Sentencia nº 2048-2011 de Corte Suprema de Justicia - Penal de 26 de Enero de 2012

Fecha de Resolución:26 de Enero de 2012
Emisor:Penal
RESUMEN

"...En el presente caso el punto a resolver es determinar si la Asociación Nacional de Polo, por formar parte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, está sujeta a fiscalización de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y si sus directivos deben observar en la compra de bienes inmuebles, lo regulado en el artículo 44 inciso 1.8 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ello, para determinar si los argumentos expuestos por el juzgado de primera instancia, así como por la sala de apelaciones, son válidos para sobreseer el proceso a favor de los acusados, por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes. Cámara Penal observa, (...), que la Asociación Nacional de Polo, como integrante de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, por ley está sometida a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y obligada a cumplir con lo que para el efecto preceptúa el artículo 44 inciso 1.8 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica. Esto en relación a la compra de bienes inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de obras o prestación de servicios públicos que únicamente puedan ser adquiridos de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el Ministerio de Finanzas Públicas. En ese orden de ideas, quien recibe fondos del Estado, debe someterse a la ley y no a pacto entre particulares como según han afirmado, hicieron los acusados, pues aunque la Asociación Nacional de Polo está constituida como persona jurídica de conformidad con el artículo 15 numeral 3) del Código Civil, forma parte de una Confederación y los miembros de su comité ejecutivo, al ser elegidos por una asamblea general, sí son funcionarios públicos, por lo que, por mandato legal se encuentran afectos a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, según su artículo 4 literal c), así como I, inciso 2º. primer párrafo de las disposiciones generales del Código Penal. Esta asociación, al conformar la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, percibe y maneja fondos que aquélla recibe del Estado y de los cuales traslada a sus asociados. Las decisiones que tomen sus Directivos no pueden prevalecer sobre las obligaciones que la ley le otorga a la Contraloría General de Cuentas, entidad a la que le corresponde la fiscalización externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos, y en general todo interés hacendario de los intereses del Estado. Esta función de la Contraloría General de Cuentas no puede estar sujeta a pactos entre entes públicos y particulares, por una razón, tan evidente como comprensible, pues lo que fiscaliza es justamente los activos del Estado. Es indicio suficiente para abrir a juicio, que cuando el Presidente y Tesorero de la Asociación Nacional de Polo celebraron el contrato de compraventa de la finca relacionada en los autos de proceso, comprometían fondos públicos, y por lo mismo, dichos funcionarios y sus actos en tal calidad eran sujetos de fiscalización. De otro modo, como ha sido práctica corriente en el país, se podría disponer de fondos públicos, como si fuesen privados, es decir, excluidos de la fiscalización cuando se da el contubernio entre funcionarios y particulares. El juzgamiento del hecho fraudulento detectado y denunciado por la Contraloría General de Cuentas, y acusado por el Ministerio Público, no depende de la contradicción entre los avalúos como lo declaró el Juez a quo, ya que, por lógica procesal elemental, debe prevalecer el avalúo oficial del Estado, dada su presunción de imparcialidad y objetividad. Tampoco es válido afirmar como lo hizo la Sala, que la Asociación Nacional de Polo no tiene relación con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ya que el oficio del once de marzo de dos mil ocho, citado en el numeral romano II de esta sentencia, es claro en indicar que, dicha asociación sí forma parte de la Confederación en mención, que aquélla sí maneja fondos públicos y por ende, se sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, así como a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Además, es impertinente la duda razonable argumentada por el juzgador, relativa a que el Ministerio Público con la evidencia obtenida durante la investigación, pudiera acreditar su hipótesis acusatoria ante el Tribunal de sentencia, al no determinar el nexo causal en el hecho imputado a los acusados ni la lesión o gravamen que éste constituyó al Estado de Guatemala, dado que esos extremos son los que precisamente deben dilucidarse ante el Tribunal que lleve el juicio. Como bien lo impone la ley, en esta etapa del proceso penal únicamente debe establecerse si existe o no fundamento serio para someter a una persona a debate oral y público, por la posibilidad de su participación en el hecho imputado por el órgano fiscal, como ocurre en el presente caso. Por lo anterior, esta Cámara es del criterio que le asiste la razón al ente investigador y por lo mismo, el recurso de casación por motivo de fondo planteado debe declararse procedente. Esto en virtud que sí existe fundamento para someter a los acusados Francois Robert Berger Dorión y Carlos Enrique Urruela Novella, a juicio oral y público por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, por lo que así debe ordenarse en la parte resolutiva de esta sentencia, en la que además se instruya al juez contralor, a señalar la audiencia respectiva para pronunciarse en cuanto a las medidas de coerción pertinentes..."

