Sentencia nº 1149-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 14 de Septiembre de 2023

Fecha de Resolución14 de Septiembre de 2023
EmisorCorte Suprema

14/09/2023 – AMPARO LABORAL

1149-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, catorce de septiembre de dos mil veintitrés.

I)Se integra con los suscritos magistrados, de conformidad con los números de actas cuarenta y cinco guion dos mil diecinueve (45-2019) de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, cuarenta guion dos mil veinte (40-2020) de fecha doce de octubre de dos mil veinte, cincuenta guion dos mil veintiuno (50-2021) de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno y cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondientes a las sesiones extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo solicitado por elESTADO DE GUATEMALAen contra de laSALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. El postulante actúa bajo el auxilio del abogado J.D.A.V..

ANTECEDENTES:

A) Lugar y fecha de interposición:Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno del municipio y departamento de Guatemala, el doce de abril de dos mil veintidós.

B) Acto reclamado: resolución de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Estado de Guatemala; en consecuencia confirmó el auto emitido el dos de febrero de dos mil veintiuno por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, que declaró con lugar la solicitud de reinstalación promovida por L.C.V.J. en contra del Estado de Guatemala, autoridad nominadora: Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República.

C) Fecha de notificación al postulante: catorce de marzo de dos mil veintidós.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: derecho al debido proceso, de defensa y principios de legalidad, debida tutela judicial, certeza y seguridad jurídica.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO:

A)De lo expuesto por el amparista y de los antecedentes del amparo se resume lo siguiente:a)ante el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, L.C.V.J. promovió incidente de reinstalación en contra del Estado de Guatemala (autoridad nominadora: Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República) y manifestó que inició relación laboral con el postulante el uno de octubre de dos mil trece, en el puesto de director técnico II especializado en administración, en las oficinas de la ciudad de Guatemala de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, por medio de contratos de servicios bajo el renglón presupuestario cero veintidós (022), con una jornada ordinaria diurna continúa de lunes a viernes. Sin embargo, el veintiocho de abril de dos mil veinte, fue despedida directa e injustificadamente mediante Acuerdo Interno de la misma fecha, identificado como SOSEP guion DRH número cero sesenta y siete guion dos mil veinte (SOSEP-DRH No. 067-2020), a pesar de que esa entidad se encontraba emplazada dentro del conflicto colectivo de carácter económico social número 01173-2015-08436;b)el jueza quoen auto del dos de febrero de dos mil veintiuno declaró con lugar la solicitud de reinstalación promovida por la incidentante, al estimar que el ente emplazado no contaba con la autorización judicial para rescindir el contrato de trabajo de la actora, ordenando su inmediata reinstalación en el mismo puesto que venía desempeñando, con las mismas condiciones laborales, debiéndole pagar los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir, en caso contrario se procedería conforme lo dispuesto en el artículo 379 del Código de Trabajo, asimismo multó a la parte empleadora con cuarenta salarios mínimos vigentes para actividades no agrícolas;c)inconforme con lo resuelto, el Estado de Guatemala planteó apelación y el tribunal de alzada en fallo del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, declaró sin lugar el recurso interpuesto al indicar que:«…En el presente caso con las pruebas que obran en los antecedentes quedó acreditado que la denunciante tuvo el puesto de Director Técnico II, aunado a ello de conformidad con el contrato de trabajo las funciones que le atribuye el mismo no fueron acreditadas ni probadas de manera alguna, por lo que no puede refutarse como puesto de confianza por el mero enunciativo de la denominación del puesto, además de no estar contenido el puesto de trabajo en referencia, en previsión legal o normativa alguna, por lo que en tal sentido debe resolverse (…) Por otro lado consta en la secuela procesal que para la época que destituyeron a la trabajadora la entidad demandada se encontraba emplazada, tal como lo invoca la parte actora, circunstancia por la cual el empleador debió contar con autorización judicial previa para la destitución del trabajador (sic), extremo no acaecido…»;por lo que confirmó el auto conocido en grado;d)el postulante interpuso el amparo que ahora se resuelve, en contra de la Sala recurrida por haber dictado la resolución del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación, indicando que la autoridad impugnada le causó agravios, ya que no tomó en cuenta que el puesto ejercido por la incidentante era considerado de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción, obviando analizar las funciones desempeñadas como director técnico II, lo cual hubiese motivado a reconocer que eran inherentes a una representación patronal, no siendo obligatoria la solicitud previa de autorización judicial para terminar el contrato individual de trabajo, según lo regula el artículo 380 del Código de Trabajo, no pudiéndose alegar un despido ilegal que motive a condenar a la parte patronal a la reinstalación, pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, dado que no fue un acto de represalia contra la denunciante, sino la resolución del contrato por disposición de ley, por lo que se violentó el principio deiura novit curia, dado que el juez conoce el derecho atinente al caso concreto, debiendo las partes limitarse a probar los hechos y no los fundamentos de derecho aplicables. Por aparte, también menciona que tanto el juez de primera instancia, como la autoridad reprochada, omitieron observar que la solicitud de reinstalación había prescrito, habiendo sido planteada fuera del plazo que establece el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil;e) petición concreta: pidió que se declare con lugar la acción constitucional de amparo.

