Sentencia nº 1201-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 14 de Septiembre de 2023

Fecha de Resolución14 de Septiembre de 2023
EmisorCorte Suprema

14/09/2023 – AMPARO LABORAL

1201-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.Guatemala, catorce de septiembre de dos mil veintitrés.

I)Se integra con los suscritos magistrados, de conformidad con los números de actas cuarenta y cinco guion dos mil diecinueve (45-2019) de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, cuarenta guion dos mil veinte (40-2020) de fecha doce de octubre de dos mil veinte, cincuenta guion dos mil veintiuno (50-2021) de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno y cuarenta y seis guion dos mil veintidós (46-2022) de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, correspondientes a las sesiones extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y de la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (5477-2019).II)Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo solicitado por laMUNICIPALIDAD DE MASAGUA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,en contra de laSALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.La compareciente actúa bajo el patrocinio del abogado N.A.R.T..

ANTECEDENTES:

A) Fecha de interposición: veintidós de abril de dos mil veintidós.

B) Acto reclamado: auto del veintiuno de enero de dos mil veintidós dictado por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la amparista en contra del de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno emitido por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Escuintla, que resolvió con lugar la solicitud de reinstalación promovida por L.A.C.G. de M.; E.O.C.; J.D.D.G.; R.O.C.; R.C.S.; E.L.S.C. de Cruz; R.J.C.M., en contra del Municipalidad de Masagua del Departamento de Escuintla.

C) Fecha de notificación a la postulante: veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.

E) Violaciones que denuncia: derecho de defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, principio de tutelaridad y legalidad.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO:

A)De lo expuesto por la postulante y de los antecedentes se resume lo siguiente:a)ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Escuintla, L.A.C.G. de M.; E.O.C.; J.D.D.G.; R.O.C.; R.C.S.; E.L.S.C. de Cruz; R.J.C.M. plantearon diligencias de reinstalación en contra del Municipalidad de Masagua del Departamento de Escuintla. Los demandantes manifestaron que iniciaron la relación laboral: E.L.S.C. de Cruz «en el dos mil cinco»; J.D.D.G., quince de enero de dos mil doce; R.J.C.M.,«febrero de 2012»;L.A.C.G. de M.;«mes de abril de 2012»; R.O.C.,«en el año 2012»;E.O.C., uno de enero de dos mil dieciséis; R.C.S., tres de enero de dos mil diecisiete; se desempeñaron en los puestos de: conserje en la Escuela Oficial Mixta de Quinta San Marcos; colaborador de limpieza y mantenimiento de jardín parque central de la Municipalidad denunciada y trabajos varios;«darle mantenimiento en el campo de Cuyuta»;cobradora de agua potable y arbitrios y «piloteaba»; conserje de la Escuela Doctor M.G. de la Aleda el Milagro del municipio de Masagua y departamento de Escuintla; encargado de mantenimiento del campo de futbol de la Aldea Montecristo Línea siete (7) del municipio de Masagua y departamento de Escuintla; guardián del cementerio de la Aldea Cuyuta del municipio y departamento precedentemente descrito, repectivamente. Dicha entidad al momento de los despidos el diez de febrero de dos mil veinte, se encontraba vigente el emplazamiento dentro del conflicto colectivo número 05007-2020-00023, por lo que, al haber sido destituidos sin causa justa y sin que mediara autorización judicial, solicitaron su reinstalación con las mismas condiciones económicas y laborales, el pago de salarios dejados de percibir desde el despido hasta su efectiva reinstalación;b)con fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno el jueza quoestimó que si se producen terminaciones de contrato sin haber seguido el procedimiento establecido en la ley, se debe ordenar la inmediata reincorporación de los trabajadores destituidos, por lo tanto declaró con lugar la reinstalación; en consecuencia, ordenó a la demandada reinstalar a los denunciantes en el mismo puesto de trabajo, uno igual o de mejor categoría con las mismas condiciones, el pago de los salarios dejados de percibir desde la destitución hasta su efectiva reinstalación y le impuso la multa correspondiente, bajo apercibimiento de no cumplir lo ordenado, duplicar la sanción económica impuesta y con certificación a un juzgado de orden penal si existiere desobediencia;c)inconforme la accionante apeló, la Sala impugnada con fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, consideró que procedía solicitar la autorización judicial respectiva, de conformidad con el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo, que preceptúan, desde el momento de entrega del pliego de peticiones al juez referido se tendrá por planteado el conflicto para el solo efecto que no existan represalias entre patrono y trabajador, también desde ese momento toda terminación de contratos de trabajo sin excepción debía ser autorizada por la autoridad competente, por lo cual, en el caso de mérito la empleadora tenía la obligación de solicitar la autorización judicial respectiva pues los demandantes estaban protegidos por las prevenciones decretadas, en consecuencia, declaró sin lugar las apelación planteada, confirmó el auto recurrido;d)la interponente al plantear el amparo manifestó que la Sala reprochada no resolvió conforme a las constancia procesales, pues al confirmar la reinstalación, como resultado de lo dictaminado, provocó serio agravio al régimen de legalidad y a su institucionalidad ya que los trabajadores no estaban protegidos, ya que las prevenciones ya no estaban vigentes al momento de los despidos desde el tres de febrero de dos mil veinte;e) petición concreta: solicitó que se otorgue el amparo instado, se deje sin efecto el fallo de la autoridad reclamada y que resuelva conforme a Derecho.

