Sentencia nº 1146-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 14 de Septiembre de 2023

Fecha de Resolución14 de Septiembre de 2023
EmisorCorte Suprema

14/09/2023 – AMPARO DE FAMILIA

1146-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, catorce de septiembre de dos mil veintitrés.

I)Se integra con los suscritos magistrados, de conformidad con los números de actas cuarenta y cinco - dos mil diecinueve (45-2019) de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, cuarenta - dos mil veinte (40-2020) de fecha doce de octubre de dos mil veinte, cincuenta - dos mil veintiuno (50-2021) de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno y cuarenta y seis - dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondientes a las sesiones extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete - dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo solicitado porC.A.L.U., en contra de laSALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE FAMILIA. El postulante actúa bajo el patrocinio de la abogada F.K.A.D..

ANTECEDENTES:

A) Lugar y fecha de interposición: ante el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno del municipio y departamento de Guatemala, Grupo “F”, el trece de abril de dos mil veintidós.

B) Acto reclamado:auto delcuatro de febrero de dos mil veintidósdictado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia, que declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por el amparista en contra del de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno dictado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia con Competencia Específica para Procesos de Pensiones Alimenticias del municipio y departamento de Guatemala, que declaró:«… I)ENMENDAR PARCIALMENTE EL PROCEDIMIENTOdejando sin ningún valor y efecto legal todo lo actuado dentro del presente proceso al día veintitrés de Septiembre del año dos mil veintiuno, concretamente la audiencia celebrada dicho día a partir de las once de la mañana y resoluciones que en la misma se hayan emitido y retrotraer el Estado de Proceso a este momento procesal por lo considerado;II) En consecuencia se señala audiencia para el día VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS A LAS DOCE HORAS, para la continuación del juicio oral en la fase correspondiente bajo los mismos apercibimientos contenidos en resolución de trámite…».

C) Fecha de notificación al postulante: dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: derecho de defensa, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, igualdad procesal y principio jurídico del debido proceso.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO:

A)De lo expuesto por el interponente y de los antecedentes del amparo se resume lo siguiente:a)E.L.R.B. de L. promovió juicio oral de fijación de pensión alimenticia en contra de C.A.L.U., indicó que contrajo matrimonio civil con el demandado el veinte de julio de mil novecientos noventa y seis; que con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve su esposo abandonó el hogar conyugal; mencionó que mientras mantuvieron la relación conyugal no trabajó ya que se dedicó al cuidado de sus hijos cuando eran menores de edad, motivo por el cual siempre dependió económicamente del emplazado por esa razón solicitó que se fijara a su favor una pensión alimenticia por la cantidad de diez mil quetzales mensuales (Q. 10,000.00);b)la demanda la conoció el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia con Competencia Específica para Procesos de Pensiones Alimenticias del municipio y departamento de Guatemala quien la admitió para su trámite el siete de marzo de dos mil diecinueve; en decreto del ocho de mayo de dos mil diecinueve señaló audiencia para el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, empero, luego de una serie de actuaciones el veintiséis de noviembre de dos mil veinte se señaló audiencia para el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en la cual el demandado presentó memorial contestando la demanda en sentido negativo e interpuso excepción previa de demanda defectuosa, por lo que se concedió plazo por veinticuatro horas para evacuar la audiencia respectiva y el uno de junio de dos mil veintiuno se resolvió sin lugar, por lo que se señaló audiencia para el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno a las once horas para la continuación del juicio oral; la cual fue notificada a ambas partes el veintidós de junio de dos mil veintiuno; en la audiencia relacionada se hizo constar que la señora E.L.R.B. de L. no compareció pese a que fue debidamente notificada; en consecuencia, se señaló nueva audiencia para el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno a las catorce horas;c)contra lo anterior, la actora presentó recurso de nulidad el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, aduciendo que se había infringido el procedimiento e indicó que el día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno se encontraba en la sede del juzgado para la celebración de la audiencia, sin embargo pese a que se encontraba presente no se le permitió ingresar sino hasta que la oficial salió de la sala de audiencias indicándole que se le notificaría de lo resuelto; el uno de octubre de dos mil veintiuno, el jueza quoresolvió no ha lugar por improcedente, toda vez que no indicó con claridad y precisión las normas procedimentales que fueron infringidas por el órgano de primer grado; posteriormente, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el juez de autos enmendó parcialmente el procedimiento:«… dejando sin ningún valor y efecto legal todo lo actuado dentro del presente proceso a partir el día veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, concretamente la audiencia celebrada dicho día a partir de las once de la mañana y resoluciones que en la misma se hayan emitido y retrotraer el Estado de [sic] proceso a este momento procesal por lo considerado;II) En consecuencia se señala la audiencia para el día VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS A LAS DOCE HORAS, para la continuación del juicio oral en la fase correspondiente…»;d)inconforme con la enmienda, el recurrente planteó recurso de apelación, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia resolvió el cuatro de febrero de dos mil veintidós, sin lugar el medio recursivo promovido al considerar que en la legislación guatemalteca la enmienda del procedimiento no se da como un recurso sino como una facultad que tiene el juzgador de corregir un error sin la intervención de las partes y que de conformidad con el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial se evidenció que el juez a quo cumplió con garantizar el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva al constatar lo manifestado por la comisaria y oficial del juzgado, por lo que, lo resuelto se encuentra conforme a Derecho sin generar ningún agravio al demandado;e)el accionante promovió la presente acción de amparo en contra de la autoridad recurrida y argumentó que se vulneró su derecho de defensa, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, igualdad procesal y principio jurídico del debido proceso, porque no existe fundamentación fáctica ni jurídica en cuanto a los reclamos formulados en apelación y a lo basado en la enmienda parcial del procedimiento, ya que no se explicó que la incomparecencia de la actora a la audiencia de mérito se debió a un error procesal sustancial;f) petición concreta: pidió que se declare con lugar la presente acción de amparo, dejando sin efecto la resolución denunciada y se dicte la que corresponde.