 
CONTENIDO

26/01/2012 – PENAL

2048-2011

DOCTRINA

En los delitos contra la administración pública y sus intereses hacendarios, la calidad de funcionario público del sujeto activo no se define por la forma en que se ha constituido la institución a la que presta el servicio, sino por su capacidad de disponer sobre fondos públicos, entendidos éstos como los caudales que ingresan a una entidad pública, en virtud de su ejercicio financiero y que se destinan a la realización de sus fines. Este es el caso cuando, el Presidente de

la Asociación Nacional

de Polo avalado por el tesorero, compraron en representación de aquella, un inmueble con sobreprecio respecto del avalúo oficial practicado por

la Dirección

de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, perjudicando el patrimonio de un ente estatal, que funciona con recursos públicos provenientes del aporte constitucional que se otorga a

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala de la cual forma parte.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA PENAL . Guatemala, veintiséis de enero de dos mil doce.

Se dicta sentencia en el recurso de casación por motivo de fondo interpuesto por el Ministerio Público representado por el abogado C.H.;litoP. Mejía de la unidad de impugnaciones, contra la sentencia dictada por

la Sala Segunda

de

la Corte

de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, el cinco de septiembre de dos mil once, dentro del proceso penal que por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes se tramita en contra de F.R. Berger Dorión y C.E. Urruela Novella. Los acusados actúan con el auxilio de los abogados defensores José G.A.C.M.;nez, R.A. ArciaR.;guez EdgarR.P.;rezM.; como actor civil figura

la Procuraduría General

de

la Nación

, por medio de la abogada Saraí F.R.. No se constituyó querellante adhesivo.

I. ANTECEDENTES

A) DE LOS HECHOS IMPUTADOS A LOS ACUSADOS. El Ministerio Público planteó acusación en contra de los acusados, porque al realizar auditoria a

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, se verificó que el diez de agosto de dos mil seis, el señor F.R. Berger Dorión, en su calidad de P. de

la Asociación Nacional

de Polo, entidad que forma parte de

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, compró a nombre de dicha asociación, un terreno por valor de catorce millones de Quetzales precio que incluyó el impuesto al valor agregado IVA, sin tomar en cuenta el avalúo practicado al mismo bien inmueble el dos de marzo de dos mil seis, por

la Dirección

de Catastro y Avaluó de Bienes Inmuebles, del Ministerio de Finanzas Públicas, por valor de cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco quetzales con treinta y seis centavos, sin incluir el valor del impuesto al valor agregado IVA, incumpliendo de esta manera con lo preceptuado en el artículo 44 numeral 1.8 de

la Ley

de Contrataciones del Estado, negociación que fue avalada por el señor C.E. Urruela Novella, Tesorero de la misma Asociación, al autorizar la erogación de los fondos correspondientes.

B) DE

LA AUDIENCIA INTERMEDIA

.

El ocho de julio de dos mil once, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, se realizó la audiencia para decidir la apertura del juicio. El juez a quo declaró el sobreseimiento del proceso a favor de los acusados y les ordenó el cese y levantamiento de toda medida de coerción. Razonamiento. Generó duda razonable en el juzgador que, el Ministerio Público, con la evidencia obtenida durante la investigación, pudiera acreditar su hipótesis acusatoria ante el Tribunal de sentencia, ya que no determinó el nexo causal en el hecho imputado a los acusados ni la lesión o gravamen que éste constituyó al Estado de Guatemala, ni determinó legitimación activa entre los sujetos activos del delito y la imputación realizada por el ente acusador. Contrario a lo anterior, encontró contradicción entre los avalúos realizados al inmueble objeto de la investigación y el efectuado por el Ministerio Público, ya que entre estos se hace relación a diferentes cantidades. Que al no indicar el Ministerio Público, cuál es la afectación que se causó al estado de Guatemala, existe contradicción de los sujetos activos en la forma de materializar el deseo, llevar a cabo el acto y causar la afectación al estado de Guatemala. En el presente caso, por ser delitos especiales también existe duda en cuanto a la calidad que puedan ostentar o que ostentaron los acusados para poder tomar decisiones en cuanto al caso específico.