B) Casos de procedencia: citó los incisos a) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: invocó los artículos: 2, 4, 12, 28, 108, 203 y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 27 y 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 1, 3, 4, 9, 10, 13 y 16 de la Ley del Organismo Judicial.

TRÁMITE DEL AMPARO:

A) Amparo provisional: no se decretó.

B) Terceros interesados: L.A.C.G. de M.; E.O.C.; J.D.D.G.; R.O.C.; R.C.S.; E.L.S.C. de Cruz; R.J.C.M..

C) Remisión de antecedentes: primera instancia: disco compacto del expediente de reinstalación número 05007-2020-00533, dentro del conflicto colectivo 05007-2020-00023 del Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala;segunda instancia: copia digital que contiene partes conducentes del expediente de apelación 10001-2021-00455, de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

D) Prueba:se prescindió en resolución del veinticinco de noviembre dos mil veintidós.

ALEGACIONES DE LAS PARTES:

A) La postulanteno compareció a evacuar audiencia.

B) L.A.C.G. de M.; E.O.C.; J.D.D.G.; R.O.C.; R.C.S.; E.L.S.C. de Cruz; R.J.C.M., terceros interesados,al evacuar la audiencia indicaron que al momento del despido el emplazamiento decretado aún estaba vigente; por lo tanto, se debió solicitar autorización judicial para despedirlos. Solicitaron que se suspenda el amparo planteado.

C) Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, A. y Exhibición Personal, al describir sus alegatos indicó que la Sala cuestionada estableció que la resolución dictada por el juez a quo está conforme a Derecho, pues actuó en el ámbito de sus atribuciones, ya que en el caso concreto aplicó lo que establece el artículo 379 y 380 del Código anteriormente citado, pues a partir que se decretaron las prevenciones del conflicto colectivo toda terminación de contratos de trabajo debía ser autorizada por el juez correspondiente y al no cumplir con lo estipulado en la norma laboral, resultaba imperativo otorgar la reinstalación solicitada, por lo que la autoridad recurrida al confirmar lo resuelto en primer grado aplicó lo que regula la norma citada, lo que evidencia la inexistencia de agravio que pueda repararse por esta vía. Solicitó que el amparo sea denegado.

CONSIDERANDO

-I-

De la naturaleza del amparo: con fundamento en el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el amparo se instituye como una garantía constitucional contra la arbitrariedad de un acto, disposición, resolución o ley de autoridad, con carácter de extraordinaria y subsidiaria, con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violación a sus derechos o como un restaurador, en caso la infracción ya hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible del mismo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan.

De la improcedencia del amparo cuando se invoca como instancia revisora: la protección de amparo es improcedente cuando el actuar de la autoridad reclamada no genera amenaza, restricción o violación de derechos fundamentales, ya que como medio protector y garante de los derechos que la normativa constitucional y demás leyes reconocen a las personas, opera como contralor de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, a efecto de que éstos se ajusten a los preceptos constitucionales y legales, pero no los sustituye en sus respectivas jurisdicciones, ni actúa como un recurso de conocimiento, para discernir un asunto que ya agotó sus instancias o sus vías de impugnación y fiscalización, cuando no se evidencia violación alguna pues, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, esta garantía constitucional no puede subrogar la potestad judicial ordinaria, si por su medio se pretende la revisión de los criterios y estimaciones valorativas, porque implicaría crear una instancia revisora de lo resuelto, lo que está expresamente prohibido por el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