B) Casos de procedencia: citó los incisos a), b), c), d) y h) del artículo 10 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: invocó los artículos 5, 12, 108 y 202 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 2, 3, 4, 9, 10, 13 y 148 de la Ley del Organismo Judicial; 2, 3, 4, 191, 192, 193, 379 y 380 del Código de Trabajo; 1, 2, 4, 19 numeral 6, 31, 32 numeral 12 y 76 de la Ley de Servicio Civil; 8 y 25 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; y 75 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) A. provisional: no se decretó.

B) Terceras interesadas:L.C.V.J. y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República.

C) Remisión de antecedentes: primera instancia: copia digital certificada del expediente de diligencias de reinstalación número 01173-2021-00902 promovidas dentro del conflicto colectivo número 01173-2015-08436 del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala;segunda instancia: copia digital del expediente de apelación 01173-2021-00902 recurso 1 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

D) Prueba: se relevó en resolución del dos de diciembre de dos mil veintidós.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) El postulantereiteró los argumentos vertidos en su memorial de interposición.

B) L.C.V.J., tercera interesada, no evacuó la audiencia conferida.

C) Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, tercera interesada, al pronunciarse indicó que reiteraba los conceptos vertidos por el Estado de Guatemala dentro del memorial de interposición de la acción constitucional de amparo, manifestando que la trabajadora ocupó un puesto catalogado de confianza, toda vez que sus funciones eran de representación del patrono. Además, planteó que la autoridad impugnada no hizo análisis de los argumentos dados por la entidad nominadora en la audiencia de cuarenta y ocho horas, conferida para expresar agravios, toda vez que a la incidentante le había prescrito la oportunidad de presentar la denuncia de reinstalación, solicitándola más de ocho meses después de haber terminado la relación laboral con la entidad empleadora. Pidió que se declare con lugar la acción de amparo.

D) Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A. y Exhibición Personal, en su evacuación expuso que del análisis del caso no advierte que la resolución impugnada provoque agravio alguno al postulante que deba ser reparado en la vía constitucional, pues la Sala cuestionada determinó que no se probó plenamente que la denunciante haya ocupado un puesto de confianza, ya que no se corroboró conforme a sus funciones tal circunstancia, dado que las mismas debieron quedar acreditadas pertinentemente, no siendo suficiente que del mero enunciado del puesto ocupado pueda establecerse dicha calidad, además de no estar contenido como tal en previsión legal o normativa alguna; habiendo el tribunal de alzada expuesto de manera clara y precisa las razones que le condujeron a resolver en el sentido como lo hizo, con una correcta interpretación y aplicación de la normativa aplicada al caso sometido a su conocimiento. Solicitó que el amparo sea denegado.

CONSIDERANDO

-I-

De la naturaleza del amparo: con fundamento en el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se instituye la acción constitucional de amparo como una garantía contra la arbitrariedad de un acto, disposición, resolución o ley de autoridad, con carácter de extraordinaria y subsidiaria, con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violación a sus derechos o como un restaurador, en caso la infracción ya hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible del mismo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos que el ordenamiento legal garantiza.