C) DEL RECURSO DE APELACIÓN. En contra del auto de sobreseimiento el Ministerio Público planteó recurso de apelación. Argumentación. El juez de primera instancia decretó el sobreseimiento sin analizar de manera individualizada los medios de investigación que se acompañaron a la acusación y obran en autos, y confrontarlos con los hechos fácticos para resolver de conformidad con el mandato Constitucional. El Ministerio Público solicitó la apertura a juicio en contra de los acusados, porque existe la suficiente certeza jurídica de que puedan tener responsabilidad en los hechos que se les imputan. Sin embargo, el a quo dictó el auto de sobreseimiento únicamente porque le surge duda en relación a los precios que contienen los avaluos realizados a los bienes que se adquirieron por parte de

la Asociación Nacional

de Polo, análisis equivocado porque la auditora gubernamental es clara al indicar que, en el presente caso, es el avaluó oficial practicado por

la Dirección

de Catastro y Avaluó de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, el que debió tomarse en cuenta. Con el auto emitido no se permite la aplicación de la justicia en perjuicio del Estado de Guatemala.

D) DE

LA SENTENCIA DE

APELACIÓN ESPECIAL.

La Sala Segunda

de

la Corte

de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, dictó sentencia el cinco de septiembre de dos mil once. Declaró improcedente la apelación planteada por considerar, en relación a la denuncia de falta de fundamentación en la resolución recurrida, que en la audiencia de solicitud de acusación el juez motivó el auto en observancia de los medios de prueba aportados por las partes, realizó su razonamiento de derecho sobre los hechos objeto de la actividad probatoria y expresó los motivos de hecho y de derecho, la indicación del valor asignado a los medios de prueba, así como las imprecisiones y valoraciones subjetivas, que fundaron su decisión. Agregó

la Sala

que se comprobó que

la Asociación Nacional

de Polo es una asociación constituida por personas particulares, constituye persona jurídica de conformidad con el numeral 3) del artículo 15 del Código Civil, la que no tiene ningún vínculo con

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, por tal razón sus directivos no son funcionarios públicos de conformidad con el artículo 4 literal a) de

la Ley

de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. En relación a la violación del derecho de defensa, expresó que las partes tuvieron la oportunidad de defenderse, hacer valer sus derechos, proponer medios de prueba y hacer uso de los medios de impugnación en contra de la decisión judicial.

IV . MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Ministerio Público interpone recurso de casación por motivo de fondo. Invoca el caso de procedencia contenido en el numeral 5) del artículo 441 del Código Procesal Penal que contempla la procedencia del recurso: “Si la resolución viola un precepto constitucional o legal por falta de aplicación (…), cuando dicha violación haya tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la sentencia o del auto.”. Denuncia infringidos los artículos 419 y 445 del Código Penal, 12, 17, 203, 204 y 251 de

la Constitución Política

de

la República

de Guatemala; 4, 7 y 10 de

la Ley

de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos; 2 de

la Convención

de las Naciones Unidas contra la corrupción y 1 de

la Convención

Interamericana

contra la corrupción. Argumentación. Al realizar auditoria a

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, se estableció que el diez de agosto de dos mil seis, el Presidente de

la Asociación

de Polo compró un terreno sin tomar en cuenta el avalúo oficial realizado por

la Dirección

de Catastro y Avaluó de Bienes Inmuebles, del Ministerio de Finanzas Públicas. El Presidente de dicha asociación F.R. Berger Dorión estaba obligado tomarlo en cuenta por ser la asociación de Polo, adscrita a

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, y por ende recibir parte del dinero de la aportación Constitucional que se le hace a dicha Confederación Deportiva. El Presidente y Tesorero de

la Asociación

de Polo son cuentadantes ante

la Contraloría General

de Cuentas y el dinero con el que canceló al propietario del inmueble, señor J.F.M.C.;n, era parte del dinero que la confederación Deportiva Autónoma de Guatemala recibió como parte del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Director General de Aeronáutica Civil y personal de

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, por haber cedido el terreno en donde se ampliaría el Aeropuerto Internacional

la Aurora. Por

ello, no es cierto lo indicado por el Juez de Primera Instancia, de que no existe identidad ni legitimidad en los sujetos activos de los delitos, porque sí eran funcionarios y empleados públicos en aplicación del artículo 4º. de

la Ley

de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos, y se desempeñaban de forma permanente por el tiempo para el que fueron electos. Además, aunque sus funciones las realizaban ad honorem, representaban al Estado de Guatemala, por lo que al no haber observado el artículo 44 numeral 1.8 de

la Ley

de Contrataciones del Estado, omitieron cumplir con lo ordenado en dicha ley y consintieron el pago de más de la cantidad que figuraba en el avalúo oficial. Al no analizar la totalidad de los medios de investigación que fueron incorporados al proceso y hacerlo únicamente con los avalúos particulares, violentó el Debido proceso, porque dejó de aplicar las normas concernientes al delito de peculado contenido del artículo 419 del Código Penal. En ese orden de ideas, vedó al Ministerio Público la obligación de velar por la correcta aplicación de la ley, mediante la realización de un debate oral y público en contra de los acusados. Y la confirmación de Sala del auto objeto de apelación, tuvo influencia decisiva, porque si se hubieran aplicado las normas omitidas, se hubiera revocado la resolución impugnada y ordenado al juez contralor de la investigación que emitiera el auto de apertura a juicio para la continuación del proceso penal.