B) Casos de procedencia: citó los incisos a), b) y d) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas:invocó los artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 67 de la Ley del Organismo Judicial.

TRÁMITE DEL AMPARO:

A) Amparo provisional: no se decretó.

B) Tercera interesada: E.L.R.B. de L..

C) Remisión de antecedentes: primera instancia: copia certificada del expediente número 02056-2019-00062 del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia con Competencia Específica para Procesos de Pensiones Alimenticias del departamento de Guatemala;segunda instancia:copia certificada del expediente número 02056-2019-00062, Recurso 1, de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia.

D) Prueba:se prescindió en resolución del veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

ALEGATOS DE LAS PARTES:

A) El postulanteratificó los argumentos vertidos en el memorial de interposición de la presente acción de amparo.

B) E.L.R.B. de L., tercera interesada, no compareció a evacuar la audiencia que le fue conferida.

C) El Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, presentó su alegato y señaló que la Sala denunciada emitió el acto reclamado conforme a las facultades que le concede la ley, ya que estimó que sí se dieron los errores advertidos por el juez a quo para decidir la enmienda del procedimiento, criterio jurídico valorativo del tribunal recurrido al advertir el error sustancial conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial. Requirió que se deniegue el amparo solicitado.

CONSIDERANDO

-I-

De la naturaleza del amparo: con fundamento en el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el amparo se instituye como una garantía constitucional contra la arbitrariedad de un acto, disposición, resolución o ley de autoridad, con carácter de extraordinaria y subsidiaria, con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violación a sus derechos o como un restaurador, en caso la infracción ya hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible del mismo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan.

De la improcedencia del amparo cuando se invoca como instancia revisora: es función esencial de la jurisdicción constitucional, entre otras, proteger por medio del amparo los derechos del texto supremo y las normativas ordinarias, misión para la cual los tribunales de amparo conocen de toda calificación jurídica realizada por los órganos ordinarios de justicia que desconozcan o transgredan los derechos sustanciales y fundamentales. No obstante, el tribunal de amparo carece de carácter, condición ordinaria o común, para intervenir en cuestiones relacionadas con conflictos intersubjetivos ajenos a los derechos elementales, que resuelven cuestiones de mera legalidad, porque corresponde a la competencia exclusiva de los órganos de la jurisdicción ordinaria. De esa cuenta, el amparo como medio protector y garante de los derechos que la normativa constitucional y demás leyes reconocen a las personas, opera como contralor de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, a efectos de que estos se ajusten a los preceptos constitucionales y legales, pero no los sustituye en sus respectivas jurisdicciones ni actúa como un recurso de conocimiento, para discernir un asunto que ya agotó sus instancias o sus vías de impugnación y fiscalización, cuando no se evidencia violación al debido proceso; ya que tal garantía constitucional por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no puede subrogar la potestad judicial ordinaria, si por su medio se pretende la revisión de los criterios y estimaciones valorativas, porque implicaría crear una instancia revisora de lo resuelto, lo que está expresamente prohibido por el artículo 211 Constitucional.