De la improcedencia del amparo, cuando se invoca como instancia revisora: es función esencial de la jurisdicción constitucional, entre otras, proteger por medio del amparo los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes garantizan, misión para la cual los tribunales de amparo conocen de toda calificación jurídica realizada por los tribunales ordinarios de justicia que desconozcan o violen los derechos sustanciales y fundamentales. No obstante, el Juez de amparo carece de carácter, condición ordinaria o común, para intervenir en cuestiones relacionadas con conflictos intersubjetivos ajenos a los derechos elementales, que resuelven cuestiones de mera legalidad, porque corresponde a la competencia exclusiva de los órganos de la jurisdicción ordinaria. De esa cuenta, el amparo, como medio protector y garante de los derechos que la normativa constitucional y demás leyes reconocen a las personas, opera como contralor de las actuaciones judiciales de los órganos jurisdiccionales, a efectos de que éstos se ajusten a los preceptos constitucionales y legales, pero no los sustituye en sus respectivas jurisdicciones ni actúa como un recurso de conocimiento, para discernir un asunto que ya agotó sus instancias o sus vías de impugnación y fiscalización, cuando no se evidencia violación al Debido Proceso; ya que, tal garantía constitucional, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria no puede subrogar la potestad judicial ordinaria, si por su medio se pretende la revisión de los criterios y estimaciones valorativas, porque implicaría crear una instancia revisora de lo resuelto, lo que está expresamente prohibido por el artículo 211 constitucional.

-II-

De la naturaleza del trabajador de confianza: El trabajador de dirección y confianza, es aquél que por su cargo y por las funciones que presta, tiene una responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la empresa, en cuanto posee mando y jerarquía frente a los demás empleados. La calidad de trabajador de dirección y confianza puede ser expresamente contemplada en el respectivo contrato de trabajo, pero si así no se hiciere, lo que prima no es lo enumerado en el contrato, sino la naturaleza de las funciones que se cumplen, lo que significa que la calidad a la que se ha hecho referencia, no está dada por el contrato en sí, sino por las funciones que desarrolla el empleado, a quien el empleador, de manera voluntaria, le asigna determinadas atribuciones y le delega su representación ante los demás trabajadores. Debe tomarse en cuenta que este personal de confianza, constituye una excepción al principio de igualdad de todos los prestadores de trabajo ante la ley. Para robustecer esta afirmación, el ordenamiento jurídico laboral vigente establece diferencias significativas entre dichos trabajadores y los demás empleados de la empresa, entre las que figuran:a)los empleados de confianza no están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo (artículo 124 del Código de Trabajo).b)No es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores, los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses de éste (artículo 212 del Código de Trabajo).c)Debido a la naturaleza del conflicto colectivo, se establece que la autorización que el patrono debe solicitar para despedir a los trabajadores, de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo, tiene por objeto que el juzgador determine que en efecto, su actuación no configura represalia alguna contra los emplazantes, derivada del ejercicio del derecho de negociación colectiva de aquéllos. Si el empleador no solicita la autorización mencionada, se hace efectivo el Derecho de los Trabajadores a ser reinstalados. Es decir, la ley brinda una protección a todos los asalariados que están en condiciones de respaldar las pretensiones económico-sociales que se discuten en el conflicto colectivo, no así a los que de modo preferente se encuentran en una posición de defensa de los intereses del patrono, verbigracia, los empleados de confianza, a quienes por la naturaleza del cargo desempeñado, la legislación les brinda un trato especial respecto de los demás trabajadores, tal como quedó apuntado en párrafos precedentes, concluyendo, que esa diferenciación también debe servir de pauta para la interpretación del contenido del artículo 380 del Código de Trabajo.d)La jurisprudencia constitucional ha establecido que los empleados públicos que ocupan un cargo catalogado como de confianza o representación patronal, conforme norma explícita, no se encuentran protegidos por el emplazamiento decretado con motivo del planteamiento de un conflicto colectivo en el centro de trabajo, por ende el empleador no está sujeto a cumplir con el requisito establecido en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo. Doctrina Legal: este criterio ha sido sustentado por la Corte de Constitucionalidad en los siguientes casos:i)sentencia del catorce de febrero de dos mil catorce proferida dentro del expediente número 4511-2013,ii)fallo del veintitrés de mayo de dos mil catorce emitida dentro del expediente número 4482-2013 yiii)en sentencia del seis de junio de dos mil catorce dictada dentro del expediente número 5436-2013.

