denunciadas, puesto que al no hacer una exegesis correcta de la ley y la doctrina, no tomó en cuenta que constitucionalmente se ha expresado:“el reconocimiento de condiciones diferentes a situaciones también diferentes no puede implicar vulneración al principio de igualdad, siempre que tales diferencias tengan una base de razonabilidad…”,continuó indicando que es imposible lo ordenado por la Sala impugnada ya que dicha entidad funciona con un presupuesto estatal que es aprobado anualmente para ser ejecutado dentro de un ejercicio fiscal específico, además se le está violando el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala que garantiza la irretroactividad de la ley; aunado a lo anterior, la autoridad impugnada estaba obligada a pronunciarse únicamente sobre las pretensiones o agravios invocados por el impugnante y que hayan sido objeto del recurso de apelación, de conformidad con el principiotantum apellatum quantum devolutum;e) petición concreta: solicitó que se otorgue el amparo promovido.

B) Caso de procedencia: citó el inciso h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Ley violada: invocó los artículos: 2, 12, 15, 204, 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 6, y 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

TRÁMITE DEL AMPARO:

A) Amparo provisional: no se decretó.

B) Tercero interesado: S.R.H.C..

C) Remisión de antecedentes: primera Instanciaformato digital de las partes conducentes del expediente número 04005-2018-01339 del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del departamento de Chimaltenango;segunda instancia: formato digital de las partes conducentes del expediente 04005-2018-01339, recurso 1 de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, ambos enviados por la Sala citada.

D) Prueba: se relevó en resolución del dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

ALEGACIONES DE LAS PARTES:

A) La postulantereiteró los conceptos vertidos en el memorial de interposición de amparo.

B) S.R.H.C., tercero interesado, manifestó que la resolución que constituye el acto reclamado está emitida conforme a Derecho y de conformidad con las facultades legales otorgadas de juzgar y de ejecutar lo juzgado, sin que la autoridad reclamada incurriera en violación a los derechos constitucionales del postulante, pues tomó en cuenta y realizó una valoración objetiva de los medios probatorios presentados, sin vulnerar los principios de seguridad jurídica y los demás denunciados por el amparista, tampoco se extralimitó en el análisis de los agravios expuestos, por lo que los argumentos del amparista carecen de fundamento legal y fáctico. Pidió que se deniegue la protección constitucional de amparo solicitada.

C) Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A. y Exhibición Personal, al presentar su alegato refirió que del análisis del caso se determinó que no concurren las violaciones constitucionales que denunció el amparista, ya que la autoridad reprochada resolvió de conformidad con las facultades legales que le confiere la ley rectora del acto impugnado, de acuerdo con su criterio valorativo, que la faculta para examinar nuevamente la resolución que conoció en grado y analizar la misma; el cual no puede ser revisado por el juez constitucional, en esa virtud el acto reclamado carece de reproche y no causa agravio alguno que pueda repararse por la vía constitucional. Solicitó que se deniegue el amparo.

CONSIDERANDO

-I-

De la naturaleza del amparo: con fundamento en el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el amparo se instituye como una garantía constitucional contra la arbitrariedad de un acto, disposición, resolución o ley de autoridad, con carácter de extraordinaria y subsidiaria, con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violación a sus derechos o como un restaurador, en caso la infracción ya hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible del mismo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos constitucionales y a los que las demás leyes garantizan.