CONSIDERANDO

-II-

Inicialmente, esta Cámara estima pertinente establecer el siguiente marco jurídico que servirá de soporte al pronunciamiento de fondo del presente amparo, en ese sentido el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala enumera como deber del Estado:«… garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona»; asimismo, el artículo 203 de la citada Constitución señala: «La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia»;por otro lado, el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial refiere:«Los jueces tendránfacultadpara enmendar el procedimiento,en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancialque vulnere los derechosde cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error sustancial, cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. La enmienda esta sujeta a las siguientes limitaciones: a) El juez deberá precisar razonadamente el error. b) El auto deberá señalar, en forma concreta, las resoluciones y diligencias que sean afectadas por la enmienda y se pondrá razón al margen de las mismas, para hacer constar que han quedado sin validez. c) No afectará a las pruebas válidamente recibidas. d) No afectará las actuaciones independientes o que no tengan relación con el acto o resolución que motivó la enmienda. El auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable, excepto cuando haya sido dictado por un Tribunal Colegiado, en toda clase de juicios, pero la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva momento en que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría respectiva…»,[el subrayado y resaltado es propio y no forman parte del texto original]; por último, el artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia preceptúa que:«Los Tribunales de Familia tienen facultades discrecionales. Deberán procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida; y para el efecto, dictarán las medidas que consideren pertinentes. Asimismo, están obligados a investigar la verdad en las controversias que se les planteen y a ordenar las diligencias de prueba que estimen necesarias, debiendo inclusive interrogar directamente a las partes sobre los hechos controvertidos, y apreciarán la eficacia de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica…».