Expuesto lo anterior, esta Cámara también considera necesario citar la siguiente normativa legal aplicable al asunto de conocimiento; por lo cual según el artículo 4 del Código de Trabajo, representantes del patrono son:«…las personas individuales que ejercen a nombre de éste funciones de dirección o de administración tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquél. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores, obligan directamente al patrono…».De esa cuenta, dicha categorización [de confianza] habrá de considerarse teniendo en cuenta como elemento referencial fundante las funciones que realiza efectivamente el empleado y esto cuando:a)estén establecidas expresamente en una ley ordinaria, general o especial; en una norma profesional, contenida en un pacto colectivo de condiciones de trabajo; en un reglamento interno de la institución de que se trate, o en cualquiera otra disposición jurídica o administrativa interna de la institución para la que labora. Esto siempre que se demuestre que el trabajador realiza, en el desempeño efectivo de sus labores, las funciones listadas en los cuerpos normativos o administrativos de los que se hace referencia, yb)realiza en desempeño efectivo de sus labores, funciones que implican las categorías de confianza o de representación del empleador, aunque el cargo nominal obrante en el contrato que vincula la prestación de sus servicios personales de orden laboral con el patrono sea de carácter general y, por lo mismo, no regule expresamente esas funciones. [La doctrina relacionada se conforma de las sentencias del dos de septiembre y dos de diciembre, ambas de dos mil veintiuno y tres de febrero de dos mil veintidós, proferidas por la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 1403-2021 y 1448-2021 (acumulados), 2956-2021 y 4212-2020, respectivamente].

-III-

En lo que concierne al agravio expuesto por el interponente, relativo a que la Sala recurrida no consideró que el puesto ejercido por la incidentante era considerado de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción, obviando analizar las funciones desempeñadas como director técnico II, lo cual hubiese conllevado a reconocer que eran inherentes a una representación patronal, no siendo obligatoria la solicitud previa de autorización judicial para terminar el contrato individual de trabajo, no pudiéndose alegar un despido ilegal que conlleve a condenar a la parte patronal a la reinstalación y pago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir. Esta Cámara, al hacer el análisis respectivo de la acción constitucional, de los argumentos sustentados por el postulante, de los expedientes que sirven de antecedente al amparo y de la legislación aplicable advierte que, la autoridad denunciada, al emitir la decisión que se reclama en la presente acción constitucional, no provocó agravio a los derechos que invocó quien instó el amparo, ya que la Sala cuestionada, al proferir la resolución objetada estableció acertadamente, de acuerdo con sus propias consideraciones que procedía la reinstalación de L.C.V.J. con sustento en que aquella prestó sus servicios personales ante la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, como director técnico II, cargo que no correspondía a un puesto de confianza, por lo que se encontraba protegida por las prevenciones decretadas dentro del conflicto colectivo de carácter económico social y, por ende, la entidad empleadora tenía obligación de solicitar autorización judicial para terminar su relación laboral; complementa lo anterior, el hecho de que la actuación de la Sala en cuestión guarda congruencia al haber determinado en forma debidamente argumentada por qué el puesto que ocupó la postulante no pertenece a un trabajador catalogado como de confianza o de libre nombramiento y remoción en la ley específica, habiendo expuesto:«…La autoridad nominadora aduce que el puesto que ostentó la trabajadora era de confianza, tal circunstancia en la secuela procesal no fue probada, y tomando en cuenta que para que un puesto de trabajo sea catalogado como tal y por ende de libre nombramiento y remoción, éste puesto debe estar taxativamente señalado y categorizado como tal en una norma jurídica, ordinaria, especial o profesional, o en su caso inferirse indudablemente del desglose exacto de sus funciones y se pruebe que efectivamente representa al patrono por el Principio de Seguridad Jurídica, extremo éste último que no concurre en el presente caso, por lo que no son atendibles los argumentos que en contrario fueron vertidos por la demandada, sin que pruebe de conformidad con la ley sus dichos al respecto de que la denunciante ejercía un puesto de confianza, porque de considerarse únicamente sus aseveraciones sin pruebas al respecto, se cometería arbitrariedad de quien antojadizamente y para cubrir fines determinados califique o descalifique los puestos de tal o cual categoría, para posiblemente acceder a que se le concedan sus pretensiones, en detrimento de la legalidad, la certeza y seguridad jurídica, violatorias además del debido proceso…».