De la procedencia del amparo por existir agravio:la procedencia del amparo está determinada, entre otros, por el hecho de que el postulante sufra alteración en sus derechos, esto es, que se le provoque un daño, lesión, afectación o perjuicio en su esfera jurídica, derivados éstos de un acto u omisión proveniente de autoridad. A esto la jurisprudencia constitucional ha denominado concretamente como "agravio". Este estará ausente cuando por la naturaleza del acto u omisión, sus efectos o las circunstancias de su emisión, no se provoque al sujeto un daño que implique menoscabo o violación de sus garantías reconocidas en el Texto Supremo. La acción de amparo procede contra aquellos actos, fallos o leyes emanados de autoridad que contengan una intimidación, limitación o quebrantamiento a los derechos garantizados por la Constitución y las leyes, para proteger al agraviado de la amenaza de sus derechos o restituirlo en el goce de estos, cuando la violación ha existido. En materia judicial, el amparo opera como un medio contralor de la actuación de los tribunales, para que se enmarquen dentro del debido proceso y la correcta aplicación de la ley; por lo expuesto, se tiene que el agravio, por constituir una lesión susceptible de causarse a quien reclama en sus derechos o intereses, se convierte en elemento esencial para la procedencia del amparo.

-II-

Para emitir el pronunciamiento de mérito, esta Cámara considera necesario citar el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala que estipula:“…Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades (...) c) igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad…”;asimismo el artículo 335 del Código de Trabajo regula:“Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia...”. En el presente caso el juez a quo, señaló día y hora para que las partes comparecieran a juicio oral, se les previno presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindieran en dicha audiencia y al tener a la vista el expediente, valoró la prueba aportada por el demandado, el juez de primera instancia estableció que S.R.H.C. no agotó la vía administrativa, pues no acudió ante la Junta Mixta como correspondía, tampoco formuló su solicitud al Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, o en su caso ampararse en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente entre la parte empleadora y sus trabajadores. Se demostró que los metodólogos deportivos devengan el mismo salario, a excepción de los mencionados por el demandante, pero tal situación se debe a las diferentes circunstancias, tiempos y formas de contratación ya mencionadas por lo que, analizando la prueba ofrecida, se establece que los trabajadores mencionados con los cuales se solicitó la nivelación salarial, son profesionales de la ciencia del deporte y el demandante no cuenta con esa calidad. Aunado a lo anterior manifestó el juzgador de primer grado que él no tenía facultades legales para ordenar a una entidad autónoma a que haga movimientos de renglones y partidas presupuestarias para cumplir con la pretensión del actor. Por su parte la Sala impugnada indicó que procedía revocar lo resuelto en primera instancia y declarar con lugar parcialmente la demanda promovida por el trabajador referido al indicar:“…esta Sala de Corte de Apelaciones, determina que tanto el actor, como los trabajadores con los cuales se solicitó la nivelación salarial, ocupan el mismo puesto de trabajo y con las mismas funciones…”.

Acotado lo anterior y con el objeto de dilucidar las inconformidades expresadas en el ámbito constitucional, esta Cámara considera importante mencionar que es función específica de los órganos jurisdiccionales de trabajo cumplir con el estudio exhaustivo para calificar en cada caso particular, si en una relación laboral el empleador ha incurrido en discriminación o faltado al principio de igualdad; es así que tanto los jueces como las Salas de la Corte de Apelaciones del ramo laboral, deben analizar integralmente los autos, hacer una valoración objetiva de la prueba rendida por las partes y la concurrencia de todos los elementos que les permitan concluir, si evidentemente se produjo o no, una vulneración al derecho del trabajador a un salario digno e igualitario.

En la jurisdicción ordinaria, con los elementos de convicción diligenciados, se evidenció que no se tipificó discriminación o vulneración del derecho de igualdad de S.R.H.C. con relación a los otros trabajadores que ocupan el mismo puesto de trabajo, ya que las circunstancias y condiciones de su contratación fueron diferentes, pues el hoy amparista, desde su contratación se encuentra laborando bajo el renglón presupuestario cero once (011) que se refiere a personal permanente y en consecuencia con algunos beneficios laborales que el mismo confiere; mientras que las otras personas citadas, iniciaron a laboral a partir del dos mil quince, bajo otros renglones presupuestarios, en ese sentido existen diferencias técnicas entre el demandante y los otros trabajadores pues son situaciones y clasificaciones distintas, lo que justifica una aplicación desigual, sin que ello implique una vulneración al principio de igualdad, porque tanto S.R.H.C. como los otros trabajadores referidos se encuentran percibiendo un salario dentro de los límites mínimo y máximo de los parámetros autorizados en la escala de puestos y salarios aprobada por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva, para el referido cargo; por lo tanto, es imperativo tener en cuenta que, en el presente caso se dieron situaciones y condiciones particulares diferentes, como la profesionalidad y el renglón presupuestario bajo el cual fueron contratados los dos trabajadores que refiere el demandante y con los cuales pidió su nivelación salarial.