De la normativa legal citada y a la luz del agravio que el amparista argumenta acerca de queno existe fundamentación fáctica ni jurídica en cuanto a los reclamos formulados en apelación y a lo basado en la enmienda parcial del procedimiento, ya que no se explicó que la incomparecencia de la actora a la audiencia de mérito se debió a un error procesal sustancial, es pertinente traer a colación lo que la Sala denunciada al dictar el acto reclamado consideró:«… Este Tribunal, luego del estudio correspondiente del expediente de mérito, arriba a lo siguiente:A)Se deberá entender que la enmienda en su concepción normal, es corrección, rectificación de un error, la subsanación de un defecto (…) Procesalmente podríamos decir que enmienda significa (…) rectificación hecha por un tribunal de la resolución dada por él mismo, que ha sido motivo de impugnación por alguna de las partes. En la legislación guatemalteca no se da la enmienda del procedimiento como un recurso sino como una facultad que tiene el juzgador de corregir un error sin la intervención de las partes. (…) lo decidido por el juez a quo (…) tuvo por objeto dejar sin efecto lo actuado dentro de la audiencia celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno (…) solamente cumplió con garantizar el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva de la señora R.B. de L. al constatar, con los elementos que tuvo a su alcance (como lo manifestado por la comisario [sic] y oficial del juzgado)…»,[el resaltado es propio y no forma parte del texto original], este Tribunal Constitucional evidencia que en la presente garantía constitucional no concurre el agravio que alega el postulante, puesto que al resolver la Sala reprochada efectuó el análisis correspondiente con la debida fundamentación en cuanto a la decisión del jueza quotoda vez que como bien refirió la autoridad impugnada, la enmienda del procedimiento es una facultad que tiene el juzgador, cuestión que, encaja precisamente con lo que establecen los artículos 67 de la Ley del Organismo Judicial y 12 de la Ley de Tribunales de Familia, en cuanto a la discrecionalidad con la que cuentan los órganos jurisdiccionales para enmendar el procedimiento, siendo esta una facultad propia del juzgador pues es con esa resolución en la que se exterioriza el error en el que incurrió en la tramitación del proceso subyacente, era imperativo subsanar dichas actuaciones con el único fin de no desproveer del derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva a las partes, lo cual se encuentra acorde a lo señalado en el segundo considerado de la Ley de Tribunales de Familia que refiere: «Quepara la eficaciade esa protección al núcleo familiar,debe establecerse un sistema procesalactuado e impulsado de oficio, consuficiente flexibilidady esencialmente conciliatorio»,[el resaltado es propio y no forma parte del texto original]; es así como se constató que, el juez a quo actuó de conformidad a lo referido en el artículo 12 previamente indicado el cual enfatiza a su vez que:«… Deberán procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida…».Asimismo, se evidenció que tanto la Sala impugnada como el órgano jurisdiccional de primer grado al emitir la resolución que fuera objeto de apelación y consecuentemente la sentencia señalada como acto reclamado de la presente garantía constitucional, se encuentran fáctica y jurídicamente fundamentadas toda vez que, el juez a quo puntualizó:«…II)En el presente caso se infiere que con base al escrito presentado por EDA LICY REYES BRIZUELA DE LAVAGNINO parte actora dentro del presente proceso, con relación a su no comparecencia en la sala de Audiencias para el día Veintitrés de Septiembre del año dos mil veintiuno, y después de dialogar con la Compañera Comisario [sic] de Esta Judicatura y la Propia Oficial de apoyo el día indicado; en cuanto a que el abogado de la Actora se hizo presente minutos previos a la once de la mañana, dando aviso de su presencia con la actora, y que debido a un número elevado de personas en el pasillo que da acceso a las salas de audiencias de esta judicatura y la de los otros ocho jueces de Familia( que esta vez no me consta, pero si en otras oportunidades he visto la presencia de más personas que las recomendadas para el espacio; pero son las condiciones que tenemos y todos al final debemos cumplir con todas nuestras obligaciones)por lo que se retiró hacia el espacio de los ascensores; y lo que evito [sic] que no pudiera escuchar el llamado realizado por la Compañera oficial (que efectivamente si lo hizo, lo escuche). Por lo que si bien en el presente caso al momento del llamado que se hizo para el ingreso de las partes a la Sala de Audiencias del Juez II, no fue escuchado por la parte actora y su abogado director, y que efectivamente tres minutos después se anunciaron y que previo a ello se anunció el abogado de la parte actora en la Comisaria de la Judicatura; que conllevo a un error al J. y para mantener a salvo el Derecho de Defensa y la Tutela Judicial Efectiva dado que la parte actora y su abogado Director se encontraban en el Quinto Nivel del Edificio y que efectivamente se anunció varios minutos antes de las once de la mañana. (…) no es dable procesalmente hablando dejar en estado de indefensión a la actora en cuanto a la aportación de los medios de prueba, y se vulnerarle [sic] su derecho de Defensa consagrado en los artículos doce de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo once de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo ocho punto uno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)…»;por otro lado, se constató que la autoridad refutada sí dio respuesta al agravio hecho valer por el recurrente en el momento procesal concedido para el efecto, siendo que la Sala recurrida concluyó:«… evidenciándose que el juez de los autos solamente cumplió con garantizar el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva de la señora R.B. de L. al constatar, con los elementos que tuvo a su alcance (como lo manifestado por la comisario y oficial del juzgado), que si bien es cierto, la actora no se encontraba presente en la sala de audiencias por lo reducido del espacio, si se encontraba en los alrededores, es decir, en el quinto nivel del edificio que ocupa el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia del Organismo Judicial y que su llegada fue antes de la hora prevista para la audiencia. Por lo que los suscritos estiman que el juez II del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia con Competencia Específica para Procesos de Pensiones Alimenticias, al declarar (…)ENMENDAR PARCIALMENTE EL PROCEDIMIENTO(…) actuó apegado a sus facultades legales...»;así las cosas, esta Cámara constató que lo decidido por la autoridad impugnada no provocó el agravio señalado por el accionante dado que como quedó señalado en párrafos precedentes, de conformidad con el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial el error sustancial se da cuando se violen garantías constitucionales y en el presente caso tanto el juez a quo como el Tribunalad quemaludieron a la vulneración del derecho de defensa de la parte actora de poder aportar sus respectivos medios de prueba, lo cual encaja en el supuesto de la norma multicitada.