Lo anterior, conlleva a este Tribunal de A. a determinar que la autoridad recurrida no vulneró los derechos fundamentales del solicitante, y en todo caso en las constancias del proceso subyacente se evidencia que la Sala reclamada en uso de sus facultades y con base en las funciones y atribuciones asignadas a la trabajadora en el cargo de director técnico II, con especialidad administración, concluyó en lo siguiente:«…Como es el caso de la parte actora, cuyo cargo no se probó que fuera cargo de Confianza, toda vez que no basta la simple denominación del puesto, sino que deben probarse las atribuciones específicas del mismo para arribar a la conclusión de que efectivamente represente al patrono, lo que no acaeció en el presente caso…».Así las cosas, si el amparista consideraba que el cargo de director técnico II, con especialidad administración de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, era de representación y confianza, debió haber demostrado que las funciones ejercidas por la empleada denotaban las características propias de un puesto de estas cualidades, ya que sin tal justificación es imposible asumir que ese puesto esté comprendido dentro de esa categoría; toda vez que en la certificación de funciones emitida por el Jefe de Dotación de Personal, de fecha once de febrero de dos mil veintidós, se limita a indicar en la descripción del puesto que el mismo:«…consiste en gestionar, supervisar, coordinar, dirigir, controlar y dar seguimiento a los procesos para fortalecer los Programas de la Secretaría de acuerdo al Reglamento y lineamientos del Despacho Superior…». De tal cuenta, se evidencia el impugnante no probó que la trabajadora realizara funciones que conllevaran categorizarla de confianza o de representación del patrono en sus relaciones con los trabajadores, que la obligaran directamente al patrono.

Por consiguiente, cabe agregar que el emplazamiento de la entidad empleadora de conformidad con lo establecido en el artículo 379 del Código de Trabajo, contiene una disposición con carácter preventivo, porque desde el momento en que se presenta el pliego de peticiones al Juez respectivo, se tendrá por planteado el conflicto colectivo para el sólo efecto de mantener la estabilidad en el centro de labores y resguardar los derechos de los sujetos que han iniciado el medio de resolución de controversias mencionado; asimismo, el artículo 380 del cuerpo normativo citado, estipula:«A partir del momento a que se refiere el artículo anteriortoda terminación de contratos de trabajo(…) debe ser autorizada por el juez (…) Si se produce terminación de los contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental (...) el Juez (…) ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos…».[El resaltado no aparece en el texto original]. De lo anterior, es posible establecer que la justicia ordinaria determinó en el presente asunto, la existencia de una relación eminentemente laboral por tiempo indefinido entre las partes, sin importar la denominación de los contratos que suscribieron, en la cual se dieron los elementos esenciales de un contrato de trabajo tal y como quedó plasmado en el fallo antes relacionado, de ahí que la Sala impugnada al confirmar el auto de primer grado en cuanto a la reinstalación pretendida por L.C.V.J., ningún agravio ocasionó en la esfera del postulante que amerite ser restablecido por medio de la presente garantía constitucional.

A lo anteriormente expuesto se suma que la Corte de Constitucionalidad ha sostenido que cuando en un conflicto colectivo de carácter económico social existen vigentes prevenciones judiciales, el empleador para dar por terminadas relaciones laborales debe obtener previamente la autorización judicial respectiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, pues debido a la naturaleza del conflicto colectivo, que la autorización judicial que el empleador debe solicitar para despedir a los trabajadores como en este caso, tiene por objeto que el juzgador determine que, en efecto, su actuación no configura represalia alguna contra los emplazantes, derivada del ejercicio del derecho de negociación colectiva. Si el patrono no solicita la anuencia mencionada, se hace efectivo el derecho de los empleados de ser reinstalados, según lo establece el artículo 380 del Código de Trabajo. Derivado de ello se determina que la motivación del patrono para destituir a un trabajador debe cumplir con la condición legal antes citada, en aras de garantizar el cumplimiento del principio protectorio que impera en el Derecho Laboral. Por ende, en el presente caso la autoridad nominadora al estar emplazada, debió gestionar el permiso para dar por terminada la relación laboral en la vía legal correspondiente, tal y como lo consideró la jurisdicción ordinaria en su oportunidad procesal. Igual criterio ha sido sustentado por la Corte de Constitucionalidad en sentencias de fechas veinticinco de enero de dos mil dieciocho, veintidós de abril y diez de septiembre ambas de dos mil diecinueve dentro de los expedientes 5761-2017, 533-2019 y 1196-2019 respectivamente; en consecuencia, se concluye que la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado que se cuestiona en el amparo no le produjo agravio de índole constitucional al solicitante, siendo así que lo resuelto por el Ad quem no denota la concurrencia de violación de derechos que amerite la protección constitucional pretendida.