De esa cuenta, se colige que lo actuado por la Sala mencionada entraña agravio que amerita reparación por vía del amparo, porque en la sentencia emitida no se refirió a cada una de las diferencias individuales razonables y de circunstancias de cada uno de los trabajadores con los cuales se pretendía se declarara la nivelación de salario al demandante. Así, en congruencia con lo acotado, debe otorgarse la protección constitucional instada y, derivado de ello, la autoridad reprochada debe dictar otra resolución en sustitución del acto reclamado, debiendo analizar de nueva cuenta, sin que ello prejuzgue sobre el fondo de la decisión a asumir, si la circunstancia de haber asignado un salario de ocho mil doscientos quetzales mensuales a los otros trabajadores, implica o no vulneración al derecho de igualdad que se reclama y al principio de no discriminación del salario, regulado en el artículo 102, literal c), de la Constitución Política de la República de Guatemala, con la finalidad de verificar si las exigencias fijadas a los nuevos trabajadores fueron las mismas para optar al salario, tomando en cuenta el perfil requerido para el puesto en mención, así como otros factores como grado de preparación, riesgo, esfuerzo físico y otros, ya que es que es obligación del Estado de Guatemala por medio sus instituciones vinculadas, cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes, de manera que los trabajadores en igualdad de condiciones, puedan acceder al pago del mismo salario de conformidad con los mecanismos previstos en la ley rectora del acto.

Doctrina legal: respecto al agravio la Corte de Constitucionalidad ha manifestado:i)«… Hay agravio cuando una persona es afectada por un acto que le perturbe algún derecho constitucional. Siendo éste un elemento esencial para la procedencia del amparo, sin su concurrencia no es posible el otorgamiento y protección que conlleva...»en sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro proferida en el expediente 1156-2004; igual criterio sustentó en:ii)el fallo del treinta de septiembre de dos mil quince emitido en el expediente 1857-2015 yiii)sentencia del veintidós de mayo de dos mil dieciocho proferida en el expediente 5624-2017.

-III-

De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se condena al pago de costas a la autoridad impugnada, en virtud de la buena fe que se presume en las actuaciones judiciales.

LEYES APLICABLES

Los artículos citados y 1, 3, 4, 7, 8, 20, 42 y 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 29 y 35 del Acuerdo 1-2013; 3 inciso a) del Auto Acordado 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdos 44-92 y 38-2019, ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO,con base en lo considerado y leyes citadas, al resolverDECLARA: I) OTORGAel amparo solicitado por laCONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA,en contra de laSALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, en consecuencia:a)deja en suspenso, en cuanto a la reclamante la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós dictada por la autoridad reclamada, en el expediente de apelación 04005-2018-01339, recurso 1;b)restituye a la postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución;c)ordena a la Sala denunciada resolver conforme a Derecho, a lo aquí considerado, en observancia de lo considerado y velando por que se respeten los derechos y garantías de la amparista, bajo apercibimiento de imponer multa de quinientos quetzales a cada uno de los magistrados, en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de cinco días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran incurrir.II)No se condena en costas a la autoridad impugnada.III)Remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.IV)Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse la documentación correspondiente a la autoridad denunciada y en su oportunidad archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de Amparo y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; J.A.P.B., Magistrado Vocal Décimo Primero. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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