Aunado a lo anterior, la Corte de Constitucionalidad en la sentencia del veinticuatro de julio de dos mil doce, dictada en el expediente 89-2012 indicó que:«… la enmienda del procedimiento es una facultad discrecional del juez que dispone corregir errores de procedimiento, en cualquier estado del proceso cuando se hayan vulnerado los derechos de alguna de las partes. (…) La enmienda en esta norma se concibe como una facultad del juzgador, es decir, que la misma puede disponerse cuando luego del estudio de las actuaciones, el juez de conocimiento advierta que se incurrió en violación a derechos de alguna de las partes. De ello cabe interpretar que esa facultad de enmendar es discrecional del juzgador...»;en similar sentido la citada Corte se pronunció en las sentencias de veintidós de noviembre de dos mil diez, veintisiete de mayo y veintiocho de octubre, ambas de dos mil once, dictadas en los expedientes 1547-2010, 885-2011 y 1580-2011, respectivamente. Por lo que, con base en el principio constitucional de seguridad jurídica este Tribunal Constitucional no aprecia vulneración alguna a los derechos señalados como agraviados por el accionante de la presente acción de amparo, pues en observación a la facultad que la Constitución Política de la República de Guatemala le otorga, el tribunal ad quem realizó las consideraciones de hecho y de Derecho con las que decidió confirmar el auto dictado en primera instancia en cuanto a la enmienda parcial del procedimiento, puesto que, advirtió que no se provocaron los agravios que por esta vía pretende le sean restaurados.

Por lo expuesto, se advierte que el postulante intenta obtener una revisión del criterio valorativo externado por el tribunal de jurisdicción ordinaria, lo cual constitucionalmente no es dable subrogarse únicamente por estar en desacuerdo con lo considerado por la autoridad impugnada, ya que constituye una función exclusiva de los órganos jurisdiccionales, sin embargo el hecho de que lo resuelto no sea acorde a su pretensión no es motivo o razón suficiente para instar la presente garantía, pretendiendo trasladar sus argumentos al plano constitucional; por lo que, este Tribunal se encuentra imposibilitado para variar el criterio sustentado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia pues no se encuentra vulneración de tipo constitucional alguna, dado que con ello se estaría desvirtuando la verdadera naturaleza del amparo y su inconformidad con lo resuelto no significa que haya vulnerado los derechos que se invocaron como infringidos, por lo que, el presente amparo debe denegarse y así declararse en la parte resolutiva del presente fallo.

Doctrina legal: respecto a la instancia revisora, la Corte de Constitucionalidad ha establecido:«…la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, circunstancia que no permite que el amparo pueda constituirse en una instancia revisora de lo resuelto, porque en el amparo se enjuicia el acto reclamado, pero no se puede entrar a resolver sobre las proposiciones de fondo, ya que es a la jurisdicción ordinaria a quien corresponde valorarlas o estimarlas…»,i) sentencia de fecha quince de enero de dos mil diez, dictada dentro del expediente número 1161-2009;ii)fallo del veintitrés de marzo de dos mil diez, proferida dentro del expediente 3170-2009; yiii)sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, emitida dentro del expediente número 141-2010.

-III-

No obstante la improcedencia del amparo promovido, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, este Tribunal estima que no se condena en costas al solicitante en virtud de que no existe sujeto legitimado para su cobro; sin embargo, se sanciona con multa a la abogada patrocinante por ser la responsable de la juridicidad en el planteamiento del amparo.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 1, 3, 4, 7, 8, 10, 19, 20, 42, 43, 46 y 76 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 29 y 35 del Acuerdo 1-2013; 3 inciso a) del Auto Acordado 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdo número 44-92 y 38-2019 ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver,DECLARA: I) DENIEGAel amparo interpuesto porC.A.L.U., en contra de laSALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE FAMILIA. II)No se condena en costas al solicitante.III)Se impone multa de quinientos quetzales a la abogada patrocinante F.K.A.D. quien deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme la presente resolución, cuyo cobro en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente.IV)Oportunamente, remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada de la presente sentencia, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.V.N., con certificación de lo resuelto devuélvase la documentación relacionada al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de Amparo y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; D.M.D.S., Magistrada Vocal Cuarta. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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