Por último, en lo que respecta al argumento planteado por el amparista y la entidad nominadora, referente a quetanto el juez de primera instancia, como la autoridad reprochada, omitieron observar que la solicitud de reinstalación había prescrito, habiendo sido planteada por fuera del plazo que establece el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil;esta Cámara considera necesario establecer que el recurso de apelación, como cualquier medio de impugnación dentro de un proceso (de cualquiera de los regulados en el ordenamiento jurídico nacional), implica a los juzgadores emitir dos juicios sucesivos cuyo contenido e instancias pueden ser diferentes: el primero, denominado de admisibilidad, por el cual se analiza y decide liminalmente si en la impugnación deducida convergen los requisitos puramente formales, tales como si la resolución impugnada puede ser objeto del recurso interpuesto (idoneidad), si quien recurre tiene legitimación para hacerlo o si la reclamación fue promovida dentro del plazo de ley. El segundo, es el denominado de fundabilidad, en el cual se realiza analizando y decidiendo respecto de las razones o argumentos de fondo expresados por el impugnante para sostener su pretensión recursiva. Entre los recursos de oposición que dan lugar a un doble grado de conocimiento, se encuentra el de apelación, en el que los juicios citados deben ser pronunciados en dos instancias diferentes: a) el de admisibilidad por el mismo juez de grado ante quien se presentó el medio recursivo y b) el de fundabilidad, por su superior jerárquico, es decir, el tribunal de segunda instancia. Respecto del recurso mencionado (apelación), su adecuada fundamentación es un requisito esencial, debido a que ningún juez está en condiciones de pronosticar cuáles serán los motivos del reclamo que tendrá que analizar. Por ello, es dable afirmar que la apelación debe ser siempre una crítica clara, seria, precisa, razonada y concreta, mediante la cual se refute cada motivación del pronunciamiento decisorio realizado por el a quo con el que arribó a la decisión que resulta agraviante para una de las partes en el proceso y, además, con la expresión de la solución que se pretende obtener del tribunalad quem. En los asuntos sustanciados ante la jurisdicción privativa de trabajo y previsión social, el trámite del recurso de apelación se encuentra previsto en el artículo 368 del Código de Trabajo que preceptúa:«…Recibidos los autos en la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, por apelación interpuesta,dará audiencia por cuarenta y ocho horas a la parte recurrente, a efecto de que exprese, los motivos de su inconformidad.Vencido este término se señalará día para la vista la que debe efectuarse dentro de los cinco días siguientes. Y dictará sentencia cinco días después…»[El resaltado no es propio del texto original].

Del análisis de la norma transcrita, se extrae que cuando el asunto se encuentra en la sede judicial del Tribunal de Alzada, este debe conceder una audiencia por cuarenta y ocho horas para que el apelante exprese los agravios o motivos de inconformidad que dan impulso a su impugnación. Posteriormente, por mandato legal, otorgará vista dentro de los cinco días siguientes para que los contendientes refuten esas estimaciones.De esta forma es que se consolida el contradictorio necesario en el proceso de alzada, como lo regula la norma relacionada, existiendo así, en el recurso de apelación, una etapa de afirmación, que se manifiesta con la expresión de agravios, una de negación, que se evidencia con la respuesta a estos de la contraparte, una de ratificación y una de evaluación sobre el mérito de lo aportado al proceso. Es así que para una correcta interpretación de la disposición citada, resulta obligatorio afirmar que cuando el trámite de alzada prevé el otorgamiento de audiencia y la vista correspondiente, la interposición del remedio legal se puede hacer sin expresión de agravios, puesto que es en la primera etapa referida, en la cual el apelante tendrá la oportunidad de hacer uso del recurso, esto es, exponer los motivos de su impugnación, en virtud que como quedó expresado, la audiencia de vista tiene por objeto que las partes involucradas tengan la oportunidad de refutar los argumentos que sustentan el medio recursivo promovido.