-II-

En el presente caso para tratar el aspecto toral de reinstalación, es importante citar lo que establece el artículo 379 del Código mencionado precedentemente según el cual desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto colectivo para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno en contra del otro, esto con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y evitar despidos arbitrarios; uno de los resultados de este precepto es otorgar inamovilidad a los trabajadores; de lo anterior se determina que la norma relacionada, no hace distinción respecto a qué contratos les es aplicable tal disposición, por lo cual, debe entenderse que esa protección es ajustable a todas las modalidades de contratación contempladas en la legislación laboral guatemalteca; al respecto el artículo 380 del Decreto número 1441 del Congreso de la República, regula que a partir del emplazamiento“…toda terminación de contratos de trabajo de empresa en que se ha planteado el conflicto (…) debe ser autorizada por el juez…”,este no hace distinción de contratos y en el presente caso al estar vigentes las prevenciones decretadas dentro del conflicto colectivo número 05007-2020-00023 era procedente solicitar autorización judicial para finalizar la relación con las trabajadoras. En ese sentido la Corte de Constitucionalidad ha considerado:i)«… que de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo, toda terminación de contratos de trabajo debe ser autorizada por juez competente, sin hacer distinción respecto de la naturaleza o clase de contrato, es decir, que todas las relaciones laborales se estiman protegidas cuando el patrono está emplazado y las prevenciones vigentes, porque los trabajadores gozan de inamovilidad, en tanto no exista autorización judicial que permita el despido, protección que abarca también los contratos laborales otorgados a plazo fijo…»en sentencia de fecha siete de agosto de dos mil doce, expediente 1989-2012; igual criterio fue asentado en:ii)sentencia del cinco de junio de dos mil doce, expediente 3742-2011 yiii)fallo de fecha tres de junio de dos mil diecinueve, expediente 590-2019.

-III-

En el presente caso, la accionante manifestó que la Sala reprochada no resolvió conforme a las constancia procesales, pues al confirmar la reinstalación, provocó serio agravio al régimen de legalidad, ya que los trabajadores no estaban protegidos, pues las prevenciones ya no estaban vigentes al momento de los despidos desde el tres de febrero de dos mil veinte; al respecto, el tribunal ad quem, en el acto reclamado declaró que:«…los trabajadores fueron despedidos cuando aún la resolución del Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Escuintla de fecha tres de febrero de dos mil veinte aún no contaba con firmeza, por el accionar de los denunciantes en recurrir ante esta Sala es decir, que las prevenciones se encontraban vigentes por la existencia de recursos pendientes de resolver (…) la resolución recurrida, no es violatoria a la ley y sin causarle ningún agravio a la entidad apelante, a pesar arguye, porque hubo levantamiento de las prevenciones a causa del conflicto planteado (…) que para este caso no es sustentable, toda vez, que la entidad Municipal de Masagua, del departamento de Escuintla, puso fin a los contratos de trabajo sin que dicha terminación de los contratos de trabajo, haya tenido la autorización por juez competente, tal como lo establece el artículo 380 del Código de Trabajo (…) la Municipalidad de Masagua del departamento de Escuintla, se encontraba emplazada y obvió el procedimiento establecido en la norma citada para la terminación de los contratos (…) ya que los denunciantes fueron despedidos (…) cuando aún se encontraba firme la resolución de fecha ocho de enero de dos mil veinte dictada dentro del Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social (…) mediante la cual se le impuso a la municipalidad denunciada las prevenciones a causa del conflicto colectivo entablado en su contra (…) este Tribunal confirmó el levantamiento de las prevenciones dictada por la Jueza a quo, (tres de febrero de dos mil veinte) también lo es, la Sala resolvió el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, fecha posterior a las fechas de despidos, que se concretaron en las fechas referidas con anterioridad…»;situación que a juicio de la autoridad objetada evidenció la vigencia de las prevenciones decretadas en su oportunidad. Lo anteriormente descrito se respalda con lo considerado por la Corte de Constitucionalidad cuando resolvió:«… Causa violación a derechos constitucionales (…) cuando en la fecha en que ocurrió el despido, las prevenciones decretadas en conflicto colectivo de carácter económico social estaban vigentes. Cuando existen prevenciones vigentes en un centro de trabajo por el planteamiento de un Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social, el empleador debe solicitar autorización judicial para finalizar la relación laboral que sostiene con sus trabajadores …»i)en sentencia de fecha doce de julio de dos mil veintidós, expedientes acumulados 2414-2022 y 2437-2022; igual criterio fue asentado en:ii)sentencia del siete de julio de dos mil veintidós, expediente 5519-2021 yiii)fallo de fecha doce de julio de dos mil veintidós, expediente 6838-2021.