V. DEL DÍA DE

LA VISTA

Admitido para su trámite el recurso de casación, se señaló el veintiséis de enero de dos mil doce a las doce horas para la realización de la vista pública, diligencia que fue reemplazada por medio de alegatos escritos presentados por el Ministerio Público representado por el abogado M.A.J.;nM.;nez de la unidad de impugnaciones y los acusados F.R. Berger Dorión y C.E. Urruela Novella, con el auxilio de su abogado defensor José G.A.C.M.;nez, en los que realizaron las argumentaciones y las peticiones concernientes a sus respectivos intereses.

La Procuraduría General

de

la Nación

no compareció ni sustituyó su participación en forma escrita.

CONSIDERANDO

-I-

En el presente caso el punto a resolver es determinar si

la Asociación Nacional

de Polo, por formar parte de

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, está sujeta a fiscalización de

la Contraloría General

de Cuentas de

la Nación

y si sus directivos deben observar en la compra de bienes inmuebles, lo regulado en el artículo 44 inciso 1.8 de

la Ley

de Contrataciones del Estado. Ello, para determinar si los argumentos expuestos por el juzgado de primera instancia, así como por la sala de apelaciones, son válidos para sobreseer el proceso a favor de los acusados, por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.

-II-

La Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala se rige por

la Ley Nacional

para el Desarrollo de

la Cultura Física

y el Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de

la República

de Guatemala. Según su artículo 88, está integrada por el conjunto de federaciones y asociaciones deportivas nacionales, organizadas y reconocidas de conformidad con ese cuerpo legal, siendo

la Asociación Nacional

de Polo integrante de la misma conforme el oficio número doscientos ochenta guión G guión CDAG, de fecha once de marzo de dos mil ocho, suscrito por el gerente y representante legal de

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, obrante a folio doscientos setenta y dos de la pieza dos de primera instancia. Dicha asociación, según el artículo 100 de

la Ley

Ibíd

, tiene como funciones tanto el gobierno, control y fiscalización de su respectivo deporte. De conformidad con el artículo 102 del citado cuerpo normativo, su máximo órgano es

la Asamblea General

, y ésta elige a los miembros del Comité Ejecutivo, órgano rector que ejerce la representación legal de la asociación, y que se integra, entre otros funcionarios, por su presidente y tesorero. Además, el artículo 138 de la misma ley, establece como obligación de las asociaciones deportivas, someter sus cuentas a la glosa y auditaje que practique

la Contraloría General

de Cuentas, cuantas veces les fuera requerido, así como rendirle cuentas.

-III-

Cámara Penal observa, del contenido expreso de las disposiciones y oficio precitados, que

la Asociación Nacional

de Polo, como integrante de

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, por ley está sometida a la fiscalización de

la Contraloría General

de Cuentas y obligada a cumplir con lo que para el efecto preceptúa el artículo 44 inciso 1.8 de

la Ley

de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de

la Republica. Esto

en relación a la compra de bienes inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de obras o prestación de servicios públicos que únicamente puedan ser adquiridos de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el Ministerio de Finanzas Públicas. En ese orden de ideas, quien recibe fondos del Estado, debe someterse a la ley y no a pacto entre particulares como según han afirmado, hicieron los acusados, pues aunque

la Asociación Nacional

de Polo está constituida como persona jurídica de conformidad con el artículo 15 numeral 3) del Código Civil, forma parte de una Confederación y los miembros de su comité ejecutivo, al ser elegidos por una asamblea general, sí son funcionarios públicos, por lo que, por mandato legal se encuentran afectos a

la Ley

de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, según su artículo 4 literal c), así como I, inciso 2º. primer párrafo de las disposiciones generales del Código Penal. Esta asociación, al conformar

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, percibe y maneja fondos que aquélla recibe del Estado y de los cuales traslada a sus asociados. Las decisiones que tomen sus Directivos no pueden prevalecer sobre las obligaciones que la ley le otorga a

la Contraloría General

de Cuentas, entidad a la que le corresponde la fiscalización externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos, y en general todo interés hacendario de los intereses del Estado. Esta función de

la Contraloría General

de Cuentas no puede estar sujeta a pactos entre entes públicos y particulares, por una razón, tan evidente como comprensible, pues lo que fiscaliza es justamente los activos del Estado.