Apuntado lo anterior, este Tribunal Constitucional al efectuar el análisis de los antecedentes del amparo, establece que el amparista debió expresar los argumentos para sustentar la prescripción de la acción de reinstalación como agravio en el momento procesal concedido para el efecto, en vista que, como quedó anotado y de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, la audiencia aludida se encuentra regulada precisamente para la denuncia de inconformidades con relación a lo resuelto por el juez de primera instancia,porque es con relación a tales inconformidades que la parte contraria -en la vista- podrá rebatir los motivos de agravio objeto de la apelación, garantizando su derecho de defensa, pues esa situación da lugar al contradictorio en la alzada. De manera que al no haber hecho uso el postulante de esta facultad en la apelación, existió una desacertada actividad impugnativa, porque como quedó establecido, limitó la materia sobre la cual se podía pronunciar la Sala cuestionada y no es viable que pretenda trasladar al plano constitucional el conocimiento de un aspecto que omitió debatir en su momento ante la autoridad competente

La estimación anterior se realiza en observancia del principioTantum Devolutum Quantum Apellatumque a su vez, encuentra respaldo en el principio de congruencia, el cual se traduce en que el órgano revisor de alzada, al resolver la apelación sometida a su conocimiento y emitir la decisión correspondiente, esta´ obligado a pronunciarse exclusivamente sobre aquellas pretensiones o agravios expresamente invocados por el impugnante, en el momento procesal oportuno, lo que significa que el tribunal de segunda instancia solo puede conocer y decidir sobre los argumentos específicamente denunciados por el recurrente, los cuales constituyen el límite del recurso interpuesto. Tal aseveración implica que, la Sala aludida no tiene más facultades de revisión que las que le han sido expresamente conferidas, por medio de la impugnación instada y, por lo mismo, no puede suplirlas, puesto que la negligencia en el ejercicio de su defensa es únicamente imputable al interesado.

De lo antes considerado, esta Cámara concluye que la Sala impugnada no causó las violaciones denunciadas por el postulante del amparo, denotando así la inexistencia de los agravios expuestos, toda vez que la autoridad recurrida al emitir el acto reclamado actuó dentro de sus facultades legales, conforme los preceptos jurídicos pertinentes, razón por la cual lo resuelto en segunda instancia se encuentra ajustado a Derecho y el hecho de que lo resuelto no sea favorable al accionante, no implica que la jurisdicción constitucional pueda reemplazar a la ordinaria. Por lo que, se observa que la autoridad reprochada resolvió apegada a las constancias procesales y a las disposiciones preceptuadas en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como los artículos 364 y 372 del Código de Trabajo, motivo por el cual el presente amparo debe denegarse y así declararse en la parte resolutiva del presente fallo.

Doctrina legal:respecto a que el amparo no debe utilizarse como medio de revisión, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido lo siguiente: «...El amparo por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria no debe utilizarse como medio de revisión de lo resuelto por los tribunales, cuando no se evidencia infracción de ningún derecho garantizado por la Constitución (…) la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, circunstancia que no permite que el amparo pueda constituirse en una instancia revisora de lo resuelto porque en éste se enjuicia el acto reclamado pero no se puede entrar a resolver sobre las proposiciones de fondo, ya que es a la jurisdicción ordinaria a quien corresponde valorarlas o estimarlas…»;i)sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil uno, dictada en el expediente 947-2001; de igual manera se pronunció en:ii)sentencia del dos de septiembre de dos mil once proferida en el expediente número 2436-2011 yiii)sentencia de fecha quince de octubre de dos mil quince emitida en el expediente número 3881-2015.

-IV-

De conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se condena en costas al postulante por estimarse su actuación de buena fe y no se impone la multa correspondiente al abogado patrocinante, en virtud que se defendieron los intereses de la nación.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 1, 3, 4, 7, 8, 10, 19, 20, 42 y 45 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 29 y 35 del Acuerdo número 1-2013 e inciso a) del artículo 3 del Auto Acordado número 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdos 44-92 y 38-2019 ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO,con base en lo considerado y leyes citadas, al resolverDECLARA: I) DENIEGAel amparo interpuesto por elESTADO DE GUATEMALA, en contra de laSALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. II)No se condena en costas al postulante, y no se impone multa al abogado patrocinante.III)Remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de A., Exhibición Personal y de Constitucionalidad.IV)Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase la documentación correspondiente al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de A. y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; J.A.P.B., Magistrado Vocal Décimo Primero. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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