Después, de realizarse el análisis de los antecedentes del presente caso en el que se constató que las prevenciones decretadas se encontraban vigentes dentro del conflicto colectivo número 05007-2020-00023, se establece que se actuó conforme a Derecho cuando el jueza quodeclaró con lugar las diligencias de reinstalación planteadas por los demandantes y ordenó a la Municipalidad de Masagua del Departamento de Escuintla, la inmediata reinstalación a sus puestos de trabajo, el pago de los salarios de salarios dejados de percibir, pues inobservó las prevenciones decretadas en el conflicto colectivo al despedirlos el diez de febrero de dos mil veinte, ya que en las constancias procesales de las instancias ordinarias consta que la entidad patronal se encontraba emplazada al momento de rescindir los contratos de los incidentantes y que esta no solicitó autorización judicial para dar por terminada la relación laboral con L.A.C.G. de M.; E.O.C.; J.D.D.G.; R.O.C.; R.C.S.; E.L.S.C. de Cruz; R.J.C.M., pues la resolución del tres de febrero de dos mil veinte que levantaba las prevenciones cobró firmeza el dieciséis de junio de dos mil veintiuno por lo tanto, al momento de los despidos dichos trabajadores estaban protegidos, por lo que se debió seguir el procedimiento establecido en estos casos; por consiguiente, este Tribunal Constitucional, establece que la autoridad impugnada al resolver de la forma que lo hizo no ha violentado ningún derecho en la esfera constitucional de la interponente, al contrario, se considera que la autoridad municipal, con su actuar quebrantó la ley.

Esta Cámara del estudio de los antecedentes de la acción de amparo, las normas aplicables al caso concreto y por lo antes relacionado, concluye que la autoridad cuestionada, al emitir la resolución recurrida lo hizo de conformidad con la legislación vigente, por consiguiente, se establece, que el acto impugnado fue dictado dentro de sus facultades y en cumplimiento del ordenamiento jurídico, así como dentro del marco jurisprudencial sostenido por el alto órgano constitucional; razón por la cual era pertinente confirmar lo resuelto en primera instancia, en esa virtud se estima que la Sala reclamada no cometió ninguna vulneración a los derechos y principios denunciados; estimando que en el presente caso no existe la violación de los derechos denunciados; por lo que, se evidencia que la pretensión de la solicitante como se indicó con anterioridad radica en que este Tribunal Constitucional se constituya como una tercera instancia revisora de lo actuado en la jurisdicción ordinaria, lo que está prohibido según el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala; en consecuencia, al no evidenciarse transgresión de carácter constitucional, el amparo planteado debe denegarse y así declararse en la parte resolutiva del presente fallo.

Doctrina legal:respecto al límite de la potestad de la acción de amparo, la Corte de Constitucionalidad ha señalado:i)«…En el ámbito judicial, la garantía constitucional de amparo no puede constituirse en instancia de revisión de lo resuelto por los tribunales de justicia en ejercicio de las funciones que legalmente les han sido conferidas, en especial, cuando la autoridad judicial ha analizado, razonado e interpretado debidamente las constancias procesales y las normas aplicables al caso concreto», sentencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte proferida dentro del expediente 4980-2019; igual criterio fue sustentado en:ii)sentencia del veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 3182-2020;iii)fallo del ocho de febrero de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente 4632-2020.

-IV-

No se condena en costas a la postulante por estimarse buena fe en su actuación y no se impone la multa correspondiente al abogado patrocinante por los intereses que defiende, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

LEYES APLICABLES

Los artículos citados y 1, 3, 4, 7, 10, 19, 20 y 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 76, 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 29 y 35 del Acuerdo 1-2013; 3 inciso a) del Auto Acordado 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdos 44-92 y 38-2019, ambos de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO,con base en lo considerado y leyes citadas, al resolverDECLARA: I) DENIEGApor notoriamente improcedente el amparo planteado por laMUNICIPALIDAD DE MASAGUA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, en contra de laSALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.II)No se condena en costas a la amparista y no se le impone multa al abogado patrocinante.III)Oportunamente remítase copia certificada de la sentencia a la Corte de Constitucionalidad, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.IV)Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase la documentación correspondiente al lugar de su procedencia y en su momento archívese el expediente.

S.A.P.C., Presidente Cámara de Amparo y Antejuicio, Magistrado Vocal Sexto; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; V.O. y O., Magistrada Vocal Tercera; J.A.P.B., Magistrado Vocal Décimo Primero. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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