Es indicio suficiente para abrir a juicio, que cuando el P. y Tesorero de

la Asociación Nacional

de Polo celebraron el contrato de compraventa de la finca relacionada en los autos de proceso, comprometían fondos públicos, y por lo mismo, dichos funcionarios y sus actos en tal calidad eran sujetos de fiscalización. De otro modo, como ha sido práctica corriente en el país, se podría disponer de fondos públicos, como si fuesen privados, es decir, excluidos de la fiscalización cuando se da el contubernio entre funcionarios y particulares.

El juzgamiento del hecho fraudulento detectado y denunciado por

la Contraloría General

de Cuentas, y acusado por el Ministerio Público, no depende de la contradicción entre los avalúos como lo declaró el J. a quo, ya que, por lógica procesal elemental, debe prevalecer el avalúo oficial del Estado, dada su presunción de imparcialidad y objetividad. Tampoco es válido afirmar como lo hizo

la Sala

, que

la Asociación Nacional

de Polo no tiene relación con

la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala, ya que el oficio del once de marzo de dos mil ocho, citado en el numeral romano II de esta sentencia, es claro en indicar que, dicha asociación sí forma parte de

la Confederación

en mención, que aquélla sí maneja fondos públicos y por ende, se sujeta a la fiscalización de

la Contraloría General

de Cuentas, así como a

la Ley

de Contrataciones del Estado y su reglamento. Además, es impertinente la duda razonable argumentada por el juzgador, relativa a que el Ministerio Público con la evidencia obtenida durante la investigación, pudiera acreditar su hipótesis acusatoria ante el Tribunal de sentencia, al no determinar el nexo causal en el hecho imputado a los acusados ni la lesión o gravamen que éste constituyó al Estado de Guatemala, dado que esos extremos son los que precisamente deben dilucidarse ante el Tribunal que lleve el juicio. Como bien lo impone la ley, en esta etapa del proceso penal únicamente debe establecerse si existe o no fundamento serio para someter a una persona a debate oral y público, por la posibilidad de su participación en el hecho imputado por el órgano fiscal, como ocurre en el presente caso. Por lo anterior, esta Cámara es del criterio que le asiste la razón al ente investigador y por lo mismo, el recurso de casación por motivo de fondo planteado debe declararse procedente. Esto en virtud que sí existe fundamento para someter a los acusados F.R. Berger Dorión y C.E. Urruela Novella, a juicio oral y público por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, por lo que así debe ordenarse en la parte resolutiva de esta sentencia, en la que además se instruya al juez contralor, a señalar la audiencia respectiva para pronunciarse en cuanto a las medidas de coerción pertinentes.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 1º, 2º, 4º, 5º, 12, 14, 17, 28, 29, 44, 153, 175, 203, 204 y 214 de

la Constitución Política

de

la República

de Guatemala; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 Bis, 14, 16, 20, 24 Bis, 37, 43 inciso 7º., 50, 160, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 446 y 447 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de

la República

y sus reformas; 1, 9, 16, 57, 58, 74, 79 inciso a), 141, 142, 143, 149, 177 y 207 de

la Ley

del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de

la República

y sus reformas.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA, C.P. , con base en lo considerado y leyes aplicadas, DECLARA: I. PROCEDENTE el recurso de casación por motivo de fondo interpuesto por el Ministerio Público, y en consecuencia, CASA las resoluciones dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente el ocho de julio de dos mil once y por

la Sala Segunda

de

la Corte

de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, el cinco de septiembre de dos mil once. II. Por las razones consideradas en esta sentencia, se declara sin lugar el sobreseimiento del proceso y, por existir fundamento serio, se ordena al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, abrir a juicio contra los acusados F.R. Berger Dorión y C.E. Urruela Novella, por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, por la probabilidad de que hayan participado en los hechos acusados. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponda.

César R.C.;stomoB. Pellecer, Magistrado Vocal Segundo, Presidente de

la Cámara

Penal

; G.A.M.;bal Mazariegos, Magistrado Vocal Cuarto; Héctor M.M.M.;ndez, Magistrado Vocal Quinto; G.B., Magistrado Vocal Décimo Tercero. J.G.A.; Aguilar, S. de

la Corte Suprema

de Justicia